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Vida extraterrestre

Es bien sabido que la ubicación de cualquier objeto es fijada siempre en relación a otro objeto. Para determinar la posición de algo en el espacio es preciso contar con al menos un punto de referencia que permita al observador establecer la distancia entre ambos puntos. La misma lógica aplica al momento de buscar el lugar del ser humano en el cosmos.

En días recientes se dio a conocer que el robot Curiosity encontró indicios de agua salada en Marte. Durante años se ha fantaseado sobre la posibilidad de que este planeta vecino, que en el pasado presentaba un paisaje muy distinto al que actualmente conocemos, albergara agua en estado líquido o sólido. Ahora sabemos que Marte tiene capas de agua sólida –hielo- en sus polos y muy probablemente agua líquida salada debajo de su superficie.

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Las babas del diablo

Cuando el legislador estadounidense Mike Ritze decidió promover y patrocinar la colocación de un monumento representativo de los “10 mandamientos” a las afueras del palacio de gobierno de su estado, nunca imaginó que terminaría contribuyendo indirectamente a una causa satanista.

 

Ritze, representante republicano del estado de Oklahoma, pudo instalar su donación en una plaza pública aprovechando una de las muchas leyes que, redactadas y aprobadas por sus homólogos conservadores, han sido diseñadas para promover el papel del Estado como “facilitador de la expresión religiosa”. Ahora los satanistas quieren hacer exactamente lo mismo. Aprovechando este marco legal el Templo Satánico ha ofrecido la donación de un monumento de más dos metros de altura que representa a una criatura con cabeza de cabra y alargados cuernos sentada sobre un enorme sillón. De acuerdo a Doug Mesner, uno de los fundadores de este templo, su estatua sería amistosa con los niños ya que incluiría un pentagrama interactivo y la posibilidad de sentarse sobre ella.

 

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http://www.sinembargo.mx/opinion/03-04-2015/33345

Criticamos, luego existimos

Las opiniones y costumbres falsas ceden gradualmente ante los hechos y los razonamientos; pero para que los hechos y razones produzcan alguna impresión sobre el espíritu, es necesario que se les presenteJohn Stuart Mill, filósofo inglés


Uno de los principales errores que comenten los enemigos de la crítica es reducirla a su sentido más vulgar. Para sus detractores, ésta es casi exclusivamente sinónimo de agresión y ataque personal. Se equivocan. La crítica a temas y personajes de interés público no debe ser concebida como un asunto personal, inútil u ofensivo. Por el contrario, en el presente texto se argumentará que la cantidad y constancia de la crítica pública es un factor determinante para la calidad de una democracia.

 

En su sentido filosófico y más poderoso, la crítica encarna una de las características más luminosas de la mente humana; una potencialidad que nos distingue de otras especies y que consiste en nuestra capacidad de juzgar las cosas con base en una serie de principios determinados. Evidentemente, no se puede criticar aquello que no se conoce, por lo que la crítica presupone, por principio de cuentas, un conocimiento previo, aunque sea mínimo, del tema que será criticado. A pesar de que puede parecer una auténtica perogrullada, este principio básico y fundamental suele perderse de vista. Es por ello que no debe dejar de ser reiterado: para criticar algo es necesario, cuando menos, saber de su existencia.

 

Pero la crítica no se limita al conocimiento o descripción de un suceso, sino que implica también un juicio sobre aquello que se conoce. Un juicio es la afirmación o negación de una idea determinada; un posicionamiento personal derivado de una operación de nuestro entendimiento consistente en comparar una cosa con otra o una cosa con una serie de estándares preestablecidos. La utilidad que la crítica reviste para el funcionamiento de un régimen democrático sólo queda completamente clarificada cuando la crítica forma parte de lo que el filósofo alemán Emmanuel Kant denominó “uso público de la razón”, que consiste en la libertad de exponer y defender un argumento enfrente de otros.

 

Parte fundamental que se hace a la crítica es que ésta es, en sí misma, insuficiente para producir una mejora en los hechos. Frases de la especie “de nada sirve la crítica si no hay acción” y “los mexicanos somos muy buenos para criticar” constituyen lugares comunes en la sociedad mexicana, pero son falsas. Del proceso explicado anteriormente se deriva que la crítica es ya en sí misma una acción. Las acciones intelectuales no son menos acciones que las acciones físicas. Incluso hay quienes piensan que las acciones intelectuales son más valiosas ya que anteceden a las físicas y representan más dignamente al ser humano. Ni qué decir de la crítica pública que requiere no sólo una acción interna, sino de una externa -su expresión-.

 

La crítica pública es una acción fundamental para una democracia por dos motivos.

 

En primer término, ésta constituye una fuente continua de mejora en el campo de las ideas y un requisito fundamental para la corrección de errores y para el progreso del ser humano. En la arena política, la crítica pública permite que las diferentes ideas sean contrastadas y que los ciudadanos puedan evaluar qué argumento les resulta más convincente -una especie de proceso de selección natural de las ideas-. En segundo lugar, la crítica pública representa para las élites económicas y políticas la constatación de que sus abusos y errores no pasan inadvertidos; de que existe un sector de la sociedad consciente e inconforme dispuesto a hablar públicamente de aquello que no le parece y, por ende, de difundir los argumentos que sustentan su inconformidad y de convencer a terceros.

 

En el debate público los conflictos sociales se hacen explícitos, situación que permite que sean conocidos por más personas que, a su vez, pueden emitir un juicio público o privado sobre aquello de lo que se han enterado. Esto representa presión para las élites, que tendrán que, cuando menos, relajar estructuras extractivas y adoptar posiciones más inclusivas si pretenden evitar su caída. Es así como funcionan las democracias de los países más desarrollados.

 

Nuestro problema no es “que nos quedemos en la crítica”, sino que no tenemos aún una sociedad lo suficientemente crítica. Si Felipe Calderón puede recibir más de un millón de pesos al mes como pensión, si José Murat puede tener millones de dólares en propiedades en Estados Unidos, si los mexicanos con cuentas millonarias en Suiza pueden no ser investigados, si las televisoras pueden dictar el son al que bailan los legisladores y si millones de pesos pueden ser derrochados en Yucatán en hospitales sin concluir y en los estudios fantasmas de un tren fantasma es porque la mayoría de los mexicanos y de los yucatecos ni siquiera está al tanto de estos eventos.

 

Para que este tipo de indignantes aberraciones dejen de ser la norma en nuestro sistema político, es necesario que los individuos ajenos a lo público detonen una reacción en cadena pasando a ser parte de la masa crítica de nuestra sociedad. En una democracia cuando la masa -conformada por personas- se vuelve masa crítica, deja de ser masa y se transforma en ciudadanía. Mientras nuestra masa no sea lo suficientemente crítica lo más probable es que cualquier cambio en nuestro sistema sea meramente estético y que la estructura de explotación vigente sea preservada por quienes lleguen al poder. Es esto lo que ha venido ocurriendo en cada cambio de régimen desde la conquista y es esto exactamente lo que ocurrió con la llegada del PAN a la presidencia.

 

Lo mejor que podemos hacer por nuestra democracia es no buscar soluciones mágicas, violentas o confiar en la bondad de un partido o candidato determinado, sino alentar el proceso de formación de una masa crítica haciendo uso de nuestra razón pública y propiciando que cada vez más personas se materialicen y existan en la arena política. Si bien es cierto que una formación de esta naturaleza no se da de un día para otro, ésta constituye el único camino seguro para la construcción de una verdadera democracia.

 

La buena noticia es que en estos momentos los mexicanos nos encontramos en una coyuntura que ha permitido el surgimiento de una ciudadanía que critica y participa en lo público como nunca. Una sociedad en la que existe una importante masa enajenada y sin interés en lo público es una sociedad dócil y servil. Una sociedad conformada mayoritariamente por un público informado y crítico representa una fuerza política, social y electoral que amenaza seriamente al estado de cosas que han construido para sí los ganadores de nuestro sistema extractivo.

 

Para estos últimos un pueblo que no critica será siempre un pueblo que no existe.- Mérida, Yucatán.

 

Criticamos luego existimos

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Ya sabemos por qué no aplaudimos

Lo mismo que individuos, hubo épocas mitómanasMarc Bloch, historiador francés.


 

Enrique Peña Nieto esperaba que le aplaudieran al finalizar un discurso en el que anunció una serie de nuevas medidas para combatir la corrupción. El silencio que obtuvo de los integrantes de la prensa que le escucharon provocó su molestia. “Ya sé que no aplauden”, espetó el visiblemente incómodo mandatario a los periodistas.

 

Los puntos anunciados por Peña Nieto son una respuesta a la indignación social derivada, dentro y fuera de México, por las investigaciones periodísticas de Carmen Aristegui y de “The Wall Street Journal”, que dan cuenta de indicios de corrupción y de conflicto de interés del Presidente y del secretario de Hacienda. Ambos funcionarios han hecho operaciones personales para adquirir propiedades con empresas constructoras que, a su vez, han recibido miles de millones de pesos en contratos del gobierno del Estado de México, cuando Peña y Videgaray eran gobernador y secretario de Finanzas respectivamente, y del actual gobierno federal.

 

Las nueve reglas de transparencia que se anunciaron el pasado martes con bombo y platillos son, en su mayoría, meros pronunciamientos sin contenido. El nuevo secretario de la Función Pública, nombrado por Peña y a quien Peña le ha encomendado investigar si el propio Peña o Videgaray incurrieron en un conflicto de interés, es, en sí mismo, un conflicto de interés por partida doble al ser parte del grupo político de estos dos funcionarios públicos desde hace décadas y ser hijo del abogado que defiende al líder sindical de Pemex. Más relevante resulta la impotencia legal que caracteriza a su puesto; aún si quisiera investigar a sus compañeros, su nombramiento no cambiará un ápice las reglas de este juego. Finalmente, es el propio partido del Presidente el que ha bloqueado la propuesta de un verdadero Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que la real intención de las nuevas reglas debe ser puesta entre signos de interrogación.

 

Es evidente que no existe hasta el momento ni en el Presidente ni en su partido la más mínima intención de ir al fondo del problema de corrupción que carcome a México. El propio Peña ha dicho, una y otra vez, que acepta los hechos que se le imputan, pero que no considera que éstos constituyan ningún conflicto de interés. Tanto las medidas difundidas por Peña Nieto como su reacción ante la falta de aplausos de la prensa son una confirmación de la frase publicada en la revista “The Economist” sobre la incapacidad del presidente mexicano y de su equipo de darse cuenta de la naturaleza de sus actos y de la forma en que la sociedad los percibe: simplemente “no entienden que no entienden”.

 

En su excelente libro “Remolino” (Editorial Ink, 2014), Sergio Aguayo Quezada, investigador del Colegio de México, nos ofrece una importante luz para resolver el dilema de por qué nuestro presidente no entiende que no es mediante una comparación entre la cultura política existente en el Distrito Federal y la existente en el Estado de México. Mientras que el primero ocupa el cuarto lugar en el Índice de Desarrollo Democrático, el segundo se encuentra en el lugar 27. El doctor Aguayo define al Estado de México como “Una reliquia de la época dorada del autoritarismo mexicano”; un estado que no ha experimentado, desde hace más de 85 años, alternancia política -siempre ha sido gobernado por el PRI-, en el que no hay sociedad civil organizada que exija a sus gobernantes y en el que no existe el periodismo crítico. Es decir, el Estado de México es un estado en el que todos los medios publican, aplauden y celebran cualquier dicho o hecho del gobernador en turno.

 

El Presidente hizo toda su carrera en esta “reliquia”, por lo que él mismo es producto y causa de un contexto profundamente opaco y antidemocrático. Dado que Peña Nieto no conoce otro escenario, se entiende que no puede entender la falta de aplausos de la prensa o que la mayoría de los mexicanos desapruebe su gestión o perciba conflictos de intereses en donde otros probablemente sólo ven “gajes del oficio” de la política. Desgraciadamente, buena parte de la clase política mexicana, sin distinción de partidos, simplemente no puede empezar a entender la posibilidad de principios éticos fundamentales como la honestidad o la decencia.

 

El problema de la corrupción no es cultural, como argumentara el propio Presidente, sino sistémico. Concuerdo con quienes sostienen que la corrupción no es una variable residual de nuestro sistema político sino el pegamento que lo mantiene unido. Es bien sabido que en  todo el país existen funcionarios que se han hecho de casas, terrenos y fortunas al calor de su relación -o de sus familias- con empresas proveedoras del gobierno o por algún otro tipo de conflictos de interés. Sin embargo, por el momento sus propios partidos los esconden y cobijan, por lo que los ciudadanos no contamos con la posibilidad real de vigilarlos o de castigarlos legalmente.

 

Las resistencias son, en efecto, muy poderosas. Un botón de muestra es la declaración de Lorenzo Servitje, fundador de Bimbo, quien ante la bajísima popularidad del presidente, aseguró: “Peña Nieto está en su peor momento”, por lo que es necesario que “cerremos filas al servicio de México, pero apoyando a nuestro presidente” (Sinembargo.mx, 27/02/2015) . La declaración es desafortunada, pues apuesta explícitamente por conservar a favor de unos pocos lo actualmente existente a cualquier precio. Fue el entorno social crítico y adverso que preocupa a este empresario lo que obligó a Enrique Peña Nieto a salir al paso con algún tipo de respuesta ante la sociedad.

La clase política mexicana, es importante subrayarlo, es el dique roto que permite el flujo de un sistema diseñado para saquear, cuyas élites, políticas y económicas, pretenden mantener el estado actual de cosas y perpetuar la funesta división entre explotadores y explotados que caracteriza a nuestro país. Por lo tanto, en lugar de cerrar filas en apoyo al Presidente y cobijarlo con nuestros aplausos, como hace el sistema político mexiquense con sus gobernadores, los mexicanos deberíamos de hacer realidad nuestro proyecto democrático y aprovechar esta coyuntura.

 

En las próximas semanas tendremos la inmejorable oportunidad de transformar el malestar social presente en la presión suficiente para que nuestros legisladores se vean obligados a aprobar la creación de un verdadero Sistema Nacional Anticorrupción que termine, de una buena vez, con la posibilidad de que nuestros gobernantes continúen disponiendo de lo público para fines privados y rasgándose las vestiduras cuando en vez de aplaudirles se los reclamamos.- Mérida, Yucatán.

 

asalgadoborge@gmail.com

 

@asalgadoborge

 

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*) Maestro en Estudios Humanísticos con especialidad en Ética (ITESM). Profesor y director en la Universidad Marista de Mérida

 

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Vigilados desde adentro

La soledad, que es la condición que sostenía al individuo contra y más allá de la sociedad, se ha hecho técnicamente imposibleHerbert Marcuse, filósofo alemán


Uno de los derechos humanos más ultrajados en el siglo XXI es el derecho a la privacidad. El surgimiento de nuevas tecnologías, y con ellas de pretextos para emplearlas en labores de vigilancia y registro de actividades de individuos, hacen técnica y legalmente posible que tanto gobiernos como empresas tengan acceso a todo tipo de información sobre la vida privada de millones de personas. En las próximas semanas el Estado mexicano intentará quedarse con una mayor rebanada de este suculento pastel.

 

De acuerdo con el periódico “Reforma”, pronto “el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) fijará las reglas que deberán seguir los operadores del sector a fin de cumplir con las solicitudes de intervenciones que hagan las dependencias de seguridad”. De esta forma, “Llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos y búsquedas en internet, entre otras comunicaciones de voz y datos de los mexicanos, podrán ser revisados por el Gobierno”. Para aumentar aún más las suspicacias, uno de los puntos más polémicos de este proyecto es que no queda claramente definido qué tipo de autoridad podrá acceder a nuestra información ni bajo qué circunstancias específicas podrán hacerlo.

 

Tal parece que una vez más el gobierno federal lucrará con el miedo mítico y con el terror derivados de la creciente violencia desatada por la guerra al tráfico de drogas en nuestro país. Con el pretexto la prevención de delitos y la salvaguarda de la seguridad de los mexicanos, derechos y libertades fundamentales serán nuevamente vulnerados.  Existen al menos un par de elementos muy concretos que obligan a mirar con serias sospechas el establecimiento de reglas como las que podría fijar el IFT.

 

En primer término, no existe en este momento en el público una plena conciencia de lo que ceder nuestra información personal a las diversas compañías de telecomunicaciones o financieras implica. Empero, a diferencia del usuario promedio,  las empresas que se dedican a recabar datos personales de los consumidores sí que se dan perfecta cuenta del valor del producto que tienen en sus manos.

 

La información que las empresas privadas recaudan de sus clientes es cada vez más valiosa y voluminosa. Existen dos maneras principales por las que las compañías obtienen datos de los consumidores: la primera es a través de sus propios medios -llenado de formularios, por ejemplo-. La segunda es mediante la compra de esta información a terceros; es decir, a empresas que son invisibles para la mayoría de los individuos y que se dedican exclusivamente a recolectar su información personal para luego vendérsela al mejor postor. La compañía Blu Kay es una compañía de este tipo y tiene una base de datos con perfiles de mil millones de personas, cada uno de los cuáles contiene al menos 50 atributos del individuo datificado (“The Economist”, 13/09/2014).

 

Las grandes compañías tienen en su poder información valiosísima que emplean para maximizar sus ventas mediante estrategias de publicidad dirigida. Esto constituye, de suyo, una invasión a la privacidad de miles de millones de individuos y a largo plazo un auténtico riesgo para su libertad personal. Este escrito no se detendrá en este punto -abordado en textos anteriores y que seguirá siendo analizado en este mismo espacio en un futuro-; pero sí es necesario subrayar que con el advenimiento del “internet de las cosas” prácticamente todos los aparatos eléctricos reaccionarán ante la presencia de sus usuarios y tendrán conexión a internet, por lo que la cantidad de datos recopilados en las bases conocidas como metadatos se incrementará exponencialmente.

 

Con la tecnología actual el gobierno podría exigir a compañías privadas nuestros metadatos que incluyen registros de información de a quiénes enviamos mensajes por teléfono celular o las características de nuestros círculos de amigos y familiares. Pero, bajo la misma lógica y considerando la evolución tecnológica esperada, estos datos podrían llegar a succionarse en tiempo real desde el momento mismo en que se generan, de forma tal que cada uno de nuestros electrodomésticos conectados al “internet de las cosas” sería una ventana abierta por la cual se nos podría vigilar permanentemente.

 

Las señales de alarma se intensifican si a lo anterior agregamos que toda esta información no se quedaría en las empresas que la recopilan, sino que pasaría a manos de nuestras autoridades. Basta recordar que en México la PGR responde al presidente en turno, que nuestra historia de espionaje estatal es vastísima y que, bajo el amparo de la irracional “guerra contra el narco”, nuestras autoridades han venido justificando sin rubor un creciente número de violaciones a derechos humanos (“Human Rights Watch”, 2011), entre las cuales se debe incluir la vigilancia y el espionaje “preventivos”. Me parece que sería ingenuo pensar que contamos con alguna garantía de que nuestros metadatos no puedan ser empleados con fines políticos, coercitivos o represivos.

 

En segundo lugar, es evidente que la capacidad actual  de nuestras autoridades de salvaguardar la información que ellas mismas recaban es, por decir lo menos, muy cuestionable. Una investigación del periódico “El Universal” (19/04/2010) comprobó que en 2010 en el mercado de Tepito en la ciudad de México se vendía, por apenas US$12,000, 160GB divididos en tres memorias externas entre cuyo contenido figuraban bases de datos en manos del gobierno como la lista completa del padrón del IFE, el registro nacional de vehículos, el registro completo de licencias de conducir y listados de policías del país con la dirección y fotografía de cada agente “entre otros”.

 

Es la misma autoridad que ha fallado en conservar sus bases de datos -disponibles ilimitadamente lo mismo para grupos criminales que para vendedores por catálogo- la que ahora pretende obligar a las empresas a brindarle acceso ilimitado a las suyas. Bajo el estado presente de cosas no existe ninguna garantía para los ciudadanos de que será adecuadamente resguardada. Lo que sí podemos anticipar es que muchas manos adicionales tendrían acceso a datos muy delicados y que la posibilidad de que éstos sean vendidos o malempleados será mayor que la actual, que ya es lo suficientemente alta.

 

A pesar de que el IFT ha aclarado que aún no existe una versión final de los lineamientos en materia de seguridad y de justicia, lo que sabemos hasta ahora es lo suficientemente preocupante como para exigir el respeto pleno de nuestro derecho fundamental a la privacidad. El sentido de una resolución de esta naturaleza no sólo es de la mayor relevancia para nuestra privacidad presente, sino que nos revelará si nuestras instituciones pretenden sentar las bases para la protección de los mexicanos o si lo que quieren es forjar una llave maestra que les permita, “por nuestra propia seguridad”, vigilarnos desde el interior de nuestras casas.- Mérida, Yucatán.

 

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*) Maestro en Estudios Humanísticos con especialidad en Ética (ITESM). Profesor y director en la Universidad Marista de Mérida

 

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Charlie y su fábrica de libertad

Se puede someter a un hombre vivo y reducirlo al estado histórico de cosa. Pero si muere rehusando, reafirma una naturaleza humana que rechaza el orden de cosasAlbert Camus, filósofo francés


El mortal ataque contra el periódico francés Charlie Hebdo representa en realidad un atentado contra la libertad de expresión en todo el mundo. Característica fundamental de las auténticas democracias liberales, y bien escaso fuera de los países occidentales más desarrollados, la libertad de opinar y criticar es constantemente amenazada por fuerzas absolutistas que no ven en las ideas de otros una oportunidad de corregir los propios errores, sino una amenaza.

 

Charlie Hebdo es un irreverente semanario que a través de creativos editoriales gráficos satiriza sin distinción a representantes de autoridades civiles y religiosas. Fueron precisamente los cartones dedicados al profeta Mahoma los que podrían haber desencadenado la furia de un puñado de hombres enmascarados que, embriagados por su intolerante fanatismo, acribillaron a balazos a cartonistas, editores y trabajadores del rotativo, probablemente con el fin de intimidar a los medios occidentales e influir en la forma en que éstos tratan al Islam.

 

Crudo, lacerante y hasta ofensivo, Charlie Hebdo encarna el espíritu de la libertad de expresión llevado hasta su manifestación más completa. La acidez de sus críticas no debe asustarnos. En la tradición liberal no hay verdades absolutas ni idea definitivas y, aunque las hubiera, de cualquier forma no podríamos estar seguros de ellas ya que nosotros somos nuestros propios jueces. Todo ser humano se equivoca y la única fuente de mejora es la corrección constante de nuestros errores por parte de terceros. Siguiendo esta lógica es como hemos hilvanado nuestros principales logros como especie y cómo algunas naciones han logrado sus sociedades abiertas.

 

Defensor de los valores de la ilustración, en su texto “Sobre la libertad” (1859), el filósofo inglés John Stuart Mill dedica un capítulo a exponer la importancia de la libertad de pensamiento y de expresión. Mill asegura que incluso “las creencias de la humanidad que cuentan con mayores garantías no poseen más protección que una invitación constante al mundo entero a demostrar su falta de fundamento”; dar por cierta una proposición o idea sin escuchar a quienes piensan diferente equivale a autoerigirnos como jueces infalibles de nuestros propios pensamientos. Consecuentemente, todos los seres humanos tenemos el derecho irrestricto de exponer nuestras ideas -toda idea es una afirmación- y de criticar o contradecir libremente las de otros, incluso si esto les ofende.

 

Suponer que lo ofensivo de un comentario puede ser motivo para su censura es abrir las puertas a la cancelación de opiniones divergentes. Bajo esta premisa, cualquier autoridad podría pedir que se dejen de publicar comentarios negativos en su contra aludiendo posibles daños a su frágil y sensible persona. En un mundo de libertades, algunas de las cuales pueden contraponerse, se deben defender siempre las más generales y fundamentales. Y pocas pueden ser más importantes que la posibilidad de dar nuestra opinión; así sea la única que vaya en sentido contrario al de la mayoría o se hieran con ésta algunas susceptibilidades. Es por ello que la sanción a lo ofensivo -siempre circunstancial y subjetivo- nunca debe ser legal ni mucho menos física, sino social.

 

El atentado contra Charlie Hebdo es lamentado y condenado en todo el mundo. Esta tragedia nos ha explicitado de la forma más cruda posible la necesidad de defender, a toda costa, a la libertad de expresión y a sus actuales artesanos. A los mexicanos, nos recuerda que en nuestro país la libertad de expresión es minada sistemáticamente y que tenemos una difícil lucha pendiente en casa. México es, de acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras (2014), uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo -el 152  de 180 – seguido inmditamente por Iraq y apenas por debajo de Angola, Túnez, Afganistán o Palestina.

 

Existen dos vías principales por los que la libertad de expresión es sofocada en México. La primera consiste en agresiones físicas no muy distintas a la empleada en París, pero debido a su origen, mucho más silenciosas y frecuentes. De acuerdo con un informe de la organización Artículo 19 (18/03/2014), las agresiones contra periodistas en nuestro país son cosa de todos los días y van en aumento. En 2013 se incrementaron en 59 % con respecto al año anterior. Sesenta por ciento de los ataques contra periodistas en México son cometidos por funcionarios de distintos niveles de gobierno. Es decir, en diversos estados de la república ejercer el periodismo independiente es literalmente jugarse la vida.

 

La segunda vía por la que se limita la libertad de expresión en México consiste en la grosera cantidad de dinero que nuestros gobiernos emplean para promocionar el cumplimento de sus obligaciones o, de plano, para engañar a los ciudadanos mediante la difusión de mentiras con fines electorales. De acuerdo con el periódico “Reforma” (6/01/2015), el gobierno federal gastó en publicidad en 2014 ¡$1,908 millones! De esta forma se asegura de obtener opiniones favorables y de mantener a un buen número de medios en los que se anuncia. En muchos estados, sobre todo en los que no cuentan con un medio independiente fuerte -como lo es, por ejemplo, el Diario de Yucatán- , las voces críticas no encuentran espacios y quedan limitadas a las redes sociales o a medios con poca participación de mercado.

 

Todo parece indicar que en México el principal peligro para la libertad de expresión son nuestras propias autoridades. Los fundamentalistas que pretenden extinguir las críticas no son un puñado de extremistas desquiciados, poco representativos y creyentes en una utopía teocrática, sino los usufructuarios de una muy particular utopía cleptocrática en cuyo nombre se ha erigido el sistema que marca el rumbo de toda una nación. El resultado es el mismo: la imposición de la imagen de una realidad unidimensional, la extinción de una libertad fundamental indispensable para la construcción de otras capacidades humanas básicas y una de las partes más luminosas de nuestro espíritu permanentemente ahogada.

 

Excurso

 

El pasado 8 de enero falleció don Julio Scherer García, considerado por muchos como el periodista mexicano más importante del siglo XX y uno de los más grandes defensores de la libertad de expresión en nuestro país. Scherer fundó en 1976 la revista “Proceso”, catedral desde entonces del periodismo mexicano crítico e independiente, y un referente indispensable para el autor de esta columna. Descanse en paz.- Mérida, Yucatán.

 

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*) Maestro en Estudios Humanísticos con especialidad en Ética (ITESM). Profesor y director en la Universidad Marista de Mérida

 

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Charlie y su fábrica de libertad

¿El ocaso del “policía guerrero”?

Todo lo bueno que no está acompañado de un sentir moralmente bueno no es más que pura hojarasca y lentejuela miserableImmanuel Kant, filósofo alemán


 

Los asesinatos a manos de agentes policíacos de Michael Brown en Missouri y de Eric Garner en Nueva York son tan sólo los dos casos más sonados de la brutalidad que caracterizó a parte de las fuerzas del orden en Estados Unidos durante 2014.

 

Tanto Brown como Garner, hombres negros viviendo en zonas marginadas, iban desarmados. Los dos se habían rendido mucho antes de ser abatidos. Brown falleció baleado -con todo y tiro de gracia- y Garner murió por asfixia. Antes de morir, Garner pudo decir al policía cuyas manos sujetaban su cuello, al menos 10 veces, “no puedo respirar”. Otros cinco policías atestiguaron el incidente; ninguno intervino para evitarlo. Un delito menor fue su único crimen: vender cigarrillos sueltos en la calle.

 

Desde 2006, las corporaciones policíacas estadounidenses han recibido 1.9 millones de dólares en aportaciones para armamento desde el Pentágono, cifra que palidece en comparación a lo que éstas han invertido de forma independiente comprando equipo a manufactureros particulares (“Mother Jones”, 23/10/2014). El número de ataques de equipos SWAT -Armas Especiales y Tácticas, por sus siglas en inglés- pasó de 3,000 en 1980 a 50,000 en 2014 (“The Economist”, 13/12/2014).

 

Los encargados de la seguridad interna en nuestro vecino del norte, de forma paralela a lo que ocurre en México, han armado hasta los dientes a las policías locales aislándolas de la sociedad de la que emergieron y generando una nueva e intimidante figura conocida, debido a su equipamiento y tácticas militares, como “policía guerrero”. En este contexto, los dos policías implicados en los asesinatos de Brown y de Garner han sido exonerados de toda culpa, so pretexto de actuar de acuerdo con las reglas de su profesión.

 

La justificada indignación que estas tragedias han generado en la sociedad norteamericana ha cobrado vida a través de intensas y nutridas protestas en Missouri y Nueva York. A pesar del tiempo transcurrido, sus efectos políticos distan mucho de haberse diluido. Apenas hace unos días un par de policías neoyorquinos fueron asesinados a sangre fría cuando se encontraban a bordo de su patrulla por un demente que había anunciado sus intenciones previamente en redes sociales justificando sus planes como un cobro de venganza por estos casos. Actualmente los mandatarios y jefes policíacos de estas entidades se enfrentan al reto de hacer malabares entre los reclamos de sus electores y la fidelidad de sus cuerpos policíacos.

 

Sin embargo, los efectos de estos incidentes han rebasado las esferas locales y producido que muchos estadounidenses pongan en tela de juicio los indicadores de “efectividad” policial y en entredicho la forma paramilitar, violenta y sesgada que caracteriza a la operación de las policías en su país. Muchos de los abatidos por policías son minorías asustadas de sus supuestos protectores o enfermos mentales que son sometidos a tiros como consecuencia de su errático comportamiento y la política de disparar a todo lo que no se rinda seguida religiosamente por los agentes que acuden imponer el orden.

 

En México la figura del “policía guerrero” es cada vez más común. Justificándose en la demencial y contraproducente guerra contra las drogas iniciada por Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto, antes y en lugar de trabajar en modelos de policías comunitarias, en mejoras salariales o en reformas estructurales contra la corrupción la mayoría de las corporaciones policíacas se ha volcado a adquirir armamento. En su informe titulado “Más allá del gasto militar: en búsqueda de un concepto para entender la militarización en México”, la Asociación Civil “México vía Berlín” sugiere que la creciente militarización en las policías mexicanas es en realidad una política deliberada que implica un presupuesto ascendente año tras año.

 

Si en Estados Unidos el saldo de la paramilitarización policial es la tragedia, en México es el completo desastre. La actual coyuntura en nuestro vecino del norte, causa eficiente y causa final de muchas de las políticas públicas en nuestro país, debería consecuentemente generar un cambio de paradigma en la forma en que entendemos la función de nuestras policías. Para ello, se nos presenta la inmejorable oportunidad de aprovechar los diagnósticos surgidos al calor de terribles acontecimientos de Missouri y Nueva York.

 

En su edición del 13 de diciembre de 2014, el semanario británico “The Economist” lista tres grandes cambios necesarios para revertir “lo que ha salido mal con la policía en Estados Unidos”: transparencia para conocer a cuántas personas mata la policía, rendición de cuentas para despedir a los malos elementos y, sobre todo, revertir la militarización, privilegiando el entrenamiento por encima del armamento.

 

Por su parte, David Dante Troutt, preocupado por el sesgo policiaco, menciona en la revista norteamericana “The Nation” (10/12/2014) algunos factores operativos que podrían ayudar a construir confianza ciudadana en sus policías: los agentes deben llevar en su uniforme videocámaras que graben todas sus acciones -aunque sin transparencia y rendición de cuentas esto terminaría por servir para muy poco-, los policías deben ser entrenados para no deshumanizar al público al que deben servir y se deben nombrar fiscales ciudadanos externos que auditen la labor policiaca.

 

No obstante, y por encima de todo, dado que el problema principal es de origen, éste debe atajarse desde sus bases. Es por ello que en un excelente artículo publicado en “The Washington Post” (14/08/2014), Radley Balko postula la necesidad de un cambio de enfoque general en la policía estadounidense: su principal función no debe ser imponer el orden, sino preservar los derechos de sus ciudadanos; “en estricto sentido académico preservar el orden y garantizar los derechos son la misma cosa, operacionalmente son enfoques radicalmente diferentes de la función policial”.

 

Paradójicamente, la respuesta de la policía ante las protestas ha sido consistente con el paradigma que los indignados demandan cambiar. Centenares de manifestantes han sido arrestados violentamente en meses recientes en diversos estados de la unión americana. Algo similar -aunque en una versión mucho más burda- ha ocurrido con muchos indignados mexicanos durante el presente sexenio, prueba parcial de que seguimos nuestra propia versión de un esquema policiaco represor.

 

En Estados Unidos, algunas autoridades empiezan a dar señales de cordura. Steve Anderson, jefe de policía de Nashville, ordenó a sus efectivos comprar café y galletas para todos los manifestantes pacíficos y Bill de Blasio, alcalde de Nueva York, ha buscado revertir tácticas intimidatorias empleadas por su cuerpo de policía y ha tomado una complicadísima decisión al optar por ponerse del lado de sus gobernados antes que respaldar incondicionalmente a sus agentes.

 

Desgraciadamente, dado el estado actual de cosas, la versión mexicana de este tipo de reacciones está muy lejos de presentarse y todo parece indicar que, al menos en el presente sexenio, habrá muy pocos obstáculos en nuestro tránsito hacia la barbarie.- San Francisco, California.

 

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¿El ocaso del %22policía guerrero?%22

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