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¿Queremos tanto a “El Chapo”?

Incluso para los particulares estándares de nuestro surrealismo nacional la fuga de “El Chapo” Guzmán resulta increíble.

La reacción de nuestras autoridades ante este gran escape ha sido lenta y las respuestas que han dado con el fin de evadir su evidente responsabilidad son contradictorias, titubeantes y tienen poco sentido. En tiempos recientes, quizás sólo las enclenques versiones oficiales de un puñado de casos le pueden hacer alguna competencia; entre ellos, el “suicidio” de la activista Digna Ochoa mediante dos disparos, el “secuestro” de policías federales a manos de tres mujeres indígenas en Querétaro y el “hallazgo” del cuerpo de la niña Paulette entre el colchón y la cabecera de su cama, cuando Enrique Peña Nieto fue Gobernador del Estado de México.

Hay, sin embargo, una importante diferencia entre la fuga de “El Chapo” y muchos casos trágicos similares a los anteriormente enlistados. En esta ocasión los más indignados ante la afrenta que este evento representa para el Estado no son la mayoría de los mexicanos sino nuestros gobernantes. No es para menos. A fin de cuentas, el capo “se los chingó” jugando su propio juego.

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http://www.sinembargo.mx/opinion/17-07-2015/36996

Un oasis qué preservar

El progreso es incapaz de reciclar sus propios desechosManuel Reyes-Mate, filósofo español


Al menos por ahora, Yucatán es de los estados más seguros de México. Sin embargo, la actitud bipolar con que el gobierno estatal afronta el tema de la seguridad, uno de los que más preocupan a la sociedad en nuestro país, podría alterar el tranquilo estado de cosas que muchos yucatecos aún disfrutamos.

 

Es preciso comenzar este análisis aclarando que difícilmente en nuestro estado llegaremos a ver la violencia relacionada con el tráfico de drogas que inunda buena parte del territorio nacional. En su más reciente visita a la Universidad Marista de Mérida a invitación de la Escuela de Administración, Turismo y Mercadotecnia, el doctor Sergio Aguayo Quezada afirmó que un cambio en las rutas de tráfico de drogas ocurrido hace varios años fue fundamental para que se dibujara el complicado escenario que hoy todos conocemos. En su informe “El problema de las drogas en las américas” (2013), la OEA explica que la violencia relativa al narcotráfico es producida por enfrentamientos entre cárteles por controlar las rutas, por lo que está focalizada en las regiones de tránsito y no en las de consumo. Es justamente por su ubicación que Yucatán podría no ser una ruta atractiva para el tránsito de drogas, y por tanto, que no experimente la violencia que origina su tránsito.

 

Aún si se pone entre paréntesis la anterior coyuntura, es posible afirmar que el trabajo policiaco en Yucatán es mucho más eficiente que el del resto del país. Entre 2013 y 2014 se registró un decremento en el porcentaje de yucatecos que dicen tener poca o ninguna confianza en su policía, situación que contrasta notablemente con una tendencia nacional en sentido opuesto. La policía en este estado ha obtenido una confianza difícil de encontrar en el resto del país, mérito que no debe dejar de ser reconocido. Esta circunstancia es notable, aunque no excluye, desde luego, que existan importantes oportunidades de mejora, como lo es el campo de los derechos humanos.

 

Los esfuerzos en ofrecer una mejor capacitación al personal policiaco y la adquisición de equipo de punta para prevenir o detectar crímenes podrían contribuir a que la seguridad de la que los yucatecos gozamos se mantenga a corto plazo. Sin embargo, al mismo tiempo que genera las condiciones necesarias para preservar la seguridad actual, el gobierno de Yucatán incuba las circunstancias propicias para que esta seguridad resulte insostenible a mediano plazo. La hipótesis que motiva este texto es que en la desigualdad y en el mal manejo de la economía yucateca se cultiva un caldo del que están surgiendo cada más seres humanos desesperados convertidos en delincuentes.

 

La economía yucateca ha crecido en los últimos años a tasas inferiores que los ya de por sí raquíticos e insuficientes incrementos nacionales. Estamos experimentando un importante incremento poblacional que no está siendo debidamente acompañado de oportunidades de inclusión equitativas. A ello hay que sumar que en las últimas décadas el bienestar de los mexicanos ha recibido duros golpes como la pérdida de beneficios sociales básicos, entre los que destacan el desmantelamiento de la seguridad social vía una reciente reforma laboral, los efectos presentes de la contrarreforma agraria impulsada por Carlos Salinas y una pronunciada pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo.

 

El gobierno que encabeza Rolando Zapata Bello ha respondido a esta coyuntura con el crecimiento de programas sociales clientelares —tinacos, pinturas, pollitos…— que sólo contribuyen a disimular unas cuantas de las manifestaciones de la miseria de los más necesitados. Paliativos de este tipo resultan claramente insuficientes ya que no contribuyen en lo más mínimo a generar las condiciones necesarias para que miles de seres humanos hoy marginados encuentren oportunidades de incorporarse a la economía formal con condiciones laborales suficientes para autodeterminarse o vivir una vida digna.

 

Las repercusiones del mal manejo económico en la seguridad de los yucatecos podrían estar ya a la vista. A pesar de que el porcentaje de personas que dicen sentirse seguras sigue siendo más alto en Yucatán que en cualquier estado de la república, este indicador ha disminuido 10 puntos porcentuales en los últimos 2 años. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2014 (Envipe) en 2012, 81% de los yucatecos afirmaba sentirse seguro en su estado, mientras que en 2014 71% contestó en el mismo sentido. Según la misma medición, el número de delitos —incidencia delictiva— y la cantidad de personas que sufrieron algún delito —prevalencia delictiva— en nuestro estado se incrementó durante el mismo período.

 

A lo anterior es preciso agregar fenómenos focalizados como el incremento en el número de pandillas en el sur de nuestro estado y los robos a casa habitación en colonias específicas de Mérida, que podrían diluirse si sólo se considera en el buen estado general de seguridad del que aún disfrutamos buena parte de los yucatecos. Tal como ha señalado la organización México Evalúa “dentro de un estado se pueden registrar marcadas diferencias entre regiones, municipios, o incluso colonias y calles… la violencia y la delincuencia no impactan de la misma forma a toda la población de determinada entidad: es decir, hay zonas más inseguras que otras”.

 

Una tarea pendiente para la sociedad yucateca es elaborar un análisis más detallado y profundo de los fenómenos revelados por la Envipe mencionados en este texto. Nos hemos habituado a vivir en un oasis que la eficiente tarea policiaca ha podido preservar hasta el día de hoy. Empero, por los motivos expuestos anteriormente, a mediano plazo podría no haber, por eficiente y bien intencionada que pueda ser, estrategia policiaca que baste para contener al creciente ejército de individuos desesperados que el gobierno de Yucatán está fabricando.— Mérida, Yucatán.

 

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@asalgadoborge
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*) Maestro en Estudios Humanísticos con especialidad en Ética (ITESM)

 

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La máquina de los desnudos

La lógica con la que el gobierno norteamericano se ha conducido en asuntos de seguridad interna es representada por Jeffrey Rosen (“The Washington Post” (05/07/2013) como una permanente disyuntiva entre la “máquina de los desnudos” y la “máquina de la materia borrosa”.

 

De acuerdo con Rosen, en 2002 la Administración de Seguridad en el Transporte estadounidense tuvo la opción de elegir entre dos tipos de tecnología para efectuar revisiones a pasajeros en aeropuertos. La primera de estas opciones consistía en una máquina que revelaba imágenes gráficas del cuerpo desnudo de los pasajeros. La segunda, proyectaba una figura del cuerpo humano, borrosa y sin detalle alguno, sobre la cual aparecían unas flechas señalando las zonas sobre las cuales era recomendable revisar con más detalle. Siendo que las dos máquinas ofrecían exactamente el mismo nivel de eficacia, el sentido de la selección se antojaba más que obvio; sin embargo, la balanza se inclinó finalmente hacia la “máquina de los desnudos”.

 

La “máquina de los desnudos” ejemplifica perfectamente la forma en que el gobierno norteamericano se ha decantado repetidamente por tecnologías, leyes y políticas intrusivas que revelan innecesariamente información personal de sus ciudadanos; pero que no garantizan, a cambio de las libertades vulneradas, mayor seguridad que la que pueden brindar opciones alternativas que respetan en mayor medida sus derechos.

 

La relación entre seguridad y libertad es paradójica. Las democracias liberales exhiben como valor supremo la libertad de sus ciudadanos, aunque, paralelamente, éstas postulan la necesidad de una base mínima de seguridad que garantice el ejercicio pleno de esta libertad. El problema de esta ecuación es que en ocasiones se terminan violando libertades fundamentales en nombre de una seguridad nimia o de plano ficticia.

 

Dos ejemplos dan clara cuenta del estado de desnudez al que pueden reducirnos nuestras autoridades. El primero de ellos son los fragmentos de la recientemente aprobada reforma en telecomunicaciones, reforma que permite a diferentes niveles de gobierno la intervención de nuestras comunicaciones personales y la ubicación satelital, en tiempo real, de los usuarios de telefonía celular. Sólo un insensato puede oponerse a que la carrera de criminales probados sea truncada para presentarlos ante la justicia o para prevenir futuros hechos delictivos, pero un largo camino se extiende entre este concepto y la posibilidad de que todos los mexicanos seamos ubicados, grabados y vigilados permanentemente.

 

El segundo ejemplo, mucho más evidente que el primero, tiene que ver con la creciente militarización de las labores de seguridad pública. En Estados Unidos se ha abierto, a raíz del aparentemente doloso asesinato de un joven negro a manos de un policía blanco en Misuri, un importante debate sobre las consecuencias de equipar y entrenar en términos militares a civiles que deberían ser cercanos y empáticos con la ciudadanía a la que protegen. Las voces más críticas de la actual tendencia en la seguridad interna norteamericana señalan que una policía militarizada y armada hasta los dientes opera bajo un esquema de protección del oficial a cualquier costo, atentando, desde la imagen de los oficiales hasta la esencia misma de protección al ciudadano de los cuerpos de seguridad civiles, contra el espíritu de una policía comunitaria (“The Nation”, 14/08/2014).

 

Una pregunta formulada por John Mueller, profesor de la Universidad del Estado de Ohio, revela con claridad la esencia de este problema: “Si tu probabilidad de ser asesinado por un terrorista en Estados Unidos es de uno en 3.5 millones, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar para reducir esta posibilidad a uno en 4.5 millones?” (“Mother Jones”, 21/08/2014). Claramente, en México tenemos un problema de seguridad interna que ha rebasado al peor de los pronósticos. Es por ello que, dentro del caos en el que estamos sumidos, y quizás precisamente debido lo delicado de nuestra situación, la pregunta de Mueller mantiene su vigencia: ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificar los ciudadanos mexicanos y en nombre de qué estamos dispuestos a sacrificarlo?

 

Nuestra respuesta a esta crisis ha seguido una lógica paralela a la estadounidense. Un documento de trabajo de la asociación México Vía Berlín (04/2014) da cuenta de la creciente militarización de México y postula que ésta puede ser producto de una política deliberada cuya implementación implica un presupuesto mayor cada año. De acuerdo con MVB, dos enfoques complementarios dan cuenta de ello. El primero de estos enfoques abarca la creciente importancia de las instituciones militares en la vida social, económica y política de nuestro país -”relaciones cívico-militares”-; mientras que el segundo, denominado “militarización indirecta”, implica que las policías adquieran características militares. Así, en vez de procurar justicia y proteger derechos civiles -sus actividades normales-, muchas policías, en su búsqueda proactiva de criminales, utilizan equipamiento y tácticas militares que son de enorme valía para las funciones del ejército, pero que entran en conflicto directo con los valores que las policías civiles deben representar.

 

En lo que constituye un verdadero despropósito, en lugar de concentrar nuestros recursos económicos y humanos en la atención de las posibles causas de los ilícitos -inequidad, pobreza, falta de movilidad social, corrupción…- en paralelo a una estrategia de combate a delitos graves específicos y la capacitación de cuerpos de seguridad cercanos a la ciudadanía, nuestros gobiernos han optado, so pretexto de garantizar nuestra seguridad, por destinar miles de millones de pesos a la compra de armamento y por establecer un virtual toque de queda.

 

La violencia es inherente a la naturaleza humana y siempre estará, en alguna medida, presente en nuestra sociedad. Su acotamiento y prevención son, empero, posibles sin tener que cancelar unilateralmente libertades y derechos fundamentales, y sin incurrir en la criminalización de actividades personales virtualmente inocuas para terceros. Desgraciadamente, en el peor de los mundos, nuestras autoridades no sólo han elegido mecanismos que desnudan física y virtualmente a sus gobernados, sino que han incumplido su promesa de hacer de México un país más seguro.- Mérida, Yucatán.

 

asalgadoborge@gmail.com

@asalgadoborge

asalgadoborge.wordpress.com

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*) Maestro en Estudios Humanísticos con especialidad en Ética (ITESM).

 

Publicado originalmente en el Diario de Yucatán el 24 de agosto de 2014.

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