La lógica con la que el gobierno norteamericano se ha conducido en asuntos de seguridad interna es representada por Jeffrey Rosen (“The Washington Post” (05/07/2013) como una permanente disyuntiva entre la “máquina de los desnudos” y la “máquina de la materia borrosa”.
De acuerdo con Rosen, en 2002 la Administración de Seguridad en el Transporte estadounidense tuvo la opción de elegir entre dos tipos de tecnología para efectuar revisiones a pasajeros en aeropuertos. La primera de estas opciones consistía en una máquina que revelaba imágenes gráficas del cuerpo desnudo de los pasajeros. La segunda, proyectaba una figura del cuerpo humano, borrosa y sin detalle alguno, sobre la cual aparecían unas flechas señalando las zonas sobre las cuales era recomendable revisar con más detalle. Siendo que las dos máquinas ofrecían exactamente el mismo nivel de eficacia, el sentido de la selección se antojaba más que obvio; sin embargo, la balanza se inclinó finalmente hacia la “máquina de los desnudos”.
La “máquina de los desnudos” ejemplifica perfectamente la forma en que el gobierno norteamericano se ha decantado repetidamente por tecnologías, leyes y políticas intrusivas que revelan innecesariamente información personal de sus ciudadanos; pero que no garantizan, a cambio de las libertades vulneradas, mayor seguridad que la que pueden brindar opciones alternativas que respetan en mayor medida sus derechos.
La relación entre seguridad y libertad es paradójica. Las democracias liberales exhiben como valor supremo la libertad de sus ciudadanos, aunque, paralelamente, éstas postulan la necesidad de una base mínima de seguridad que garantice el ejercicio pleno de esta libertad. El problema de esta ecuación es que en ocasiones se terminan violando libertades fundamentales en nombre de una seguridad nimia o de plano ficticia.
Dos ejemplos dan clara cuenta del estado de desnudez al que pueden reducirnos nuestras autoridades. El primero de ellos son los fragmentos de la recientemente aprobada reforma en telecomunicaciones, reforma que permite a diferentes niveles de gobierno la intervención de nuestras comunicaciones personales y la ubicación satelital, en tiempo real, de los usuarios de telefonía celular. Sólo un insensato puede oponerse a que la carrera de criminales probados sea truncada para presentarlos ante la justicia o para prevenir futuros hechos delictivos, pero un largo camino se extiende entre este concepto y la posibilidad de que todos los mexicanos seamos ubicados, grabados y vigilados permanentemente.
El segundo ejemplo, mucho más evidente que el primero, tiene que ver con la creciente militarización de las labores de seguridad pública. En Estados Unidos se ha abierto, a raíz del aparentemente doloso asesinato de un joven negro a manos de un policía blanco en Misuri, un importante debate sobre las consecuencias de equipar y entrenar en términos militares a civiles que deberían ser cercanos y empáticos con la ciudadanía a la que protegen. Las voces más críticas de la actual tendencia en la seguridad interna norteamericana señalan que una policía militarizada y armada hasta los dientes opera bajo un esquema de protección del oficial a cualquier costo, atentando, desde la imagen de los oficiales hasta la esencia misma de protección al ciudadano de los cuerpos de seguridad civiles, contra el espíritu de una policía comunitaria (“The Nation”, 14/08/2014).
Una pregunta formulada por John Mueller, profesor de la Universidad del Estado de Ohio, revela con claridad la esencia de este problema: “Si tu probabilidad de ser asesinado por un terrorista en Estados Unidos es de uno en 3.5 millones, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar para reducir esta posibilidad a uno en 4.5 millones?” (“Mother Jones”, 21/08/2014). Claramente, en México tenemos un problema de seguridad interna que ha rebasado al peor de los pronósticos. Es por ello que, dentro del caos en el que estamos sumidos, y quizás precisamente debido lo delicado de nuestra situación, la pregunta de Mueller mantiene su vigencia: ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificar los ciudadanos mexicanos y en nombre de qué estamos dispuestos a sacrificarlo?
Nuestra respuesta a esta crisis ha seguido una lógica paralela a la estadounidense. Un documento de trabajo de la asociación México Vía Berlín (04/2014) da cuenta de la creciente militarización de México y postula que ésta puede ser producto de una política deliberada cuya implementación implica un presupuesto mayor cada año. De acuerdo con MVB, dos enfoques complementarios dan cuenta de ello. El primero de estos enfoques abarca la creciente importancia de las instituciones militares en la vida social, económica y política de nuestro país -”relaciones cívico-militares”-; mientras que el segundo, denominado “militarización indirecta”, implica que las policías adquieran características militares. Así, en vez de procurar justicia y proteger derechos civiles -sus actividades normales-, muchas policías, en su búsqueda proactiva de criminales, utilizan equipamiento y tácticas militares que son de enorme valía para las funciones del ejército, pero que entran en conflicto directo con los valores que las policías civiles deben representar.
En lo que constituye un verdadero despropósito, en lugar de concentrar nuestros recursos económicos y humanos en la atención de las posibles causas de los ilícitos -inequidad, pobreza, falta de movilidad social, corrupción…- en paralelo a una estrategia de combate a delitos graves específicos y la capacitación de cuerpos de seguridad cercanos a la ciudadanía, nuestros gobiernos han optado, so pretexto de garantizar nuestra seguridad, por destinar miles de millones de pesos a la compra de armamento y por establecer un virtual toque de queda.
La violencia es inherente a la naturaleza humana y siempre estará, en alguna medida, presente en nuestra sociedad. Su acotamiento y prevención son, empero, posibles sin tener que cancelar unilateralmente libertades y derechos fundamentales, y sin incurrir en la criminalización de actividades personales virtualmente inocuas para terceros. Desgraciadamente, en el peor de los mundos, nuestras autoridades no sólo han elegido mecanismos que desnudan física y virtualmente a sus gobernados, sino que han incumplido su promesa de hacer de México un país más seguro.- Mérida, Yucatán.
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*) Maestro en Estudios Humanísticos con especialidad en Ética (ITESM).
Publicado originalmente en el Diario de Yucatán el 24 de agosto de 2014.
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