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Drogas: asumiendo el control

Resulta perjudicial inculcar prejuicios, porque acaban vengándose en aquellos que fueron sus sembradores o cultivadoresEmmanuel Kant, filósofo alemán.


La estruendosa voz del exasperado individuo que manoteaba parado sobre el estrado retumbó en las bocinas de la sala, obligando a parte de los asistentes a proteger instintivamente sus oídos con sus manos. Ante las pregunta “¿sería buena opción despenalizar las drogas en México?”, formulada por uno de los integrantes más jóvenes de la audiencia de un foro dedicado a debatir este tema, el funcionario del gobierno calderonista perdió la paciencia y, encolerizado, espetó: “¿qué es lo qué estás diciendo, muchacho? ¿no ves que las drogas nos están destruyendo y que cada vez más mexicanos se están matando en las calles con tal de conseguir su dosis?, ¿te gustaría que nuestros niños terminen inyectándose heroína en las escuelas?”

 

Esta semana, la Comisión global de política de drogas (CGPD), organización integrada por ex presidentes de diversas naciones, y por personalidades como Kofi Annan o Mario Vargas Llosa, presentó su segundo informe, titulado “Asumiendo el control: caminos hacia políticas de drogas eficaces”. En su nuevo reporte, que sucede a su influyente primer informe publicado en 2011, esta organización parte de la base del monumental fracaso de la actual estrategia punitiva de combate a las drogas para poner en tela de juicio el genuino compromiso de los gobiernos con la seguridad, la salud o los derechos humanos, y para trazar una hoja de ruta alternativa para controlar el problema de las drogas en el mundo.

 

No alcanzaría el espacio para abordar con lujo de detalle todos los puntos contenidos en este informe, por lo que este análisis se limitará a exponer la valía de su enfoque y de su sentido. Por principio de cuentas, el documento lanza una pregunta que, aunque fundamental, rara vez suele ser tomada con la seriedad que merece: ¿cuán grande es la amenaza de las drogas? Desgraciadamente, en muchas ocasiones este tipo de interrogantes son respondidas acudiendo a intuiciones o experiencias personales, es decir, a supuestos sin respaldo que nos conducen a ligerezas de la especie “los mexicanos se matan en las calles por su dosis” o “el consumo de drogas está destruyendo a nuestra sociedad”.

 

Parte importante del valor del informe de la CGPD consiste en que su estructura está articulada en torno al método científico, por lo que parte de la base de una distinción clave entre los daños generados por el consumo y los daños generados por el combate a las drogas. Los resultados de medio siglo de “guerra” son indignantes. A los dramáticos costos documentados en materia de derechos humanos, de salud o de seguridad pública hay que sumar las millonarias cantidades se han derrochado discrecionalmente, y en completa opacidad, para llegar a un escenario de fracaso total en el que la producción y el consumo continúan en aumento. Empero, contrario a lo que las narrativas prohibicionistas nos han llevado a intuir, la CGPD ofrece evidencias que revelan que «la mayor parte del consumo de las drogas no es esencialmente problemático. Sin embargo, las políticas de drogas mundiales continúan tratando el consumo de drogas sin distinciones, como si constituyeran una gran amenaza para la sociedad».

 

Nuestras políticas de prevención fallan en parte porque mensajes de la especie “di no a las drogas” no son acompañados por políticas de intervención integrales basadas en evidencia científica, sino por tácticas de shock que brindan información sesgada y equivocada (“¿te gustaría que nuestros niños terminen inyectándose heroína en las escuelas?”). Por otra parte, nuestras leyes son punitivas y se basan en la idea de que la penalización tiene un efecto disuasivo, teoría que, contrario a lo que suele suponerse, no sólo no se apoya en evidencias sino que contradice a estudios comparativos serios que no revelan correlación entre la intensidad de las medidas coercitivas y la disminución en la prevalencia del uso.  Penalizar a los consumidores de drogas en realidad empeora los problemas relacionados con éstas.

 

De acuerdo al CGPD la penalización es ineficiente, maximiza el daño de las drogas en la salud  y en la sociedad, obstaculiza intervenciones de salud basadas en la evidencia y NO produce ningún beneficio para la sociedad. Un enfoque genuino en salud requiere poner fin a penalización de las personas que consumen drogas. La propuesta de esta organización es regularizar los mercados de drogas bajo el principio pragmático de reducir lo más posible los daños. Buena parte de los argumentos en contra de esta posibilidad oscilan en torno a el riesgo que esto representaría; sin embargo, la CGPD afirma que «la regulación de las drogas no es un salto a lo desconocido”, y ofrece como evidencia que casi la mitad del opio producido en el mundo es enteramente legal y se usa para fines medicinales, mientras que muchas drogas cuya potencia se desconoce son vendidas sin ningún control de calidad alteradas peligrosamente para aumentar su volumen.

 

La CGPD tiene el cuidado de subrayar la diferencia entre legalización y regulación. Su propuesta no consiste en liberar el mercado de las drogas convirtiendo, sin ton ni son, lo ilegal en legal, sino en generar “mercados regulados legalmente” con base en un modelo regulatorio flexible que disminuya la totalidad de los problemas sociales y de salud asociados a las drogas. Se trata de crear un sistema normas que rijan la producción, el suministro y el consumo de drogas con base en la evidencia científica disponible –y rara vez considerada con objetividad- sobre los daños que cada sustancia genera el individuo y en la sociedad.

 

La CGPD se adelanta a la afirmación de que los países subdesarrollados no son capaces de regular efectivamente los mercados, uno de los  más comunes y etéreos supuestos empleados en México para justificar el status quo,  formulando una pregunta que desactiva su lógica: ¿y qué hay de la capacidad estas naciones de ejercer la prohibición? La conclusión del informe es contundente y bien fundamentada: “en última instancia se trata de elegir entre dar el control al gobierno o a los cárteles; no hay una tercera opción que pueda hacer desaparecer los mercados de drogas”.

 

Se podrá estar o no estar de acuerdo con la hoja de ruta trazada por la CGPD, pero sería muy injusto dejar de dar la bienvenida a un proyecto que se ha propuesto ofrecer, a través del rigor de la evidencia científica, la mejor vía de salida posible a una crisis sin sentido. Es tiempo de dar la espalda a quienes revientan bocinas a gritos con mitos del siglo pasado y de emprender, sin prejuicios, una búsqueda de aquellas soluciones que resulten más razonables para sortear la tormenta que hemos creado dentro de un vaso de agua.

 

asalgadoborge@gmail.com @asalgadoborge

 

https://asalgadoborge.wordpress.com/

 

*Maestro en Estudios Humanísticos con especialidad en ética. Profesor y director en la Universidad Marista de Mérida.

 

Publicado originalmente en el Diario de Yucatán el 14 de septiembre de 2014

Drogas- Asumiendo el control.pdf

La máquina de los desnudos

La lógica con la que el gobierno norteamericano se ha conducido en asuntos de seguridad interna es representada por Jeffrey Rosen (“The Washington Post” (05/07/2013) como una permanente disyuntiva entre la “máquina de los desnudos” y la “máquina de la materia borrosa”.

 

De acuerdo con Rosen, en 2002 la Administración de Seguridad en el Transporte estadounidense tuvo la opción de elegir entre dos tipos de tecnología para efectuar revisiones a pasajeros en aeropuertos. La primera de estas opciones consistía en una máquina que revelaba imágenes gráficas del cuerpo desnudo de los pasajeros. La segunda, proyectaba una figura del cuerpo humano, borrosa y sin detalle alguno, sobre la cual aparecían unas flechas señalando las zonas sobre las cuales era recomendable revisar con más detalle. Siendo que las dos máquinas ofrecían exactamente el mismo nivel de eficacia, el sentido de la selección se antojaba más que obvio; sin embargo, la balanza se inclinó finalmente hacia la “máquina de los desnudos”.

 

La “máquina de los desnudos” ejemplifica perfectamente la forma en que el gobierno norteamericano se ha decantado repetidamente por tecnologías, leyes y políticas intrusivas que revelan innecesariamente información personal de sus ciudadanos; pero que no garantizan, a cambio de las libertades vulneradas, mayor seguridad que la que pueden brindar opciones alternativas que respetan en mayor medida sus derechos.

 

La relación entre seguridad y libertad es paradójica. Las democracias liberales exhiben como valor supremo la libertad de sus ciudadanos, aunque, paralelamente, éstas postulan la necesidad de una base mínima de seguridad que garantice el ejercicio pleno de esta libertad. El problema de esta ecuación es que en ocasiones se terminan violando libertades fundamentales en nombre de una seguridad nimia o de plano ficticia.

 

Dos ejemplos dan clara cuenta del estado de desnudez al que pueden reducirnos nuestras autoridades. El primero de ellos son los fragmentos de la recientemente aprobada reforma en telecomunicaciones, reforma que permite a diferentes niveles de gobierno la intervención de nuestras comunicaciones personales y la ubicación satelital, en tiempo real, de los usuarios de telefonía celular. Sólo un insensato puede oponerse a que la carrera de criminales probados sea truncada para presentarlos ante la justicia o para prevenir futuros hechos delictivos, pero un largo camino se extiende entre este concepto y la posibilidad de que todos los mexicanos seamos ubicados, grabados y vigilados permanentemente.

 

El segundo ejemplo, mucho más evidente que el primero, tiene que ver con la creciente militarización de las labores de seguridad pública. En Estados Unidos se ha abierto, a raíz del aparentemente doloso asesinato de un joven negro a manos de un policía blanco en Misuri, un importante debate sobre las consecuencias de equipar y entrenar en términos militares a civiles que deberían ser cercanos y empáticos con la ciudadanía a la que protegen. Las voces más críticas de la actual tendencia en la seguridad interna norteamericana señalan que una policía militarizada y armada hasta los dientes opera bajo un esquema de protección del oficial a cualquier costo, atentando, desde la imagen de los oficiales hasta la esencia misma de protección al ciudadano de los cuerpos de seguridad civiles, contra el espíritu de una policía comunitaria (“The Nation”, 14/08/2014).

 

Una pregunta formulada por John Mueller, profesor de la Universidad del Estado de Ohio, revela con claridad la esencia de este problema: “Si tu probabilidad de ser asesinado por un terrorista en Estados Unidos es de uno en 3.5 millones, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar para reducir esta posibilidad a uno en 4.5 millones?” (“Mother Jones”, 21/08/2014). Claramente, en México tenemos un problema de seguridad interna que ha rebasado al peor de los pronósticos. Es por ello que, dentro del caos en el que estamos sumidos, y quizás precisamente debido lo delicado de nuestra situación, la pregunta de Mueller mantiene su vigencia: ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificar los ciudadanos mexicanos y en nombre de qué estamos dispuestos a sacrificarlo?

 

Nuestra respuesta a esta crisis ha seguido una lógica paralela a la estadounidense. Un documento de trabajo de la asociación México Vía Berlín (04/2014) da cuenta de la creciente militarización de México y postula que ésta puede ser producto de una política deliberada cuya implementación implica un presupuesto mayor cada año. De acuerdo con MVB, dos enfoques complementarios dan cuenta de ello. El primero de estos enfoques abarca la creciente importancia de las instituciones militares en la vida social, económica y política de nuestro país -”relaciones cívico-militares”-; mientras que el segundo, denominado “militarización indirecta”, implica que las policías adquieran características militares. Así, en vez de procurar justicia y proteger derechos civiles -sus actividades normales-, muchas policías, en su búsqueda proactiva de criminales, utilizan equipamiento y tácticas militares que son de enorme valía para las funciones del ejército, pero que entran en conflicto directo con los valores que las policías civiles deben representar.

 

En lo que constituye un verdadero despropósito, en lugar de concentrar nuestros recursos económicos y humanos en la atención de las posibles causas de los ilícitos -inequidad, pobreza, falta de movilidad social, corrupción…- en paralelo a una estrategia de combate a delitos graves específicos y la capacitación de cuerpos de seguridad cercanos a la ciudadanía, nuestros gobiernos han optado, so pretexto de garantizar nuestra seguridad, por destinar miles de millones de pesos a la compra de armamento y por establecer un virtual toque de queda.

 

La violencia es inherente a la naturaleza humana y siempre estará, en alguna medida, presente en nuestra sociedad. Su acotamiento y prevención son, empero, posibles sin tener que cancelar unilateralmente libertades y derechos fundamentales, y sin incurrir en la criminalización de actividades personales virtualmente inocuas para terceros. Desgraciadamente, en el peor de los mundos, nuestras autoridades no sólo han elegido mecanismos que desnudan física y virtualmente a sus gobernados, sino que han incumplido su promesa de hacer de México un país más seguro.- Mérida, Yucatán.

 

asalgadoborge@gmail.com

@asalgadoborge

asalgadoborge.wordpress.com

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*) Maestro en Estudios Humanísticos con especialidad en Ética (ITESM).

 

Publicado originalmente en el Diario de Yucatán el 24 de agosto de 2014.

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