Archivos

¡Precaución! Partido tóxico para la democracia

Cada voto que reciba el Partido Verde contaminará más nuestra ya muy enferma democracia. Le cuento por qué.

 

Desde hace varias semanas el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha emprendido una agresiva estrategia que incluye tácticas claramente ilegales. Mientras los demás partidos guardaron las formas y respetaron superficialmente la prohibición de contratar anuncios en momentos y formatos específicos, el Verde repartía tarjetas de “beneficios”, lentes o vales y tapizaba lo mismo ciudades , que salas de cine y frecuencias de televisión y radio.

 

La reacción del Instituto Nacional Electoral (INE) ante esta afrenta ha sido tan lenta y débil que esta situación ha pasado de lo ridículo a lo grotesco. El PVEM ha pagado cientos de millones de pesos en multas, pero ha desafiado abiertamente a la autoridad electoral al continuar replicando las mismas acciones por las que ha sido sancionado. El Verde ha entendido perfectamente que sus multas las paga con nuestros impuestos y que con ellas puede comprarse impunidad. La ecuación es muy sencilla: al final del día el PVEM está invirtiendo en el pago de un sobreprecio -multas- por el privilegio de anunciarse en exclusiva. Negocio redondo.

 

A la ilegalidad y mezquindad de la estrategia Verde es preciso sumar otros dos factores. Su publicidad consiste en una mezcla entre el uso de la imagen de estrellas de televisión como carta de presentación y narrativas sentimentaloides. Este formato está diseñado para encontrar eco en los segmentos del electorado menos informados. Así, este partido es capaz de mostrarse “fresco”, de atribuirse tramposamente méritos intrascendentes o de lanzar promesas populistas sin sustento.

 

Finalmente, a la ilegalidad de la campaña y a lo mezquino de la publicidad del PVEM, hay que agregar que el electorado mexicano, harto con justa razón de sus instituciones y en particular con su partidocracia, castigará en 2015 de forma más severa al PRI, al PAN y al PRD; los tres partidos con más posiciones ejecutivas y legislativas en México. Las encuestas más recientes revelan que el PVEM estará disputando, junto al PRD y MORENA, el puesto de tercera fuerza política del país.

 

Es un gravísimo error considerar al Partido Verde como una opción electoral para castigar a nuestro sistema de partidos. El principal problema del PVEM no es que tenga vicios que exhiben otros partidos; el problema es que en el Verde no se puede encontrar más sustancia que esos vicios. En realidad, este partido no es ni siquiera un partido político ya que no es una entidad de interés público, no contribuye a explicitar demandas sociales legítimas, ni busca prioritariamente obtener el poder. Tampoco es ecologista. Entre su filas militan cazadores o depredadores y ha apoyado causas desde propuestas anti ecologistas hasta la pena de muerte. El PVEM ha sido expulsado de la coalición de partidos verdes europea y no es reconocido por Greenpeace. ¿Qué es y para qué sirve entonces el Verde?

 

Es bien sabido que el PVEM es un negocio privado cuyo dueño es Jorge Emilio González Martínez, conocido como el “Niño Verde” porque heredó esta franquicia desde muy joven de manos de su padre. Entre los mexicanos más informados la reputación de este personaje está por los suelos. Dado que es él quien manda en este partido, vale la pena recordar brevemente un par de momentos representativos de su trayectoria.

 

Hace unos años González fue detenido en un retén en la ciudad de México, donde dio a los agentes un nombre falso. Posteriormente se resistió al arresto con la ayuda de sus guardaespaldas, que terminaron advirtiendo a los policías “no saben con quién se meten. es el Niño Verde”, y finalmente logró, amparado por su fuero, evadir la sanción. Al salir el caso a la luz pública, el “Niño Verde” se vio obligado a pedir una disculpa y a pagar las horas de detención que su afrenta ameritaba. Peor aún, González también fue captado en vídeo negociando, a cambio de un soborno de 20 millones de pesos, la gestoría de un permiso de construcción para un hotel en Quintana Roo. Cuando el vídeo fue difundido, el dueño del PVEM aseguró que lo “chamaquearon” y que en realidad era él quien le estaba poniendo una trampa al corrupto empresario para luego denunciarlo.

 

Recapitulemos: el PVEM no es partido, no es verde y es propiedad privada de un dueño corrupto. Sin embargo, por si eso no fuera suficiente, más lastimosa aún es la lógica con la que opera. Durante los primeros años de su existencia el Partido Verde buscaba desesperadamente mantener el porcentaje mínimo de votación para preservar el registro que le garantizara poder obtener, año con año, una jugosa tajada del presupuesto. Pero pronto aprendió que el verdadero negocio estaba en otro lado. Actualmente el Verde ha diversificado sus fuentes de ingresos y se ha convertido una verdadera comercializadora político-electoral.

 

Por principio de cuentas, el PVEM vende su apoyo electoral al partido que más ofrezca por éste. Algunos analistas políticos especializados en temas electorales han señalado que el PRI no hubiera ganado la elección de 2012 sin el apoyo del Verde. En segundo lugar, en vez de servir como vehículo para representar a los mexicanos, el PVEM ha entendido los beneficios de vender los espacios plurinominales a los que tendrá acceso a los grandes capitales que puedan pagar por ellos. Ejemplo de lo anterior es la candidatura de Ninfa Salinas Pliego, hermana del dueño de TV Azteca e integrante de la denominada “telebancada”. El Verde se renta al mejor postor como una suerte de vientre subrogado en el que se incuban los intereses de los poderes fácticos.

 

Finalmente, el PVEM goza también de los beneficios de haberse convertido en un partido satélite del PRI. Producto de la pésima gestión del actual ejecutivo federal este último partido ha estado perdiendo preferencias electorales mientras que el Verde las ha ido ganando. Es por ello que para algunos estamos ante la conformación de una “marca alterna” del PRI (Sinembargo.mx, 25/03/2015) que cumple con la doble función de presentarse ante el electorado con una imagen más fresca y de recibir las multas del árbitro electoral.

 

Los mexicanos estamos hartos de nuestra partidocracia. Es entendible que busquemos opciones nuevas y que no queramos saber absolutamente nada de los partidos tradicionales. Sin embargo, por las razones expuestas anteriormente, lo peor que podemos hacer es otorgar nuestro voto a un partido altamente tóxico para nuestra democracia. En futuras entregas de esta columna serán analizadas otras posibilidades. En cuanto al Partido Verde, me sumo por este medio a la propuesta que han hecho Denise Dresser y otros académicos: no tiene razón de existir y su registro como partido político debería ser anulado.- Mérida, Yucatán.

 

asalgadoborge@gmail.com

 

@asalgadoborge

 

asalgadoborge.wordpress.com

 

– See more at: http://yucatan.com.mx/editoriales/opinion/partido-toxico-para-la-democracia#sthash.XJDGNZp8.dpuf

 

Partido tóxico para la democracia.pdf

#EndefensadeAristegui

Algo va muy mal cuando una empresa de telecomunicaciones emprende públicamente una feroz campaña con el fin de orillar a su periodista estelar a renunciar.

El pasado miércoles MVS tapizó los principales diarios del país e inundó sus espacios comerciales con un comunicado en el que advertía, con una rudeza desmesurada, que no permitiría ningún “abuso de confianza” por parte de sus colaboradores. No hacía falta incluir el nombre del destinatario de este mensaje. Las amenazas de MVS aludían directamente a la periodista Carmen Aristegui, quien horas antes había firmado, a título personal, pero presentándose como parte de la empresa para la cual trabaja, un convenio para echar a andar un portal para recibir denuncias ciudadanas anónimas denominado “Mexicoleaks”.

Al día siguiente MVS anunció el despido “por pérdida de confianza” de dos integrantes del equipo de Aristegui: el reportero Irving Huerta y el jefe de información Daniel Lizárraga. En su programa del viernes, la periodista hizo un llamado para que se reinstale inmediatamente a sus colaboradores. MVS respondió publicando los “nuevos lineamientos para sus noticieros”, entre los que figura de manera destacada la creación de un comité editorial que deberá dar su aprobación previa a todo trabajo de investigación realizado por los periodistas de esta empresa.

Es evidente que la reacción de MVS no obedece a una lógica comercial o periodística. De mantenerse dicha compañía en su postura, Aristegui probablemente terminará por renunciar (Actualización: Aristegui fue despedida por MVS el pasado 15 de marzo) y esta empresa, que en teoría obtiene sus ganancias de la venta de espacios comerciales en sus programas, estará sacrificando al noticiario de radio más escuchado del país y su “producto” más exitoso. Carmen Aristegui es la razón indiscutible por la que el público sintoniza la “primera emisión” de los noticiarios de esta cadena. Su audiencia se iría con ella.

El sentido de esta cruzada delirante de MVS contra su directora y más prestigiada colaboradora está en otro lado. Todos los eventos descritos anteriormente giran sobre el mismo eje. Tanto Huerta como Lizárraga estuvieron directamente involucrados en la investigación que reveló la existencia y los pormenores de la “casa blanca” de Enrique Peña Nieto. Muchos temas de enorme trascendencia para la vida nacional que la falta de espacio no permite enlistar, han sido dados a conocer originalmente o abordados con una profundidad sin paralelo en este programa. Los nuevos “lineamientos” de MVS están claramente encaminados a que nunca más pueda publicarse un reportaje con la independencia editorial plena que caracteriza a Aristegui. No más “casas blancas”.

Es claro que después de los años que Aristegui ha invertido en abrir y sostener un espacio libre y crítico, el medio para el que trabaja pretende ahora forzar su salida sin despedirla técnicamente. Un periodista independiente tiene dos líneas de defensa contra los embates del poder al que critica. Una de ellas es el medio en que publica. Mientras mayor sea el peso específico de la radiodifusora o espacio en cuestión, más probabilidades habrá de que el periodista pueda ser protegido. En un contexto autoritario, si el medio le da la espalda a su colaborador en conflicto con el poder, éste queda expuesto e inerme ante aquellos cuyos abusos denunció. Sin embargo, también hay un alto costo para el medio, que pierde la credibilidad en su interior, debilita la moral o calidad de sus trabajadores y termina, eventualmente, degradando su labor periodística.

Pero más allá del medio para el que publica su trabajo, hay una segunda barrera protectora para los periodistas independientes y críticos: su audiencia. En 2011, durante el sexenio de Felipe Calderón, MVS despidió a su periodista más influyente muy probablemente por presiones surgidas desde Los Pinos; pero terminó reinstalando a Carmen ante la presión popular en redes sociales y en las calles.

Gracias a su impecable trayectoria, Aristegui se ha llegado a convertir en un ícono del periodismo nacional cuyo nombre es asociado con integridad profesional, independencia periodística y espíritu crítico. Esta periodista, cuya contribución a la democracia mexicana es invaluable, encarna hoy ideales humanos fundamentales, como la valentía o la honestidad; bienes escasísimos en la radio o televisión nacionales. Muchísimos mexicanos lo saben y la prueba está en que sus muestras de apoyo en redes sociales han sido avasalladoras. En apenas un par de días, fueron recolectadas más de 130,000 firmas en apoyo a su causa y el hashtag -etiqueta de Twitter- #EndefensadeAristegui se reprodujo cientos de miles de veces. Aunado a ello, un importante número de reconocidos académicos y periodistas, de diversos orígenes e ideologías, han manifestado públicamente su solidaridad para con ella.

Hoy más que nunca es preciso defender los espacios de libertad ganados. Desde el regreso del PRI a Los Pinos, periódicos como los de Grupo Healy en Baja California han sido amenazados, portales independientes como Sinembargo.mx han sido atacados y otros medios, comunicadores y programas han sido sutilmente saboteados. Ante una presión de tal magnitud, algunos medios de comunicación han terminado por claudicar ante el gobierno. Con ellos, claudica también una parte de nuestras posibilidades de entender y de cambiar nuestro presente.

En un mensaje dado durante más reciente programa, Aristegui advirtió: “No tenemos derecho a aceptar lo que parece ser ya no un aroma sino un vendaval autoritario de regresiones… Hay hoy en México un clima sumamente preocupante y este panorama no lo podemos aceptar… Esta batalla, no lo dude nadie, es una batalla por nuestra libertad, es una batalla por el derecho a expresarnos, es una batalla por el derecho a saber, es en defensa de los periodistas y, por tanto, en defensa de la sociedad”.

Tiene razón. La circunstancia presente rebasa el ámbito privado o individual y se ha vuelto un asunto del mayor interés público. El programa de Carmen Aristegui es, sin duda, el espacio de crítica y deliberación más influyente de México. Más allá de sus enormes cualidades y de la admiración y respeto con que muchos desde hace años la miramos, Aristegui es una figura que representa hoy a todos aquellos periodistas y medios que día a día ejercen su derecho de libertad de expresión y que muestran a la sociedad la realidad nacional desmaquillada.

Si se le cierra la puerta a ella, se le puede cerrar a cualquiera y entonces sí que todos nos quedaremos afuera, al menos por un buen rato. La defensa de Carmen Aristegui contra la censura es la defensa de los muchos que queremos un país diferente contra los pocos que se esmeran en preservar lo actualmente existente; del interés colectivo contra los poderes fácticos; de los que sueñan con libertad e igualdad contra los que buscan resucitar, a cómo dé lugar, nuestra extinta “moral de siervo”.- Mérida, Yucatán.

asalgadoborge@gmail.com

@asalgadoborge

asalgadoborge.wordpress.com

– See more at: http://yucatan.com.mx/editoriales/opinion/endefensadearistegui#sthash.drZZSteV.dpuf

 

21760_V_iPad_52804.00_Pagina_1.pdf

 

 

Los alfileres que nos sostienen

La violencia como medio es siempre, o fundadora de derecho o conservadora de derecho. En caso de no revindicar alguno de estos dos predicados, renuncia a toda validezWalter Benjamin, filósofo alemán


 

Resulta sumamente alentador que, tras recorrer un larguísimo y empedrado camino, en las sociedades occidentales más avanzadas un buen número de libertades -entre las que figuran notablemente las políticas, las sexuales y las religiosas- formen ya parte de un creciente catálogo de derechos humanos básicos que sólo a los reaccionarios más obcecados parecen incomodar.

 

Empero, si bien es cierto que el tamaño y el diseño estructura de derechos que nos hemos construido han mejorado con el tiempo,  tal parece que nuestra fijación con la seguridad, un derecho básico de todo ser humano y la principal razón de ser del Estado, se ha convertido en uno de los principales móviles para violar derechos humanos en nuestro país.

 

Vale la pena recordar que durante las últimas décadas el sobredimensionamiento, ya sea intencionado o por falta de entendimiento, de las verdaderas causas de amenazas para la seguridad individual o colectiva, como el consumo de drogas o el terrorismo, ha llevado a un buen número de naciones a emprender auténticas guerras con el pretexto de proteger a sus sociedades de estos peligros. Los mexicanos lo sabemos muy bien. En nuestro país el combate al terrorismo y al consumo y tráfico de sustancias ilícitas se mimetizan en la desastrosa “guerra contra el narco”. No es casualidad que la cantidad y la magnitud de las violaciones a derechos humanos se haya disparado en nuestro país desde que Felipe Calderón emprendiera su “guerra”.

 

El problema fundamental de las políticas públicas basadas en estrategias bélicas es que se suelen terminar violentando libertades fundamentales en aras de proteger a los ciudadanos de sí mismos o de amenazas poco probables. En el marco de cruzadas dogmáticas como la “guerra contra el terror” o su análoga “guerra contra las drogas”, algunos gobiernos han implementado medidas que van desde la pérdida de la privacidad en línea, producto del ciberespionaje preventivo, hasta el cambio de leyes fundamentales que garantizan libertades básicas o la militarización de los equipos y de las tácticas de policías civiles; acciones que son justificadas inicialmente como necesarias para proteger a los habitantes de una nación, pero que en realidad otorgan licencia a las autoridades para su permanente vigilancia, represión o para limitar el margen de su libertad de acción.

 

Un par de ejemplos ayudan a entender el tamaño de algunos de los “fuegos” que se pretende apagar con gasolina. ¿Tiene sentido  pagar los altísimos costos en términos de vidas, libertades o monetarios de la guerra iniciada por Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto en nombre de la “protección” de 0.7% de los consumidores de drogas mexicanos han perdido su autonomía -es decir, son adictos- a alguna sustancia (ENA, 2012)? La probabilidad de que un estadounidense sea asesinado por un terrorista en Estados Unidos es de uno en 3.5 millones, por lo que la pregunta lógica es ¿cuánto están dispuestos a sacrificar los norteamericanos para reducir esta posibilidad a uno en 4.5 millones? (“LA Times”, 28/08/2011).

 

El título de uno de los informes de “Human Rights Watch” (2011) retrata a la perfección el saldo que la estrategia detrás de esta irracional cruzada ha dejando a su paso en nuestro país: “Ni seguridad, ni derechos”. México se ha convertido en una marca internacionalmente identificada como sinónimo de territorio en el que el Estado fomenta la violencia y viola impune y constantemente derechos humanos. Así se nos ve, con razón, desde afuera. Para terminar de ensombrecer el panorama, en medio de este río revuelto, en algunas partes del país lo mismo se atenta contra periodistas que contra activistas o luchadores sociales.

 

Ante la indiferencia o la sumisión al poder de muchas de las comisiones estatales de derechos humanos -entre las que se encuentra la Codhey-, en este contexto resplandece la importancia de organizaciones defensoras de derechos humanos internacionales con presencia en México como “Amnistía Internacional”, “Human Rights Watch” o “Artículo 19″o nacionales, como “Hermanos en el camino”, cuyo aporte es invaluable.

 

No es momento para escatimar nuestra solidaridad a aquellos que nos mantienen con vida muchos de los derechos humanos de los habitantes de nuestro país. Sería imperdonable darles la espalda ignorándolos o regateándoles nuestro apoyo. Este tipo de asociaciones, en mancuerna con la prensa libre e independiente, son dos de los alfileres que sostienen la posibilidad de que el momento presente sea superado y de que México pueda algún día ser reconstruido con los restos rescatables de su naufragio

 

 

@asalgadoborge

 

https://asalgadoborge.wordpress.com/

—–

*) Maestro en Estudios Humanísticos con especialidad en Ética (ITESM). Profesor y director en la Universidad Marista de Mérida

– See more at: http://yucatan.com.mx/editoriales/opinion/los-alfileres-que-nos-sostienen#sthash.s57YJ0vr.dpuf

 

Los alfileres que nos sostienen

Un oasis qué preservar

El progreso es incapaz de reciclar sus propios desechosManuel Reyes-Mate, filósofo español


Al menos por ahora, Yucatán es de los estados más seguros de México. Sin embargo, la actitud bipolar con que el gobierno estatal afronta el tema de la seguridad, uno de los que más preocupan a la sociedad en nuestro país, podría alterar el tranquilo estado de cosas que muchos yucatecos aún disfrutamos.

 

Es preciso comenzar este análisis aclarando que difícilmente en nuestro estado llegaremos a ver la violencia relacionada con el tráfico de drogas que inunda buena parte del territorio nacional. En su más reciente visita a la Universidad Marista de Mérida a invitación de la Escuela de Administración, Turismo y Mercadotecnia, el doctor Sergio Aguayo Quezada afirmó que un cambio en las rutas de tráfico de drogas ocurrido hace varios años fue fundamental para que se dibujara el complicado escenario que hoy todos conocemos. En su informe “El problema de las drogas en las américas” (2013), la OEA explica que la violencia relativa al narcotráfico es producida por enfrentamientos entre cárteles por controlar las rutas, por lo que está focalizada en las regiones de tránsito y no en las de consumo. Es justamente por su ubicación que Yucatán podría no ser una ruta atractiva para el tránsito de drogas, y por tanto, que no experimente la violencia que origina su tránsito.

 

Aún si se pone entre paréntesis la anterior coyuntura, es posible afirmar que el trabajo policiaco en Yucatán es mucho más eficiente que el del resto del país. Entre 2013 y 2014 se registró un decremento en el porcentaje de yucatecos que dicen tener poca o ninguna confianza en su policía, situación que contrasta notablemente con una tendencia nacional en sentido opuesto. La policía en este estado ha obtenido una confianza difícil de encontrar en el resto del país, mérito que no debe dejar de ser reconocido. Esta circunstancia es notable, aunque no excluye, desde luego, que existan importantes oportunidades de mejora, como lo es el campo de los derechos humanos.

 

Los esfuerzos en ofrecer una mejor capacitación al personal policiaco y la adquisición de equipo de punta para prevenir o detectar crímenes podrían contribuir a que la seguridad de la que los yucatecos gozamos se mantenga a corto plazo. Sin embargo, al mismo tiempo que genera las condiciones necesarias para preservar la seguridad actual, el gobierno de Yucatán incuba las circunstancias propicias para que esta seguridad resulte insostenible a mediano plazo. La hipótesis que motiva este texto es que en la desigualdad y en el mal manejo de la economía yucateca se cultiva un caldo del que están surgiendo cada más seres humanos desesperados convertidos en delincuentes.

 

La economía yucateca ha crecido en los últimos años a tasas inferiores que los ya de por sí raquíticos e insuficientes incrementos nacionales. Estamos experimentando un importante incremento poblacional que no está siendo debidamente acompañado de oportunidades de inclusión equitativas. A ello hay que sumar que en las últimas décadas el bienestar de los mexicanos ha recibido duros golpes como la pérdida de beneficios sociales básicos, entre los que destacan el desmantelamiento de la seguridad social vía una reciente reforma laboral, los efectos presentes de la contrarreforma agraria impulsada por Carlos Salinas y una pronunciada pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo.

 

El gobierno que encabeza Rolando Zapata Bello ha respondido a esta coyuntura con el crecimiento de programas sociales clientelares —tinacos, pinturas, pollitos…— que sólo contribuyen a disimular unas cuantas de las manifestaciones de la miseria de los más necesitados. Paliativos de este tipo resultan claramente insuficientes ya que no contribuyen en lo más mínimo a generar las condiciones necesarias para que miles de seres humanos hoy marginados encuentren oportunidades de incorporarse a la economía formal con condiciones laborales suficientes para autodeterminarse o vivir una vida digna.

 

Las repercusiones del mal manejo económico en la seguridad de los yucatecos podrían estar ya a la vista. A pesar de que el porcentaje de personas que dicen sentirse seguras sigue siendo más alto en Yucatán que en cualquier estado de la república, este indicador ha disminuido 10 puntos porcentuales en los últimos 2 años. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2014 (Envipe) en 2012, 81% de los yucatecos afirmaba sentirse seguro en su estado, mientras que en 2014 71% contestó en el mismo sentido. Según la misma medición, el número de delitos —incidencia delictiva— y la cantidad de personas que sufrieron algún delito —prevalencia delictiva— en nuestro estado se incrementó durante el mismo período.

 

A lo anterior es preciso agregar fenómenos focalizados como el incremento en el número de pandillas en el sur de nuestro estado y los robos a casa habitación en colonias específicas de Mérida, que podrían diluirse si sólo se considera en el buen estado general de seguridad del que aún disfrutamos buena parte de los yucatecos. Tal como ha señalado la organización México Evalúa “dentro de un estado se pueden registrar marcadas diferencias entre regiones, municipios, o incluso colonias y calles… la violencia y la delincuencia no impactan de la misma forma a toda la población de determinada entidad: es decir, hay zonas más inseguras que otras”.

 

Una tarea pendiente para la sociedad yucateca es elaborar un análisis más detallado y profundo de los fenómenos revelados por la Envipe mencionados en este texto. Nos hemos habituado a vivir en un oasis que la eficiente tarea policiaca ha podido preservar hasta el día de hoy. Empero, por los motivos expuestos anteriormente, a mediano plazo podría no haber, por eficiente y bien intencionada que pueda ser, estrategia policiaca que baste para contener al creciente ejército de individuos desesperados que el gobierno de Yucatán está fabricando.— Mérida, Yucatán.

 

asalgadoborge@gmail.com
@asalgadoborge
asalgadoborge.wordpress.com
—————
*) Maestro en Estudios Humanísticos con especialidad en Ética (ITESM)

 

– See more at: http://yucatan.com.mx/editoriales/opinion/un-oasis-que-preservar#sthash.RaB9GpRv.gIKXEzV8.dpuf

 

Un oasis qué preservar.pdf

Crónica de un fracaso anunciado

Reconocerse como hombre muerto permite luchar por mantenerse vivo por tanto tiempo como sea posibleGeorge Orwell, escritor británico


Decepcionados de la democracia y asfixiados en la estrechez de nuestro desempeño económico, a estas alturas es claro que estamos muy lejos de soñar algo parecido al sueño mexicano.

 

Los diagnósticos para nuestra presente enfermedad están a la orden del día y muchos de éstos ofrecen elementos realmente clarificadores que ayudan a entender algunos de los principales obstáculos impiden el desarrollo de nuestro país. Corrupción, impunidad, violencia, modelo económico fallido, pobreza, ignorancia… son todos males que inciden en mayor o menor medida en nuestro trágico estado de cosas actual. Sin embargo, poco suele hablarse de un escenario, aparentemente irracional, pero no por ello menos real: la posibilidad de el desastre que vivimos haya sido producido y sea sostenido a propósito.

 

Ésta es precisamente la tesis que defienden Daron Acemoglu y James Robinson en su aclamado libro “Por qué fracasan las naciones” (“Crítica”, 2012). Quizás el argumento más contraintuitivo contenido en este texto es que a las élites les conviene mantener sistemas extractivos -aquellos sistemas cuyo objetivo es la extracción de rentas y riqueza de una parte de la sociedad para beneficiar a otra de sus partes-, por lo que bloquean toda la posibilidad de surgimiento de nuevos escenarios que pondrían en riesgo su poder. Se trata de la lógica del colonialismo.

 

Acemoglu y Robinson parten de la base de la relación de doble vía existente entre poder político y poder económico y postulan que quienes logran hacerse del primero pueden determinar la estructura del segundo que más convenga a sus intereses, y postulan que los beneficiarios del régimen extractivo no tienen ningún incentivo para poner en riesgo el poder que detentan. El ejemplo más claro de este fenómeno es la vida que llevan algunos dictadores africanos que, a pesar de la miseria de sus pueblos, poseen aviones de lujo, castillos repletos de oro o aeropuertos particulares. No es difícil ver la relación entre este estilo de vida y el de algunos de los integrantes de la clase política o de la oligarquía mexicanas. Tampoco resulta complicado aceptar, como los mismos autores mencionan, que México es un país que ha estado, salvo por brevísimos lapsos, dominado desde la colonia por élites extractivas.

 

El crecimiento de la clase media detona el crecimiento económico de un país y suele venir acompañado por un incremento en la conciencia social de quienes la integran, circunstancia que pone en riesgo el estado de cosas del que se benefician las élites extractivas. Esta tesis puede ser respaldada adicionalmente con uno de los principales planteamientos esgrimidos por Thomas Piketty en su libro “El capital en el sigo XXI” (FCE, 2014), quien demuestra que el crecimiento económico rápido merma el porcentaje de participación del capital en la generación de la riqueza de una sociedad.

 

Contrario a lo que ocurre con los sistemas extractivos, las instituciones inclusivas permiten las libertades necesarias para la innovación y la competencia, generando la posibilidad de “destrucciones creativas” que no sólo alteran la distribución económica, sino que incoan cambios políticos. Ejemplo de éstas son la revolución industrial o la revolución digital. Es por tanto un error dejarse llevar por el sentido común y suponer que a los beneficiarios del actual sistema les convenga que se genere desarrollo económico. Es este uno de los principales motivos por los que las élites económicas en sistemas extractivos suelen ser profundamente conservadoras.

 

En este contexto no sería casualidad que desde hace 30 años México siga un modelo económico, aplaudido por buena parte de las élites económicas y políticas, que genera tasas de crecimiento muy por debajo de lo que se necesita para incorporar a millones de personas a la economía formal.  A pesar de que desde el inicio de nuestra historia los mexicanos no hemos conocido más que regímenes extractivos, en este momento nos enfrentamos a una de las peores crisis de nuestra historia reciente. El caos presente crea una coyuntura que obligará a que se produzca algún cambio. Ante esta circunstancia, se abren dos posibles escenarios:

 

El primero es que las instituciones extractivas sean reemplazadas por otro tipo de instituciones extractivas -algo muy similar a lo que ocurrió después de la independencia o después de la revolución-. El segundo es que la flaqueza del actual modelo termine por desbaratarlo y que la sociedad mexicana, más participativa y crítica que nunca, logre tener la fuerza suficiente como para sentar las bases de instituciones inclusivas que permitan que todos los seres humanos de este país tengan la oportunidad de ser educados y de desarrollarse libremente. Lo que ocurrirá depende en gran parte de la participación de la sociedad en lo público y de un raigambre de factores políticos impredecible. Y también de la suerte.

 

“Por qué fracasan los países” ha sido aclamado a nivel mundial y un buen número de analistas lo consideran ya un libro fundamental para entender los orígenes de la desigualdad y de la pobreza en el mundo. Los mexicanos nos asombramos cómo, en medio de este caos, seguimos siendo un país de pobres con multimillonarios y políticos ricos. Consecuentemente solemos preguntarnos cómo es posible que nuestras autoridades cometan errores económicos infantiles, que se condonen miles de millones de pesos en impuestos a los grandes contribuyentes o que no se entienda que, mientras no tengamos salarios dignos que permitan la construcción de un mercado interno sólido, no podremos crecer económicamente.

 

La respuesta que nos dan Acemoglu y Robinson es contundente: “No lo hacen bien no porque se equivoquen o por su ignorancia, sino a propósito”. Sólo en la medida en que tomemos en serio esta tesis podremos entender sus alcances y evitar que continúe definiendo el rumbo de nuestro actual fracaso.- Mérida, Yucatán.

 

asalgadoborge@gmail.com

 

@asalgadoborge

 

asalgadoborge.wordpress.com

—–

*) Maestro en Estudios Humanísticos con especialidad en Ética (ITESM). Profesor y director en la Universidad Marista de Mérida

 

– See more at: http://yucatan.com.mx/editoriales/opinion/cronica-de-un-fracaso-anunciado#sthash.CIqht673.dpuf

Crónica de un fracaso anunciado

Ya sabemos por qué no aplaudimos

Lo mismo que individuos, hubo épocas mitómanasMarc Bloch, historiador francés.


 

Enrique Peña Nieto esperaba que le aplaudieran al finalizar un discurso en el que anunció una serie de nuevas medidas para combatir la corrupción. El silencio que obtuvo de los integrantes de la prensa que le escucharon provocó su molestia. “Ya sé que no aplauden”, espetó el visiblemente incómodo mandatario a los periodistas.

 

Los puntos anunciados por Peña Nieto son una respuesta a la indignación social derivada, dentro y fuera de México, por las investigaciones periodísticas de Carmen Aristegui y de “The Wall Street Journal”, que dan cuenta de indicios de corrupción y de conflicto de interés del Presidente y del secretario de Hacienda. Ambos funcionarios han hecho operaciones personales para adquirir propiedades con empresas constructoras que, a su vez, han recibido miles de millones de pesos en contratos del gobierno del Estado de México, cuando Peña y Videgaray eran gobernador y secretario de Finanzas respectivamente, y del actual gobierno federal.

 

Las nueve reglas de transparencia que se anunciaron el pasado martes con bombo y platillos son, en su mayoría, meros pronunciamientos sin contenido. El nuevo secretario de la Función Pública, nombrado por Peña y a quien Peña le ha encomendado investigar si el propio Peña o Videgaray incurrieron en un conflicto de interés, es, en sí mismo, un conflicto de interés por partida doble al ser parte del grupo político de estos dos funcionarios públicos desde hace décadas y ser hijo del abogado que defiende al líder sindical de Pemex. Más relevante resulta la impotencia legal que caracteriza a su puesto; aún si quisiera investigar a sus compañeros, su nombramiento no cambiará un ápice las reglas de este juego. Finalmente, es el propio partido del Presidente el que ha bloqueado la propuesta de un verdadero Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que la real intención de las nuevas reglas debe ser puesta entre signos de interrogación.

 

Es evidente que no existe hasta el momento ni en el Presidente ni en su partido la más mínima intención de ir al fondo del problema de corrupción que carcome a México. El propio Peña ha dicho, una y otra vez, que acepta los hechos que se le imputan, pero que no considera que éstos constituyan ningún conflicto de interés. Tanto las medidas difundidas por Peña Nieto como su reacción ante la falta de aplausos de la prensa son una confirmación de la frase publicada en la revista “The Economist” sobre la incapacidad del presidente mexicano y de su equipo de darse cuenta de la naturaleza de sus actos y de la forma en que la sociedad los percibe: simplemente “no entienden que no entienden”.

 

En su excelente libro “Remolino” (Editorial Ink, 2014), Sergio Aguayo Quezada, investigador del Colegio de México, nos ofrece una importante luz para resolver el dilema de por qué nuestro presidente no entiende que no es mediante una comparación entre la cultura política existente en el Distrito Federal y la existente en el Estado de México. Mientras que el primero ocupa el cuarto lugar en el Índice de Desarrollo Democrático, el segundo se encuentra en el lugar 27. El doctor Aguayo define al Estado de México como “Una reliquia de la época dorada del autoritarismo mexicano”; un estado que no ha experimentado, desde hace más de 85 años, alternancia política -siempre ha sido gobernado por el PRI-, en el que no hay sociedad civil organizada que exija a sus gobernantes y en el que no existe el periodismo crítico. Es decir, el Estado de México es un estado en el que todos los medios publican, aplauden y celebran cualquier dicho o hecho del gobernador en turno.

 

El Presidente hizo toda su carrera en esta “reliquia”, por lo que él mismo es producto y causa de un contexto profundamente opaco y antidemocrático. Dado que Peña Nieto no conoce otro escenario, se entiende que no puede entender la falta de aplausos de la prensa o que la mayoría de los mexicanos desapruebe su gestión o perciba conflictos de intereses en donde otros probablemente sólo ven “gajes del oficio” de la política. Desgraciadamente, buena parte de la clase política mexicana, sin distinción de partidos, simplemente no puede empezar a entender la posibilidad de principios éticos fundamentales como la honestidad o la decencia.

 

El problema de la corrupción no es cultural, como argumentara el propio Presidente, sino sistémico. Concuerdo con quienes sostienen que la corrupción no es una variable residual de nuestro sistema político sino el pegamento que lo mantiene unido. Es bien sabido que en  todo el país existen funcionarios que se han hecho de casas, terrenos y fortunas al calor de su relación -o de sus familias- con empresas proveedoras del gobierno o por algún otro tipo de conflictos de interés. Sin embargo, por el momento sus propios partidos los esconden y cobijan, por lo que los ciudadanos no contamos con la posibilidad real de vigilarlos o de castigarlos legalmente.

 

Las resistencias son, en efecto, muy poderosas. Un botón de muestra es la declaración de Lorenzo Servitje, fundador de Bimbo, quien ante la bajísima popularidad del presidente, aseguró: “Peña Nieto está en su peor momento”, por lo que es necesario que “cerremos filas al servicio de México, pero apoyando a nuestro presidente” (Sinembargo.mx, 27/02/2015) . La declaración es desafortunada, pues apuesta explícitamente por conservar a favor de unos pocos lo actualmente existente a cualquier precio. Fue el entorno social crítico y adverso que preocupa a este empresario lo que obligó a Enrique Peña Nieto a salir al paso con algún tipo de respuesta ante la sociedad.

La clase política mexicana, es importante subrayarlo, es el dique roto que permite el flujo de un sistema diseñado para saquear, cuyas élites, políticas y económicas, pretenden mantener el estado actual de cosas y perpetuar la funesta división entre explotadores y explotados que caracteriza a nuestro país. Por lo tanto, en lugar de cerrar filas en apoyo al Presidente y cobijarlo con nuestros aplausos, como hace el sistema político mexiquense con sus gobernadores, los mexicanos deberíamos de hacer realidad nuestro proyecto democrático y aprovechar esta coyuntura.

 

En las próximas semanas tendremos la inmejorable oportunidad de transformar el malestar social presente en la presión suficiente para que nuestros legisladores se vean obligados a aprobar la creación de un verdadero Sistema Nacional Anticorrupción que termine, de una buena vez, con la posibilidad de que nuestros gobernantes continúen disponiendo de lo público para fines privados y rasgándose las vestiduras cuando en vez de aplaudirles se los reclamamos.- Mérida, Yucatán.

 

asalgadoborge@gmail.com

 

@asalgadoborge

 

asalgadoborge.wordpress.com

—–

*) Maestro en Estudios Humanísticos con especialidad en Ética (ITESM). Profesor y director en la Universidad Marista de Mérida

 

http://yucatan.com.mx/editoriales/opinion/ya-sabemos-por-que-aplaudimos

Ya sabemos por qué no aplaudimos.pdf

Vigilados desde adentro

La soledad, que es la condición que sostenía al individuo contra y más allá de la sociedad, se ha hecho técnicamente imposibleHerbert Marcuse, filósofo alemán


Uno de los derechos humanos más ultrajados en el siglo XXI es el derecho a la privacidad. El surgimiento de nuevas tecnologías, y con ellas de pretextos para emplearlas en labores de vigilancia y registro de actividades de individuos, hacen técnica y legalmente posible que tanto gobiernos como empresas tengan acceso a todo tipo de información sobre la vida privada de millones de personas. En las próximas semanas el Estado mexicano intentará quedarse con una mayor rebanada de este suculento pastel.

 

De acuerdo con el periódico “Reforma”, pronto “el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) fijará las reglas que deberán seguir los operadores del sector a fin de cumplir con las solicitudes de intervenciones que hagan las dependencias de seguridad”. De esta forma, “Llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos y búsquedas en internet, entre otras comunicaciones de voz y datos de los mexicanos, podrán ser revisados por el Gobierno”. Para aumentar aún más las suspicacias, uno de los puntos más polémicos de este proyecto es que no queda claramente definido qué tipo de autoridad podrá acceder a nuestra información ni bajo qué circunstancias específicas podrán hacerlo.

 

Tal parece que una vez más el gobierno federal lucrará con el miedo mítico y con el terror derivados de la creciente violencia desatada por la guerra al tráfico de drogas en nuestro país. Con el pretexto la prevención de delitos y la salvaguarda de la seguridad de los mexicanos, derechos y libertades fundamentales serán nuevamente vulnerados.  Existen al menos un par de elementos muy concretos que obligan a mirar con serias sospechas el establecimiento de reglas como las que podría fijar el IFT.

 

En primer término, no existe en este momento en el público una plena conciencia de lo que ceder nuestra información personal a las diversas compañías de telecomunicaciones o financieras implica. Empero, a diferencia del usuario promedio,  las empresas que se dedican a recabar datos personales de los consumidores sí que se dan perfecta cuenta del valor del producto que tienen en sus manos.

 

La información que las empresas privadas recaudan de sus clientes es cada vez más valiosa y voluminosa. Existen dos maneras principales por las que las compañías obtienen datos de los consumidores: la primera es a través de sus propios medios -llenado de formularios, por ejemplo-. La segunda es mediante la compra de esta información a terceros; es decir, a empresas que son invisibles para la mayoría de los individuos y que se dedican exclusivamente a recolectar su información personal para luego vendérsela al mejor postor. La compañía Blu Kay es una compañía de este tipo y tiene una base de datos con perfiles de mil millones de personas, cada uno de los cuáles contiene al menos 50 atributos del individuo datificado (“The Economist”, 13/09/2014).

 

Las grandes compañías tienen en su poder información valiosísima que emplean para maximizar sus ventas mediante estrategias de publicidad dirigida. Esto constituye, de suyo, una invasión a la privacidad de miles de millones de individuos y a largo plazo un auténtico riesgo para su libertad personal. Este escrito no se detendrá en este punto -abordado en textos anteriores y que seguirá siendo analizado en este mismo espacio en un futuro-; pero sí es necesario subrayar que con el advenimiento del “internet de las cosas” prácticamente todos los aparatos eléctricos reaccionarán ante la presencia de sus usuarios y tendrán conexión a internet, por lo que la cantidad de datos recopilados en las bases conocidas como metadatos se incrementará exponencialmente.

 

Con la tecnología actual el gobierno podría exigir a compañías privadas nuestros metadatos que incluyen registros de información de a quiénes enviamos mensajes por teléfono celular o las características de nuestros círculos de amigos y familiares. Pero, bajo la misma lógica y considerando la evolución tecnológica esperada, estos datos podrían llegar a succionarse en tiempo real desde el momento mismo en que se generan, de forma tal que cada uno de nuestros electrodomésticos conectados al “internet de las cosas” sería una ventana abierta por la cual se nos podría vigilar permanentemente.

 

Las señales de alarma se intensifican si a lo anterior agregamos que toda esta información no se quedaría en las empresas que la recopilan, sino que pasaría a manos de nuestras autoridades. Basta recordar que en México la PGR responde al presidente en turno, que nuestra historia de espionaje estatal es vastísima y que, bajo el amparo de la irracional “guerra contra el narco”, nuestras autoridades han venido justificando sin rubor un creciente número de violaciones a derechos humanos (“Human Rights Watch”, 2011), entre las cuales se debe incluir la vigilancia y el espionaje “preventivos”. Me parece que sería ingenuo pensar que contamos con alguna garantía de que nuestros metadatos no puedan ser empleados con fines políticos, coercitivos o represivos.

 

En segundo lugar, es evidente que la capacidad actual  de nuestras autoridades de salvaguardar la información que ellas mismas recaban es, por decir lo menos, muy cuestionable. Una investigación del periódico “El Universal” (19/04/2010) comprobó que en 2010 en el mercado de Tepito en la ciudad de México se vendía, por apenas US$12,000, 160GB divididos en tres memorias externas entre cuyo contenido figuraban bases de datos en manos del gobierno como la lista completa del padrón del IFE, el registro nacional de vehículos, el registro completo de licencias de conducir y listados de policías del país con la dirección y fotografía de cada agente “entre otros”.

 

Es la misma autoridad que ha fallado en conservar sus bases de datos -disponibles ilimitadamente lo mismo para grupos criminales que para vendedores por catálogo- la que ahora pretende obligar a las empresas a brindarle acceso ilimitado a las suyas. Bajo el estado presente de cosas no existe ninguna garantía para los ciudadanos de que será adecuadamente resguardada. Lo que sí podemos anticipar es que muchas manos adicionales tendrían acceso a datos muy delicados y que la posibilidad de que éstos sean vendidos o malempleados será mayor que la actual, que ya es lo suficientemente alta.

 

A pesar de que el IFT ha aclarado que aún no existe una versión final de los lineamientos en materia de seguridad y de justicia, lo que sabemos hasta ahora es lo suficientemente preocupante como para exigir el respeto pleno de nuestro derecho fundamental a la privacidad. El sentido de una resolución de esta naturaleza no sólo es de la mayor relevancia para nuestra privacidad presente, sino que nos revelará si nuestras instituciones pretenden sentar las bases para la protección de los mexicanos o si lo que quieren es forjar una llave maestra que les permita, “por nuestra propia seguridad”, vigilarnos desde el interior de nuestras casas.- Mérida, Yucatán.

 

asalgadoborge@gmail.com

 

@asalgadoborge

 

asalgadoborge.wordpress.com

—–

*) Maestro en Estudios Humanísticos con especialidad en Ética (ITESM). Profesor y director en la Universidad Marista de Mérida

 

– See more at: http://yucatan.com.mx/editoriales/opinion/vigilados-desde-adentro#sthash.aLtGFjZq.y3LDjeIy.dpuf

 

Vigilados desde adentro.pdf

Cacheteando a México

La crítica a la barbarie presupone un lugar exterior a la misma del que poder juzgarlaManuel-Reyes Mate, filósofo español


 

La bofetada que Manuel Velasco Coello propinó en público a uno de sus colaboradores despertó la indignación de millones de mexicanos y puso en riesgo los sueños presidenciales del joven gobernador chiapaneco.

 

Gracias a este penoso incidente este enorme muñeco inflable, al que tanto dinero se le ha invertido, ha recibido un letal pinchazo por donde escapará eventualmente el aire con que sostiene sus aspiraciones. Al suceso, de suyo increíble y lamentable, siguió algo aún más inverosímil. Un día después de la bofetada original, el gobernador chiapaneco daba otra cachetada, ésta dirigida a todos los mexicanos, al ofrecer, en un evento público controlado, una acartonada disculpa por su acción, a la que calificó cínicamente de “incidente accidental”.

 

Pero el de Velasco no se trató de un incidente aislado ni de un accidente. Día a día nuestra clase política se encarga de cachetear a los mexicanos y de alegar cualquier disparate cuando son descubiertos in fraganti. La descomposición del sistema de partidos mexicano es evidente y es posible afirmar que hemos pasado de una realidad nacional a la que José Agustín describió magistralmente como “tragicomedia mexicana” -ridícula, es verdad, pero con cierta estructura- a una suerte de teatro del absurdo sustraído de toda su esencia.

 

El mundo de lo absurdo se caracteriza por su disfuncionalidad, el movimiento de sus partes es errático y la coherencia inexistente; en él absolutamente todo puede pasar, pero finalmente nada importa. No tenemos que ir muy lejos para comprobar que la mayoría de nuestra clase política cohabita en el escenario de un gran teatro del absurdo sin ningún sentido.

 

A las dos bofetadas de Velasco podemos sumar una colección de eventos recientes, entre los que figura la reaparición de Raúl Salinas, exonerado de enriquecimiento ilícito, a bordo de un BMW con valor de 2.2 millones de pesos; la presencia de César Duarte, gobernador priista de Chihuahua acusado de utilizar recursos públicos para crear y financiar ¡su propio banco!, en el marco de una sesión del Senado cuyo tema era la justicia y su penosa respuesta ante los señalamientos al panista Javier Corral; la delirante queja de los panistas calderonistas que acusan a los panistas maderistas de excluyentes, cuando éstos les han pagado exactamente con la misma moneda que recibieron del ex presidente; la desbandada en el PRD que motivó las vestiduras rasgadas, con lloriqueo incluido, de su corrupta dirigencia y las precandidaturas de Cuauhtémoc Blanco y de un payaso por sendas alcaldías.

 

En un escenario en el que todo es absurdo no importa lo que se haga. Mucho menos importa lo que se diga. En su más reciente número (24/01/2015), la revista “The Economist” retrata a la perfección los alcances de lo absurdo en México. Este influyente semanario critica severamente al presidente Peña Nieto y al secretario de hacienda Videgaray por “no entender que no entienden”. “The Economist” asegura que, ante las acusaciones de conflicto de interés y corrupción en su contra, “Peña y Videgaray insisten en que no han hecho nada ilegal. Están perdiendo el punto. En las democracias modernas, en cuya lista México aspira entrar, el rascarse las espaldas mutuamente como parece que lo han hecho con Grupo Higa resulta un comportamiento inaceptable”.

 

En nuestro teatro del absurdo lo indefendible es siempre defendido con la vehemencia con la que se defiende un condenado a muerte que es inocente. Empero, la consistencia o evidencias de los argumentos que se presentan para ello sale sobrando y se sigue la lógica del loro: es irrelevante lo que se diga o cómo se diga; lo único que importa es no quedarse callado. Nuestra clase política apuesta a que los medios alineados al poder harán el resto y a que la gente aceptará dócilmente cualquier tontería.

 

Sin embargo, cada “incidente accidental” representa una gota adicional dentro de un vaso cada vez más lleno. La aprobación del presidente y la confianza en las instituciones se encuentran por los suelos. Probablemente en los comicios de este año habrá una abstención mayúscula y el porcentaje de votos nulos registrará un récord histórico. La buena noticia es que los mexicanos somos conscientes de lo absurdo de nuestra clase política y que estamos cada vez más hartos de ella; pero nuestro gran reto es no permitir que en la frustración se incube el nihilismo.

 

No somos el único país harto de su clase política y antes que dar gusto a los que a cachetadas pretenden negarlo todo, bien podríamos mirar ejemplos de proyectos alternativos en construcción como el de Podemos en España,  un movimiento conformado por jóvenes indignados con la partidocracia que sorprendió por su altísima aceptación en las más recientes elecciones y que, a pesar de sus divisiones y de los importantes retos a los que se enfrenta, constituye un ejemplo de lo que se puede alcanzar cuando se concibe a un movimiento más como un método de hacer democracia que como un producto partidista (“The Nation”, 02/02/2015) o el de Syriza en Grecia, coalición que obtuvo un histórico triunfo en las más recientes elecciones en este país en gran medida debido al rechazo juvenil a los corruptos modos de la élites oligárquicas.

 

Es evidente que un esfuerzo de esta naturaleza es impensable para 2015 y, a pesar de que es posible imaginarlo presente en 2018, su consolidación o un efecto contundente se antoja aún remoto.

 

La empinada cuesta arriba no debe ser nunca pretexto para la inacción o para la negación de toda posibilidad. Si todo y todos llegamos a formar parte del teatro del absurdo, lo absurdo se convertirá en lo único existente y dejará de ser concebido como absurdo. Los intentos de afirmar ideales en medio de este caos constituyen la única forma de evidenciar a lo absurdo como absurdo y de lograr que siga apareciendo ante nosotros como absurdo.

 

 

asalgadoborge@gmail.com

 

@asalgadoborge

 

asalgadoborge.wordpress.com

 

– See more at: http://yucatan.com.mx/editoriales/opinion/cacheteando-mexico#sthash.oTSasHk2.dpuf

 

Cacheteando a México

Algorítmicamente regulados

Ésta es la forma pura de servidumbre: existir como instrumento, como cosa Herbert Marcuse, filósofo alemán.


Gracias a las revelaciones de Edward Snowden, ahora sabemos a ciencia cierta que tanto grandes compañías como gobiernos suelen registrar eventos de nuestras vidas y convertirlos en datos que se archivan inmediatamente en grandes bases denominadas metadatos.

 

Los recolectores de datos pueden posteriormente, con la ayuda de poderosas herramientas analíticas disponibles para quien pueda pagar por ellas, pronosticar patrones de conducta de un individuo o de un grupo. De esta forma, la cadena de supermercados Target es capaz de saber, basándose en los metadatos generados por una de sus clientas, si la consumidora se encuentra embarazada, aún antes de que ella se someta a una prueba predictora (“Forbes”, 16/02/2012).

 

En la medida en que se conoce más los patrones de conducta de un grupo determinado, es posible realizar pronósticos más certeros. Las principales compañías de internet llevan años empleando los metadatos de sus usuarios para hacerles llegar publicidad dirigida, para recomendarles redes de amigos con intereses que les sean afines o para sugerirles música que puede congeniar con la que se ha escuchado en línea. La mayoría de los usuarios de estos servicios no parecen muy preocupados en compartir su información personal y de revelar su contexto a empresas que, por su parte, han hecho todo lo que está en sus manos por generar las condiciones propicias para datificar cualquier componente de la vida del cibernauta que consideren relevante en la carrera por maximizar sus ganancias económicas.

 

Tal como se ha comentado en este mismo espacio, el internet de las cosas es una “red conformada por aparatos inteligentes que, equipados con sensores, detectan eventos relacionados con su uso y crean un registro histórico de cada una de las actividades para las cuales han sido diseñados” ; un ente ubicuo cuyos tentáculos serán más notorios para el ciudadano promedio en el interior de sus hogares. Sin embargo, estos tentáculos son más largos de lo que parecen y rebasan el ámbito de las posesiones privadas o de las dinámicas propias del consumo de masas.

 

Siguiendo la lógica de la evolución tecnológica descrita con anterioridad, un buen número de fábricas emplea una herramienta denominada “regulación algorítmica” para alertar, con base en patrones de comportamiento conocidos, sobre posibles desperfectos o fallos en partes de su línea de producción aun antes de que éstos ocurran. De acuerdo con un artículo de Evgeny Morozov (“The Observer”, 20/07/2014) la “regulación algorítmica” establece reglas de forma análoga a la de los filtros de spam -”email” chatarra- de los más importantes proveedores de correo electrónico. Dado que sería imposible que Google o Microsoft modifiquen sus reglas de filtrado a la par del ritmo al que surgen diferentes clases de correo chatarra, sus filtros de spam son programados enseñando al sistema reglas para que éste diseñe autónomamente, a su vez, buenas reglas para cumplir un objetivo determinado -detener el correo chatarra-, y para que detecte cuándo han surgido cambios en el “enemigo” que hacen necesaria una regla diferente para encontrar otra regla buena. Este principio permite que el sistema “aprenda” permanentemente y que se adapte a circunstancias cambiantes. Ya no hay necesidad de desarrollar procedimientos para gobernar cada contingencia; en este campo, la “regulación algorítmica” es más eficiente que cualquier decisión humana.

 

De manera análoga, gracias al desarrollo de “ambientes inteligentes”, los gobiernos podrán prevenir fallas en los servicios públicos -por ejemplo, fugas de agua potable- o enviar señales para que se reparen averías. Es fácil ver los beneficios y ahorros que esto representaría. Sin embargo, los signos de interrogación irrumpen cuando se considera la forma en que los gobiernos podrían emplear esta misma herramienta para prevenir posibles violaciones a la ley por parte de sus ciudadanos. Gracias a los metadatos disponibles y a la regulación algorítmica, en teoría sería posible detectar, como Target lo hace con las mujeres embarazadas, qué sujetos tienen altas posibilidades de ser terroristas aun antes de que éstos hayan tomado la decisión de serlo. El gobierno norteamericano utiliza un esquema de esta naturaleza en su “guerra contra el terror”.

 

De acuerdo con este Morozov, la principal consecuencia social de la “regulación algorítmica” sería la vida en “un Estado en el que la irracionalidad es corregida por un entorno que actúa sobre nosotros para dirigirnos hacia la acción correcta”. Así, mediante sensores en las carreteras y en los vehículos que circulen en éstas sería posible forzar a límites de velocidad inquebrantables. El sueño de Silicon Valley no es, como suele suponerse, el gobierno enano de los libertarios, sino un Estado en el que se acude a sensores y mecanismos de retroalimentación en vez de depender de leyes violables o de la “buena fe” de las siempre frágiles voluntades humanas. La libertad humana sacrificada, de nuevo, en nombre de la seguridad y de la eficiencia.

 

La “regulación algorítmica” basada en metadatos es intrusiva y puede convertirse en una real amenaza para la libertad humana. Empero, existen elementos adicionales, éstos relativos al fin o meta de esta tecnología, que hacen imposible no mirarla con un grado adicional de sospecha. Por mejor diseñados que sean los sistemas de “regulación algorítmica”, su aplicación, dentro y fuera de la fábrica, tiene ya un componente de reproducción de los mecanismos de dominación vigentes. ¿Cómo podrían estos sistemas combatir la injusticia cuando éstos han sido diseñados e implementados por los beneficiarios de éstas?

 

Si las reglas de la “regulación algorítmica” son sacralizadas y se les atribuye un rol similar al que los neoliberales asignan a las “leyes” del libre mercado, éstas podrían convertirse, como sueñan algunos, en una herramienta que sustituya el rol humano en el diseño de política. El problema de fondo de este sistema es que las injusticias sociales o económicas son mucho más difíciles de rastrear que las fallas en tuberías o los patrones de conducta de un individuo y se derivan de acciones y de normas humanas que distan mucho de ser incuestionables o inmutables.

 

En nombre de la eficiencia y de la seguridad, la “regulación algorítmica” no sólo se dirige a los efectos particulares en lugar de atender las causas de los problemas, sino que podría convertirse en un cheque en blanco para que los gobiernos y las corporaciones continúen intentando extender sus nuevos mecanismos de control.- Mérida, Yucatán.

 

asalgadoborge@gmail.com

 

@asalgadoborge

 

https://asalgadoborge.wordpress.com/

—–

*) Maestro en Estudios Humanísticos con especialidad en Ética (ITESM)

Charlie y su fábrica de libertad

Se puede someter a un hombre vivo y reducirlo al estado histórico de cosa. Pero si muere rehusando, reafirma una naturaleza humana que rechaza el orden de cosasAlbert Camus, filósofo francés


El mortal ataque contra el periódico francés Charlie Hebdo representa en realidad un atentado contra la libertad de expresión en todo el mundo. Característica fundamental de las auténticas democracias liberales, y bien escaso fuera de los países occidentales más desarrollados, la libertad de opinar y criticar es constantemente amenazada por fuerzas absolutistas que no ven en las ideas de otros una oportunidad de corregir los propios errores, sino una amenaza.

 

Charlie Hebdo es un irreverente semanario que a través de creativos editoriales gráficos satiriza sin distinción a representantes de autoridades civiles y religiosas. Fueron precisamente los cartones dedicados al profeta Mahoma los que podrían haber desencadenado la furia de un puñado de hombres enmascarados que, embriagados por su intolerante fanatismo, acribillaron a balazos a cartonistas, editores y trabajadores del rotativo, probablemente con el fin de intimidar a los medios occidentales e influir en la forma en que éstos tratan al Islam.

 

Crudo, lacerante y hasta ofensivo, Charlie Hebdo encarna el espíritu de la libertad de expresión llevado hasta su manifestación más completa. La acidez de sus críticas no debe asustarnos. En la tradición liberal no hay verdades absolutas ni idea definitivas y, aunque las hubiera, de cualquier forma no podríamos estar seguros de ellas ya que nosotros somos nuestros propios jueces. Todo ser humano se equivoca y la única fuente de mejora es la corrección constante de nuestros errores por parte de terceros. Siguiendo esta lógica es como hemos hilvanado nuestros principales logros como especie y cómo algunas naciones han logrado sus sociedades abiertas.

 

Defensor de los valores de la ilustración, en su texto “Sobre la libertad” (1859), el filósofo inglés John Stuart Mill dedica un capítulo a exponer la importancia de la libertad de pensamiento y de expresión. Mill asegura que incluso “las creencias de la humanidad que cuentan con mayores garantías no poseen más protección que una invitación constante al mundo entero a demostrar su falta de fundamento”; dar por cierta una proposición o idea sin escuchar a quienes piensan diferente equivale a autoerigirnos como jueces infalibles de nuestros propios pensamientos. Consecuentemente, todos los seres humanos tenemos el derecho irrestricto de exponer nuestras ideas -toda idea es una afirmación- y de criticar o contradecir libremente las de otros, incluso si esto les ofende.

 

Suponer que lo ofensivo de un comentario puede ser motivo para su censura es abrir las puertas a la cancelación de opiniones divergentes. Bajo esta premisa, cualquier autoridad podría pedir que se dejen de publicar comentarios negativos en su contra aludiendo posibles daños a su frágil y sensible persona. En un mundo de libertades, algunas de las cuales pueden contraponerse, se deben defender siempre las más generales y fundamentales. Y pocas pueden ser más importantes que la posibilidad de dar nuestra opinión; así sea la única que vaya en sentido contrario al de la mayoría o se hieran con ésta algunas susceptibilidades. Es por ello que la sanción a lo ofensivo -siempre circunstancial y subjetivo- nunca debe ser legal ni mucho menos física, sino social.

 

El atentado contra Charlie Hebdo es lamentado y condenado en todo el mundo. Esta tragedia nos ha explicitado de la forma más cruda posible la necesidad de defender, a toda costa, a la libertad de expresión y a sus actuales artesanos. A los mexicanos, nos recuerda que en nuestro país la libertad de expresión es minada sistemáticamente y que tenemos una difícil lucha pendiente en casa. México es, de acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras (2014), uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo -el 152  de 180 – seguido inmditamente por Iraq y apenas por debajo de Angola, Túnez, Afganistán o Palestina.

 

Existen dos vías principales por los que la libertad de expresión es sofocada en México. La primera consiste en agresiones físicas no muy distintas a la empleada en París, pero debido a su origen, mucho más silenciosas y frecuentes. De acuerdo con un informe de la organización Artículo 19 (18/03/2014), las agresiones contra periodistas en nuestro país son cosa de todos los días y van en aumento. En 2013 se incrementaron en 59 % con respecto al año anterior. Sesenta por ciento de los ataques contra periodistas en México son cometidos por funcionarios de distintos niveles de gobierno. Es decir, en diversos estados de la república ejercer el periodismo independiente es literalmente jugarse la vida.

 

La segunda vía por la que se limita la libertad de expresión en México consiste en la grosera cantidad de dinero que nuestros gobiernos emplean para promocionar el cumplimento de sus obligaciones o, de plano, para engañar a los ciudadanos mediante la difusión de mentiras con fines electorales. De acuerdo con el periódico “Reforma” (6/01/2015), el gobierno federal gastó en publicidad en 2014 ¡$1,908 millones! De esta forma se asegura de obtener opiniones favorables y de mantener a un buen número de medios en los que se anuncia. En muchos estados, sobre todo en los que no cuentan con un medio independiente fuerte -como lo es, por ejemplo, el Diario de Yucatán- , las voces críticas no encuentran espacios y quedan limitadas a las redes sociales o a medios con poca participación de mercado.

 

Todo parece indicar que en México el principal peligro para la libertad de expresión son nuestras propias autoridades. Los fundamentalistas que pretenden extinguir las críticas no son un puñado de extremistas desquiciados, poco representativos y creyentes en una utopía teocrática, sino los usufructuarios de una muy particular utopía cleptocrática en cuyo nombre se ha erigido el sistema que marca el rumbo de toda una nación. El resultado es el mismo: la imposición de la imagen de una realidad unidimensional, la extinción de una libertad fundamental indispensable para la construcción de otras capacidades humanas básicas y una de las partes más luminosas de nuestro espíritu permanentemente ahogada.

 

Excurso

 

El pasado 8 de enero falleció don Julio Scherer García, considerado por muchos como el periodista mexicano más importante del siglo XX y uno de los más grandes defensores de la libertad de expresión en nuestro país. Scherer fundó en 1976 la revista “Proceso”, catedral desde entonces del periodismo mexicano crítico e independiente, y un referente indispensable para el autor de esta columna. Descanse en paz.- Mérida, Yucatán.

 

asalgadoborge@gmail.com
@asalgadoborge

 

asalgadoborge.wordpress.com

—–

*) Maestro en Estudios Humanísticos con especialidad en Ética (ITESM). Profesor y director en la Universidad Marista de Mérida

 

– See more at: http://yucatan.com.mx/editoriales/opinion/charlie-y-su-fabrica-de-libertad#sthash.GUqnwA7o.dpuf

Charlie y su fábrica de libertad

« Entradas Anteriores Últimas entradas »