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La “tiendita de confianza”

En México hay muchas más personas decentes de lo que suele suponerse. La tesis de que los mexicanos somos generalmente tramposos o corruptos carece de fundamentos. En realidad, si consideramos nuestro nulo estado de derecho, es posible afirmar que bastante bien nos las hemos arreglado para respetar un pacto social que parece estar sostenido exclusivamente sobre buenas voluntades.

La semana pasada el colectivo “Mensajeros urbanos” dio a conocer mediante un video la más reciente edición de su proyecto denominado “Tiendita de confianza”. Este experimento consistió en la instalación, en una calle de la Ciudad de México, de una precaria y desatendida mesa encima de la cuál se colocaron diversos productos que los transeúntes podían adquirir a cambio de cantidades señalizadas. Sobre la mesa se colocó también un letrero que avisaba: “Tiendita de confianza. Atiéndete tú solo! Creo en un México más honrado. Las ganancias se donarán a una casa hogar”.

Dado que nadie vigilaba la mesa cualquier persona que pasaba enfrente de está  podía haber tomado un artículo sin pagar por él; sin embargo, de acuerdo con “Mensajeros Urbanos” en el transcurso de las cinco horas que dura su más reciente filmación ningún cliente robó o defraudó a su “tiendita”.

Sería sumamente aventurado inducir conclusiones de un ensayo tan frágil como el descrito, pero lo cierto es que de éste se deriva como mínimo la incertidumbre de cuántos mexicanos serían honestos y cuántos se aprovecharían de la vulnerabilidad de la tienda. Siguiendo la misma lógica es posible preguntarnos cuántos se valen de la vulnerabilidad en que nuestras instituciones dejan al resto de la población para aprovecharse de terceros.

Para continuar leyendo:

http://www.sinembargo.mx/opinion/24-04-2015/33984

El auténtico “mexican moment”

En el México de hoy lo mínimo que se puede pedir a la democracia es que aspire a lo máximoLorenzo Meyer, historiador mexicano.


 

Del dolor de la tragedia podría erigirse un auténtico “mexican moment”. No es ni de lejos el que nuestras autoridades tenían en mente, pero es justo el que necesitamos.

 

La desaparición de 43 estudiantes normalistas a manos de policías en Guerrero, y la incapacidad o falta de voluntad de las autoridades de todos los niveles para dar con su paradero, han despertado en la sociedad mexicana una indignación sin precedentes. En un buen número de ciudades alrededor del mundo, lo mismo mexicanos que extranjeros han manifestado unánime y enérgicamente su repudio ante lo sucedido. La exigencia es una y no puede ser otra: justicia.

 

Encontrar a los 43 estudiantes y castigar a los culpables de su desaparición es, claramente, la escala más inmediata en la búsqueda de justicia y constituyen, con razón, las demandas más explícitas de los indignados. En este sentido, la justicia se produciría hasta que aparezcan los jóvenes normalistas y sean castigados todos y cada uno de los culpables -ya sea por acción o por inacción- de su desaparición. En esta lista tendrían que estar incluidas, desde luego, autoridades de los tres órdenes de gobierno.

 

Sin embargo, me parece que constituiría un grave error desaprovechar el momentum presente y limitar la exigencia de justicia a la solución de un caso particular, por indignante que este sea. Limitarla a este hecho específico equivaldría a convertir a la justicia en un concepto que el filósofo alemán Herbert Marcuse calificaría como “operacional terapéutico”. Marcuse considera que este tipo de conceptos “se vuelven falsos en la medida en que aíslan y dispersan los hechos, los estabilizan dentro de la totalidad represiva y aceptan los términos de esta totalidad como términos de análisis”.

 

Un análisis de este tipo es funcional, ya que se encierra en sí mismo y deja de lado la posibilidad de crítica real que implica trascender las fronteras del propio sistema. Para ilustrar como lo particular puede abolir a lo general, Marcuse utiliza el ejemplo de un trabajador de una compañía al que su salario no le alcanza para cubrir los gastos de la enfermedad de su mujer. Limitar el análisis de esta injusticia a las condiciones particulares de este trabajador o de la empresa en que trabaja, y pugnar por una mejora salarial para este individuo en específico como solución al problema, quita poder a la injusticia general producto de los procesos y condiciones en los que descansan los hechos injustos de una sociedad.

 

De manera análoga, limitar la demanda de justicia por lo acontecido en Guerrero a la aparición de los estudiantes o a el encarcelamiento de los culpables, es indispensable y necesario; pero resulta, en sí mismo, insuficiente. Peor aún, siguiendo a Marcuse, podría incluso resultar un ejercicio “terapéutico” que legitime el orden existente y que permita la preservación de las condiciones estructurales que han permitido la injusticia en primer lugar.

 

Las desapariciones de Iguala son tan sólo la grosera manifestación específica de una injusticia general cuyos componentes no son, en absoluto, exclusivos de Guerrero. Tanto los estudiantes normalistas como los criminales que los desaparecieron son grupos conformados por seres humanos marginados o reprimidos históricamente por el estado mexicano. La diferencia entre los unos y los otros es la naturaleza de su reacción ante la falta de oportunidades y ante el castigo de la sociedad en que tuvieron la desventura de nacer.

 

Lejos de constituir un caso aislado, tragedias como la ocurrida en Guerrero han ocurrido y seguirán ocurriendo en México hasta que no se cambie el orden de cosas en que éstas se gestan. Nuestro fallido modelo económico; nuestro sistema político basado en la corrupción, poco incluyente y poco representativo; la nula voluntad de nuestras autoridades para construir una base que permita nivelar las oportunidades de los desamparados; la violencia desencadenada por la “guerra” contra las drogas sin razón y sin sentido, empezada por Felipe Calderón -y continuada por Enrique Peña Nieto- y la represión perpetua e impune a auténticos líderes sociales son tan sólo algunos de los elementos sistémicos que han podrido nuestro tejido social y que han convertido a buena parte del país en un auténtico cagadal.

 

Si bien es cierto que las “renuncias” del gobernador de Guerrero y de un alto funcionario de la secretaría de gobernación constituyen grandes logros de la estruendosa demanda ciudadana, no debemos perder de vista que con estos movimientos el gobierno federal ha pretendido abrir una pequeña válvula para liberar un poco de presión y evitar que continúe incrementándose el malestar popular. Hacer justicia para los normalistas desaparecidos implica, por tanto, no aceptar como suficientes los “sacrificios” o las soluciones particulares y mantener el ímpetu presente hasta que se cambie de fondo la estructura represiva de nuestro sistema.

 

Todo parece indicar que nuestros sistemas económico y político han llevado su represión más allá de los límites que habían garantizado, hasta hace unos días, su perpetuación. Dadas las masivas manifestaciones de solidaridad, físicas y virtuales, de miles de mexicanos, y dada la poca importancia que los indignados han dado hasta el momento a los argumentos y cesiones gubernamentales, es probable que nos encontremos ante la oportunidad histórica de generar las condiciones que permitan que se derrumbe la base misma de la injusticia y de la opresión; de que la justicia sea completa para los estudiantes de Ayotzinapa y para los millones de mexicanos marginados por sus gobiernos y olvidados por el resto de su sociedad.

 

Ese sí que sería un auténtico “mexican moment”.

 

 

asalgadoborge@gmail.com @asalgadoborge

 

asalgadoborge.wordpress.com

 

*Maestro en Estudios Humanísticos con especialidad en Ética (ITESM). Profesor y director en la Universidad Marista de Mérida.

 

Publicado originalente en: http://yucatan.com.mx/editoriales/opinion/el-autentico-mexican-moment

El auténtico "mexican moment"

De la caza a la agricultura

Las cosas que concuerdan sólo en algo negativo, o sea, en algo que no tienen, no concuerdan realmente en nadaBaruch Spinoza, filósofo holandés.


 

Inmediatamente después de la represión del 4 de julio de 2011, un grupo de meridanos, tan generoso como plural, levantó la voz y salió a las calles a demandar justicia. El gobierno ejerció un control de daños mediante una estrategia dual: en primer término, acudió a su usual cerco informativo para evitar que aquellos sin acceso a internet o al Diario de Yucatán pudieran enterarse de lo acontecido. En segundo lugar, se apoyó en el afán de protagonismo de algunos panistas para diseminar la versión de que realmente todo se había tratado de un conflicto entre partidos.

 

El éxito de esta estrategia está hoy a la vista de todos. Con una tardía retirada que fue, y sigue siendo, muy poco creíble, el PAN dio al PRI los baldes de agua necesarios para apagar el breve fuego que por unos instantes amenazó con incendiarles el edificio completo. El movimiento surgido alcanzó su tope a los pocos días de la golpiza y a partir de entonces el volumen de las voces que protestaban ha disminuido al mismo ritmo al que éstas han perdido adeptos hasta convertirse en un susurro prácticamente inaudible. Actualmente, un puñado de personas, en su mayoría mayores de 50 años, mantiene viva la veladora testimonial de lo que pudo haber sido un despertar social sin precedente.

 

Para la mayor parte de los jóvenes universitarios y los profesionistas que se manifestaron indignados, el 4 de julio se quedó en 2011. No es posible pisar terrenos seguros en le intento de explicar las causas del éxodo descrito. Tendremos que conformarnos, al menos por ahora, a transitar en los terrenos de la hipótesis para entender factores que pueden incidir en este alejamiento. El caso de #Yosoy132 Yucatán puede ofrecer algunas luces en este sentido.

 

En su muy recomendable texto “La primavera yucateca: la emergencia del movimiento #yosoy132 Yucatán (UADY, 2013), el antropólogo Rodrigo LLanes Salazar explica algunos de los motivos que llevaron a que este movimiento empezara aglutinando, en su primer evento público, a más de 2,000 personas, y terminara convocando, hacia el final de su vida, a tan sólo 2. En este trabajo, Llanes Salazar describe puntualmente cómo el apartidismo inicial de #yosoy132 se tambaleó ante filias y fobias partidistas, y cómo los intentos de imponer verticalmente liderazgos terminaron por atentar contra la esencia horizontal de este movimiento.

 

Si consideramos que la democracia “se basa en el respeto y el interés por el otro, que a su vez se fundan en la capacidad de ver a los demás como seres humanos y no como meros objetos” (Nussbaum 2014), entonces serían los universitarios quienes tendrían las mejores credenciales democráticas en nuestro país.

 

De acuerdo a la Encuesta nacional de discriminación 46 % de quienes tienen como grado máximo primaria no estarían dispuestos a vivir bajo el mismo techo que una persona –familiar o no- con alguna discapacidad o de distinta raza, 40% no aceptarían a vivir con un homosexual y 44% no vivirían con alguien de otra religión. En el caso de quienes tienen grado universitario o superior, ninguno de estos rubros rebasa el 9% (Enadis, 2010). Los universitarios mexicanos realizan más actos de solidaridad que los que no tienen este grado.

 

Sin embargo, los jóvenes –no necesariamente universitarios- votan por debajo del promedio nacional y no parecen particularmente interesados en actividades democráticas no electorales. Los universitarios participan más en organizaciones sociales que el resto de los mexicanos, pero la mayoría de estas agrupaciones no tienen relación con temas políticos o de derechos humanos. Apenas 11% cree poder influir en las acciones de sus gobernantes –porcentaje idéntico al de las personas que no tienen ningún tipo de educación- (INE, 2014).

 

Es posible inferir que la politización, explicita o velada, de los movimientos sociales podría ahuyentar a buena parte de los universitarios que podrían estar interesados en sumarse a las causas que estos movimientos defienden.

 

A tres años de los sucesos del 4 de julio de 2011, las organizaciones de la sociedad civil yucatecas que defienden causas democráticas están obligadas a replantear su estructura –operativa y humana-, sus modos y sus prioridades si pretenden incidir en la vida pública del estado. Por bien sustentadas que estén, las denuncias de corruptelas y componendas no gozarán de la empatía de un segmento de la población mientras se perciba –y los universitarios siempre lo perciben- que éstas surgen de la agenda del satélite disimulado de un determinado partido político o de intereses particulares que van más allá de la causa abanderada.

 

Las organizaciones que tengan las mejores intenciones deben entender que nunca llegarán muy lejos si no empiezan estableciendo las condiciones necesarias para la edificación de una verdadera cultura democrática. Para ello se requiere empezar desde la base, educando con paciencia sobre temas existenciales antes que políticos y reflexionando públicamente sobre las grandes cuestiones humanas; usualmente dejadas de lado para atacar, con más ímpetu que razón, las consecuencias de la ausencia de reflexión sobre éstas.

 

De acuerdo a la filósofa Martha Nussbeaum (2014), las humanidades son básicas para desarrollar algunas aptitudes fundamentales en una democracia. Figuran entre éstas: reconocer a los otros ciudadanos como personas con los mismos derechos, interesarse en la vida de los otros y entender las consecuencias que cada política implica para las oportunidades de otros, imaginar cuestiones complejas, emitir un juicio crítico sobre los dirigentes políticos con una idea realista y bien fundamentada, pensar en el bien común de la nación como un todo y concebir a la nación como parte de un orden mundial complejo.

 

Las verdaderas humanidades conciben al ser humano como un proyecto en constante construcción y nunca terminado. El futuro siempre puede ser mejor que el presente. Una cosmovisión de esta naturaleza es necesariamente crítica e inconforme con el estado actual de cosas.

 

El recuerdo del 4 de julio de 2011 debe servir entonces como testimonio de la necesidad de que las organizaciones de la sociedad civil no supediten lo más importante a lo más inmediato; de la urgencia de dar un salto civilizatorio que les lleve a dejar de ser bandas de cazadores furtivos para convertirse los agricultores que tanta falta le hacen a nuestra democracia.

 


 

asalgadoborge@gmail.com @asalgadoborge

https://asalgadoborge.wordpress.com/

 

*Maestro en Estudios Humanísticos con especialidad en Ética (ITESM). Profesor y director en la Universidad Marista de Mérida.

 

Artículo publicado originalmente en el Diario de Yucatán el 6 de julio de 2014:  http://yucatan.com.mx/editoriales/opinion/4-de-julio-el-salto-civilizatorio-pendiente

 

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