La verdadera y trágica historia del robo de líquido de rodillas

Publicado en Sinembargo.mx, 08/05/2020

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En México hay quienes creen que la COVID-19 es un invento maquinado por algunos médicos para atraer personas a hospitales y sacarles el líquido de sus rodillas. Cuenta la historia que el líquido sinovial es un bien codiciado en todo el mundo, tan o más valioso que el oro. Por ende, médicos, científicos y -obviamente- hasta funcionarios gubernamentales habrían confabulado para extraer este preciado líquido de aquellos ingenuos que acepten ser internados en hospitales.

Esta teoría es tan absurda como increíble. Justamente por ello puede resultar graciosa y ha sido objeto de todo tipo de burlas y memes -mi favorito muestra a los conquistadores quemando los pies a Cuauhtémoc mientras le anuncian que necesitan el líquido de sus rodillas-. Por ponerlo en las palabras de un popular comentarista, “lo del líquido de las rodillas ha sido de lo más pendejo/divertido/inverosímil que ha sucedido en esta cuarentena. Excelente servicio”.[1]

Sin embargo, por ridícula que pueda parecer, esta historia implica un componente serio que amerita ser reconocido. Y es que su tono pasa de la comedia a la tragedia cuando se considera el contexto del que forma parte y los efectos este contexto está generando.

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Silencios escandalosos

Diario de Yucatán, 10-05-2020

Los términos “silencio” y “ruido” son contradictorios. Sin embargo, la experiencia subjetiva del silencio suele tener manifestaciones sonoras. El silencio tiene un sonido. Esto ocurre porque el cerebro genera una cacofonía de tintineos, zumbidos, timbradas y otros ruidos para llenar la ausencia de estímulos auditivos. Y cuando esto ocurre, el silencio puede resultar tremendamente ruidoso.

En la vida pública también hay ausencias de sonido que pueden resultar escandalosas. Una de estas ausencias comenzó a sentirse la semana pasada, cuando el gobierno de Yucatán dio a conocer la lista de empresas beneficiadas por los llamados “créditos para sectores estratégicos”. La lista incluye al menos ocho razones sociales con vínculos con integrantes presentes o pasados de gobiernos de Mauricio Vila. No se ha aclarado cuánto corresponderá a cada empresa, ni el rol del gobierno en el proceso. Vale la pena revisar los principales silencios sonoros que de este proceso se han derivado.

El gobierno

El principal silencio es, desde luego, el del gobierno del estado. Hay dos preguntas principales que el gobierno tendría que responder inmediatamente.

(1) ¿Qué papel jugó exactamente el gobierno en la selección de las razones sociales que aparecen en la lista de créditos?

Cuando el gobierno publicó la convocatoria original para acceder a los créditos, lo hizo anunciando que contaba con una “Línea de crédito para empresas de sectores estratégicos”, cuya instancia ejecutora sería la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo (Sefoet). No se hizo referencia a la participación de Nafinsa o de la banca comercial. Fue sólo después de que el Diario de Yucatán diera a conocer los vínculos entre algunas empresas y la actual administración que el gobierno decidió mencionar estos elementos y se presentó como un “facilitador”.

Para ejemplificar lo que esto implica, vale la pena recurrir a las categorías pazianas de simulador y disimulador. Simulador es aquel que pretende ser algo que no es mostrándose vocal y extrovertido. Disimulador es aquel que pretende fundirse con el paisaje para no ser visto, para pasar inadvertido. En ambos casos, simulación y disimulación nos impiden conocer a la persona y sus intenciones.

Si el rol del “facilitador” del gobierno consistió en ser un mero “llevapapeles” —un diligenciero entre empresas y bancos—, entonces su participación real en todo este proceso es nula: es decir, su convocatoria original se trató de una gran simulación. Pero si jugó un rol más activo, cualquiera que éste haya sido, y por acción u omisión incidió en la conformación de la lista, entonces traer al frente a Nafinsa y bancos comerciales es un recurso de gobierno para disimular su verdadero papel en este proceso. Y, dados los nombres de empresas que aparecen en la lista, esto es profundamente problemático.

Probablemente este dilema deje sin salida satisfactoria al gobierno de Mauricio Vila. Pero es evidente que las personas que habitan Yucatán merecen conocer con lujo de detalle su participación en este proceso, incluyendo quién y con qué criterios elaboró la lista.

(2) ¿Cuánto dinero se asignó a cada una de las empresas que aparecen en esta lista?

Este asunto cobra especial relevancia cuando se considera que las ocho empresas cercanas al gobierno del estado podrían haber acaparado 10% de los recursos disponibles. También se debe aclarar exactamente qué criterios se emplearon en esta parte del proceso. Si la decisión no fue arbitraria, estos criterios deben existir. Y si existen, deben ser publicados.

La publicación de estos datos es un asunto de la más básica transparencia y decencia. Dado que los recursos son limitados, es fácil ver que este acaparamiento representaría dinero que no fue a parar a otras empresas que pudieron haberlo necesitado. ¿Para cuántas pequeñas y medianas empresas yucatecas estos recursos hubieran representado la diferencia entre sobrevivir y la quiebra?

En este sentido, el gobierno también tendría que reconocer que fue una omisión importante o una acción dolosa de algunos funcionarios no establecer candados para que empresas de los mismos propietarios o cercanas a la administración de Mauricio Vila acaparasen tantos recursos. Este reconocimiento es importante, sobre todo en tiempos donde el gobierno busca que se le autoricen nuevos endeudamientos.

Para el gobierno se ha vuelto indispensable responder con claridad y documentos a estas dos preguntas. El gobierno tendría que notar que su falta de respuesta envía la señal de que hay algo que no puede ser publicado. Si hay algo más escandaloso que reconocer errores u omisiones, esto no reconocerlos cuando son obvios y pretender que nadie se ha dado cuenta. El gobierno puede y debe terminar con el ruido de su silencio.

La sociedad

En una verdadera democracia, un caso con las características que aquí se han mencionado tendría que haber generado una exigencia frontal de organizaciones de la sociedad civil y de la prensa local. Pero esto no ha ocurrido.

(3) ¿Cómo justifican su silencio las cámaras empresariales y los medios que hasta ahora no han demandado transparencia total al gobierno del estado en este asunto?

Llama la atención, en primer lugar, el silencio de cámaras empresariales; incluso de aquellas que condenaron los actos impresentables del gobierno de Ivonne Ortega o que, a posteriori, pidieron aclarar la red de empresas fantasma tejidas durante el gobierno de Rolando Zapata.

El silencio de la prensa también es notable. Algunos medios locales ni siquiera han dedicado una nota a este asunto, y otros se dedican a reproducir los boletines del gobierno. Algunos periodistas conocidos localmente tocan tímidamente el tema o, de plano, reproducen en redes sociales las publicaciones de los aliados del gobierno. Su silencio es un ruido que ensordece y entristece.

Cámaras empresariales y medios tendrían que recordar que ser congruente y pedir transparencia no equivale a ser enemigo del gobierno, y que criticarlo no significa pensar que este es peor que sus antecesores. En este espacio he criticado y seguiré criticando al gobierno de Mauricio Vila por lo que considero son errores u omisiones.

Sin embargo, con base en el perfil de sus integrantes, me parece que el actual gobierno cuenta con elementos para ser mucho mejor que el de Ivonne Ortega y mejor que el de Rolando Zapata. Es cierto que la vara es baja, pero es importante poner a los gobiernos en perspectiva.

Menciono lo anterior porque no hay excusa presentable para que cámaras y medios justifiquen no haber abordado un asunto de interés público y que probablemente en unos años, a toro pasado, criticarán frontalmente. El capital social positivo es indispensable para cualquier democracia, y su papel no es aplaudir sino cuestionar buscando la mejora. En este caso, el silencio de cámaras y medios genera ruido sobre su vocación y naturaleza.

Los partidos

Ningún partido político local ha sido vocal o a demandado con firmeza las explicaciones que la sociedad merece. La pregunta obligada es:

(4) ¿Por qué han guardado silencio los principales partidos políticos locales?

En teoría los dos principales partidos de oposición en Yucatán son el PRI y Morena. Pero ambos se han quedado mudos frente a este tema. Las alianzas entre el PRI y el PAN locales son de sobra conocidas, pero en estos días el PRI en el Congreso ha intentado proyectar la imagen de independencia. El discurso priista no se sostiene ni un segundo ante su omisión de crítica sobre la lista aquí mencionada.

En el caso de Morena, en general su labor legislativa ha sido vergonzosa. El superdelegado Díaz Mena tampoco suele confrontar al gobierno del estado. Su silencio en el caso de las empresas que han obtenido créditos estratégicos solo confirma su tendencia de oportunidad desperdiciada. Finalmente, el PAN, el mismo partido que tanto critica la sumisión de Morena al presidente y la de sus legisladores en el Congreso federal tampoco ha abierto la boca para cuestionar al gobierno del estado. Incluso panistas que se presentan como independientes y críticos guardan hoy silencio ante lo ocurrido.

El silencio de los partidos políticos locales es ensordecedor, y lleva a pensar que, con todo y la alternancia de gobiernos, Yucatán sigue y seguirá siendo un estado predemocrático.— Edimburgo, Reino Unido.

Prestando en lo oscuro

Diario de Yucatán, 03/05/2020

PrestandoenloObscuro

 

Más de cien razones sociales se beneficiarán de una línea de crédito promovida por el gobierno del estado. El motivo: apoyar a empresas de los “sectores estratégicos” en la fase actual de la pandemia.

La lista de empresas seleccionadas revela aspectos positivos y negativos de la forma en que el gobierno de Mauricio Vila ha manejado esta etapa del proceso. Y podría arrojar luz sobre las etapas que vienen.

Lo positivo

(1) El primer aspecto positivo es la existencia misma de una bolsa de créditos para empresas. Este hecho constituye un reconocimiento de la importancia que las empresas tienen en una economía, del impacto que su cierre representa para quienes en ellas laboran y de la fragilidad de los negocios pequeños que no cuentan con recursos para sostenerse durante la pandemia.

Que el gobierno de Mauricio Vila haya considerado relevante diseñar un plan para apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas locales es, de entrada, un hecho positivo. Diversos beneficios o estímulos para que compañías, particularmente las pequeñas y medianas, tengan mayor liquidez han sido establecidos en distintas partes del mundo, como Alemania (KPMG, 2020) o Canadá (www.Canada.ca, 2020).

Además, los créditos otorgados no son insignificantes. Cada razón social que logró acceder recibió entre 500 mil y 5 millones de pesos. Es decir, se trata de préstamos que realmente pueden tener un impacto y hacer la diferencia en las empresas que los han obtenido.

Este enfoque del gobierno local también debe ser colocado en su contexto nacional. En este sentido, lo hecho en Yucatán en este sentido contrasta notablemente con la estrategia empleada por el gobierno federal. Y es que todo parece indicar que el gobierno de AMLO no ha logrado dimensionar la fragilidad de las micro y pequeñas empresas ni distinguirlas de aquellas que han sido rescatadas por gobiernos anteriores.

Alguien podría objetar que los resultados de ambos esfuerzos están por verse; es decir, que es demasiado pronto para saber cuál será más exitoso en los hechos. Me parece que esta objeción es digna de tomarse en cuenta. Sin duda llegará el momento de evaluar los resultados de ambos gobiernos. Sin embargo, en lo que se refiere a empresas, por ahora la estrategia del gobierno local luce más comprehensiva.

(2) El segundo aspecto positivo a mencionar es el hecho de la publicación del listado de empresas que recibirán los préstamos. Dar a conocer quiénes son las personas que han resultado beneficiadas como resultado de un proceso controlado por el gobierno del estado es un asunto de la más elemental transparencia. Al igual que como ha ocurrido con los apoyos individuales, esta publicidad ha permitido señalar casos que llaman la atención inmediatamente.

A este punto se debe responder, con razón, que el gobierno está obligado a ser transparente. Esto es, que la transparencia no es un favor que se hace a la ciudadanía, sino una responsabilidad elemental de cualquier gobierno elegido democráticamente. A esta objeción no le movería ni una coma Sin embargo, me parece que es importante reconocer que el gobierno del estado pudo haber intentado entorpecer el acceso a estos datos.

Otra forma de responder a este punto es notando que, aunque la lista publicada incluye a las de razones sociales que recibirán créditos, ésta no incluye el monto que recibirá cada una de éstas. Hay una diferencia abismal entre obtener un préstamo de 500 mil y uno de 5 millones de pesos. Esta es, sin duda, una importante mancha para la que no hay respuesta.

Lo negativo

(1) El primer elemento negativo a señalar tiene que ver con dos casos que llaman la atención en la lista. Y es que en ella figuran casos de 5 y 3 razones relacionadas con sucursales de la misma cadena. Este no es un problema menor. Si la bolsa de 460 millones se dividiera proporcionalmente entre todas las razones sociales que conforman la lista, a cada razón social le correspondería alrededor de 4 millones de pesos, sin importar si están vinculadas o pertenecen a la misma cadena. Una operación de multiplicación es suficiente para notar lo que ello implica: 20 para el conjunto de cinco razones sociales  y 12 millones para el de tres.

A ello se podría objetar que este fenómeno no es necesariamente negativo, pues cada razón social genera empleos o realiza actividades independientes. Además, dado que se trata de préstamos, finalmente el dinero regresará será devuelto. Sin embargo, a esta objeción se debe responder que, aunque este puede ser el caso, cada razón social seleccionada está ocupando un lugar que pudo en principio ser tomado por empresas que se quedaron sin acceder a estos beneficios.

Vale la pena subrayar que este fenómeno no es ilegal y no se encuentran restringidos desde la convocatoria del gobierno estatal para aplicar a los créditos. Es evidente que un candado de esta naturaleza hubiera tenido que existir desde un principio; pero en caso de no haber impedimento técnico, la asignación a varias razones sociales vinculadas sería plenamente legal. Por ende, cada empresa o razón social estaba facultada para aplicar de esta forma.

La omisión del candado, o la acción de no incluirlo, son responsabilidad del gobierno y no de las empresas.Es una posibilidad real que cada una de las razones sociales que aplicó genuinamente haya requerido del préstamo. Correspondía al gobierno evitar una situación en la que alrededor de una décima parte de los recursos disponibles fueran recibidos por dos grupos de razones sociales.

(2) La lista incluye a empresas de giros que difícilmente pueden ser considerados “estratégicos” —como una cervecería— y a empresas con estrechos vínculos con el actual gobierno: cinco razones sociales relacionadas por vía familiar con una integrante del gabinete de Mauricio Vila y tres razones sociales relacionadas con la exsecretaria de Turismo de un gobierno panista, exdirectora en el gobierno municipal de Mauricio Vila, excandidata por ese mismo partido e integrante del equipo de transición del gobernador: Carolina Cárdenas.

Alguna persona cercana al actual gobierno podría objetar que serán instituciones bancarias y no no es el gobierno quienes darán directamente los préstamos y que, por ende, no los casos anteriores no son problemáticos.  Esta objeción, sin embargo, evadiría el asunto fundamental: lo importante aquí no es qué banco prestará el dinero, sino quién seleccionó a las razones sociales que aparecen en la lista dada a conocer por el gobierno del estado. Cada préstamo otorgado a una razón social x es un préstamo negado a otra razón social y.

Es evidente que bien podría ser el caso de que no hubiera nada ilícito dar crédito a empresas en estas condiciones y también que estas compañías hubieran genuinamente necesitado los recursos. El problema aquí es que todo parece indicar que los candados adecuados no estuvieron en su sitio. Por ejemplo, la definición de “estratégico” en la convocatoria es ambigua.Tampoco parece haber restricciones para la participación de figuras tan estrechamente vinculadas con el PAN o personas en el gobierno. Es decir, alguien podría alegar que en realidad ninguna ley ha sido violada.

Sin embargo, es importante reconocer aquí que el hecho de que algo sea legal no lo hace automáticamente moral o correcto. Por ejemplo, en México existen muchas lagunas u omisiones que permiten que acciones que están radicalmente prohibidas en otras partes del mundo —como el tráfico de influencias— se produzcan sin mayor consecuencia. Recordemos que así surgió legalmente la “casa blanca” supuestamente recibida por la esposa de Enrique Peña Nieto de una constructora a la que no directamente Peña, sino un funcionario de su gobierno asignó contratos. También es posible que una dinámica de esta naturaleza tenga que ver con la asignación de contratos del gobierno de AMLO al hijo de Manuel Bartlett, titular de la CFE.

Lo que me interesa subrayar aquí no es que toda la lista sea problemática o que algún conflicto de interés sea demostrable, sino que correspondía al gobierno del estado establecer candados , evitar la mancha de la posibilidad de este tipo de conflictos y no generar sombras morales.

(3) Finalmente, los notables desaseos mencionados arriba se producen justo cuando el gobierno de Mauricio Vila busca contratar una nueva deuda multimillonaria para reactivar la economía una vez que se levanten las restricciones impuestas por la pandemia.

Después de lo ocurrido con la lista de créditos a empresas aquí mencionada, una opción es que el Congreso bloquee la posibilidad de que el gobierno se endeude. La otra es que tome el antecedente de esta lista, así como la de otros apoyos entregados, como referente de todo aquello que debe regularse y vigilarse en caso de que este préstamo sea aprobado.

Los candados y reglas deben ser públicos, contundentes y bien establecidos antes de aprobar el endeudamiento. Y, por los motivos aquí expuestos, estos candados tienen que elevarse por encima de lo legal y abarcar los aspectos morales que hasta ahora han sido desestimados.

Conclusión

El gobierno de Yucatán ha sido proactivo en su intento de apoyar a las empresas del estado durante la cuarentena, y lo ha hecho con algún grado de transparencia. Estas acciones demuestran que el gobierno de Mauricio Vila entiende la fragilidad e importancia de algunas empresas.

Sin embargo, la lista de créditos que ha otorgado a empresas es problemática y desaseada. Su falta de candados legales y su permisividad moral ensombrece esta iniciativa y genera importantes interrogantes. Y obliga a cuestionar la pertinencia de autorizar más endeudamiento para más proyectos de este tipo.

Excurso

El maestro Enrique Martín Briceño ha sido nombrado director de la Filey por la Uady. Se trata de un nombramiento apropiado y merecido. Sin duda, la Filey crecerá y se enriquecerá bajo su dirección.— Edimburgo, Reino Unido.

AMLO, la caricatura

Publicado en SinEmbargo, 24-04-2020

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No hay persona en México que no conozca a la caricatura. Para el Gobierno de AMLO fue, durante algún tiempo, una herramienta invaluable. Pero recientemente se ha convertido en una de las piedras más pesadas atadas al Presidente.

La caricatura consiste en ese personaje con el que el AMLO se ha autoidentificado; un personaje que le ha permitido construir una conexión extraordinaria -aquí de amor, allí de odio- con millones personas. No es necesario romperse mucho la cabeza para identificar su naturaleza. La caricatura incluye secuencias bien conocidas, como la repetición esperable de una colección de dichos, la constante simplificación de asuntos complejos, una peculiar cadencia, y un gran acervo de “punchlines” tan polémicas como ingeniosas.

En alguna medida, todos estamos familiarizados con la caricatura. Sin embargo, no todos reaccionamos igual ante ella. Hay al menos tres formas distintas de procesarla que vale la pena poner sobre la mesa.

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Vila ante la pandemia

Diario de Yucatán, 26-04-2020.

El gobierno de Yucatán ha establecido medidas claras para atender los efectos del Covid-19 en nuestro estado. Este artículo estará dedicado a analizar lo positivo y lo negativo de estas medidas, poniéndolas en contexto y comparándolas con lo que se ha hecho en otros lugares.

Lo positivo

Al gobierno de Mauricio Vila hay que reconocerle que desde el primer minuto ha aceptado la amenaza que el Covid-19 representa. Esto es positivo en dos sentidos.

(1) El gobierno del estado no ha titubeado en público y su mensaje ha sido claro: este coronavirus es peligroso y las evidencias científicas indican que es preciso aplicar cuarentenas para contener su avance. Además, el discurso del gobernador, sobrio e institucional, ha mandado el mensaje de que tenemos un gobierno que se está haciendo responsable de atender la emergencia.

Alguien podría objetar que lo anterior no tiene efectos concretos; que lo verdaderamente relevante son las políticas que el gobierno aplique y su efectividad. A ello se puede responder que el reconocimiento de la seriedad del problema, y la respuesta seria ante esta seriedad, son condiciones necesarias, aunque no suficientes, para que se apliquen las medidas más eficientes.

Además, aunque la seriedad y la institucionalidad tendrían que ser la norma, esto claramente no ha sido el caso en algunos lugares. Si algo se le puede criticar al gobierno de Vila en este sentido es que Yucatán es uno de los estados más opacos al informar sobre la evolución de casos de Covid-19 en el ámbito municipal (“El Universal”, 15/04/2020).

(2) En otro sentido, el reconocimiento serio de la amenaza que el Covid-19 representa es positivo porque ello ha permitido planear acciones como la habilitación de espacios, las compras de equipo o los apoyos económicos.

Pongo entre paréntesis la evaluación del resultado de estas previsiones. Lo único que me interesa señalar aquí es que el gobierno de Mauricio Vila ha sido proactivo y ha intentado contener los estragos de la pandemia.

Dos lugares donde la seriedad y la previsión no han sido el caso ayudan a entender su importancia. En Estados Unidos, Donald Trump, llevando la contra a toda la evidencia científica y a las opiniones de expertos, primero llamó al virus una “farsa” e insinuó que era parte de una teoría de conspiración, luego dijo que era real pero que ya quería abrir la economía y apenas hace unos días sugirió que inyectarse desinfectantes caseros —de los que se venden en supermercados— podría ser una forma de curarse (“The New York Times”, 24/04/2020).

En Brasil, la respuesta de Jair Bolsonaro ha sido aún peor. Este presidente dijo que sus compatriotas eran “inmunes al virus” y ha insistido en que la gente debe volver al trabajo como si nada estuviera pasando. Esto ha generado caos, confusión y respuestas desarticuladas de la sociedad para hacer frente a la crisis (“The Guardian”, 01/04/2020).

En ambos casos, Estados Unidos y Brasil, presidentes populistas, de derecha y anti-ciencia han hecho lo posible por convencer a la gente de que no pasa nada. El discurso que sale de sus gobiernos deja un vacío enorme. Y, desde luego, justifica su inacción o su indiferencia. Esto se ha traducido en una total falta de dirección institucional y en la ausencia de medidas escalonadas y bien pensadas para cada fase del problema.

El resultado está a la vista: Estados Unidos y Brasil son naciones desbordadas por el Covid-19.

En este contexto, que el gobierno de Yucatán haya reconocido la gravedad del problema desde un inicio y que haya actuado institucionalmente es digno de subrayarse. Y, me parece, esto le ha valido, con justicia, comentarios positivos al gobierno del estado.

Lo negativo

Al gobierno del estado debe criticársele enérgicamente el enfoque autoritario de algunas de las medidas que ha establecido. Me refiero particularmente a medidas coercitivas, como amenazar con arrestar a la gente, limitar el libre tránsito o prohibir que más de una persona viaje en cada automóvil. Este tipo de determinaciones no sólo no son inocuas, sino que resultan profundamente problemáticas en al menos dos sentidos.

(1) En primer lugar, porque se trata de medidas francamente antidemocráticas, ilegales y arbitrarias. En palabras de Carlos Luis Escoffié Duarte, director del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y articulista de Animal Político, “el gobierno de Yucatán anuncia sanciones ‘establecidas en la ley’ para quien no use cubrebocas (sin aclarar qué ley) y más restricciones a la movilidad. Constitucionalmente, no está facultado para hacerlo. Menos cuando no hay suspensión de derechos conforme al artículo 29 constitucional”.

Alguien afín al gobierno del estado podría alegar que el fin justifica los medios y que una situación extraordinaria amerita respuestas extraordinarias. Pero esta afirmación es simplista y no puede ser aceptada a la ligera.

Para empezar, un ejercicio de honestidad intelectual es suficiente para notar que si hubiese sido el presidente López Obrador quien hubiera decretado las medidas decretadas por Mauricio Vila, el partido del gobernador ya estaría rasgándose las vestiduras calificando a AMLO como dictador o anunciando la inminente venezolanización de México. Esto es, no es válido ni congruente aceptar el autoritarismo de un lado y rechazar el del otro.

Además, la aceptación de medidas extraordinarias no implica validar que todo deba ser permitido. Cuando se ha abierto la puerta a estas medidas, es difícil cerrarla. ¿Quién va a determinar donde “empieza” y donde “termina” la situación extraordinaria? Si ya se hizo una vez, ¿por qué no repetirlo?

Vale la pena leer lo que está ocurriendo en países como Hungría, China o Tailandia. “The Washington Post” dio a conocer un audio en que un influyente asesor de Donald Trump habla de mantener algunas de las restricciones de viaje aplicadas por el Covid-19 para disminuir la inmigración (“WP”, 24/04/2020).

Yucatán no es una isla, y es importante reconocer que la aplicación de medidas arbitrarias que violan derechos o constituciones en nuestro estado se insertan en un contexto en que “autócratas sin escrúpulos están utilizando la pandemia para hacer lo que siempre hacen: atrapar el poder a expensas de la gente a la que gobiernan” (“The Economist”, 23/04/2020).

(2) En segundo lugar, incluso si ponemos entre paréntesis su ilegalidad o su naturaleza antidemocrática, no hay correlación entre la coercitividad de las medidas y su éxito. Meter hasta la cocina al “Estado Policía” no es una medida recomendada por ninguna persona experta ni algo que haya probado ser la mejor alternativa.

Casos como los de Nueva Zelandia, Dinamarca o Taiwán —todos gobernados por mujeres, por cierto— muestran la estrategia que realmente funciona e implican una combinación que por lo general incluye un sistema de “tests” o pruebas, un mapeo y monitoreo de todas las personas que han estado en contacto con cada individuo enfermo y una interacción transparente, horizontal y abierta con la ciudadanía. No hay que ser experto en física cuántica para construir un sistema de esta naturaleza.

La construcción de este marco es crucial, pues es un error pensar que sólo habrá una cuarentena o un período de “sana distancia”. Personas científicas expertas han avisado que esto tendrá que repetirse, en mayor o menor medida, hasta que no haya una vacuna (“The New York Times”, 20/04/2020).

Esto significa que, si aceptamos medidas ilegales o arbitrarias, tendremos que lidiar con ellas durante mucho más tiempo que unas pocas semanas. Es evidente que lo óptimo sería cancelarlas y reemplazar el garrote cavernícola por un enfoque científico y apegado a derechos humanos.

Conclusión

Al gobierno de Yucatán hay que reconocerle la seriedad e institucionalidad de su mensaje. También hay que aplaudirle su intención de prepararse para atender un problema que desde un inicio reconoció como serio y grave. Es bueno saber que contamos con un gobierno dispuesto a asumir sus responsabilidades.

Pero a este gobierno también hay criticarle su aplicación arbitraria de medidas claramente inconstitucionales, de alto riesgo e ineficaces a largo plazo. La pandemia está siendo utilizada en otras partes como excusa para fortalecer a los miembros del club de gobiernos autoritarios. Una membresía que pocas personas en Yucatán pueden querer para nuestro estado.— Edimburgo, Reino Unido.

 

Pandemia y normalidad

Diario de Yucatán, 19-04-2020.

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La exasperación de quienes desean que termine la crisis por la pandemia global para poder regresar a una “normalidad” es comprensible. Sin embargo, es importante reconocer que esa “normalidad” añorada tiene sus días contados.

Hay al menos dos formas de mostrar que el tornado generado por el Covid-19 nos dejará en un mundo distinto al que conocimos.

Cambios sociales

(1) La primera es porque la pandemia está alterando radicalmente la forma como interactuamos. Con aproximadamente la mitad de las personas que habitan este planeta ejerciendo alguna forma de “sana distancia” o “encierro”, buena parte de las interacciones se han mudado a formatos online. Aunque es evidente que las herramientas para ello ya existían, también lo es que la pandemia las ha potenciado exponencialmente.

Para ilustrar los alcances de este potenciamiento, vale la pena repasar algunas de las manifestaciones más visibles de este fenómeno. Una de éstas tiene que ver con la forma en que cuidamos nuestra salud física y mental. Y es que buena parte de la gente que acudía a gimnasios o centros de ejercicio les ha sustituido por clases o rutinas en línea: personas que nunca se habían ejercitado desde casa, ahora lo están haciendo. En consecuencia, los videos y canales de “gurús” del fitness han incrementado dramáticamente sus vistas.

También se ha registrado un incremento en la búsqueda y compra en línea de pesas y otras herramientas para hacer ejercicio. Lo mismo ocurre con centros de meditación o dedicados al crecimiento mental. A partir de la pandemia la más famosa aplicación dedicada a este tema, Headspace, multiplicó por veinte su número de usuarios sólo en marzo (“MIT Technology Review”, 20/03/2020). Esto ha generado preocupación en la industria del bienestar físico y mental, pues bien podría ser el principio del final de sus gimnasios o centros como los conocemos.

Otro cambio radical generado por la pandemia tiene que ver con la forma en que adquirimos bienes. Productos que solían adquirirse en supermercados o tiendas convencionales ahora son comprados en internet. La industria de comprar en línea ha sido de las grandes ganadoras desde principios de este año. El gigante Amazon ha consolidado su aplastante dominancia y ha tenido que contratar 100,00 nuevos trabajadores para atender la demanda de sus servicios.

Amazon está aplastando a toda competencia, controlando todos los mercados que encuentra a su paso y amasando capital económico y político. El valor de sus acciones se ha incrementado cientos de miles de millones de dólares. (“The New York Times”, 18/04/2020). Individuos que nunca habían comprado en línea actualmente lo hacen. Y bien podría ser el caso que a partir de ahora continúen haciéndolo.

Finalmente, la comunicación interpersonal también ha sido alterada. Actividades que antes eran consideradas primordialmente “presenciales”, desde fiestas hasta reuniones de trabajo, clases o sesiones de psicoterapia, ahora ocurren en línea.

Esto se refleja en el crecimiento increíble en el número usuarios de la aplicación Zoom, un software para video llamadas que hasta hace unos meses era aburrido y dedicado casi exclusivamente a llamadas de trabajo. Zoom ha pasado de 10 millones de usuarios de video diarios a un promedio diario de ¡200 millones! (“Reuters”, 02/04/2020). Y con ello, Zoom ha tenido que hacer frente a problemas severos en aspectos como los grados de privacidad y seguridad que ofrece a sus usuarios.

Lo importante para efectos de este análisis es que todo parece indicar que, al menos en parte, estos fenómenos podrían mantenerse incluso una vez que haya sido controlada la pandemia. A su vez, esto representará cambios en la forma como concebimos nuestras actividades sociales. Esta nueva “normalidad” será, sobre todo para la gente de clase media o alta, en buena medida distinta a la pasada.

Política y economía

(2) La segunda forma en que se puede mostrar que el mundo no será el mismo tras el paso del Covid-19 tiene que ver con las transformaciones económicas y políticas derivadas de este coronavirus. Es indisputable que la pandemia generará crisis y depresiones económicas, dejando en su camino a millones de personas en la pobreza y a otras más en condiciones de vida miserables. Lo que está en duda es si esta crisis significará el decaimiento de las instituciones y políticas económicas o su renacimiento.

Cuando se le preguntó su pronóstico al respecto, el historiador Francis Fukuyama declaró que, aunque las crisis son oportunidades para renacimiento institucional, aún es pronto para saber si este será el caso. Este profesor de la Universidad de Stanford puso como ejemplo la crisis de 2008 —también conocida como “la Gran Recesión”—. Esta crisis no derivó en renacimiento sino en una decadencia institucional que, como es bien sabido, jugó un papel fundamental en el deterioro del tejido social que explica el ascenso de figuras como Donald Trump en 2016. Pero es evidente que este resultado no era predecible ocho años antes.

Lo que busca Fukuyama ilustrar con este ejemplo es que sería un error esperar que se note a corto plazo, como si se tratase de las ruinas producidas por un temblor, lo que se ha caído y lo que ha quedado en pie. A ello tenemos que sumar que se estima que los “cierres” o “políticas de sana distancia” tendrán que repetirse gradualmente hasta que no se encuentre una vacuna. Es decir, aún cuando se “levante” la cuarentena o el encierro actual, es muy probable que vengan otros en el futuro.

Hay, sin embargo, dos enfoques preliminares principales que las élites políticas o económicas han empezado a anunciar:

(a) Por un lado, hay quienes lo único que desean es regresar a “la normalidad económica” lo antes posible. En occidente, esta lista incluye a Donald Trump o a gobernantes que quieren mantener un modelo económico idéntico o similar al neoliberal. Esto es, individuos que desean que el Estado continué empequeñeciendo y que sea orientado principalmente a concesionar a grandes empresas la locomotora económica y política de las naciones.

Este enfoque implica continuar excavando en el túnel en el que nos hemos metido. Si algo ha probado la pandemia es la importancia de contar con verdaderos “Estados de Bienestar” capaces de garantizar el acceso a salud de calidad. Pero el “Estado de Bienestar” ha sido destruido, principalmente, por proyectos políticos que ponen por delante los intereses de grandes capitales.

Además, la idea de “seguir como si nada” fue, en términos generales, la receta que se aplicó después de la crisis de 2008. Sus resultados en términos de desigualdad, destrucción del ejido social, deterioro del nivel de vida de las clases medias están a la vista. Esto es, de seguir este camino, la humanidad cambiará radicalmente acelerando algunas de sus tendencias más negativas.

(b) Por otra parte, hay quienes, como el presidente francés Emmanuel Macron, consideran que la pandemia tendría que motivarnos a dejar atrás la “normalidad”. Para Macron, esta crisis es “un evento existencial para la humanidad que cambiará la naturaleza de la globalización y la estructura del capitalismo global”.

Macron espera que “el trauma de la pandemia acerque a las naciones para ayudar a los más débiles”, que este cataclismo “impulse a los gobiernos a priorizar vidas humanas sobre el crecimiento económico, y que abra una oportunidad para taclear desastres ambientales e inequidades sociales que ya están amenazando la estabilidad del orden mundial” (“Financial Times”, 16/04/2020).

No hace falta ser fan de Macron para coincidir con su diagnóstico. Para que esto ocurra, es indispensable contar con Estados tan fuertes como democráticos, capaces de destinar cantidades importantes de recursos a la construcción de instituciones y servicios verdaderamente públicos. Si este escenario llega a materializarse, los enormes daños humanos y económicos de la pandemia habrán sido de alguna forma respetados y dignificados. Lo ocurrido será entonces un fondo desde el que rebotaremos hacia un renacimiento institucional urgente y necesario.

En conclusión, aunque es temprano para saber a ciencia cierta dónde nos dejará el tornado que ha generado la pandemia, no lo es para notar que nos esperan cambios importantes en los próximos años. Y que la naturaleza de estos cambios se está construyendo desde ahora.— Edimburgo, Reino Unido.

asalgadoborge@gmail.com

@asalgadoborge

Antonio Salgado Borge

Candidato a doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Maestro en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y maestro en Estudios Humanísticos (Itesm)

Ave scientia

SinEmbargo

 

“Para aquellos que querían un mundo sin vacunas… aquí está un mundo sin UNA vacuna”. Este mensaje circula en un tweet y va dirigido a los “anti-vaxxers”, un grupo de personas que normalmente “no cree” en las vacunas.

Aunque es pronto para notar todos sus efectos, ya es posible reconocer que el COVID-19 tendrá un impacto radical en las sociedades humanas. Muchas consecuencias de ese impacto, como la recesión económica que se viene, serán debilitadoras o difíciles de reparar. Pero otras podrían hacernos entender la poca importancia que hemos dado a aspectos fundamentales de nuestra vida en sociedad. Este ha sido el caso de la ciencia, un conjunto de conocimientos que en la era de la posverdad grupos como los “anti-vaxxers” buscan enterrar.

Para ver por qué empecemos notando que avance de la infección anti-ciencia en el mundo contemporáneo puede dividirse en al menos tres compartimientos.

(1) En un primer cajón se puede colocar a conjuntos semiformales. Por ejemplo, los antivaxxers, los terraplanistas o quienes se enganchan en teorías de conspiración. La presencia de estos grupos es tan real como increíble. En Reino Unido circula la idea de que lo que enferma a la gente no es el COVID-19, sino la señal de las torres de la red 5G que recién ha sido instalada. Apenas hace unos días, un grupo de personas literalmente atacó las torres.

Estos grupos abrazan las posiciones anti ciencia en parte porque ello les dan una sensación de seguridad y de control. De esta forma “adquieren” un “conocimiento” privilegiado que el resto de la sociedad, engañada por las élites intelectuales, no alcanza a imaginar.

(2) En un cajón vecino habría que poner a los grupos de poder que se benefician de las posiciones anti-ciencia, como grupos religiosos ultraconservadores y sus satélites o movimientos políticos afines. Por ejemplo, en Brasil, Jair Bolsonaro ha afirmado, sin base científica alguna y contradiciendo los hechos, que “a los brasileños nunca les pega nada” y ha dicho que cree posible que algunas personas hayan sido infectadas desde hace semanas pero que ya cuenten con anticuerpos desarrollados para combatir a ese virus.[1]

Para seguir leyendo: https://www.sinembargo.mx/10-04-2020/3764463

COVID-19: ¿Vive y deja morir?

SinEmbargo,

 

El COVID-19 ha abierto para gobiernos en todo el mundo lo que aparenta ser el dilema moral por excelencia.

Primer cuerno del dilema.

Por una parte, hay quienes consideran que es un deber fundamental evitar todas las muertes humanas que sean evitables, sin importar el costo que ello implique. La idea central es que la vida humana es un principio moral innegociable; es decir, que no hay nada que justifique el sacrificio de aquellas personas que respiran. Si este enfoque implica altos costos económicos o sociales, que así sea. Luego habrá tiempo de lidiar con las consecuencias de las medidas adoptadas.

En lo individual, probablemente la voz más notable en este sentido hasta el momento es la del Gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Recientemente este Demócrata lo puso así: “Mi madre no es sacrificable. No vamos a aceptar la premisa de que la vida humana es desechable. Y no vamos a poner una cifra en dólares a la vida humana.”[1] Nueva York ha adoptado, consecuentemente, políticas “de cierre” mucho más agresivas que las sugeridas por el Gobierno de Donald Trump. En lo colectivo, la comunidad médica y científica ha exigido, casi unánimemente aplicar este enfoque, pues es el único que probadamente ha frenado, al menos en el corto plazo, las muertes por COVID-19.

Pero no es necesario negar que la vida humana no tiene precio para dejar de ver que este enfoque enfrenta un problema evidente: la posibilidad de su aplicación exitosa depende del contexto. Por ejemplo, la gente en Reino Unido puede permanecer en casa unas cuantas semanas, y vivir con sus ahorros o con sueldo pagado al 80 por ciento por su Gobierno. En esos lugares, el “cierre” por pandemia se vive de forma análoga a como lo hacen las clases altas de México.

Es fácil exigir el “cierre total” instalados en la comodidad de una sala listos para “binge-watchear” Netflix o para disfrutar de todas esas lecturas pendientes con la alacena retacada de provisiones. Pero en países como el nuestro, donde el Gobierno no cuenta con recursos suficientes, donde la mayoría de las empresas no tienen recursos para pagar nóminas estando paradas, y donde la economía informal y vivir al día son la norma, pedir “cierre total” puede representar, literalmente, dejar morir de hambre a muchas personas.

Continuar leyendo: https://www.sinembargo.mx/27-03-2020/3755579

Líbranos México

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Líbranos México de la reelección, abierta o disfrazada. De que una persona sin trayectoria, méritos o talentos conocidos, otros que ser la esposa de un expresidente, pueda convertirse en una fachada para que éste pueda usar la Constitución como tapete y soñar con un segundo sexenio. De que quien aspira a ser tu primera presidenta no sea una de las muchas destacadas mujeres independientes o feministas que tanto se han preparado y luchado para alcanzar los sitios que hoy ocupan.

De que esta pareja no considere problemático publicar una fotografía de él, en primer plano saludando con la banda presidencial cruzada en el pecho, y ella, detrás, acompañada con la frase “volveremos —en plural— a Palacio Nacional”. De que en este intento de regreso sea él quien, desde el principio, haya llevado y siga llevando la voz cantante, y de pensar que esto cambiaría en caso de que la pareja alcance sus objetivos. De la tentación de aplaudir el abierto intento de reelección de uno y de rasgarnos las vestiduras ante la posibilidad, negada hasta el cansancio, de la reelección de otro.

De que ese intento de reelección se haya buscado, “haiga sido como haiga sido”, en primera instancia con miles de firmas falsas rechazadas por el INE y, en segunda, a través de asambleas patito llenas de acarreados. De que pensar que lo que así ha nacido puede ser distinto en el gobierno. De todo esto, líbranos México.

Líbranos México del cinismo. De que el hombre que montó una guerra donde no la había, transformando a un lugar pacificado en uno de los más violentos del mundo, se sienta con la autoridad moral para dar recomendaciones en materia de violencia. De que aquel acusado con pruebas sólidas de haber favorecido a un cartel pueda criticar con la mano en la cintura el supuesto favoritismo del actual gobierno hacia ese mismo cartel.

De que el individuo que llevó al poder adquisitivo de las mayorías a desplomarse en 42%, el mismo que encareció la canasta básica y que con sus políticas favoreció a empresas sobre trabajadores, se presente como el que frenará esta caída. De que el hombre que multiplicó a los pobres y “logró” un PIB acumulado de 1.96% se jacte de conocer como hacer crecer una economía. De que quien incrementó tu endeudamiento externo pontifique sobre el manejo responsable de la economía. Líbranos México.

Líbranos México de los corruptos. De abrirle las puertas a quien se rodeó de personajes señalados por corrupción grosera; a quien, de acuerdo con Verificado.mx, permitió que naciera la “estafa maestra”, asignó contratos a empresas irregulares y se relacionó con el mega escándalo de Odebretch. De ser gobernados de nuevo por aquel que gastó mil cuatrocientos millones de pesos en un monumento inútil que debía costar 400.

Del regreso al gobierno del hombre que “no vio” la corrupción escandalosa de los integrantes más encumbrados de su gabinete; particularmente, aquello de lo que se acusa a Genaro García Luna y a su círculo de colaboradores más cercanos. De quien aparece prominentemente señalado de conocer y alentar todo esto en investigaciones como las de la periodista Anabel Hernández. De que una persona que dejó pasar el saqueo grotesco pueda, sintiéndose libre de culpa, jugar al juez implacable del uso que la actual administración hace, para bien o para mal, de los recursos disponibles. De estas posibilidades, líbranos México.

Líbranos México de la escasez de alternativas. De una oposición cuyos referentes históricos son dos partidos que se encuentran moralmente hundidos. De partidos que no pueden reconocer los gravísimos asuntos que propiciaron su declive en las urnas; incapaces de transformarse; regenteados por corruptos y sin proyectos alternativos.

De seguir con esos mismos partidos que por un lado alertan alarmados del supuesto desastre del partido en el gobierno, pero que, por el otro, viven dedicados a esperar su caída.

De continuar financiando a partidos probadamente fracasados que han permitido que el partido de un expresidente, igualmente fracasado, pueda convertirse en una alternativa ante un gobierno posiblemente fracasado. De esos mismos partidos que no han sido capaces de formar liderazgos, plantear proyectos de nación, elaborar planes de acción o motivar a las personas. De quienes en ruinas apuestan por llegar al poder a través de la cooptación o sembrando miedo.

De Alito Moreno, de Marko Cortez, de Diego Fernández de Ceballos, de Carlos Salinas, de Luis Videgaray, de Ulises Ruiz, de Javier Lozano, de Dante Delgado, de Cuauhtémoc Blanco, de los líderes evangélicos metidos en política, de Manuel Velasco, etcétera, etcétera. De todos ellos, líbranos México.

Líbranos México del peor conservadurismo. De la posibilidad del regreso de un proyecto que promete reeditar acciones de derecha rancias y probadamente fallidas; que va por más guerra, por barrer bajo el tapete los derechos de las mujeres, de la comunidad Lgbti o de los pueblos indígenas.

De pensar irreflexivamente que el ayer fue mejor que el ahora. De la desmemoria que implica ver a los años transcurridos entre 2006 y 2012 como una época dorada, en lugar de aceptar que parte de la tragedia presente no se explica sin lo ocurrido entonces. De la facilidad con que el repudio generado por el primer año de un gobernante, justificado o no, puede hacer a algunos añorar un sexenio que terminó repudiado por las mayorías en las urnas.

De una derecha secuestrada por quienes no conocen el centro ni lo moderno; de quienes buscan combatir el populismo de otros con su propio populismo. De quienes emocionan a todas las fuerzas reaccionarias con el olor rancio que despide lo que se cocina en su caldera. De todo lo anterior, líbranos México.—Edimburgo, Reino Unido

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Antonio Salgado Borge

Candidato a doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Maestro en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y maestro en Estudios Humanísticos (Itesm)

La política del pararrayos

Diario de Yucatán, .

 

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Andrés Manuel López Obrador no mintió cuando dijo que, ante la violencia contra las mujeres, no está metiendo la cabeza en la arena o evadiendo su responsabilidad; que la suya no es la “política del avestruz”. En este tema, como en otros, AMLO parece estar haciendo lo opuesto, adoptando lo que bien podría llamarse la “política del pararrayos”.

La función de un pararrayos consiste en interceptar rayos y evitar que éstos dañen la estructura de un edificio. Dado que los rayos suelen impactar el objeto más alto en una zona, esto se logra en parte a través de una vara metálica, normalmente de cobre, que es colocada en la parte más alta de la construcción. La descarga recibida es canalizada través de unos cables que unen la vara con el suelo. Así, la estructura, y quienes se encuentran dentro de ésta, permanecen a salvo.

Cuando se trata de asuntos adversos, en lugar de meter la cabeza en la arena, el presidente busca absorber el impacto en lo personal para evitar daños a su proyecto. La idea es que su enorme popularidad le permitiría absorber, sin mayor riesgo, descargas que de otra forma podrían afectar a su gobierno. En este sentido, parte fundamental de esta estrategia pasa por alzar la mano y por personalizar todos los cuestionamientos.

Hasta hace unos días, la “política del pararrayos” había permitido al presidente contrarrestar la fuerza mediática de sus adversarios políticos, que a través de redes de bots, algunos medios o algunos periodistas buscan crear una narrativa de pánico.

En el otro extremo, claro está, una red semejante opera en apoyo al actual gobierno. Lo importante aquí es que, guste o no la estrategia, poniendo el foco de atención en su persona el presidente había podido sostener la voz cantante y contener el efecto de las cargadas mediáticas en su contra.

Pero la “política del pararrayos” terminó fulminando al presidente esta semana. AMLO buscó a toda costa absorber en su persona el efecto de la indignación y de las protestas por la persistencia de la impresionante violencia contra las mujeres en México —particularmente la gran movilización articulada alrededor del feminicidio de la pequeña Fátima—.

Sin embargo, en esta ocasión algo salió muy mal; la respuesta del presidente a esta emergencia no sólo no la desarticuló, sino que generó la peor crisis a la que su gobierno se ha enfrentado hasta ahora. Hay al menos tres factores que explican por qué este es el caso.

(1) El primero tiene que ver con que la violencia contra las mujeres es un problema tan real y concreto como extendido. De acuerdo con cifras oficiales, entre 2015 y 2019 ocurrieron más de 3,500 feminicidios, y entre 2013 y 2018 el porcentaje de mujeres que dice sentirse inseguras pasó de 74.8% a 82.1% (Envipe, 2018). Según el Inegi, 3 de cada 10 mujeres han sufrido acoso callejero y 66.1% de las mujeres han sufrido alguna vez en su vida agresiones de tipo sexual, física o laboral. Apenas el año pasado 15,849 mujeres fueron violadas en México (“El País”, 18/01/2020).

Plantear un problema de esta magnitud en términos de intentos de opacar sus proyectos o de golpearle políticamente a un presidente es ofensivo. Al mal encauzar una demanda genuina y bien fundamentada, AMLO, el primer presidente con un gabinete paritario, terminó replicando la indiferencia machista a la que se enfrentan millones de mujeres.

Al hablar del uso político del tema que hacen sus adversarios, dibujó un escenario en términos de una lucha entre hombres centrada en su persona, reproduciendo así el androcentrismo que tanto daño ha hecho a México y al mundo.

En este sentido, la periodista Carmen Aristegui, con la entereza y contundencia que le son características, pidió públicamente al presidente “no equivocarse en el tema de la violencia contra las mujeres y entender que el paro feminista convocado para el próximo 9 de marzo no es un intento golpista contra su gobierno o una acción de la derecha. Es ofensivo decir que el paro de mujeres quiere derrocarlo” (“Aristegui Noticias”, 21/02/2020).

Desde luego, alguien podría decir que los rivales políticos del presidente han buscado colgarse del malestar y achacarle a AMLO una tragedia que se cocinó durante sus propios gobiernos. Esto, desde luego, es cierto —la desmemoria de Felipe Calderón y la del PAN, son, particularmente, de pena ajena—. Pero a ello se puede responder que es normal en una democracia que los rivales políticos busquen capitalizar el descontento —probablemente lo mismo estaría ocurriendo en sentido contrario—.

Lo importante aquí es separar dos elementos: (a) estamos ante una verdadera emergencia que el gobierno debe atender de inmediato y (b) al encarar esta emergencia como lo ha hecho, el presidente sólo ha logrado colgarse sobre los hombros un costo político adicional al que naturalmente le correspondía.

(2) El segundo factor que explica el fracaso de la “política del pararrayos” tiene que ver con la narrativa que el presidente empleó para aludir a los orígenes del problema. Cuando AMLO admitió que la emergencia es real, la relacionó directamente con el desastre social generado por el neoliberalismo.

Este desastre, claro está, es un hecho y la descomposición del tejido social que el neoliberalismo ha generado no está en duda. Esto es, tal como escribió la periodista y ensayista Susan Crowley, “el Presidente no se equivocó al responsabilizar al neoliberalismo como causante de un montón de crímenes, entre ellos los feminicidios”. Pero, tal como Crowley nota, “el problema es que, en su obstinación y ganas de tener la razón, dejó de lado que el origen de los crímenes en contra de las mujeres obedece a muchas causas.” (“Sinembargo.mx”, 21/02/2020).

Entre estas causas es posible incluir al machismo endémico que concibe a las mujeres como individuos sin agencia social, económica y sexual. También al terror que los avances de la lucha feminista por la igualdad generan en algunos hombres, que se manifiesta en parte en intentos de control de la arena pública.

Reducir el asunto al neoliberalismo es ofensivo, en primer lugar, porque manda el mensaje de que raíces muy reales, aquellas que millones de mujeres viven en carne propia, no están siendo arrancadas. Tal como planteó Isabel Orizaga en Animal Político, estamos ante “una realidad que exige a la sociedad y sobre todo a las autoridades informarse para poder desarmar este sistema jerárquico y discriminatorio que mantiene a las mujeres, nada más y nada menos que la mitad de nuestra población, presas de las formas más aberrantes de violencia y apelando una y otra vez a su derecho a vivir”.

Pero también lo es porque si el neoliberalismo es lo que mantiene este problema entonces el “fin del neoliberalismo” tendría que ser el fin del problema. Y como el gobierno de AMLO se identifica como “no-neoliberal”, entonces el problema termina con ellos. Pero es evidente que las cosas no son tan fáciles.

(3) El tercer factor que explica la crisis generada por la “política del pararrayos” pasa por el grado excesivo de responsabilidad que, para bien y para mal, atribuye al gobierno federal. El problema es que la trágica reacción institucional ante la violencia machista rebasa, por mucho, al gobierno de la república. En México el machismo institucionalizado no hace gran distinción entre gobiernos federal y estatales. Ejemplo de ello es la impunidad cercana al 100% en casos de violación o hasta en feminicidios. También hay que incluir en esta lista la revictimización o la venganza que sufren buena parte de las mujeres que denuncian a sus agresores. El resultado: 99.7% de delitos de violencia sexual contra mujeres no se denuncia (“Expansión”, 22/01/2020).

Al poner el foco de la atención en su persona, el presidente se lo está quitando, por ejemplo, a aquellos gobernadores que, como el de Yucatán, que prefieren guardar silencio ante la tragedia que viven las mujeres en sus estados. Es decir, con su estrategia AMLO aceptó cargar en lo individual un costo político que tendría que ser compartido. También les quitó responsabilidad a los poderes Judicial y Legislativo. Finalmente, marginó a organizaciones de la sociedad civil que tendrían que ser sus aliadas.

Los tres factores anteriores ayudan a explicar por qué la “política del pararrayos” terminó fulminando a AMLO esta semana. La equivocación principal del presidente fue intentar utilizar una estrategia que le había funcionado para transformar una protesta enorme y genuina, un drama cotidiano para millones de mujeres, en un asunto político centrado en su persona. Pero el presidente no vio venir la fuerza de la descarga. Una fuerza que, a partir de ahora, tendrá que respetar y atender con más cuidado.— Edimburgo, Reino Unido.

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Antonio Salgado Borge

Candidato a doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Maestro en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y maestro en Estudios Humanísticos (Itesm)

 

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