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Ya sabemos por qué no aplaudimos

Lo mismo que individuos, hubo épocas mitómanasMarc Bloch, historiador francés.


 

Enrique Peña Nieto esperaba que le aplaudieran al finalizar un discurso en el que anunció una serie de nuevas medidas para combatir la corrupción. El silencio que obtuvo de los integrantes de la prensa que le escucharon provocó su molestia. “Ya sé que no aplauden”, espetó el visiblemente incómodo mandatario a los periodistas.

 

Los puntos anunciados por Peña Nieto son una respuesta a la indignación social derivada, dentro y fuera de México, por las investigaciones periodísticas de Carmen Aristegui y de “The Wall Street Journal”, que dan cuenta de indicios de corrupción y de conflicto de interés del Presidente y del secretario de Hacienda. Ambos funcionarios han hecho operaciones personales para adquirir propiedades con empresas constructoras que, a su vez, han recibido miles de millones de pesos en contratos del gobierno del Estado de México, cuando Peña y Videgaray eran gobernador y secretario de Finanzas respectivamente, y del actual gobierno federal.

 

Las nueve reglas de transparencia que se anunciaron el pasado martes con bombo y platillos son, en su mayoría, meros pronunciamientos sin contenido. El nuevo secretario de la Función Pública, nombrado por Peña y a quien Peña le ha encomendado investigar si el propio Peña o Videgaray incurrieron en un conflicto de interés, es, en sí mismo, un conflicto de interés por partida doble al ser parte del grupo político de estos dos funcionarios públicos desde hace décadas y ser hijo del abogado que defiende al líder sindical de Pemex. Más relevante resulta la impotencia legal que caracteriza a su puesto; aún si quisiera investigar a sus compañeros, su nombramiento no cambiará un ápice las reglas de este juego. Finalmente, es el propio partido del Presidente el que ha bloqueado la propuesta de un verdadero Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que la real intención de las nuevas reglas debe ser puesta entre signos de interrogación.

 

Es evidente que no existe hasta el momento ni en el Presidente ni en su partido la más mínima intención de ir al fondo del problema de corrupción que carcome a México. El propio Peña ha dicho, una y otra vez, que acepta los hechos que se le imputan, pero que no considera que éstos constituyan ningún conflicto de interés. Tanto las medidas difundidas por Peña Nieto como su reacción ante la falta de aplausos de la prensa son una confirmación de la frase publicada en la revista “The Economist” sobre la incapacidad del presidente mexicano y de su equipo de darse cuenta de la naturaleza de sus actos y de la forma en que la sociedad los percibe: simplemente “no entienden que no entienden”.

 

En su excelente libro “Remolino” (Editorial Ink, 2014), Sergio Aguayo Quezada, investigador del Colegio de México, nos ofrece una importante luz para resolver el dilema de por qué nuestro presidente no entiende que no es mediante una comparación entre la cultura política existente en el Distrito Federal y la existente en el Estado de México. Mientras que el primero ocupa el cuarto lugar en el Índice de Desarrollo Democrático, el segundo se encuentra en el lugar 27. El doctor Aguayo define al Estado de México como “Una reliquia de la época dorada del autoritarismo mexicano”; un estado que no ha experimentado, desde hace más de 85 años, alternancia política -siempre ha sido gobernado por el PRI-, en el que no hay sociedad civil organizada que exija a sus gobernantes y en el que no existe el periodismo crítico. Es decir, el Estado de México es un estado en el que todos los medios publican, aplauden y celebran cualquier dicho o hecho del gobernador en turno.

 

El Presidente hizo toda su carrera en esta “reliquia”, por lo que él mismo es producto y causa de un contexto profundamente opaco y antidemocrático. Dado que Peña Nieto no conoce otro escenario, se entiende que no puede entender la falta de aplausos de la prensa o que la mayoría de los mexicanos desapruebe su gestión o perciba conflictos de intereses en donde otros probablemente sólo ven “gajes del oficio” de la política. Desgraciadamente, buena parte de la clase política mexicana, sin distinción de partidos, simplemente no puede empezar a entender la posibilidad de principios éticos fundamentales como la honestidad o la decencia.

 

El problema de la corrupción no es cultural, como argumentara el propio Presidente, sino sistémico. Concuerdo con quienes sostienen que la corrupción no es una variable residual de nuestro sistema político sino el pegamento que lo mantiene unido. Es bien sabido que en  todo el país existen funcionarios que se han hecho de casas, terrenos y fortunas al calor de su relación -o de sus familias- con empresas proveedoras del gobierno o por algún otro tipo de conflictos de interés. Sin embargo, por el momento sus propios partidos los esconden y cobijan, por lo que los ciudadanos no contamos con la posibilidad real de vigilarlos o de castigarlos legalmente.

 

Las resistencias son, en efecto, muy poderosas. Un botón de muestra es la declaración de Lorenzo Servitje, fundador de Bimbo, quien ante la bajísima popularidad del presidente, aseguró: “Peña Nieto está en su peor momento”, por lo que es necesario que “cerremos filas al servicio de México, pero apoyando a nuestro presidente” (Sinembargo.mx, 27/02/2015) . La declaración es desafortunada, pues apuesta explícitamente por conservar a favor de unos pocos lo actualmente existente a cualquier precio. Fue el entorno social crítico y adverso que preocupa a este empresario lo que obligó a Enrique Peña Nieto a salir al paso con algún tipo de respuesta ante la sociedad.

La clase política mexicana, es importante subrayarlo, es el dique roto que permite el flujo de un sistema diseñado para saquear, cuyas élites, políticas y económicas, pretenden mantener el estado actual de cosas y perpetuar la funesta división entre explotadores y explotados que caracteriza a nuestro país. Por lo tanto, en lugar de cerrar filas en apoyo al Presidente y cobijarlo con nuestros aplausos, como hace el sistema político mexiquense con sus gobernadores, los mexicanos deberíamos de hacer realidad nuestro proyecto democrático y aprovechar esta coyuntura.

 

En las próximas semanas tendremos la inmejorable oportunidad de transformar el malestar social presente en la presión suficiente para que nuestros legisladores se vean obligados a aprobar la creación de un verdadero Sistema Nacional Anticorrupción que termine, de una buena vez, con la posibilidad de que nuestros gobernantes continúen disponiendo de lo público para fines privados y rasgándose las vestiduras cuando en vez de aplaudirles se los reclamamos.- Mérida, Yucatán.

 

asalgadoborge@gmail.com

 

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*) Maestro en Estudios Humanísticos con especialidad en Ética (ITESM). Profesor y director en la Universidad Marista de Mérida

 

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¿El ocaso del “policía guerrero”?

Todo lo bueno que no está acompañado de un sentir moralmente bueno no es más que pura hojarasca y lentejuela miserableImmanuel Kant, filósofo alemán


 

Los asesinatos a manos de agentes policíacos de Michael Brown en Missouri y de Eric Garner en Nueva York son tan sólo los dos casos más sonados de la brutalidad que caracterizó a parte de las fuerzas del orden en Estados Unidos durante 2014.

 

Tanto Brown como Garner, hombres negros viviendo en zonas marginadas, iban desarmados. Los dos se habían rendido mucho antes de ser abatidos. Brown falleció baleado -con todo y tiro de gracia- y Garner murió por asfixia. Antes de morir, Garner pudo decir al policía cuyas manos sujetaban su cuello, al menos 10 veces, “no puedo respirar”. Otros cinco policías atestiguaron el incidente; ninguno intervino para evitarlo. Un delito menor fue su único crimen: vender cigarrillos sueltos en la calle.

 

Desde 2006, las corporaciones policíacas estadounidenses han recibido 1.9 millones de dólares en aportaciones para armamento desde el Pentágono, cifra que palidece en comparación a lo que éstas han invertido de forma independiente comprando equipo a manufactureros particulares (“Mother Jones”, 23/10/2014). El número de ataques de equipos SWAT -Armas Especiales y Tácticas, por sus siglas en inglés- pasó de 3,000 en 1980 a 50,000 en 2014 (“The Economist”, 13/12/2014).

 

Los encargados de la seguridad interna en nuestro vecino del norte, de forma paralela a lo que ocurre en México, han armado hasta los dientes a las policías locales aislándolas de la sociedad de la que emergieron y generando una nueva e intimidante figura conocida, debido a su equipamiento y tácticas militares, como “policía guerrero”. En este contexto, los dos policías implicados en los asesinatos de Brown y de Garner han sido exonerados de toda culpa, so pretexto de actuar de acuerdo con las reglas de su profesión.

 

La justificada indignación que estas tragedias han generado en la sociedad norteamericana ha cobrado vida a través de intensas y nutridas protestas en Missouri y Nueva York. A pesar del tiempo transcurrido, sus efectos políticos distan mucho de haberse diluido. Apenas hace unos días un par de policías neoyorquinos fueron asesinados a sangre fría cuando se encontraban a bordo de su patrulla por un demente que había anunciado sus intenciones previamente en redes sociales justificando sus planes como un cobro de venganza por estos casos. Actualmente los mandatarios y jefes policíacos de estas entidades se enfrentan al reto de hacer malabares entre los reclamos de sus electores y la fidelidad de sus cuerpos policíacos.

 

Sin embargo, los efectos de estos incidentes han rebasado las esferas locales y producido que muchos estadounidenses pongan en tela de juicio los indicadores de “efectividad” policial y en entredicho la forma paramilitar, violenta y sesgada que caracteriza a la operación de las policías en su país. Muchos de los abatidos por policías son minorías asustadas de sus supuestos protectores o enfermos mentales que son sometidos a tiros como consecuencia de su errático comportamiento y la política de disparar a todo lo que no se rinda seguida religiosamente por los agentes que acuden imponer el orden.

 

En México la figura del “policía guerrero” es cada vez más común. Justificándose en la demencial y contraproducente guerra contra las drogas iniciada por Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto, antes y en lugar de trabajar en modelos de policías comunitarias, en mejoras salariales o en reformas estructurales contra la corrupción la mayoría de las corporaciones policíacas se ha volcado a adquirir armamento. En su informe titulado “Más allá del gasto militar: en búsqueda de un concepto para entender la militarización en México”, la Asociación Civil “México vía Berlín” sugiere que la creciente militarización en las policías mexicanas es en realidad una política deliberada que implica un presupuesto ascendente año tras año.

 

Si en Estados Unidos el saldo de la paramilitarización policial es la tragedia, en México es el completo desastre. La actual coyuntura en nuestro vecino del norte, causa eficiente y causa final de muchas de las políticas públicas en nuestro país, debería consecuentemente generar un cambio de paradigma en la forma en que entendemos la función de nuestras policías. Para ello, se nos presenta la inmejorable oportunidad de aprovechar los diagnósticos surgidos al calor de terribles acontecimientos de Missouri y Nueva York.

 

En su edición del 13 de diciembre de 2014, el semanario británico “The Economist” lista tres grandes cambios necesarios para revertir “lo que ha salido mal con la policía en Estados Unidos”: transparencia para conocer a cuántas personas mata la policía, rendición de cuentas para despedir a los malos elementos y, sobre todo, revertir la militarización, privilegiando el entrenamiento por encima del armamento.

 

Por su parte, David Dante Troutt, preocupado por el sesgo policiaco, menciona en la revista norteamericana “The Nation” (10/12/2014) algunos factores operativos que podrían ayudar a construir confianza ciudadana en sus policías: los agentes deben llevar en su uniforme videocámaras que graben todas sus acciones -aunque sin transparencia y rendición de cuentas esto terminaría por servir para muy poco-, los policías deben ser entrenados para no deshumanizar al público al que deben servir y se deben nombrar fiscales ciudadanos externos que auditen la labor policiaca.

 

No obstante, y por encima de todo, dado que el problema principal es de origen, éste debe atajarse desde sus bases. Es por ello que en un excelente artículo publicado en “The Washington Post” (14/08/2014), Radley Balko postula la necesidad de un cambio de enfoque general en la policía estadounidense: su principal función no debe ser imponer el orden, sino preservar los derechos de sus ciudadanos; “en estricto sentido académico preservar el orden y garantizar los derechos son la misma cosa, operacionalmente son enfoques radicalmente diferentes de la función policial”.

 

Paradójicamente, la respuesta de la policía ante las protestas ha sido consistente con el paradigma que los indignados demandan cambiar. Centenares de manifestantes han sido arrestados violentamente en meses recientes en diversos estados de la unión americana. Algo similar -aunque en una versión mucho más burda- ha ocurrido con muchos indignados mexicanos durante el presente sexenio, prueba parcial de que seguimos nuestra propia versión de un esquema policiaco represor.

 

En Estados Unidos, algunas autoridades empiezan a dar señales de cordura. Steve Anderson, jefe de policía de Nashville, ordenó a sus efectivos comprar café y galletas para todos los manifestantes pacíficos y Bill de Blasio, alcalde de Nueva York, ha buscado revertir tácticas intimidatorias empleadas por su cuerpo de policía y ha tomado una complicadísima decisión al optar por ponerse del lado de sus gobernados antes que respaldar incondicionalmente a sus agentes.

 

Desgraciadamente, dado el estado actual de cosas, la versión mexicana de este tipo de reacciones está muy lejos de presentarse y todo parece indicar que, al menos en el presente sexenio, habrá muy pocos obstáculos en nuestro tránsito hacia la barbarie.- San Francisco, California.

 

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Nuestros juegos del hambre

Los mensajes de la cúspide elogian las ayudas….Pero rara vez promueven, entre los ciudadanos, la importancia de organizarse para exigir la justicia que les correspondeSergio Aguayo, profesor-investigador y analista político mexicano.


Nos encontramos en la víspera de una nueva temporada de nuestros muy particulares juegos del hambre. En 2015 se celebrarán elecciones intermedias y los signos que se pueden percibir indican que, una vez más, la mayoría de los triunfos electorales estarán basados en la capacidad de los partidos políticos de lucrar con la miseria.

 

Una aberración de esta naturaleza es a todas luces inaceptable en cualquier sistema que se jacte de ser auténticamente democrático. Sin embargo, tan sólo representa uno de los escalones más bajos en los senderos descendentes que han llevado a las democracias alrededor del mundo a entrar en un intenso estado de crisis.

 

En su más reciente edición (12/2014), la revista Letras Libres ofrece un magnífico texto de Thomas Meaney y Yascha Mounk titulado “¿Qué era la democracia”?. Los autores identifican una decepción general de los beneficios que la democracia promete que ha llevado a buena parte de los habitantes de regímenes democráticos a asumir una suerte de fatalismo. Son dos los factores que, a su juicio, fungen como los principales causantes de este “fatalismo democrático”:

 

El primero de éstos es el fracaso del libre mercado. Meaney y Mounk subrayan que un aumento generacional de la prosperidad solía ser considerado como resultado o prerrequisito de la democracia liberal; pero éste no sólo no se ha producido, sino que las condiciones de vida en buena parte de las democracias alrededor del mundo han disminuido dramáticamente. Los indicadores de movilidad social y poder de compra del salario mínimo en México y Estados Unidos revelan que para las generaciones actuales es sumamente improbable tener un mejor nivel de vida que el de sus padres.

 

El segundo factor que lleva a caer en un “fatalismo democrático” son las modestas ganancias que la democracia liberal ha generado. Contrario a lo prometía, este sistema no puede garantizar grandes resultados políticos o económicos y tan sólo asegura “un proceso político que permite a las personas tomar malas decisiones sin poner en riesgo el orden político entero”. En el peor de los casos, “la llegada de la democracia no se distingue para los campesinos de las formas de clientelismo o patrimonio que le precedieron”. Finalmente, el poder de decisión o soberanía termina siendo transferido del pueblo a los grandes capitales y a los acreedores de la deuda pública.

 

México es un ejemplo perfecto de cómo llevar estos factores al extremo. En nuestro país no hay muestras visibles de prosperidad bien distribuida, de movilidad social, de soberanía o de resultados económicos. Pero sí que las hay de poderes fácticos, de clientelismo y de legislaciones en detrimento de las mayorías y a favor de grandes capitales. No es de extrañar, entonces, que el desencanto de nuestra población con la democracia sea cada día mayor.

 

Una vez conocidos los factores que propician “fatalismo democrático”, es posible afirmar en nuestra lacerante desigualdad, en nuestro bajo PIB per cápita y en nuestro pésimo desempeño económico radica una de las grandes fisuras de nuestra democracia. El problema es que, lejos de encarar estas deficiencias, en las últimas décadas gobiernos federales y estatales se han dedicado a combinar políticas de sentido neoliberal con un despilfarro recursos en gastos irracionales, dádivas o corruptelas que no contribuyen a incrementar el nivel de vida de sus gobernados ni a generar seres humanos heterónomos y comprometen a las generaciones futuras que tendrán que responder por los pasivos generados convertidos en deuda pública.

 

Nuestra economía y nuestra democracia se hunden simultáneamente socavadas por un modelo que es electoralmente redituable, pero carísimo en términos monetarios y democráticos. Desgraciadamente, la prosperidad en nuestro país – promesa para y requisito de la democracia- no sólo no aumentará, sino que disminuirá, a corto plazo, ante los menores ingresos derivados del bajo precio del petróleo y de los efectos reforma energética a mediano plazo. El malestar de los mexicanos es creciente y su presencia es claramente visible en manifestaciones desesperadas –violencia, crimen organizado, revueltas–, organizadas -marchas y manifestaciones estudiantiles-, o simplemente en el completo rechazo que ya enfrenta todo lo que huela a instituciones o actores del sistema político.

 

El diagnóstico de Meaney y Mounk será válido para México y 2015 será un año de decepción y destrucción democrática en nuestro país. Ante la falta de un desarrollo democrático real, el próximo año el poder de decisión de un buen número de votantes será transferido nuevamente a las élites partidistas y a sus patrocinadores.

 

Lo único que puede atravesarse en este proceso es un aumento en la fuerza y velocidad del movimiento de indignados que recorre todo el país. Esta opción no es descabellada, pero su impacto será mucho más directo en 2018. Por lo pronto, es seguro que en 2015 presenciaremos una reedición más de nuestros trianuales juegos del hambre y que el único rastro de nuestro sueño democrático será ese concepto operacional vaciado de sentido que hoy mal llamamos democracia.

 

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*Maestro en Estudios Humanísticos con especialidad en Ética (ITESM). Profesor y director en la Universidad Marista de Mérida.

 

Adaptación del texto originalmente publicado en http://yucatan.com.mx/editoriales/opinion/la-tinacoeconomia-yucateca

La extinción de los zombis

Cambié al no cambiar para nadaEddie Vedder, músico estadounidense.


Si los tres mosqueteros no son lo mismo 20 años después, mucho menos podrían serlo con 30 años adicionales sobre sus espaldas. Nada en este planeta es eterno y lo que tarda en morir para dar paso a algo nuevo envejece desde la perspectiva de aquello que se renueva.

 

Contrario a lo que suele suponerse, la dictadura instaurada por el PRI nunca ha sido perfecta. Ésta dependía, en gran medida, de la preservación de la conciencia política de la mayoría de los mexicanos en un estado cuasi zombi. La figura del zombi, popularmente conocida gracias a películas de terror -casi siempre muy malas-, es empleada por los estudiosos de la filosofía de la mente para debatir la posibilidad de que existan seres físicamente idénticos a los humanos, pero autómatas o carentes de conciencia.

 

Evidentemente, los zombis no tendrían cabida en los regímenes democráticos, ya que la democracia se basa en el precepto de que todos los seres humanos tienen la capacidad de ser autónomos y de que están facultados para velar por sus mejores intereses. El modelo de “democracia” mexicano, por el contrario, surgió debido a la necesidad de autoconservación de un esquema de repartición de los bienes públicos en manos de unas pocas manos privadas para el que que resultaba indispensable la manutención de una ciudadanía enajenada, acrítica y corporativamente manipulable. Es por ello que nuestra versión de democracia ha sido, desde sus inicios, profundamente antidemocrática.

 

Sin embargo, los seres humanos nunca pueden ser completamente reducidos a zombis ni en lo individual ni como colectivo. Consecuentemente, el sistema político mexicano nunca ha podido excluir del todo la posibilidad de que se eleven un puñado de potentes espíritus y voces rebeldes; brotes anómalos que, debido a su inferioridad numérica, y a la falta de medios para transmitir sus ideas, han podido ser detectados y engullidos de una forma u otra por el mismo sistema.

 

El movimiento estudiantil de 1968 y el levantamiento zapatista han sido dos de los principales flujos adversos a los que se ha tenido que enfrentar el régimen priista, para efectos prácticos virtualmente indistinguible de los gobiernos panistas o perredistas. En ambos casos el presidente en turno no supo aceptar la legitimidad de las protestas y el origen de sus causas; en ambos casos terminó pagando los costos políticos de su ceguera, teniendo que ser su sucesor quien implementara los mecanismos de contención necesarios para la supervivencia del sistema.

 

Nuestro sistema político se encuentra actualmente ante la que es quizás la más grave crisis a la que ha enfrentado desde su fundación a principios del siglo XX. Los torrentes de mexicanos que se han manifestado en apoyo a los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Guerrero, y la solidaridad de millones a través de redes sociales o pláticas de café, no tiene precedentes en términos cuantitativos o cualitativos. Ahora sabemos que Ayotzinapa no es de ninguna forma un caso excepcional sino la trágica manifestación particular de un estado de cosas que afecta las vidas de la mayoría de los mexicanos.

 

Las respuestas del gobierno federal ante las manifestaciones y muestras de inconformidad desbordadas que fluyen por todo el país han sido erráticas y contradictorias. Después de semanas de protestas masivas ha quedado en evidencia que el primer instinto primordial de nuestras autoridades es autoritario, pero también que los canales del autoritarismo tradicional ya no pueden funcionar como durante tanto tiempo lo hicieron.

 

En estas circunstancias, las iracundas respuestas del presidente y de la primera dama ante los cuestionamientos producidos a raíz del revelador reportaje en el que Aristegui Noticias hizo del conocimiento público las condiciones en que la familia presidencial adquirió una casa con valor multimillonario ponen en evidencia lo que hasta ahora parece ser un diagnóstico equivocado que subestima una realidad que toca cada vez con mayor intensidad la puerta de Los Pinos.

 

El usual cerco informativo impuesto por la mayoría de los medios tradicionales -las televisoras en primerísimo lugar- se ha visto claramente desbordado gracias a los medios digitales, y la presencia de un puñado de personas que se suman a las manifestaciones con el único fin de reventarlas sembrando violencia ha sido claramente identificada por usuarios de redes sociales. La indignación de los ciudadanos mejor informados se ve, con justa razón, profundamente exacerbada ante la identificación de estrategias que buscan terminar artificialmente con las protestas desestimando sus causas.

 

A pesar de la casi completa falta de estado de derecho y de la virtual inexistencia de la mayoría de las funciones básicas que comprende la idea de Estado, tal parece que desde las entrañas del sistema resulta sumamente complicado comprender, o al menos aceptar, la más remota posibilidad de que exista una inconformidad genuina de cientos de miles de personas capaces de movilizarse voluntariamente sin necesidad de ser acarrerados o manipulados por terceros. Ante su presente crisis de legitimidad, el agotado sistema político mexicano ha operado no acudiendo a la acción comunicativa, que implica siempre el diálogo con seres humanos a los que se reconoce como tales, sino disparando lo que queda de unos resortes autoritarios que el paso del tiempo ha vuelto oxidados e inoperantes.

 

Las manifestaciones de las últimas semanas han generado un cortocircuito en buena parte de nuestra clase política porque demuestran que nuestro sistema no está preparado para lidiar con tantas personas distintas a los zombis políticos de los que por tanto tiempo dependió. Los mexicanos nos estamos moviendo, nuestro sistema político no. Ningún mosquetero puede ser el mismo cincuenta años después.

 

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*) Maestro en Estudios Humanísticos con especialidad en Ética (ITESM)

 

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La extinción de los zombis

Cansados de vivir con miedo

La rebeldía es en el hombre el rechazo a ser tratado como cosa y ser reducido a la simple historiaAlbert Camus, filósofo y escritor francés


Como de un truco de magia se tratase, durante décadas los dueños de nuestro sistema político lograron que la atención del público se enfocara en la mano con la que representaban una parodia a la que titularon “democracia”, al tiempo que, con la otra, escondían su podredumbre bajo de la alfombra sobre la que se asentaba toda su escenografía.

 

En un principio el engaño fue prácticamente imperceptible, por lo que la fetidez de lo oculto sólo despertó la sospecha de los espectadores de olfato más agudo. Pero la masa debajo de la alfombra creció tanto y tan rápido que ésta terminó por rasgarse, emergiendo así a la superficie las enormes cantidades de heces por tanto tiempo escondidas

 

Increíblemente, la obra estaba tan bien montada que la mayoría de los espectadores siguieron sin percatarse de lo que frente a sus ojos ocurría. Sin embargo, para su propia desgracia, y para la de todos los espectadores, los actores no midieron que la montaña de porquería continuaría ascendiendo hasta encontrarse con el ventilador que colgaba del techo de la sala. El espectáculo se suspendió abruptamente cuando todos los presentes se descubrieron salpicados por una lluvia de desperdicios. Indignado, el público recriminó con firmeza y exigió una explicación a los actores; pero éstos, embarrados de pies a cabeza, tan sólo hicieron aún más bochornoso el espectáculo recriminándose mutuamente por el apestoso batidero.

 

La tragedia de Ayotzinapa es un doloroso caso ejemplar que ha evidenciado el estado de putrefacción de nuestro sistema político. Esta aberración no hubiera sido posible sin el abandono y las represiones priistas en Guerrero, sin la irresponsable y contraproducente estrategia bélica del gobierno del panista Felipe Calderón, sin el cómplice pragmatismo del PRD y de sus aliados -presentes y pasados-, sin la ausencia de estado de Derecho y de un marco institucional fuerte, o sin la corrupción de toda la partidocracia nacional, entre muchos otros factores.

 

De la más honda tragedia ha surgido, empero, una inmejorable e inédita oportunidad para romper la barrera de entrada que los partidos han construido alrededor de lo público. La descomposición de la realidad nacional es tan dramática, que ha captado hoy la atención de millones de personas que de otra forma probablemente hubieran permanecido sin notar la mano que esconde los desperdicios. Hoy como nunca, millones de mexicanos, particularmente universitarios, están cansados y hartos de vivir asustados ante tanta podredumbre. Son muchos los que se han incorporado a un movimiento -físico y virtual- que exige a coro justicia y reclama incluso la renuncia del presidente.

 

Pero a la naciente esperanza le aguardan importantes obstáculos en su camino. Por principio de cuentas, resulta indispensable dejar en segundo plano la bandera que se enarbola en torno a la exigencia de una renuncia presidencial. Paradójicamente, el principal riesgo de tomar como principal causa la renuncia del presidente es que el presidente termine renunciando. Si bien es cierto que en este escenario quedaría demostrada la fuerza de un pueblo inconforme con su gobernante y se marcaría de alguna forma a nuestro sistema político, el problema es que en México el presidente suele ser tan sólo la cara más visible del proyecto de un grupo que no dudaría en sacrificar a su figura más valiosa con tal de continuar gozando de privilegios. En este sentido, el presidente podría fungir como el pararrayos que permita la supervivencia de los poderes fácticos que controlan nuestro sistema político y de los intereses internacionales que han apostado por el actual modelo mexicano.

 

Por otra parte, es preciso no perder de vista la insipiencia del movimiento de protesta y lo endeble de nuestra cultura política. Muchos de quienes se han interesado por primera vez en los asuntos públicos podrían dar por concluida su participación una vez logrado su principal objetivo o, peor aún, frustrarse -como la generación que creyó en Vicente Fox- en el muy probable caso de no lograrlo. En ambos casos, el movimiento seguramente se convertiría en blanco fácil de estrategias gubernamentales y mediáticas que muy pronto intentarán dinamitar a los grupos estudiantiles que hoy encabezan las protestas.

 

Para que el movimiento de protesta logre refundar al estado mexicano y limpiar a nuestro sistema político es necesaria una estrategia bifásica integrada por dos corrientes complementarias y fundamentales; a saber, el crecimiento del tamaño del movimiento y el crecimiento del alcance de sus demandas.

 

El movimiento de protesta requiere continuar incrementando su peso específico -medido en el número de personas que participan activamente en la demanda de justicia- si realmente pretende contar con la fuerza necesaria para doblar al sistema y obligar pacíficamente a sus actores a actuar contra sus intereses particulares mediante la construcción de una agenda nacional basada en las demandas y las propuestas ciudadanas. El movimiento logrará crecer en la medida en que se convierta en un medio para que la cultura política llegue a ciudadanos que el día de hoy permanecen desmovilizados.

 

La segunda corriente, paralela a la primera, consiste en la integración de una agenda compuesta por una serie escalonada de exigencias que partan de una demanda firme y sostenida de justicia por lo ocurrido en Ayotzinapa, pero que tenga como objetivos principales cambios estructurales puntuales que no sólo deriven en la remoción de funcionarios corruptos o ineptos, sino que impidan la llegada de los que actualmente serían sus reemplazos naturales.

 

Ha quedado en evidencia que cada vez más mexicanos están cansados de vivir con miedo, de la injusticia, de la opresión y de la corrupción. Nuestro gran reto es mantener esta fuerza creciente y lograr que de la sociedad civil surjan los mecanismos para sanear el putrefacto marco institucional sobre el que hoy se sostiene nuestra democracia. Para ello no necesitamos revoluciones inspiradas, sino formar ciudadanos rebeldes que, como dijera Albert Camus, sean capaces de encaminarse en un combate perpetuo hacia la verdad.

 

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*) Maestro en Estudios Humanísticos con especialidad en Ética (ITESM). Profesor y director en la Universidad Marista de Mérida

 

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