La democracia presupone la posibilidad de que existan individuos autónomos, capaces de conocer sus propios intereses y de decidir libremente quiénes son las personas ideales para representarles. Para alcanzar cualquiera de los tres estadios anteriores se requiere de un elemento fundamental: información.
Evidentemente los seres humanos somos incapaces de estar en más de un lugar a la vez y de percibir más allá de lo que nos permiten nuestros sentidos. Estas limitaciones naturales son parcialmente compensadas gracias a los medios de comunicación, a través de los cuales nos enteramos de lo que no se nos aparece directamente. Dependemos, por lo tanto, de la prensa libre —impresa, electrónica o digital— para obtener la información que nos lleve al ejercicio pleno de nuestros derechos democráticos.
El pasado 2 de mayo, Hernán Casares Cámara, reportero de Diario de Yucatán, fue agredido en la ciudad de Mérida frente a policías estatales por un grupo de 25 personas. Casares Cámara, periodista con más 30 años de trayectoria, investigaba los movimientos en una bodega donde decenas de personas cargaban una camioneta con material que serviría para la actual campaña del PRI. Yucatán es gobernado por este partido.
Por el momento, ninguna autoridad ha dado una explicación satisfactoria sobre lo ocurrido. Se ha asegurado que la bodega no es propiedad del PRI —aunque en realidad es completamente irrelevante quién es el propietario del inmueble que probablemente se renta a terceros—, pero el colectivo Mayaleaks recientemente dio a conocer unas fotografías de personas con camisetas de este partido moviendo bolsas en el interior de la bodega. Debido a la importancia que el ataque de hace unos días reviste, medios nacionales, internacionales e importantes organizaciones de la sociedad civil han dado cobertura a este indignante atropello.
Yucatán es uno de los estados más seguros de la república y dista mucho de tener los niveles de violencia o de represión que caracterizan a otras entidades; pero todo parece indicar que existe un grupo de personas dispuestas a censurar el ejercicio del periodismo independiente a través del uso de la fuerza. Vale la pena recordar que no es la primera vez que un reportero de Diario de Yucatán es agredido.
Es bien sabido que en México ser periodista es una tarea de altísimo riesgo. De acuerdo con el informe anual publicado por “Freedom House” (2015), nuestro país es una de las 65 naciones, de las 190 evaluadas, que no tiene libertad de prensa. En la última década, que comprende el sexenio completo de Felipe Calderón (PAN) y lo que llevamos del sexenio de Peña Nieto (PRI), la libertad de prensa en México ha disminuido. Esto no es todo. Otro importante informe, el de la organización “Reporteros sin Fronteras” (2015), revela que México se encuentra entre los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.
Los ataques contra periodistas son asuntos de interés público. De acuerdo con el doctor Sergio Aguayo Quezada, en gran medida el desarrollo democrático de Yucatán es superior al de otros estados porque desde hace casi un siglo existe un medio fuerte —el Diario de Yucatán— capaz de fungir como contrapeso del gobierno estatal y de la prensa a su servicio. En este contexto, la impunidad de la agresión a Hernán Casares sería una pésima señal de que, por una parte, el poder político en Yucatán es capaz de atacar al medio más importante de la región sin que exista ninguna consecuencia por ello. De mantenerse impune esta agresión, sus implicaciones para libertad de prensa y para el futuro de la democracia en Yucatán serían sumamente negativas.
También es indispensable no perder de vista la humanidad de los sujetos agredidos. El trabajo de Hernán Casares, que tiene en su haber un Premio Nacional de Periodismo, está conformado por importantes investigaciones incisivas y críticas. Si un periodista con este perfil trabajando para este medio puede ser atacado impunemente, entonces ningún periodista yucateco puede sentirse seguro.
El periodismo lo hacen los periodistas y éstos son, de suyo, una “subespecie” muy particular. El pasado viernes José Gil Olmos, reportero de la “Revista Proceso”, presentó “Batallas de Michoacán”, su más reciente libro, en la ciudad de Mérida. Gil Olmos ha dedicado los últimos años de su carrera a investigar estallidos de violencia en México, como las autodefensas y las guerrillas. Desafiando amenazas directas, riesgos y, de acuerdo con su testimonio, incluso intentos de soborno, este reportero se ha mantenido firme en su línea independiente y crítica. Sin las investigaciones que él y otros periodistas han realizado sobre estos fenómenos, los mexicanos sabríamos muy poco de ellos.
Uno de los momentos más altos de su interesante plática fue cuando se le preguntó qué le motivaba a seguir adelante a pesar de todas las adversidades y de lo poco lucrativa que resulta en términos económicos su profesión. Don José respondió, palabras más, palabras menos, que claramente no era el dinero lo que le movía. Tampoco sus hijos, pues dijo que no tiene. Lo que echa a andar a este hombre son “los hijos de los demás”; es decir, le mueve una cosmovisión humanista que le lleva a poner al bien común como causa de vida.
En un mundo en el que las ganancias económicas fungen como el fin único alrededor del cual se articulan todos los medios, para algunas personas resultará incomprensible una concepción semejante de la existencia humana. Incluso hay muchos seudoperiodistas que viven de la publicidad gubernamental, de los sobornos o del vil chantaje. En este sentido, la existencia de personas capaces de entender que su profesión no es una mercancía y dispuestas a defender el libre ejercicio de la misma es hoy para nuestra sociedad un activo invaluable.
Los gobernantes verdaderamente democráticos tienen la obligación de proteger al periodismo y a los seres humanos en los que se encarna, sin importar lo críticos que puedan ser el medio o el individuo que lo ejercen. En ocasiones la agresión puede provenir del propio Estado y entonces la sociedad hace bien en exigir el castigo a los funcionarios agresores. Si embargo, también podría darse el caso de que ésta sea producida por terceros. Cuando esto ocurre, el Estado se convierte, en caso de estancarse en la inacción, en cómplice.
La demanda de justicia ante los ataques al periodismo trasciende tanto al periodista como al medio. Tal como lo afirmara Carmen Aristegui al ser censurada por MVS y, muy probablemente, por el gobierno federal, este tipo de batallas son, en realidad, por la libertad. El día de hoy lo mínimo que nos toca a los yucatecos es hacer visible nuestra solidaridad con Hernán Casares y con Diario de Yucatán. Al defender su libertad estamos defendiendo también la nuestra. La presente y la futura.
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