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Mariguana: legalizar o perder

La legalización de la mariguana en México es inminente. Las señales que apuntan en este sentido están a la vista. La más reciente proviene de California, que partir del primero de enero de este año se ha convertido en el octavo estado estadounidense en permitir la venta de mariguana a mayores de edad para uso recreativo. Es sólo cuestión de tiempo para que en nuestro país el cannabis se una al alcohol como droga recreativa social y legalmente aceptada. Sin embargo, sería un error sentarnos a esperar a que el futuro nos alcance; México tendría que legalizar la mariguana inmediatamente, pero por razones distintas a las que normalmente solemos considerar.

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Responsables e irresponsables

El homicidio múltiple de la colonia Narvarte ha evidenciado, de la peor forma posible, el grado en que los mexicanos podemos descobijar a muchos de nuestros más valiosos periodistas y activistas justo en los momentos en que éstos más nos necesitan.

Las difíciles condiciones que han vivido la prensa independiente y los luchadores sociales, recrudecidas desde el sexenio de Felipe Calderón, no se han convertido en un asunto prioritario en nuestro país. Los invaluables reportes y llamados de organizaciones comoArtículo 19 han llevado a la reflexión a un número importante de personas, pero el grueso de nuestra sociedad no parece especialmente preocupado por estas circunstancias.

La “guerra contra el narco” podría ser una de las causas que explican este fenómeno. Operando como una suerte de marea roja que se lleva todo lo que se encuentra a su paso, el estado de permanente fuego cruzado producido por esta irracional estrategia bélica hace posible que, al menos en la narrativa oficial,  todos los muertos puedan ser relacionados con actividades criminales. Las víctimas terminan de ser deshumanizadas ante la opinión pública por aquellos medios de comunicación que replican versiones oficiales descontextualizadas, quedando así sepultada cualquier posibilidad de empatía por parte de la audiencia.

Los medios irresponsables también pueden confundir a su público minimizando las agresiones contra las voces críticas o introduciendo elementos irrelevantes con tintes moralinos con el fin de manchar a seres humanos, tan complejos y multifacéticos como todos, que han decidido poner en riesgo sus vidas para defender causas en las que creen. “Bebía mucho”, “tenía una aventura extramarital”, “usaba drogas”… las víctimas presentadas como merecedoras de su tragedia.

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http://www.sinembargo.mx/opinion/07-08-2015/37756

¿Queremos tanto a “El Chapo”?

Incluso para los particulares estándares de nuestro surrealismo nacional la fuga de “El Chapo” Guzmán resulta increíble.

La reacción de nuestras autoridades ante este gran escape ha sido lenta y las respuestas que han dado con el fin de evadir su evidente responsabilidad son contradictorias, titubeantes y tienen poco sentido. En tiempos recientes, quizás sólo las enclenques versiones oficiales de un puñado de casos le pueden hacer alguna competencia; entre ellos, el “suicidio” de la activista Digna Ochoa mediante dos disparos, el “secuestro” de policías federales a manos de tres mujeres indígenas en Querétaro y el “hallazgo” del cuerpo de la niña Paulette entre el colchón y la cabecera de su cama, cuando Enrique Peña Nieto fue Gobernador del Estado de México.

Hay, sin embargo, una importante diferencia entre la fuga de “El Chapo” y muchos casos trágicos similares a los anteriormente enlistados. En esta ocasión los más indignados ante la afrenta que este evento representa para el Estado no son la mayoría de los mexicanos sino nuestros gobernantes. No es para menos. A fin de cuentas, el capo “se los chingó” jugando su propio juego.

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http://www.sinembargo.mx/opinion/17-07-2015/36996

Un oasis qué preservar

El progreso es incapaz de reciclar sus propios desechosManuel Reyes-Mate, filósofo español


Al menos por ahora, Yucatán es de los estados más seguros de México. Sin embargo, la actitud bipolar con que el gobierno estatal afronta el tema de la seguridad, uno de los que más preocupan a la sociedad en nuestro país, podría alterar el tranquilo estado de cosas que muchos yucatecos aún disfrutamos.

 

Es preciso comenzar este análisis aclarando que difícilmente en nuestro estado llegaremos a ver la violencia relacionada con el tráfico de drogas que inunda buena parte del territorio nacional. En su más reciente visita a la Universidad Marista de Mérida a invitación de la Escuela de Administración, Turismo y Mercadotecnia, el doctor Sergio Aguayo Quezada afirmó que un cambio en las rutas de tráfico de drogas ocurrido hace varios años fue fundamental para que se dibujara el complicado escenario que hoy todos conocemos. En su informe “El problema de las drogas en las américas” (2013), la OEA explica que la violencia relativa al narcotráfico es producida por enfrentamientos entre cárteles por controlar las rutas, por lo que está focalizada en las regiones de tránsito y no en las de consumo. Es justamente por su ubicación que Yucatán podría no ser una ruta atractiva para el tránsito de drogas, y por tanto, que no experimente la violencia que origina su tránsito.

 

Aún si se pone entre paréntesis la anterior coyuntura, es posible afirmar que el trabajo policiaco en Yucatán es mucho más eficiente que el del resto del país. Entre 2013 y 2014 se registró un decremento en el porcentaje de yucatecos que dicen tener poca o ninguna confianza en su policía, situación que contrasta notablemente con una tendencia nacional en sentido opuesto. La policía en este estado ha obtenido una confianza difícil de encontrar en el resto del país, mérito que no debe dejar de ser reconocido. Esta circunstancia es notable, aunque no excluye, desde luego, que existan importantes oportunidades de mejora, como lo es el campo de los derechos humanos.

 

Los esfuerzos en ofrecer una mejor capacitación al personal policiaco y la adquisición de equipo de punta para prevenir o detectar crímenes podrían contribuir a que la seguridad de la que los yucatecos gozamos se mantenga a corto plazo. Sin embargo, al mismo tiempo que genera las condiciones necesarias para preservar la seguridad actual, el gobierno de Yucatán incuba las circunstancias propicias para que esta seguridad resulte insostenible a mediano plazo. La hipótesis que motiva este texto es que en la desigualdad y en el mal manejo de la economía yucateca se cultiva un caldo del que están surgiendo cada más seres humanos desesperados convertidos en delincuentes.

 

La economía yucateca ha crecido en los últimos años a tasas inferiores que los ya de por sí raquíticos e insuficientes incrementos nacionales. Estamos experimentando un importante incremento poblacional que no está siendo debidamente acompañado de oportunidades de inclusión equitativas. A ello hay que sumar que en las últimas décadas el bienestar de los mexicanos ha recibido duros golpes como la pérdida de beneficios sociales básicos, entre los que destacan el desmantelamiento de la seguridad social vía una reciente reforma laboral, los efectos presentes de la contrarreforma agraria impulsada por Carlos Salinas y una pronunciada pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo.

 

El gobierno que encabeza Rolando Zapata Bello ha respondido a esta coyuntura con el crecimiento de programas sociales clientelares —tinacos, pinturas, pollitos…— que sólo contribuyen a disimular unas cuantas de las manifestaciones de la miseria de los más necesitados. Paliativos de este tipo resultan claramente insuficientes ya que no contribuyen en lo más mínimo a generar las condiciones necesarias para que miles de seres humanos hoy marginados encuentren oportunidades de incorporarse a la economía formal con condiciones laborales suficientes para autodeterminarse o vivir una vida digna.

 

Las repercusiones del mal manejo económico en la seguridad de los yucatecos podrían estar ya a la vista. A pesar de que el porcentaje de personas que dicen sentirse seguras sigue siendo más alto en Yucatán que en cualquier estado de la república, este indicador ha disminuido 10 puntos porcentuales en los últimos 2 años. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2014 (Envipe) en 2012, 81% de los yucatecos afirmaba sentirse seguro en su estado, mientras que en 2014 71% contestó en el mismo sentido. Según la misma medición, el número de delitos —incidencia delictiva— y la cantidad de personas que sufrieron algún delito —prevalencia delictiva— en nuestro estado se incrementó durante el mismo período.

 

A lo anterior es preciso agregar fenómenos focalizados como el incremento en el número de pandillas en el sur de nuestro estado y los robos a casa habitación en colonias específicas de Mérida, que podrían diluirse si sólo se considera en el buen estado general de seguridad del que aún disfrutamos buena parte de los yucatecos. Tal como ha señalado la organización México Evalúa “dentro de un estado se pueden registrar marcadas diferencias entre regiones, municipios, o incluso colonias y calles… la violencia y la delincuencia no impactan de la misma forma a toda la población de determinada entidad: es decir, hay zonas más inseguras que otras”.

 

Una tarea pendiente para la sociedad yucateca es elaborar un análisis más detallado y profundo de los fenómenos revelados por la Envipe mencionados en este texto. Nos hemos habituado a vivir en un oasis que la eficiente tarea policiaca ha podido preservar hasta el día de hoy. Empero, por los motivos expuestos anteriormente, a mediano plazo podría no haber, por eficiente y bien intencionada que pueda ser, estrategia policiaca que baste para contener al creciente ejército de individuos desesperados que el gobierno de Yucatán está fabricando.— Mérida, Yucatán.

 

asalgadoborge@gmail.com
@asalgadoborge
asalgadoborge.wordpress.com
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*) Maestro en Estudios Humanísticos con especialidad en Ética (ITESM)

 

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Vigilados desde adentro

La soledad, que es la condición que sostenía al individuo contra y más allá de la sociedad, se ha hecho técnicamente imposibleHerbert Marcuse, filósofo alemán


Uno de los derechos humanos más ultrajados en el siglo XXI es el derecho a la privacidad. El surgimiento de nuevas tecnologías, y con ellas de pretextos para emplearlas en labores de vigilancia y registro de actividades de individuos, hacen técnica y legalmente posible que tanto gobiernos como empresas tengan acceso a todo tipo de información sobre la vida privada de millones de personas. En las próximas semanas el Estado mexicano intentará quedarse con una mayor rebanada de este suculento pastel.

 

De acuerdo con el periódico “Reforma”, pronto “el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) fijará las reglas que deberán seguir los operadores del sector a fin de cumplir con las solicitudes de intervenciones que hagan las dependencias de seguridad”. De esta forma, “Llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos y búsquedas en internet, entre otras comunicaciones de voz y datos de los mexicanos, podrán ser revisados por el Gobierno”. Para aumentar aún más las suspicacias, uno de los puntos más polémicos de este proyecto es que no queda claramente definido qué tipo de autoridad podrá acceder a nuestra información ni bajo qué circunstancias específicas podrán hacerlo.

 

Tal parece que una vez más el gobierno federal lucrará con el miedo mítico y con el terror derivados de la creciente violencia desatada por la guerra al tráfico de drogas en nuestro país. Con el pretexto la prevención de delitos y la salvaguarda de la seguridad de los mexicanos, derechos y libertades fundamentales serán nuevamente vulnerados.  Existen al menos un par de elementos muy concretos que obligan a mirar con serias sospechas el establecimiento de reglas como las que podría fijar el IFT.

 

En primer término, no existe en este momento en el público una plena conciencia de lo que ceder nuestra información personal a las diversas compañías de telecomunicaciones o financieras implica. Empero, a diferencia del usuario promedio,  las empresas que se dedican a recabar datos personales de los consumidores sí que se dan perfecta cuenta del valor del producto que tienen en sus manos.

 

La información que las empresas privadas recaudan de sus clientes es cada vez más valiosa y voluminosa. Existen dos maneras principales por las que las compañías obtienen datos de los consumidores: la primera es a través de sus propios medios -llenado de formularios, por ejemplo-. La segunda es mediante la compra de esta información a terceros; es decir, a empresas que son invisibles para la mayoría de los individuos y que se dedican exclusivamente a recolectar su información personal para luego vendérsela al mejor postor. La compañía Blu Kay es una compañía de este tipo y tiene una base de datos con perfiles de mil millones de personas, cada uno de los cuáles contiene al menos 50 atributos del individuo datificado (“The Economist”, 13/09/2014).

 

Las grandes compañías tienen en su poder información valiosísima que emplean para maximizar sus ventas mediante estrategias de publicidad dirigida. Esto constituye, de suyo, una invasión a la privacidad de miles de millones de individuos y a largo plazo un auténtico riesgo para su libertad personal. Este escrito no se detendrá en este punto -abordado en textos anteriores y que seguirá siendo analizado en este mismo espacio en un futuro-; pero sí es necesario subrayar que con el advenimiento del “internet de las cosas” prácticamente todos los aparatos eléctricos reaccionarán ante la presencia de sus usuarios y tendrán conexión a internet, por lo que la cantidad de datos recopilados en las bases conocidas como metadatos se incrementará exponencialmente.

 

Con la tecnología actual el gobierno podría exigir a compañías privadas nuestros metadatos que incluyen registros de información de a quiénes enviamos mensajes por teléfono celular o las características de nuestros círculos de amigos y familiares. Pero, bajo la misma lógica y considerando la evolución tecnológica esperada, estos datos podrían llegar a succionarse en tiempo real desde el momento mismo en que se generan, de forma tal que cada uno de nuestros electrodomésticos conectados al “internet de las cosas” sería una ventana abierta por la cual se nos podría vigilar permanentemente.

 

Las señales de alarma se intensifican si a lo anterior agregamos que toda esta información no se quedaría en las empresas que la recopilan, sino que pasaría a manos de nuestras autoridades. Basta recordar que en México la PGR responde al presidente en turno, que nuestra historia de espionaje estatal es vastísima y que, bajo el amparo de la irracional “guerra contra el narco”, nuestras autoridades han venido justificando sin rubor un creciente número de violaciones a derechos humanos (“Human Rights Watch”, 2011), entre las cuales se debe incluir la vigilancia y el espionaje “preventivos”. Me parece que sería ingenuo pensar que contamos con alguna garantía de que nuestros metadatos no puedan ser empleados con fines políticos, coercitivos o represivos.

 

En segundo lugar, es evidente que la capacidad actual  de nuestras autoridades de salvaguardar la información que ellas mismas recaban es, por decir lo menos, muy cuestionable. Una investigación del periódico “El Universal” (19/04/2010) comprobó que en 2010 en el mercado de Tepito en la ciudad de México se vendía, por apenas US$12,000, 160GB divididos en tres memorias externas entre cuyo contenido figuraban bases de datos en manos del gobierno como la lista completa del padrón del IFE, el registro nacional de vehículos, el registro completo de licencias de conducir y listados de policías del país con la dirección y fotografía de cada agente “entre otros”.

 

Es la misma autoridad que ha fallado en conservar sus bases de datos -disponibles ilimitadamente lo mismo para grupos criminales que para vendedores por catálogo- la que ahora pretende obligar a las empresas a brindarle acceso ilimitado a las suyas. Bajo el estado presente de cosas no existe ninguna garantía para los ciudadanos de que será adecuadamente resguardada. Lo que sí podemos anticipar es que muchas manos adicionales tendrían acceso a datos muy delicados y que la posibilidad de que éstos sean vendidos o malempleados será mayor que la actual, que ya es lo suficientemente alta.

 

A pesar de que el IFT ha aclarado que aún no existe una versión final de los lineamientos en materia de seguridad y de justicia, lo que sabemos hasta ahora es lo suficientemente preocupante como para exigir el respeto pleno de nuestro derecho fundamental a la privacidad. El sentido de una resolución de esta naturaleza no sólo es de la mayor relevancia para nuestra privacidad presente, sino que nos revelará si nuestras instituciones pretenden sentar las bases para la protección de los mexicanos o si lo que quieren es forjar una llave maestra que les permita, “por nuestra propia seguridad”, vigilarnos desde el interior de nuestras casas.- Mérida, Yucatán.

 

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*) Maestro en Estudios Humanísticos con especialidad en Ética (ITESM). Profesor y director en la Universidad Marista de Mérida

 

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