Antonio Salgado Borge

Algo va muy mal cuando una empresa de telecomunicaciones emprende públicamente una feroz campaña con el fin de orillar a su periodista estelar a renunciar.

El pasado miércoles MVS tapizó los principales diarios del país e inundó sus espacios comerciales con un comunicado en el que advertía, con una rudeza desmesurada, que no permitiría ningún “abuso de confianza” por parte de sus colaboradores. No hacía falta incluir el nombre del destinatario de este mensaje. Las amenazas de MVS aludían directamente a la periodista Carmen Aristegui, quien horas antes había firmado, a título personal, pero presentándose como parte de la empresa para la cual trabaja, un convenio para echar a andar un portal para recibir denuncias ciudadanas anónimas denominado “Mexicoleaks”.

Al día siguiente MVS anunció el despido “por pérdida de confianza” de dos integrantes del equipo de Aristegui: el reportero Irving Huerta y el jefe de información Daniel Lizárraga. En su programa del viernes, la periodista hizo un llamado para que se reinstale inmediatamente a sus colaboradores. MVS respondió publicando los “nuevos lineamientos para sus noticieros”, entre los que figura de manera destacada la creación de un comité editorial que deberá dar su aprobación previa a todo trabajo de investigación realizado por los periodistas de esta empresa.

Es evidente que la reacción de MVS no obedece a una lógica comercial o periodística. De mantenerse dicha compañía en su postura, Aristegui probablemente terminará por renunciar (Actualización: Aristegui fue despedida por MVS el pasado 15 de marzo) y esta empresa, que en teoría obtiene sus ganancias de la venta de espacios comerciales en sus programas, estará sacrificando al noticiario de radio más escuchado del país y su “producto” más exitoso. Carmen Aristegui es la razón indiscutible por la que el público sintoniza la “primera emisión” de los noticiarios de esta cadena. Su audiencia se iría con ella.

El sentido de esta cruzada delirante de MVS contra su directora y más prestigiada colaboradora está en otro lado. Todos los eventos descritos anteriormente giran sobre el mismo eje. Tanto Huerta como Lizárraga estuvieron directamente involucrados en la investigación que reveló la existencia y los pormenores de la “casa blanca” de Enrique Peña Nieto. Muchos temas de enorme trascendencia para la vida nacional que la falta de espacio no permite enlistar, han sido dados a conocer originalmente o abordados con una profundidad sin paralelo en este programa. Los nuevos “lineamientos” de MVS están claramente encaminados a que nunca más pueda publicarse un reportaje con la independencia editorial plena que caracteriza a Aristegui. No más “casas blancas”.

Es claro que después de los años que Aristegui ha invertido en abrir y sostener un espacio libre y crítico, el medio para el que trabaja pretende ahora forzar su salida sin despedirla técnicamente. Un periodista independiente tiene dos líneas de defensa contra los embates del poder al que critica. Una de ellas es el medio en que publica. Mientras mayor sea el peso específico de la radiodifusora o espacio en cuestión, más probabilidades habrá de que el periodista pueda ser protegido. En un contexto autoritario, si el medio le da la espalda a su colaborador en conflicto con el poder, éste queda expuesto e inerme ante aquellos cuyos abusos denunció. Sin embargo, también hay un alto costo para el medio, que pierde la credibilidad en su interior, debilita la moral o calidad de sus trabajadores y termina, eventualmente, degradando su labor periodística.

Pero más allá del medio para el que publica su trabajo, hay una segunda barrera protectora para los periodistas independientes y críticos: su audiencia. En 2011, durante el sexenio de Felipe Calderón, MVS despidió a su periodista más influyente muy probablemente por presiones surgidas desde Los Pinos; pero terminó reinstalando a Carmen ante la presión popular en redes sociales y en las calles.

Gracias a su impecable trayectoria, Aristegui se ha llegado a convertir en un ícono del periodismo nacional cuyo nombre es asociado con integridad profesional, independencia periodística y espíritu crítico. Esta periodista, cuya contribución a la democracia mexicana es invaluable, encarna hoy ideales humanos fundamentales, como la valentía o la honestidad; bienes escasísimos en la radio o televisión nacionales. Muchísimos mexicanos lo saben y la prueba está en que sus muestras de apoyo en redes sociales han sido avasalladoras. En apenas un par de días, fueron recolectadas más de 130,000 firmas en apoyo a su causa y el hashtag -etiqueta de Twitter- #EndefensadeAristegui se reprodujo cientos de miles de veces. Aunado a ello, un importante número de reconocidos académicos y periodistas, de diversos orígenes e ideologías, han manifestado públicamente su solidaridad para con ella.

Hoy más que nunca es preciso defender los espacios de libertad ganados. Desde el regreso del PRI a Los Pinos, periódicos como los de Grupo Healy en Baja California han sido amenazados, portales independientes como Sinembargo.mx han sido atacados y otros medios, comunicadores y programas han sido sutilmente saboteados. Ante una presión de tal magnitud, algunos medios de comunicación han terminado por claudicar ante el gobierno. Con ellos, claudica también una parte de nuestras posibilidades de entender y de cambiar nuestro presente.

En un mensaje dado durante más reciente programa, Aristegui advirtió: “No tenemos derecho a aceptar lo que parece ser ya no un aroma sino un vendaval autoritario de regresiones… Hay hoy en México un clima sumamente preocupante y este panorama no lo podemos aceptar… Esta batalla, no lo dude nadie, es una batalla por nuestra libertad, es una batalla por el derecho a expresarnos, es una batalla por el derecho a saber, es en defensa de los periodistas y, por tanto, en defensa de la sociedad”.

Tiene razón. La circunstancia presente rebasa el ámbito privado o individual y se ha vuelto un asunto del mayor interés público. El programa de Carmen Aristegui es, sin duda, el espacio de crítica y deliberación más influyente de México. Más allá de sus enormes cualidades y de la admiración y respeto con que muchos desde hace años la miramos, Aristegui es una figura que representa hoy a todos aquellos periodistas y medios que día a día ejercen su derecho de libertad de expresión y que muestran a la sociedad la realidad nacional desmaquillada.

Si se le cierra la puerta a ella, se le puede cerrar a cualquiera y entonces sí que todos nos quedaremos afuera, al menos por un buen rato. La defensa de Carmen Aristegui contra la censura es la defensa de los muchos que queremos un país diferente contra los pocos que se esmeran en preservar lo actualmente existente; del interés colectivo contra los poderes fácticos; de los que sueñan con libertad e igualdad contra los que buscan resucitar, a cómo dé lugar, nuestra extinta “moral de siervo”.- Mérida, Yucatán.

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La violencia como medio es siempre, o fundadora de derecho o conservadora de derecho. En caso de no revindicar alguno de estos dos predicados, renuncia a toda validez –Walter Benjamin, filósofo alemán

Resulta sumamente alentador que, tras recorrer un larguísimo y empedrado camino, en las sociedades occidentales más avanzadas un buen número de libertades -entre las que figuran notablemente las políticas, las sexuales y las religiosas- formen ya parte de un creciente catálogo de derechos humanos básicos que sólo a los reaccionarios más obcecados parecen incomodar.

Empero, si bien es cierto que el tamaño y el diseño estructura de derechos que nos hemos construido han mejorado con el tiempo,  tal parece que nuestra fijación con la seguridad, un derecho básico de todo ser humano y la principal razón de ser del Estado, se ha convertido en uno de los principales móviles para violar derechos humanos en nuestro país.

Vale la pena recordar que durante las últimas décadas el sobredimensionamiento, ya sea intencionado o por falta de entendimiento, de las verdaderas causas de amenazas para la seguridad individual o colectiva, como el consumo de drogas o el terrorismo, ha llevado a un buen número de naciones a emprender auténticas guerras con el pretexto de proteger a sus sociedades de estos peligros. Los mexicanos lo sabemos muy bien. En nuestro país el combate al terrorismo y al consumo y tráfico de sustancias ilícitas se mimetizan en la desastrosa “guerra contra el narco”. No es casualidad que la cantidad y la magnitud de las violaciones a derechos humanos se haya disparado en nuestro país desde que Felipe Calderón emprendiera su “guerra”.

El problema fundamental de las políticas públicas basadas en estrategias bélicas es que se suelen terminar violentando libertades fundamentales en aras de proteger a los ciudadanos de sí mismos o de amenazas poco probables. En el marco de cruzadas dogmáticas como la “guerra contra el terror” o su análoga “guerra contra las drogas”, algunos gobiernos han implementado medidas que van desde la pérdida de la privacidad en línea, producto del ciberespionaje preventivo, hasta el cambio de leyes fundamentales que garantizan libertades básicas o la militarización de los equipos y de las tácticas de policías civiles; acciones que son justificadas inicialmente como necesarias para proteger a los habitantes de una nación, pero que en realidad otorgan licencia a las autoridades para su permanente vigilancia, represión o para limitar el margen de su libertad de acción.

Un par de ejemplos ayudan a entender el tamaño de algunos de los “fuegos” que se pretende apagar con gasolina. ¿Tiene sentido  pagar los altísimos costos en términos de vidas, libertades o monetarios de la guerra iniciada por Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto en nombre de la “protección” de 0.7% de los consumidores de drogas mexicanos han perdido su autonomía -es decir, son adictos- a alguna sustancia (ENA, 2012)? La probabilidad de que un estadounidense sea asesinado por un terrorista en Estados Unidos es de uno en 3.5 millones, por lo que la pregunta lógica es ¿cuánto están dispuestos a sacrificar los norteamericanos para reducir esta posibilidad a uno en 4.5 millones? (“LA Times”, 28/08/2011).

El título de uno de los informes de “Human Rights Watch” (2011) retrata a la perfección el saldo que la estrategia detrás de esta irracional cruzada ha dejando a su paso en nuestro país: “Ni seguridad, ni derechos”. México se ha convertido en una marca internacionalmente identificada como sinónimo de territorio en el que el Estado fomenta la violencia y viola impune y constantemente derechos humanos. Así se nos ve, con razón, desde afuera. Para terminar de ensombrecer el panorama, en medio de este río revuelto, en algunas partes del país lo mismo se atenta contra periodistas que contra activistas o luchadores sociales.

Ante la indiferencia o la sumisión al poder de muchas de las comisiones estatales de derechos humanos -entre las que se encuentra la Codhey-, en este contexto resplandece la importancia de organizaciones defensoras de derechos humanos internacionales con presencia en México como “Amnistía Internacional”, “Human Rights Watch” o “Artículo 19″o nacionales, como “Hermanos en el camino”, cuyo aporte es invaluable.

No es momento para escatimar nuestra solidaridad a aquellos que nos mantienen con vida muchos de los derechos humanos de los habitantes de nuestro país. Sería imperdonable darles la espalda ignorándolos o regateándoles nuestro apoyo. Este tipo de asociaciones, en mancuerna con la prensa libre e independiente, son dos de los alfileres que sostienen la posibilidad de que el momento presente sea superado y de que México pueda algún día ser reconstruido con los restos rescatables de su naufragio

@asalgadoborge

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*) Maestro en Estudios Humanísticos con especialidad en Ética (ITESM). Profesor y director en la Universidad Marista de Mérida

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