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La “tiendita de confianza”

En México hay muchas más personas decentes de lo que suele suponerse. La tesis de que los mexicanos somos generalmente tramposos o corruptos carece de fundamentos. En realidad, si consideramos nuestro nulo estado de derecho, es posible afirmar que bastante bien nos las hemos arreglado para respetar un pacto social que parece estar sostenido exclusivamente sobre buenas voluntades.

La semana pasada el colectivo “Mensajeros urbanos” dio a conocer mediante un video la más reciente edición de su proyecto denominado “Tiendita de confianza”. Este experimento consistió en la instalación, en una calle de la Ciudad de México, de una precaria y desatendida mesa encima de la cuál se colocaron diversos productos que los transeúntes podían adquirir a cambio de cantidades señalizadas. Sobre la mesa se colocó también un letrero que avisaba: “Tiendita de confianza. Atiéndete tú solo! Creo en un México más honrado. Las ganancias se donarán a una casa hogar”.

Dado que nadie vigilaba la mesa cualquier persona que pasaba enfrente de está  podía haber tomado un artículo sin pagar por él; sin embargo, de acuerdo con “Mensajeros Urbanos” en el transcurso de las cinco horas que dura su más reciente filmación ningún cliente robó o defraudó a su “tiendita”.

Sería sumamente aventurado inducir conclusiones de un ensayo tan frágil como el descrito, pero lo cierto es que de éste se deriva como mínimo la incertidumbre de cuántos mexicanos serían honestos y cuántos se aprovecharían de la vulnerabilidad de la tienda. Siguiendo la misma lógica es posible preguntarnos cuántos se valen de la vulnerabilidad en que nuestras instituciones dejan al resto de la población para aprovecharse de terceros.

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http://www.sinembargo.mx/opinion/24-04-2015/33984

Las aguas negras de Peña Nieto

Paralela a la línea de tiempo seguida por la presidencia de Enrique Peña Nieto corre una cadena que tiene como eslabones a una serie de escándalos que continúan acumulándose. Los conocidos casos de corrupción y de represión que han caracterizado a la gestión peñanietista han generado un malestar creciente en un amplio sector de la sociedad, por lo que se podría pensar que, ante el desgaste sufrido, el actual gobierno federal empezaría el año siendo más cuidadoso y responsable. En realidad, ha ocurrido todo lo contrario.

 

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http://www.sinembargo.mx/opinion/13-03-2015/32687

¡Precaución! Partido tóxico para la democracia

Cada voto que reciba el Partido Verde contaminará más nuestra ya muy enferma democracia. Le cuento por qué.

 

Desde hace varias semanas el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha emprendido una agresiva estrategia que incluye tácticas claramente ilegales. Mientras los demás partidos guardaron las formas y respetaron superficialmente la prohibición de contratar anuncios en momentos y formatos específicos, el Verde repartía tarjetas de “beneficios”, lentes o vales y tapizaba lo mismo ciudades , que salas de cine y frecuencias de televisión y radio.

 

La reacción del Instituto Nacional Electoral (INE) ante esta afrenta ha sido tan lenta y débil que esta situación ha pasado de lo ridículo a lo grotesco. El PVEM ha pagado cientos de millones de pesos en multas, pero ha desafiado abiertamente a la autoridad electoral al continuar replicando las mismas acciones por las que ha sido sancionado. El Verde ha entendido perfectamente que sus multas las paga con nuestros impuestos y que con ellas puede comprarse impunidad. La ecuación es muy sencilla: al final del día el PVEM está invirtiendo en el pago de un sobreprecio -multas- por el privilegio de anunciarse en exclusiva. Negocio redondo.

 

A la ilegalidad y mezquindad de la estrategia Verde es preciso sumar otros dos factores. Su publicidad consiste en una mezcla entre el uso de la imagen de estrellas de televisión como carta de presentación y narrativas sentimentaloides. Este formato está diseñado para encontrar eco en los segmentos del electorado menos informados. Así, este partido es capaz de mostrarse “fresco”, de atribuirse tramposamente méritos intrascendentes o de lanzar promesas populistas sin sustento.

 

Finalmente, a la ilegalidad de la campaña y a lo mezquino de la publicidad del PVEM, hay que agregar que el electorado mexicano, harto con justa razón de sus instituciones y en particular con su partidocracia, castigará en 2015 de forma más severa al PRI, al PAN y al PRD; los tres partidos con más posiciones ejecutivas y legislativas en México. Las encuestas más recientes revelan que el PVEM estará disputando, junto al PRD y MORENA, el puesto de tercera fuerza política del país.

 

Es un gravísimo error considerar al Partido Verde como una opción electoral para castigar a nuestro sistema de partidos. El principal problema del PVEM no es que tenga vicios que exhiben otros partidos; el problema es que en el Verde no se puede encontrar más sustancia que esos vicios. En realidad, este partido no es ni siquiera un partido político ya que no es una entidad de interés público, no contribuye a explicitar demandas sociales legítimas, ni busca prioritariamente obtener el poder. Tampoco es ecologista. Entre su filas militan cazadores o depredadores y ha apoyado causas desde propuestas anti ecologistas hasta la pena de muerte. El PVEM ha sido expulsado de la coalición de partidos verdes europea y no es reconocido por Greenpeace. ¿Qué es y para qué sirve entonces el Verde?

 

Es bien sabido que el PVEM es un negocio privado cuyo dueño es Jorge Emilio González Martínez, conocido como el “Niño Verde” porque heredó esta franquicia desde muy joven de manos de su padre. Entre los mexicanos más informados la reputación de este personaje está por los suelos. Dado que es él quien manda en este partido, vale la pena recordar brevemente un par de momentos representativos de su trayectoria.

 

Hace unos años González fue detenido en un retén en la ciudad de México, donde dio a los agentes un nombre falso. Posteriormente se resistió al arresto con la ayuda de sus guardaespaldas, que terminaron advirtiendo a los policías “no saben con quién se meten. es el Niño Verde”, y finalmente logró, amparado por su fuero, evadir la sanción. Al salir el caso a la luz pública, el “Niño Verde” se vio obligado a pedir una disculpa y a pagar las horas de detención que su afrenta ameritaba. Peor aún, González también fue captado en vídeo negociando, a cambio de un soborno de 20 millones de pesos, la gestoría de un permiso de construcción para un hotel en Quintana Roo. Cuando el vídeo fue difundido, el dueño del PVEM aseguró que lo “chamaquearon” y que en realidad era él quien le estaba poniendo una trampa al corrupto empresario para luego denunciarlo.

 

Recapitulemos: el PVEM no es partido, no es verde y es propiedad privada de un dueño corrupto. Sin embargo, por si eso no fuera suficiente, más lastimosa aún es la lógica con la que opera. Durante los primeros años de su existencia el Partido Verde buscaba desesperadamente mantener el porcentaje mínimo de votación para preservar el registro que le garantizara poder obtener, año con año, una jugosa tajada del presupuesto. Pero pronto aprendió que el verdadero negocio estaba en otro lado. Actualmente el Verde ha diversificado sus fuentes de ingresos y se ha convertido una verdadera comercializadora político-electoral.

 

Por principio de cuentas, el PVEM vende su apoyo electoral al partido que más ofrezca por éste. Algunos analistas políticos especializados en temas electorales han señalado que el PRI no hubiera ganado la elección de 2012 sin el apoyo del Verde. En segundo lugar, en vez de servir como vehículo para representar a los mexicanos, el PVEM ha entendido los beneficios de vender los espacios plurinominales a los que tendrá acceso a los grandes capitales que puedan pagar por ellos. Ejemplo de lo anterior es la candidatura de Ninfa Salinas Pliego, hermana del dueño de TV Azteca e integrante de la denominada “telebancada”. El Verde se renta al mejor postor como una suerte de vientre subrogado en el que se incuban los intereses de los poderes fácticos.

 

Finalmente, el PVEM goza también de los beneficios de haberse convertido en un partido satélite del PRI. Producto de la pésima gestión del actual ejecutivo federal este último partido ha estado perdiendo preferencias electorales mientras que el Verde las ha ido ganando. Es por ello que para algunos estamos ante la conformación de una “marca alterna” del PRI (Sinembargo.mx, 25/03/2015) que cumple con la doble función de presentarse ante el electorado con una imagen más fresca y de recibir las multas del árbitro electoral.

 

Los mexicanos estamos hartos de nuestra partidocracia. Es entendible que busquemos opciones nuevas y que no queramos saber absolutamente nada de los partidos tradicionales. Sin embargo, por las razones expuestas anteriormente, lo peor que podemos hacer es otorgar nuestro voto a un partido altamente tóxico para nuestra democracia. En futuras entregas de esta columna serán analizadas otras posibilidades. En cuanto al Partido Verde, me sumo por este medio a la propuesta que han hecho Denise Dresser y otros académicos: no tiene razón de existir y su registro como partido político debería ser anulado.- Mérida, Yucatán.

 

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Partido tóxico para la democracia.pdf

Ya sabemos por qué no aplaudimos

Lo mismo que individuos, hubo épocas mitómanasMarc Bloch, historiador francés.


 

Enrique Peña Nieto esperaba que le aplaudieran al finalizar un discurso en el que anunció una serie de nuevas medidas para combatir la corrupción. El silencio que obtuvo de los integrantes de la prensa que le escucharon provocó su molestia. “Ya sé que no aplauden”, espetó el visiblemente incómodo mandatario a los periodistas.

 

Los puntos anunciados por Peña Nieto son una respuesta a la indignación social derivada, dentro y fuera de México, por las investigaciones periodísticas de Carmen Aristegui y de “The Wall Street Journal”, que dan cuenta de indicios de corrupción y de conflicto de interés del Presidente y del secretario de Hacienda. Ambos funcionarios han hecho operaciones personales para adquirir propiedades con empresas constructoras que, a su vez, han recibido miles de millones de pesos en contratos del gobierno del Estado de México, cuando Peña y Videgaray eran gobernador y secretario de Finanzas respectivamente, y del actual gobierno federal.

 

Las nueve reglas de transparencia que se anunciaron el pasado martes con bombo y platillos son, en su mayoría, meros pronunciamientos sin contenido. El nuevo secretario de la Función Pública, nombrado por Peña y a quien Peña le ha encomendado investigar si el propio Peña o Videgaray incurrieron en un conflicto de interés, es, en sí mismo, un conflicto de interés por partida doble al ser parte del grupo político de estos dos funcionarios públicos desde hace décadas y ser hijo del abogado que defiende al líder sindical de Pemex. Más relevante resulta la impotencia legal que caracteriza a su puesto; aún si quisiera investigar a sus compañeros, su nombramiento no cambiará un ápice las reglas de este juego. Finalmente, es el propio partido del Presidente el que ha bloqueado la propuesta de un verdadero Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que la real intención de las nuevas reglas debe ser puesta entre signos de interrogación.

 

Es evidente que no existe hasta el momento ni en el Presidente ni en su partido la más mínima intención de ir al fondo del problema de corrupción que carcome a México. El propio Peña ha dicho, una y otra vez, que acepta los hechos que se le imputan, pero que no considera que éstos constituyan ningún conflicto de interés. Tanto las medidas difundidas por Peña Nieto como su reacción ante la falta de aplausos de la prensa son una confirmación de la frase publicada en la revista “The Economist” sobre la incapacidad del presidente mexicano y de su equipo de darse cuenta de la naturaleza de sus actos y de la forma en que la sociedad los percibe: simplemente “no entienden que no entienden”.

 

En su excelente libro “Remolino” (Editorial Ink, 2014), Sergio Aguayo Quezada, investigador del Colegio de México, nos ofrece una importante luz para resolver el dilema de por qué nuestro presidente no entiende que no es mediante una comparación entre la cultura política existente en el Distrito Federal y la existente en el Estado de México. Mientras que el primero ocupa el cuarto lugar en el Índice de Desarrollo Democrático, el segundo se encuentra en el lugar 27. El doctor Aguayo define al Estado de México como “Una reliquia de la época dorada del autoritarismo mexicano”; un estado que no ha experimentado, desde hace más de 85 años, alternancia política -siempre ha sido gobernado por el PRI-, en el que no hay sociedad civil organizada que exija a sus gobernantes y en el que no existe el periodismo crítico. Es decir, el Estado de México es un estado en el que todos los medios publican, aplauden y celebran cualquier dicho o hecho del gobernador en turno.

 

El Presidente hizo toda su carrera en esta “reliquia”, por lo que él mismo es producto y causa de un contexto profundamente opaco y antidemocrático. Dado que Peña Nieto no conoce otro escenario, se entiende que no puede entender la falta de aplausos de la prensa o que la mayoría de los mexicanos desapruebe su gestión o perciba conflictos de intereses en donde otros probablemente sólo ven “gajes del oficio” de la política. Desgraciadamente, buena parte de la clase política mexicana, sin distinción de partidos, simplemente no puede empezar a entender la posibilidad de principios éticos fundamentales como la honestidad o la decencia.

 

El problema de la corrupción no es cultural, como argumentara el propio Presidente, sino sistémico. Concuerdo con quienes sostienen que la corrupción no es una variable residual de nuestro sistema político sino el pegamento que lo mantiene unido. Es bien sabido que en  todo el país existen funcionarios que se han hecho de casas, terrenos y fortunas al calor de su relación -o de sus familias- con empresas proveedoras del gobierno o por algún otro tipo de conflictos de interés. Sin embargo, por el momento sus propios partidos los esconden y cobijan, por lo que los ciudadanos no contamos con la posibilidad real de vigilarlos o de castigarlos legalmente.

 

Las resistencias son, en efecto, muy poderosas. Un botón de muestra es la declaración de Lorenzo Servitje, fundador de Bimbo, quien ante la bajísima popularidad del presidente, aseguró: “Peña Nieto está en su peor momento”, por lo que es necesario que “cerremos filas al servicio de México, pero apoyando a nuestro presidente” (Sinembargo.mx, 27/02/2015) . La declaración es desafortunada, pues apuesta explícitamente por conservar a favor de unos pocos lo actualmente existente a cualquier precio. Fue el entorno social crítico y adverso que preocupa a este empresario lo que obligó a Enrique Peña Nieto a salir al paso con algún tipo de respuesta ante la sociedad.

La clase política mexicana, es importante subrayarlo, es el dique roto que permite el flujo de un sistema diseñado para saquear, cuyas élites, políticas y económicas, pretenden mantener el estado actual de cosas y perpetuar la funesta división entre explotadores y explotados que caracteriza a nuestro país. Por lo tanto, en lugar de cerrar filas en apoyo al Presidente y cobijarlo con nuestros aplausos, como hace el sistema político mexiquense con sus gobernadores, los mexicanos deberíamos de hacer realidad nuestro proyecto democrático y aprovechar esta coyuntura.

 

En las próximas semanas tendremos la inmejorable oportunidad de transformar el malestar social presente en la presión suficiente para que nuestros legisladores se vean obligados a aprobar la creación de un verdadero Sistema Nacional Anticorrupción que termine, de una buena vez, con la posibilidad de que nuestros gobernantes continúen disponiendo de lo público para fines privados y rasgándose las vestiduras cuando en vez de aplaudirles se los reclamamos.- Mérida, Yucatán.

 

asalgadoborge@gmail.com

 

@asalgadoborge

 

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*) Maestro en Estudios Humanísticos con especialidad en Ética (ITESM). Profesor y director en la Universidad Marista de Mérida

 

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Canto boliviano, lamento mexicano

El provenir es la única especie de propiedad que los amos conceden de buena gana a los esclavosAlbert Camus, filósofo francés


A Enrique Peña Nieto el sonido de las campanas navideñas debe resultarle tan hermoso como el tintineo que escucha el boxeador que termina su segundo round contra las cuerdas.

 

2014 concluye con un malestar social sin precedentes. Las más recientes encuestas indican que tanto la presidencia como los principales actores del sistema político han perdido legitimidad. La confianza de los mexicanos en sus instituciones se encuentra en un punto crítico. Dentro de esta cascada de desprestigio, el presidente ha sido el político cuya imagen ha resultado, con justa razón, más deteriorada. Del ejecutivo se percibe corrupción, insensibilidad o incapacidad. En un acto por demás simbólico, muchos mexicanos comprarán y romperán esta navidad una “peñata”; que no es otra cosa que una piñata con la forma del presidente Peña Nieto.

 

A estas alturas tenemos, por un lado, un país que se cae en pedazos entre protestas y levantamientos y, por el otro, una pérdida total de confianza de los ciudadanos en el presidente, en los partidos políticos, en los legisladores o en la policía. A pesar de ello, la mayor parte de nuestra clase política ha reaccionado limitándose a apostar por sus usuales estrategias de negación o de divergencia. Claramente, quienes hoy usufructúan con nuestro sistema piensan que es posible “aguantar” esta tempestad y que las aguas regresarán, como suelen hacerlo con el tiempo, a su cauce. Pero en esta ocasión, se equivocan.

 

Alguna vez leí –soy incapaz de recordar la fuente- que la democracia no consiste en convencer a los adversarios de pensar igual, sino de convencerlos a actuar en el mismo sentido aunque los intereses que les muevan sean distintos. Lo primero que habría que hacer, si pretendemos salir de nuestro actual marasmo, es redefinir el problema mexicano de forma tal que a todos los implicados se les vuelva clara la urgencia de su solución. Me parece posible, en este sentido, conceptualizar a la corrupción, la violencia, la pobreza y a muchos de los factores que han puesto la viabilidad de este país en jaque como ramificaciones de una aberración cuya definición pasa, como toda definición lo hace, por la delimitación de sus causas.

 

Desde la conquista nuestro país no ha logrado deshacerse de una concepción errónea del progreso, misma que es inmejorablemente explicada por el filósofo español Reyes Mate: “el problema es saber si hacemos del progreso el objetivo de la humanidad, o de la humanidad el objetivo del progreso”. Los mexicanos nos hemos regido por la primera de estas opciones, y el ángel de nuestra historia –como dijera Walter Benjamin- contempla las ruinas de la opresión y del sufrimiento del pasado mientras es impulsado por el huracán del supuesto progreso.

 

El progreso ha adquirido diferentes formas a lo largo de la historia. Éste se trata hoy de competir, de exportar y de crecer como lo hace el primer mundo. Evidentemente, no hay nada de ilegítimo en estas metas, pero la situación luce distinta cuando, para alcanzarlas, se reduce a la mayoría de la población a la categoría de combustible; de instrumento desechable al cual se le puede explotar, mal pagar, silenciar o despojar en nombre del bienestar material que acerca estéticamente el entorno de un reducido número de mexicanos a cierta imagen de civilización. Siguiendo la misma lógica hacia afuera, nuestro país se ha convertido en instrumento de grandes capitales o naciones extranjeras. El salvajismo con que este modelo ha consumido a millones de mexicanos es tal que se ha vuelto insostenible.

 

Contrario a lo que puede parecer, una auténtica redefinición estructural no es ni irracional ni inalcanzable. Un experimento interesante es el actual gobierno de Evo Morales en Bolivia. A pesar de su pequeño tamaño y de lo limitado de su infraestructura, Bolivia es un ejemplo que parece demostrar, con éxito, que es posible concebir al ser humano como centro del progreso y no como combustible del mismo.

 

El resultado está a la vista: esta nación sudamericana es una de los pocos países del mundo donde, en los últimos años, la desigualdad se ha reducido en lugar de ampliarse. La pobreza se ha reducido en 43% y la pobreza extrema en 25%, el salario real ha aumentado en 87.7% y el crecimiento económico ha sido sostenido. A pesar de que la mayoría de las utilidades de los bancos y de las empresas petroleras privadas son para el gobierno, Bolivia ha logrado retener y atraer grandes inversiones sin perder soberanía y ha recuperando bienes públicos que estaban en manos de particulares. Como consecuencia de todo lo anterior, la luna de miel entre el pueblo boliviano y su clase política –encabezada por Morales- se mantiene.

 

Lo que los mexicanos necesitamos no es consumir más eficientemente nuestro “combustible”, sino transitar a un modelo de país en el que los seres humanos sean el objetivo principal del progreso. Soy consciente de que una visión de esta especie difícilmente vendrá, en estado puro, de la mayoría de nuestra clase política. Es por ello que lo que se debe señalar a quienes carecen de coraje moral es que el combustible se ha desbordado, y que estamos en un escenario límite en el que cualquier fricción con el pueblo podría terminar de incendiar a todo el país.

 

Mientras que Bolivia mira hacia 2015 con fundado optimismo cantando al mundo el sueño boliviano, México se encuentra al borde del colapso entonando al unísono un cada vez más estruendoso lamento mexicano. En este contexto, y dado el papel que la ciudadanía atribuye a las instituciones en este desastre, nuestra clase política se jugará el próximo año su supervivencia.

 

asalgadoborge@gmail.com

 

@asalgadoborge

 

*Maestro en Estudios Humanísticos con especialidad en Ética (ITESM). Profesor y director en la Universidad Marista de Mérida.

 

Publicado originalmente en: http://yucatan.com.mx/editoriales/opinion/canto-boliviano-lamento-mexicano

Canto boliviano, lamento mexicano

El auténtico “mexican moment”

En el México de hoy lo mínimo que se puede pedir a la democracia es que aspire a lo máximoLorenzo Meyer, historiador mexicano.


 

Del dolor de la tragedia podría erigirse un auténtico “mexican moment”. No es ni de lejos el que nuestras autoridades tenían en mente, pero es justo el que necesitamos.

 

La desaparición de 43 estudiantes normalistas a manos de policías en Guerrero, y la incapacidad o falta de voluntad de las autoridades de todos los niveles para dar con su paradero, han despertado en la sociedad mexicana una indignación sin precedentes. En un buen número de ciudades alrededor del mundo, lo mismo mexicanos que extranjeros han manifestado unánime y enérgicamente su repudio ante lo sucedido. La exigencia es una y no puede ser otra: justicia.

 

Encontrar a los 43 estudiantes y castigar a los culpables de su desaparición es, claramente, la escala más inmediata en la búsqueda de justicia y constituyen, con razón, las demandas más explícitas de los indignados. En este sentido, la justicia se produciría hasta que aparezcan los jóvenes normalistas y sean castigados todos y cada uno de los culpables -ya sea por acción o por inacción- de su desaparición. En esta lista tendrían que estar incluidas, desde luego, autoridades de los tres órdenes de gobierno.

 

Sin embargo, me parece que constituiría un grave error desaprovechar el momentum presente y limitar la exigencia de justicia a la solución de un caso particular, por indignante que este sea. Limitarla a este hecho específico equivaldría a convertir a la justicia en un concepto que el filósofo alemán Herbert Marcuse calificaría como “operacional terapéutico”. Marcuse considera que este tipo de conceptos “se vuelven falsos en la medida en que aíslan y dispersan los hechos, los estabilizan dentro de la totalidad represiva y aceptan los términos de esta totalidad como términos de análisis”.

 

Un análisis de este tipo es funcional, ya que se encierra en sí mismo y deja de lado la posibilidad de crítica real que implica trascender las fronteras del propio sistema. Para ilustrar como lo particular puede abolir a lo general, Marcuse utiliza el ejemplo de un trabajador de una compañía al que su salario no le alcanza para cubrir los gastos de la enfermedad de su mujer. Limitar el análisis de esta injusticia a las condiciones particulares de este trabajador o de la empresa en que trabaja, y pugnar por una mejora salarial para este individuo en específico como solución al problema, quita poder a la injusticia general producto de los procesos y condiciones en los que descansan los hechos injustos de una sociedad.

 

De manera análoga, limitar la demanda de justicia por lo acontecido en Guerrero a la aparición de los estudiantes o a el encarcelamiento de los culpables, es indispensable y necesario; pero resulta, en sí mismo, insuficiente. Peor aún, siguiendo a Marcuse, podría incluso resultar un ejercicio “terapéutico” que legitime el orden existente y que permita la preservación de las condiciones estructurales que han permitido la injusticia en primer lugar.

 

Las desapariciones de Iguala son tan sólo la grosera manifestación específica de una injusticia general cuyos componentes no son, en absoluto, exclusivos de Guerrero. Tanto los estudiantes normalistas como los criminales que los desaparecieron son grupos conformados por seres humanos marginados o reprimidos históricamente por el estado mexicano. La diferencia entre los unos y los otros es la naturaleza de su reacción ante la falta de oportunidades y ante el castigo de la sociedad en que tuvieron la desventura de nacer.

 

Lejos de constituir un caso aislado, tragedias como la ocurrida en Guerrero han ocurrido y seguirán ocurriendo en México hasta que no se cambie el orden de cosas en que éstas se gestan. Nuestro fallido modelo económico; nuestro sistema político basado en la corrupción, poco incluyente y poco representativo; la nula voluntad de nuestras autoridades para construir una base que permita nivelar las oportunidades de los desamparados; la violencia desencadenada por la “guerra” contra las drogas sin razón y sin sentido, empezada por Felipe Calderón -y continuada por Enrique Peña Nieto- y la represión perpetua e impune a auténticos líderes sociales son tan sólo algunos de los elementos sistémicos que han podrido nuestro tejido social y que han convertido a buena parte del país en un auténtico cagadal.

 

Si bien es cierto que las “renuncias” del gobernador de Guerrero y de un alto funcionario de la secretaría de gobernación constituyen grandes logros de la estruendosa demanda ciudadana, no debemos perder de vista que con estos movimientos el gobierno federal ha pretendido abrir una pequeña válvula para liberar un poco de presión y evitar que continúe incrementándose el malestar popular. Hacer justicia para los normalistas desaparecidos implica, por tanto, no aceptar como suficientes los “sacrificios” o las soluciones particulares y mantener el ímpetu presente hasta que se cambie de fondo la estructura represiva de nuestro sistema.

 

Todo parece indicar que nuestros sistemas económico y político han llevado su represión más allá de los límites que habían garantizado, hasta hace unos días, su perpetuación. Dadas las masivas manifestaciones de solidaridad, físicas y virtuales, de miles de mexicanos, y dada la poca importancia que los indignados han dado hasta el momento a los argumentos y cesiones gubernamentales, es probable que nos encontremos ante la oportunidad histórica de generar las condiciones que permitan que se derrumbe la base misma de la injusticia y de la opresión; de que la justicia sea completa para los estudiantes de Ayotzinapa y para los millones de mexicanos marginados por sus gobiernos y olvidados por el resto de su sociedad.

 

Ese sí que sería un auténtico “mexican moment”.

 

 

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*Maestro en Estudios Humanísticos con especialidad en Ética (ITESM). Profesor y director en la Universidad Marista de Mérida.

 

Publicado originalente en: http://yucatan.com.mx/editoriales/opinion/el-autentico-mexican-moment

El auténtico "mexican moment"