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Mariguana: legalizar o perder

La legalización de la mariguana en México es inminente. Las señales que apuntan en este sentido están a la vista. La más reciente proviene de California, que partir del primero de enero de este año se ha convertido en el octavo estado estadounidense en permitir la venta de mariguana a mayores de edad para uso recreativo. Es sólo cuestión de tiempo para que en nuestro país el cannabis se una al alcohol como droga recreativa social y legalmente aceptada. Sin embargo, sería un error sentarnos a esperar a que el futuro nos alcance; México tendría que legalizar la mariguana inmediatamente, pero por razones distintas a las que normalmente solemos considerar.

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Mariguana: legalizar o perder

La legalización de la mariguana en México es inminente. Las señales que apuntan en este sentido están a la vista. La más reciente proviene de California, que partir del primero de enero de este año se ha convertido en el octavo estado estadounidense en permitir la venta de mariguana a mayores de edad para uso recreativo. Es sólo cuestión de tiempo para que en nuestro país el cannabis se una al alcohol como droga recreativa social y legalmente aceptada. Sin embargo, sería un error sentarnos a esperar a que el futuro nos alcance; México tendría que legalizar la mariguana inmediatamente, pero por razones distintas a las que normalmente solemos considerar.

Los motivos más comunes para defender la necesidad de legalizar la mariguana lo antes posible son (1) la evidente inconsistencia de penalizar algo que es menos nocivo y adictivo que otros productos legales –como el alcohol o el tabaco- y (2) la reducción de la violencia ante el confirmado y documentado fracaso de la “guerra contra las drogas”. El problema es que ninguno de estos puntos tiene la fuerza suficiente para acelerar el proceso de legalización al punto de volverlo inminente. Aunque el punto (1) es ya es un valor entendido y el cambio cultural en curso es inevitable, la evolución de transformaciones de este tipo suele tomar años o décadas. Por otro lado, la idea detrás del punto (2) es cuando menos debatible; la legalización de la mariguana por sí sola difícilmente sería suficiente para erradicar la violencia, pues las actividades ilegales del crimen organizado van más allá de lo relacionado con el cannabis.

Sin embargo, hay un tercer motivo que, aunque menos discutido que los dos anteriores, soporta con mayor fuerza la idea de que esta legalización es tan urgente como impostergable: (3) legalizar el cannabis para uso recreativo es urgente por motivos económicos.

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Responsables e irresponsables

El homicidio múltiple de la colonia Narvarte ha evidenciado, de la peor forma posible, el grado en que los mexicanos podemos descobijar a muchos de nuestros más valiosos periodistas y activistas justo en los momentos en que éstos más nos necesitan.

Las difíciles condiciones que han vivido la prensa independiente y los luchadores sociales, recrudecidas desde el sexenio de Felipe Calderón, no se han convertido en un asunto prioritario en nuestro país. Los invaluables reportes y llamados de organizaciones comoArtículo 19 han llevado a la reflexión a un número importante de personas, pero el grueso de nuestra sociedad no parece especialmente preocupado por estas circunstancias.

La “guerra contra el narco” podría ser una de las causas que explican este fenómeno. Operando como una suerte de marea roja que se lleva todo lo que se encuentra a su paso, el estado de permanente fuego cruzado producido por esta irracional estrategia bélica hace posible que, al menos en la narrativa oficial,  todos los muertos puedan ser relacionados con actividades criminales. Las víctimas terminan de ser deshumanizadas ante la opinión pública por aquellos medios de comunicación que replican versiones oficiales descontextualizadas, quedando así sepultada cualquier posibilidad de empatía por parte de la audiencia.

Los medios irresponsables también pueden confundir a su público minimizando las agresiones contra las voces críticas o introduciendo elementos irrelevantes con tintes moralinos con el fin de manchar a seres humanos, tan complejos y multifacéticos como todos, que han decidido poner en riesgo sus vidas para defender causas en las que creen. “Bebía mucho”, “tenía una aventura extramarital”, “usaba drogas”… las víctimas presentadas como merecedoras de su tragedia.

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http://www.sinembargo.mx/opinion/07-08-2015/37756

Drogas: la amenaza fantasma

Las detenciones de “La Tuta”, “El Z42” y “El Chapo” han sido presumidas y promocionadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto como evidencias de que la estrategia que sustenta su guerra contra el narcotráfico ha sido exitosa. Su enfoque es incorrecto. Eventos de esta naturaleza son mediáticamente impactantes, pero tan sólo se traducirán en reacomodos al interior de los cárteles implicados y no representan un progreso de ningún tipo en términos reales.

 

Para avanzar no basta con moverse a cualquier sitio a partir de una posición inicial, sino que es preciso contar adicionalmente con una meta o punto de referencia hacia el cual dirigir el movimiento. Con el paso tiempo algunas metas suelen perderse de vista, quedando sólo movimientos inerciales sin sentido.

 

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http://www.sinembargo.mx/opinion/06-03-2015/32455

¿El ocaso del “policía guerrero”?

Todo lo bueno que no está acompañado de un sentir moralmente bueno no es más que pura hojarasca y lentejuela miserableImmanuel Kant, filósofo alemán


 

Los asesinatos a manos de agentes policíacos de Michael Brown en Missouri y de Eric Garner en Nueva York son tan sólo los dos casos más sonados de la brutalidad que caracterizó a parte de las fuerzas del orden en Estados Unidos durante 2014.

 

Tanto Brown como Garner, hombres negros viviendo en zonas marginadas, iban desarmados. Los dos se habían rendido mucho antes de ser abatidos. Brown falleció baleado -con todo y tiro de gracia- y Garner murió por asfixia. Antes de morir, Garner pudo decir al policía cuyas manos sujetaban su cuello, al menos 10 veces, “no puedo respirar”. Otros cinco policías atestiguaron el incidente; ninguno intervino para evitarlo. Un delito menor fue su único crimen: vender cigarrillos sueltos en la calle.

 

Desde 2006, las corporaciones policíacas estadounidenses han recibido 1.9 millones de dólares en aportaciones para armamento desde el Pentágono, cifra que palidece en comparación a lo que éstas han invertido de forma independiente comprando equipo a manufactureros particulares (“Mother Jones”, 23/10/2014). El número de ataques de equipos SWAT -Armas Especiales y Tácticas, por sus siglas en inglés- pasó de 3,000 en 1980 a 50,000 en 2014 (“The Economist”, 13/12/2014).

 

Los encargados de la seguridad interna en nuestro vecino del norte, de forma paralela a lo que ocurre en México, han armado hasta los dientes a las policías locales aislándolas de la sociedad de la que emergieron y generando una nueva e intimidante figura conocida, debido a su equipamiento y tácticas militares, como “policía guerrero”. En este contexto, los dos policías implicados en los asesinatos de Brown y de Garner han sido exonerados de toda culpa, so pretexto de actuar de acuerdo con las reglas de su profesión.

 

La justificada indignación que estas tragedias han generado en la sociedad norteamericana ha cobrado vida a través de intensas y nutridas protestas en Missouri y Nueva York. A pesar del tiempo transcurrido, sus efectos políticos distan mucho de haberse diluido. Apenas hace unos días un par de policías neoyorquinos fueron asesinados a sangre fría cuando se encontraban a bordo de su patrulla por un demente que había anunciado sus intenciones previamente en redes sociales justificando sus planes como un cobro de venganza por estos casos. Actualmente los mandatarios y jefes policíacos de estas entidades se enfrentan al reto de hacer malabares entre los reclamos de sus electores y la fidelidad de sus cuerpos policíacos.

 

Sin embargo, los efectos de estos incidentes han rebasado las esferas locales y producido que muchos estadounidenses pongan en tela de juicio los indicadores de “efectividad” policial y en entredicho la forma paramilitar, violenta y sesgada que caracteriza a la operación de las policías en su país. Muchos de los abatidos por policías son minorías asustadas de sus supuestos protectores o enfermos mentales que son sometidos a tiros como consecuencia de su errático comportamiento y la política de disparar a todo lo que no se rinda seguida religiosamente por los agentes que acuden imponer el orden.

 

En México la figura del “policía guerrero” es cada vez más común. Justificándose en la demencial y contraproducente guerra contra las drogas iniciada por Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto, antes y en lugar de trabajar en modelos de policías comunitarias, en mejoras salariales o en reformas estructurales contra la corrupción la mayoría de las corporaciones policíacas se ha volcado a adquirir armamento. En su informe titulado “Más allá del gasto militar: en búsqueda de un concepto para entender la militarización en México”, la Asociación Civil “México vía Berlín” sugiere que la creciente militarización en las policías mexicanas es en realidad una política deliberada que implica un presupuesto ascendente año tras año.

 

Si en Estados Unidos el saldo de la paramilitarización policial es la tragedia, en México es el completo desastre. La actual coyuntura en nuestro vecino del norte, causa eficiente y causa final de muchas de las políticas públicas en nuestro país, debería consecuentemente generar un cambio de paradigma en la forma en que entendemos la función de nuestras policías. Para ello, se nos presenta la inmejorable oportunidad de aprovechar los diagnósticos surgidos al calor de terribles acontecimientos de Missouri y Nueva York.

 

En su edición del 13 de diciembre de 2014, el semanario británico “The Economist” lista tres grandes cambios necesarios para revertir “lo que ha salido mal con la policía en Estados Unidos”: transparencia para conocer a cuántas personas mata la policía, rendición de cuentas para despedir a los malos elementos y, sobre todo, revertir la militarización, privilegiando el entrenamiento por encima del armamento.

 

Por su parte, David Dante Troutt, preocupado por el sesgo policiaco, menciona en la revista norteamericana “The Nation” (10/12/2014) algunos factores operativos que podrían ayudar a construir confianza ciudadana en sus policías: los agentes deben llevar en su uniforme videocámaras que graben todas sus acciones -aunque sin transparencia y rendición de cuentas esto terminaría por servir para muy poco-, los policías deben ser entrenados para no deshumanizar al público al que deben servir y se deben nombrar fiscales ciudadanos externos que auditen la labor policiaca.

 

No obstante, y por encima de todo, dado que el problema principal es de origen, éste debe atajarse desde sus bases. Es por ello que en un excelente artículo publicado en “The Washington Post” (14/08/2014), Radley Balko postula la necesidad de un cambio de enfoque general en la policía estadounidense: su principal función no debe ser imponer el orden, sino preservar los derechos de sus ciudadanos; “en estricto sentido académico preservar el orden y garantizar los derechos son la misma cosa, operacionalmente son enfoques radicalmente diferentes de la función policial”.

 

Paradójicamente, la respuesta de la policía ante las protestas ha sido consistente con el paradigma que los indignados demandan cambiar. Centenares de manifestantes han sido arrestados violentamente en meses recientes en diversos estados de la unión americana. Algo similar -aunque en una versión mucho más burda- ha ocurrido con muchos indignados mexicanos durante el presente sexenio, prueba parcial de que seguimos nuestra propia versión de un esquema policiaco represor.

 

En Estados Unidos, algunas autoridades empiezan a dar señales de cordura. Steve Anderson, jefe de policía de Nashville, ordenó a sus efectivos comprar café y galletas para todos los manifestantes pacíficos y Bill de Blasio, alcalde de Nueva York, ha buscado revertir tácticas intimidatorias empleadas por su cuerpo de policía y ha tomado una complicadísima decisión al optar por ponerse del lado de sus gobernados antes que respaldar incondicionalmente a sus agentes.

 

Desgraciadamente, dado el estado actual de cosas, la versión mexicana de este tipo de reacciones está muy lejos de presentarse y todo parece indicar que, al menos en el presente sexenio, habrá muy pocos obstáculos en nuestro tránsito hacia la barbarie.- San Francisco, California.

 

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¿El ocaso del %22policía guerrero?%22

Drogas: asumiendo el control

Resulta perjudicial inculcar prejuicios, porque acaban vengándose en aquellos que fueron sus sembradores o cultivadoresEmmanuel Kant, filósofo alemán.


La estruendosa voz del exasperado individuo que manoteaba parado sobre el estrado retumbó en las bocinas de la sala, obligando a parte de los asistentes a proteger instintivamente sus oídos con sus manos. Ante las pregunta “¿sería buena opción despenalizar las drogas en México?”, formulada por uno de los integrantes más jóvenes de la audiencia de un foro dedicado a debatir este tema, el funcionario del gobierno calderonista perdió la paciencia y, encolerizado, espetó: “¿qué es lo qué estás diciendo, muchacho? ¿no ves que las drogas nos están destruyendo y que cada vez más mexicanos se están matando en las calles con tal de conseguir su dosis?, ¿te gustaría que nuestros niños terminen inyectándose heroína en las escuelas?”

 

Esta semana, la Comisión global de política de drogas (CGPD), organización integrada por ex presidentes de diversas naciones, y por personalidades como Kofi Annan o Mario Vargas Llosa, presentó su segundo informe, titulado “Asumiendo el control: caminos hacia políticas de drogas eficaces”. En su nuevo reporte, que sucede a su influyente primer informe publicado en 2011, esta organización parte de la base del monumental fracaso de la actual estrategia punitiva de combate a las drogas para poner en tela de juicio el genuino compromiso de los gobiernos con la seguridad, la salud o los derechos humanos, y para trazar una hoja de ruta alternativa para controlar el problema de las drogas en el mundo.

 

No alcanzaría el espacio para abordar con lujo de detalle todos los puntos contenidos en este informe, por lo que este análisis se limitará a exponer la valía de su enfoque y de su sentido. Por principio de cuentas, el documento lanza una pregunta que, aunque fundamental, rara vez suele ser tomada con la seriedad que merece: ¿cuán grande es la amenaza de las drogas? Desgraciadamente, en muchas ocasiones este tipo de interrogantes son respondidas acudiendo a intuiciones o experiencias personales, es decir, a supuestos sin respaldo que nos conducen a ligerezas de la especie “los mexicanos se matan en las calles por su dosis” o “el consumo de drogas está destruyendo a nuestra sociedad”.

 

Parte importante del valor del informe de la CGPD consiste en que su estructura está articulada en torno al método científico, por lo que parte de la base de una distinción clave entre los daños generados por el consumo y los daños generados por el combate a las drogas. Los resultados de medio siglo de “guerra” son indignantes. A los dramáticos costos documentados en materia de derechos humanos, de salud o de seguridad pública hay que sumar las millonarias cantidades se han derrochado discrecionalmente, y en completa opacidad, para llegar a un escenario de fracaso total en el que la producción y el consumo continúan en aumento. Empero, contrario a lo que las narrativas prohibicionistas nos han llevado a intuir, la CGPD ofrece evidencias que revelan que “la mayor parte del consumo de las drogas no es esencialmente problemático. Sin embargo, las políticas de drogas mundiales continúan tratando el consumo de drogas sin distinciones, como si constituyeran una gran amenaza para la sociedad”.

 

Nuestras políticas de prevención fallan en parte porque mensajes de la especie “di no a las drogas” no son acompañados por políticas de intervención integrales basadas en evidencia científica, sino por tácticas de shock que brindan información sesgada y equivocada (“¿te gustaría que nuestros niños terminen inyectándose heroína en las escuelas?”). Por otra parte, nuestras leyes son punitivas y se basan en la idea de que la penalización tiene un efecto disuasivo, teoría que, contrario a lo que suele suponerse, no sólo no se apoya en evidencias sino que contradice a estudios comparativos serios que no revelan correlación entre la intensidad de las medidas coercitivas y la disminución en la prevalencia del uso.  Penalizar a los consumidores de drogas en realidad empeora los problemas relacionados con éstas.

 

De acuerdo al CGPD la penalización es ineficiente, maximiza el daño de las drogas en la salud  y en la sociedad, obstaculiza intervenciones de salud basadas en la evidencia y NO produce ningún beneficio para la sociedad. Un enfoque genuino en salud requiere poner fin a penalización de las personas que consumen drogas. La propuesta de esta organización es regularizar los mercados de drogas bajo el principio pragmático de reducir lo más posible los daños. Buena parte de los argumentos en contra de esta posibilidad oscilan en torno a el riesgo que esto representaría; sin embargo, la CGPD afirma que “la regulación de las drogas no es un salto a lo desconocido”, y ofrece como evidencia que casi la mitad del opio producido en el mundo es enteramente legal y se usa para fines medicinales, mientras que muchas drogas cuya potencia se desconoce son vendidas sin ningún control de calidad alteradas peligrosamente para aumentar su volumen.

 

La CGPD tiene el cuidado de subrayar la diferencia entre legalización y regulación. Su propuesta no consiste en liberar el mercado de las drogas convirtiendo, sin ton ni son, lo ilegal en legal, sino en generar “mercados regulados legalmente” con base en un modelo regulatorio flexible que disminuya la totalidad de los problemas sociales y de salud asociados a las drogas. Se trata de crear un sistema normas que rijan la producción, el suministro y el consumo de drogas con base en la evidencia científica disponible –y rara vez considerada con objetividad- sobre los daños que cada sustancia genera el individuo y en la sociedad.

 

La CGPD se adelanta a la afirmación de que los países subdesarrollados no son capaces de regular efectivamente los mercados, uno de los  más comunes y etéreos supuestos empleados en México para justificar el status quo,  formulando una pregunta que desactiva su lógica: ¿y qué hay de la capacidad estas naciones de ejercer la prohibición? La conclusión del informe es contundente y bien fundamentada: “en última instancia se trata de elegir entre dar el control al gobierno o a los cárteles; no hay una tercera opción que pueda hacer desaparecer los mercados de drogas”.

 

Se podrá estar o no estar de acuerdo con la hoja de ruta trazada por la CGPD, pero sería muy injusto dejar de dar la bienvenida a un proyecto que se ha propuesto ofrecer, a través del rigor de la evidencia científica, la mejor vía de salida posible a una crisis sin sentido. Es tiempo de dar la espalda a quienes revientan bocinas a gritos con mitos del siglo pasado y de emprender, sin prejuicios, una búsqueda de aquellas soluciones que resulten más razonables para sortear la tormenta que hemos creado dentro de un vaso de agua.

 

asalgadoborge@gmail.com @asalgadoborge

 

https://asalgadoborge.wordpress.com/

 

*Maestro en Estudios Humanísticos con especialidad en ética. Profesor y director en la Universidad Marista de Mérida.

 

Publicado originalmente en el Diario de Yucatán el 14 de septiembre de 2014

Drogas- Asumiendo el control.pdf

Una historia sin final

Uno se forma siempre ideas exageradas de lo que no conoceAlbert Camus, escritor y premio Nobel de literatura francés.


 

 

A estas alturas del partido, cuando la derrota ya es evidente, pocas dudas parecen quedar sobre la irracionalidad y los terribles efectos de la mal llamada “guerra contra las drogas”. El oscurantismo parece, afortunadamente, estar llegando a su fin.

 

El debate emergente ya no puede girar en entorno a la pertinencia de mantener o no la fallida estrategia bélica, sino que debe centrarse en la necesidad de identificar, mediante criterios científicos, la auténtica naturaleza del problema de las drogas para poder así definir criterios que permitan diseñar un esquema que atienda necesidades reales y que resulte verdaderamente conveniente para los ciudadanos de los países que lo implementen.

 

Por principio de cuentas, es importante, con el fin de no caer generalizaciones sin sustento, conocer el tamaño del consumo de drogas en nuestro país, cifra de cuya media el sureste no se distancia de forma importante. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones , uno de los instrumentos más serios y confiables con que contamos, en 2011 1.8% de los adultos y 1.3% de los jóvenes entre 12 y 17 años consumió algún tipo de droga; sólo 0.7% de los consumidores son adictos –es decir, han perdido su autonomía- a alguna sustancia (ENA, 2011). De acuerdo a una estadística dada a conocer por la ONU y publicada por la revista The Economist (06/08/2013), México se encuentra entre los países con menor consumo de mariguana per cápita.

 

Dicho lo anterior, me parece un hecho de la mayor relevancia que una de las drogas más consumidas en Yucatán -aunque la ENA revela que es altamente probable que su uso mo esté por arriba del de las anfetaminas, la cocaína o la mariguana- sean los inhalantes (Resistol, thinner…); productos adquiribles legalmente cuya misión principal no tiene nada que ver con la ingesta de su contenido.

 

Existen al menos dos ángulos desde los cuales se puede enfocar este problema: de acuerdo a la ENA (2011), los inhalantes son la droga que inicia su consumo a una edad menor. Por una parte es posible postular que la disponibilidad y el bajo precio de los inhalantes les ha convertido en un productos accesibles para gente sin recursos y para jóvenes.Aunque me parece que lo anterior tiene muchas posibilidades de ser cierto, considero que el consumo de este tipo de sustancias obliga a plantear una disyuntiva que le rebasa: siguiendo la lógica de la prohibición a las drogas ¿deberíamos prohibir la venta de Resistol o de thinner? ¿Cuánto tiempo pasaría para que aparezcan sustancias que les sustituyan?

 

La circunstancia local descrita revela una de los más grandes escollos a los que se enfrentan las políticas prohibicionistas a nivel mundial: en mercados con mayor poder adquisitivo que el mexicano han proliferado las llamadas “drogas de diseñador”; sustancias que pueden ser adquiridas legalmente a través de internet debido a que sus recetas son alteradas por sus productores cada vez que las autoridades las enlistan como prohibidas (“The Economist”, 10/08/2013). Claramente, estamos ante una historia destinada a nunca acabar.

 

A pesar de ser legales, los inhalantes , al igual que, las elusivas “drogas de diseñador”, son menos consumidos que algunas drogas consideradas como ilegales; pero pueden ser mucho más peligrosos que éstas. Ante semejante escenario, parece claro que la estrategia más efectiva para combatir el consumo de drogas -no debe sorprender a nadie- es la educación. Un claro ejemplo de ello es que en Estados Unidos se ha reducido el consumo del tabaco, una droga legal sumamente dañina, a la mitad y sin un solo arresto (“The New York Times”, 19/07/2009).

 

La verdadera prevención es la información; pero, para ser efectiva, ésta debe ser confiable y de calidad. Los estudios científicos sobre los perniciosos efectos del tabaco fueron fundamentales para despertar conciencia entre buena parte de sus usuarios actuales o potenciales. En este sentido, por citar otro ejemplo paradigmático, el debate generado en algunos países sobre la conveniencia o inconveniencia de legalizar la mariguana ha generado un análisis muy serio sobre todas las implicaciones de esta droga.

 

Así, es posible afirmar que el uso frecuente de mariguana puede producir efectos negativos como irritabilidad, mala memoria o atrofia de las capacidades motrices y que ésta no debe ser fumada por menores de edad (“Scientific American”, 06/2013); pero también se sabe que apenas 10% de quienes la fuman desarrollan algún tipo de adicción (“The New York Times”, 19/07/2014), que su legalización no ha llevado a más crímenes (“The Washington Post”, 26/03/2014) , que ésta es empleada como sustituto del alcohol y que es menos dañina que éste, tanto para el usuario como para terceros (“The Lancet” 2010; 376: 1558–65).

 

No es casualidad que en una proporción de 5 a 1 los norteamericanos consideren más peligroso al alcohol que a que la marihuana (“The Washington Post”, 2/04/2014). A lo anterior es preciso agregar que el alcohol –y no la mariguana como suele pensarse- es la principal puerta para el consumo de otras sustancias de quienes acuden a algún centro de tratamiento (ENA, 2011).

 

Claramente, lo legal puede ser más peligroso que lo ilegal. Por menos de cinco pesos (Diario de Yucatán, 01/04/2014), el día de hoy es posible comprar drogas sumamente dañinas en cualquier ferretería y el alcohol, la droga más consumida, es paradójicamente una de las más peligrosas del mundo. Las prohibiciones incongruentes no sólo deterioran la credibilidad de quienes buscan prevenir el consumo de drogas sino que podrían orillar a los potenciales consumidores –cuyos motivos pueden ser tan diversos como las drogas mismas- a emplear alguna droga altamente adictiva o con efectos irreversibles.

 

Ante tal escenario, considero que es momento de dejar de lado las generalizaciones alegres, de cambiar argumentos políticos por argumentos científicos y de poner entre paréntesis cualquier prejuicio para estudiar, sustancia por sustancia, el potencial adictivo de cada droga y el peligro específico que su usuario representa para terceros. asalgadoborge@gmail.com @asalgadoborge

 

La información sobre este tema es tan abundante como interesante. En aras de ser congruente con lo aquí planteado, pongo a disposición del lector, en la versión electrónica de este artículo, las fuentes empleadas para sustentar lo dicho en el mismo.

 

http://www.scientificamerican.com/magazine/sa/2013/06-01/

 

 

*Maestro en Estudios Humanísticos (ITESM). Profesor y director en la Universidad Marista de Mérida.

Artículo publicado en el Diario de Yucatán el 6 de abril de 2014: http://yucatan.com.mx/editoriales/una-historia-sin-final