Antonio Salgado Borge

Amazon instalará un centro logístico en Yucatán. El gobierno del estado anunció este hecho con bombo y platillo. Dos aspectos fueron subrayados en su comunicado:  que la inversión de Amazon ha sido “atraída por las ventajas competitivas que Yucatán ofrece” y que la llegada de esta empresa se traducirá en una «mayor derrama económica y la creación de más y mejores oportunidades de trabajo para los yucatecos» (Diario de Yucatán, 18/12/2020).

Pero el historial de Amazon nos indica que los aspectos anunciados por el gobierno local podrían no corresponder con la realidad. En realidad, Amazon es una suerte de gigante egoísta. Y es que hay al menos tres asuntos importantes en ese historial que vale la pena revisar con el fin extraer lecciones para Yucatán y poder sacar provecho a la llegada de la compañía de Jeff Bezos al estado. 

1. SALARIOS

A finales de 2018, Amazon decidió aumentar significativamente el salario mínimo a sus trabajadoras y trabajadores en Estados Unidos y Reino Unido. Este aumento fue el resultado de una intensa presión por parte de activistas y figuras políticas progresistas en estos países.  La empresa de Jeff Bezos fue señalada directa y rotundamente por pagar “salarios de hambre”; a las personas peor pagadas por Amazon su sueldo no les alcanzaba para cubrir sus necesidades más elementales.

De acuerdo con The New York Times, a Amazon no le quedó más remedio que ceder ante esta presión. En ambos países la gigante estadounidense estaba siendo aplastada por dos paredes: intensa presión política y un mercado laboral apretado. El senador Bernie Sanders reconoció la rectificación de Amazon y puso lo ocurrido en estos términos: “Creo que vieron el signo en la pared. Creo que calcularon que era indefendible que un hombre cuya fortuna es de mas de 150 mil millones de dólares continuase pagando a trabajadoras o trabajadores sueldos tan bajos que les obligaban a depender de beneficios o apoyos del gobierno” (NY Times, 02/10/2018).

En un sentido, Sanders tiene razón: la reacción de Amazon en este sentido es digna de ser reconocida. Sin embargo, lo ocurrido también obliga a poner el reflector en dos asuntos importantes. El primero es la disposición inicial de la empresa de Jeff Bezos a, literalmente, explotar a las personas que emplea. Por ponerlo con todas sus letras, de no haber surgido una presión importante en Estados Unidos y Reino Unido, las trabajadoras y trabajadores de Amazon con sueldos más bajos seguirían recibiendo ingresos miserables mientras ven la fortuna Bezos incrementarse  

El segundo es la forma en que Amazon remunera a las personas que emplea en otras partes del mundo, particularmente en los países con salarios más bajos y con protecciones laborales más endebles. El aumento del salario autorizado por Amazon aplicó en Estados Unidos y Reino Unido porque ahí es donde se generó la presión suficiente para esta empresa.

La pregunta obligada es, ¿por qué Amazon paga, por default, salarios de hambre? De acuerdo con la revista “The Economist” hay tres posibles explicaciones. La primera es que esa empresa invierte en “áreas que han sido dejadas atrás”. La segunda es que depende, fundamentalmente, de personal con pocas calificaciones o sin gran preparación. La tercera es que Amazon se instala en lugares donde sabe que será en único empleador grande. De esta forma, puede darse el lujo de malpagar a las personas de esas comunidades. (The Economist, 20/06/2018). 

En cualquier caso, una muy mala noticia si entre las “ventajas competitivas” que Amazon encontró en Yucatán figura la posibilidad de pagar salarios de hambre.

2. CONDICIONES LABORALES

En 2013, una investigación de la BBC encontró que en almacenes británicos las empleadas y empleados de Amazon trabajaban en condiciones propicias para producir enfermedades físicas y mentales.  

Un trabajador de esa empresa se refirió a las circunstancias de su trabajo como “condiciones de campo de esclavos”, que implicaban estar todo su turno recolectando órdenes continuamente cada 33 segundos y sumar un total de 18 kilómetros caminados al día en este proceso. Algunas personas trabajaban turnos nocturnos de diez horas y media que implicaban trabajos con altas demandas físicas (BBC, 25/11/2013).

A estas condiciones esclavizantes hay que sumar que, debido a sus condiciones laborales inseguras, Amazon figuró en la “docena sucia” del Consejo Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, una lista agrupa a las empresas donde es más peligroso trabajar en Estados Unidos.

En el mismo sentido, una investigación del prestigiado periódico “The Guardian” encontró “numeroso casos en que a trabajadores de Amazon se les abandonó a su sufrimiento después de lesiones sostenidas, situación que les dejó imposibilitados de trabajar, sin ingresos y en la necesidad de pelear por meses para recibir beneficios mínimos o atención médica” (The Guardian, 02/04/2019).

Por ejemplo, en 2017 una trabajadora en el almacén de Forth Worth, Estados Unidos, empezó a experimentar los síntomas del túnel carpiano, como debilidad y entumecimiento en la mano y en el brazo provocados por la compresión de nervios. Diez veces reportó esta trabajadora su padecimiento en la enfermería del almacén. Diez veces fue enviada de vuelta a su trabajo. Cuando llegó el punto en que la persona físicamente no podía continuar y en que necesitaba una cirugía, Amazon se negó a pagarla y disputó su responsabilidad en cortes.

3. EL NIÑO DEL BALÓN

Considerando lo anterior, no es ninguna sorpresa que Amazon tenga poca tolerancia a que sus acciones sean evaluadas. 

La vigilancia interna suele ser suprimida por Amazon. Y es que la empresa de Bezos se ha caracterizado por despedir a las trabajadoras y trabajadores que se quejan públicamente de sus condiciones laborales o a quienes intentan organizarse para defender sus derechos. Esto no ha ocurrido en un pasado muy lejano. En Estados Unidos instancias de esta medida fueron registradas apenas el año pasado (CNN, 31/03/2020).

La vigilancia externa también se le indigesta a esta gigante. El año pasado Amazon Estados Unidos anunció que no instalaría sus segundas instalaciones centrales en Nueva York. Sin embargo, este enorme y multimillonario proyecto, que recibiría beneficios e incentivos gubernamentales, fue descartado por Amazon ante la cantidad e intensidad de los reflectores que activistas neoyorquinos le pusieron en la cara. Alguien describió la actitud de esta empresa como análoga a la del niño dueño de un balón que se lleva la pelota cuando no le gusta el partido o cuando su equipo puede perderlo.

La legisladora progresista Alexandria Ocasio-Cortez resumió a la perfección los argumentos de quienes se opusieron a este proyecto. Para la representante demócrata, cuando hablamos de traer trabajos a una comunidad, necesitamos formularnos cuatro preguntas:

(1) ¿Hablamos de trabajos con salarios bajos o de trabajos con salarios altos? Dado que la política inicial de Amazon es pagar los sueldos más bajos posibles a sus trabajadoras y trabajadores que reciben las remuneraciones más limitadas, en el caso de Yucatán esta pregunta debe formulada directamente y desde el inicio. 

(2) ¿Cuál es la calidad de los trabajos y cuántos se han prometido? Si en lugares donde suelen respetarse los derechos humanos y donde hay protección y apoyo institucional para la fuerza laboral, como Estados Unidos y Reino Unido, trabajadoras y trabajadores de Amazon sufren condiciones laborales indignantes, poco podemos esperar de estas condiciones en países como México y en Estados como Yucatán. 

(3) ¿Ha prometido la compañía contratar en la comunidad en la que se instala? El que una empresa venga a Yucatán no necesariamente significa que sus puestos directivos y mejor pagados serán gente local.  Este requisito tendría que ser parte del acuerdo del gobierno que da facilidades a la empresa, pero el gobierno de Yucatán no ha dicho algo sobre este tema.

(4) ¿Puede la gente organizarse para exigir mejores condiciones? Claramente Amazon ha buscado suprimir cualquier tipo de vigilancia interna o externa, incluyendo sindicatos y protestas de sus trabajadores. Es esperable que intente lo mismo en nuestro estado.

Dado que a Amazon le disgustó estar sujeta a interrogantes de este tipo en Nueva York, esa empresa tomó su balón y se retiró de la cancha. Pero Yucatán, por el bien de sus habitantes y por elemental dignidad, no debe doblarse ante espejismos o chantajes. Sólo respondiendo a estas interrogantes podemos determinar si la sorpresiva llegada de la gigante estadounidense será positiva para las yucatecas y para los yucatecos.

CONCLUSIÓN

En este artículo he argumentado que la llegada de Amazon a Yucatán no es necesariamente una buena noticia. El historial de esta gigante egoísta nos deja importantes advertencias y lecciones sobre la mesa. Habrá que vigilar y poner mucha atención a la forma en que esta empresa retribuye a su fuerza laboral en Yucatán, a las condiciones laborales y mecanismos de seguridad en sus instalaciones de trabajo, al origen de su personal mejor pagado y a las demandas de sus trabajadoras y trabajadores. Esto es, acompañar, periodística y legalmente cada uno de sus pasos. De lo contrario, la historia nos muestra que poco podemos esperar de la llegada de Amazon al estado.

El periodismo de investigación tiene el potencial de revelar a la ciudadanía lo que las autoridades ocultan o callan. Por ende, este tipo de periodismo es invaluable en una democracia. Esta conclusión es confirmada por la reciente investigación de Diario de Yucatán que expuso las acciones y redes del exfiscal general del Estado Wilbert Cetina Arjona.

Nos encontramos ante una historia de fiscales y carnales. En este artículo argumentaré que hay al menos tres aspectos revelados por estos reportajes en los que tendríamos que enfocar nuestra atención a partir de este momento. Todas las citas sin referencia corresponden a la serie sobre este caso que puede ser consultada en la sección “Entregas Especiales” disponible en www.yucatan.com.mx

Las líneas trazadas

El primer aspecto al que tendrían que dirigir nuestra atención los reportajes del Diario tiene que ver con las líneas que Cetina traza con respecto a otros funcionarios y a personajes vinculados con el gobierno del Estado.

La siguiente cita proviene del reportaje de Hernán Casares: “De acuerdo con el propio Cetina Arjona, el vicefiscal Rafael Pinzón Miguel, quien lo sustituirá provisionalmente a partir del lunes mientras el Congreso elige nuevo fiscal, habría atendido indicaciones del abogado Jorge Carlos Estrada Avilés, esposo de la secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra, para acelerar asuntos de su despacho particular.”

Los reportajes también dan cuenta de la forma en que Cetina Arjona utilizó su puesto para privilegiar asuntos personales y hacer citas de negocios. Por ejemplo, el exfiscal habría actuado como intermediario entre dos de sus clientes: el empresario Rodolfo Rosas, hermano de la secretaria de finanzas del gobierno de Mauricio Vila, y Arturo Millet Reyes. Además, Cetina Arjona está claramente vinculado con Gabriel Guzmán Millet, un empresario acusado de ser parte de una mafia inmobiliaria de Yucatán. Todo este ecosistema merece la revisión e investigación más detallada. Lo importante para efectos de este análisis es que todo lo anterior ocurre bajo el cobijo o gracias a la ignorancia del gobierno del Estado.

¿Cuántos casos así habrá en el actual gobierno? Cetina, recordemos, no fue despedido: se le dio el privilegio de renunciar. El gobernador no ha considerado el tema lo suficientemente relevante como para dar una sola opinión al respecto. La excepción, digna de reconocerse, es la de la secretaria de gobierno María Fritz. Aunque, su declaración fue prácticamente twitteada —cada respuesta en menos de 140 caracteres— y a título personal.

Policía y Fiscalía

El segundo aspecto al que los reportajes del Diario nos obligan a dirigir la mirada es el de la relación entre la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública. Estos reportajes dejan ver un aparente conflicto entre el fiscal y el secretario de Seguridad Pública. De acuerdo con Central 9, Cetina Arjona cuestionó el mando de Saidén Ojeda sobre la Policía de Investigación.

Dos asuntos son importantes aquí. El primero es que Cetina acepta abiertamente estar librando una lucha de poder contra el secretario de Seguridad Pública. El segundo es que describe la relación de sumisión que caracterizó a previos fiscales, a pesar de que jerárquicamente esta posición no está subordinada a la Secretaría de Seguridad. Ambos postulados son sumamente preocupantes. Desde luego que la Fiscalía debe ser independiente y no puede estar subordinada al secretario de Seguridad en turno. Pero de una disputa de poder entre ambas instituciones Yucatán solo puede salir perdiendo. La pregunta obligada es: si esto era un secreto a voces, y si había clara evidencia de este conflicto perjudicial, ¿por qué el gobernador no intervino para que cada funcionario cumpliese con lo que por ley le corresponde y para que trabajen en coordinación como por ley tendrían que hacerlo?

A ello tenemos que sumar un asunto documentado por el Diario y por organizaciones de la sociedad civil, que resulta de la mayor relevancia. En la grabación dada a conocer por el Diario de Yucatán se escucha a Cetina quejarse así del secretario de Seguridad Pública por el trato de la policía a los detenidos: “Es que [Luis Felipe Saidén Ojeda] manda mamadas, no respeta, viola todo, detiene, los tiene 14 horas, les rompe la madre, luego me los manda como si fuera flagrancia. Digo, ¡no mames! Cuando son de veras delincuencia organizada, violación, delitos graves, ¡puta, lo que quiera!”.

En lo que va de este año ha habido al menos cuatro casos de personas que son detenidas por la Policía y luego aparecen asesinadas. El reciente caso es el de Osmar, un hombre de 31 años que fue detenido junto con otra persona y que falleció durante su custodia policial para ser trasladado al Ministerio Público (MP). De acuerdo con la revista Proceso, el dictamen de la necropsia que la Fiscalía General del Estado realizó, la causa de la muerte fue “asfixia mecánica por estrangulamiento”, y además su cuerpo presentaba golpes que le fueron infligidos en vida.

A ello hay que sumar que, tal como ha documentado hasta el cansancio Indignación, la tortura en Yucatán es utilizada de forma recurrente por la policía. Estos incidentes son, en el mejor de los casos, tolerados por el gobierno del Estado y, en el peor, avalados directamente. Tal como lo ha reportado Elementa DDHH en Yucatán, la tortura “se aplica como forma de castigo por cometer un delito y no tanto para obtener confesiones”. Cetina Arjona se queja de ello, pero acepta que este “método” es válido en algunos casos. Mientras tanto, el gobierno del Estado sigue pretendiendo que nada ocurre.

El Congreso

Finalmente, los reportajes publicados por el Diario tendrían que ser una invitación, tanto para la prensa como para la ciudadanía, a poner más atención en lo que ocurre en el Congreso del Estado.

Ante los hechos documentados por el Diario, este congreso decidió reconocer la importancia que este tema reviste aprobando un acuerdo sobre el caso de la Fiscalía para que se investigue al exfiscal por lo que ahí se dice, incluida su participación con especuladores de tierras, y a los involucrados en los audios. Pero este “reconocimiento” es en realidad tan ridículo como indignante.

En primer lugar, la bancada del PAN en el Congreso, encabezada por Rosa Adriana Díaz Lizama, votó en contra. No hay manera presentable en que el PAN pueda justificar no avalar, ni siquiera formalmente, una investigación ante hechos documentados y evidentes. ¿“Coincidieron” los diputados panistas, una vez más, con la postura surgida desde el gobierno del Estado? ¿Hay factores adicionales que expliquen esta decisión? En este sentido, no es trivial que un reportaje de inicios de este año en Diario de Yucatán detalla que “en el Registro Público de la Propiedad hay 19 inscripciones de predios a nombre de Rosa Adriana Díaz” y que “su interés por los bienes inmuebles fue más notorio durante su desempeño como senadora.” (19-01-2020).

Por su parte, el interés de los priistas en el Congreso en terminar con la corrupción en la Fiscalía no resulta creíble. La mayoría de estos legisladores, empezando por su líder Felipe Cervera, están identificados con Ivonne Ortega. En este sentido, las “denuncias” de Francisco Torres Rivas, presidente del PRI estatal, son de pena ajena. Además, los implicados en el caso del exfiscal florecieron durante los dos sexenios priistas más recientes.

A ello tenemos que sumar que el acuerdo avalado por el PRI y otros partidos solicita la intervención de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, encabezada por José Enrique Goff Ailloud. Una Fiscalía que ha probado, como el Congreso mismo que la avaló, y como otras dependencias autónomas avaladas por ese mismo Congreso —por ejemplo, la Codhey—, ser meras simuladoras de autonomía. En la práctica, el gobernador en turno dicta el son al que baila su bancada y la mayoría de los legisladores y, con ello, por extensión el son al que bailan instituciones como la Fiscalía Anticorrupción o la Codhey.

Finalmente, vale la pena recordar que el exfiscal Cetina Arjona fue el primero nombrado por el Congreso de Yucatán. En teoría, los legisladores y legisladoras que votaron a favor de este nombramiento investigaron y conocieron de antemano la trayectoria de estas personas y su capacidad de independencia. En su momento, Díaz Lizama dijo que “ésta fue una sesión histórica, por primera vez el Congreso elige a un fiscal general y tienen en sus manos no solo garantizar a los yucatecos un fiscal probado, sino también que los convenció como representantes populares.” (31/10/2018).

O bien Díaz Lizama, Felipe Cervera y compañía sabían y fueron cómplices o no hicieron su tarea y se limitaron a levantar dedos. En cualquier caso, son co-culpables del caso Cetina Arjona. Ahora, de nueva cuenta, el Ejecutivo ha propuesto una terna de la que el Congreso extraerá a la persona que sustituya a Cetina Arjona. ¿Cómo se puede esperar algo distinto del mismo procedimiento ejecutado por los mismos actores?

Conclusión

Más allá de la necesidad de reemplazar al fiscal general del Estado, los extraordinarios reportajes publicados por Diario de Yucatán arrojan luz sobre tres aspectos que tendríamos que seguir de cerca: las líneas trazadas por el fiscal y toleradas por el gobierno del Estado, la relación entre la Fiscalía y la SSP y el papel del Congreso en todo este enredo. La historia de Cetina es una de fiscales, pero también una de carnales.

Ante estos hechos, el gobierno del Estado y el Congreso local han respondido como suelen hacerlo. El primero ha guardado silencio, pretendiendo que nada pasa, y el segundo ha simulado acción, pero en los hechos ha mostrado sumisión al primero. En este entorno predemocrático, toca la prensa y a los ciudadanos seguir de cerca los tres aspectos mencionados. — Edimburgo, Reino Unido

El paso de Ivonne Ortega a Movimiento Ciudadano tendrá efectos importantes en la arena de partidos local. En este artículo revisaré las amenazas y oportunidades que este movimiento representa para los principales partidos en Yucatán.

Movimiento Ciudadano

Para determinar si Movimiento Ciudadano sale ganando o perdiendo con la llegada de Ivonne Ortega, es preciso hacer una distinción preliminar.

(1) Si la meta de MC es obtener más votos en las próximas elecciones, entonces seguramente este partido saldrá ganando. Esto, sin embargo, no se debe a la “popularidad” de Ortega. En realidad, lo que la exgobernadora llevará consigo a su nuevo refugio es toda una “estructura territorial” que depende de ella. Esta estructura sin duda sumará algunos puntos porcentuales a donde quiera que se mueva.

El término “estructura territorial” es, desde luego, un eufemismo. Este término se suele utilizar para hacer socialmente presentable la referencia a los grupos clientelares de una persona o partido o a su capacidad de acarreo; es decir, para referirse a los cortesanos de cada político o partido. De esta forma, la “estructura territorial” de Ortega está constituida por toda la gente que se ha beneficiado o espera beneficiarse de sus acciones en política y por todas las personas que esta gente puede, a cambio de dádivas, llevar a las urnas.

En este sentido, si lo que las personas que deciden en Movimiento Ciudadano es sumar puntos porcentuales a como de lugar, entonces el movimiento cortesano de Ortega representará para ellos un gran triunfo.

(2) Ahora bien, si la meta de los dirigentes de MC es construir un partido que represente una alternativa real a las opciones existentes, entonces la incorporación de Ortega constituye un error garrafal. Rodeados por los grupos clientelares y la capacidad de acarreo de Ortega, ¿cómo venderán la idea de que son una opción “ciudadana”? Con la figura de la exgobernadora detrás, ¿cómo podrán alegar las candidatas y candidatos de ese partido que buscan combatir la corrupción?

Además, esta decisión tira a la basura el posicionamiento de MC como una opción progresista en materia de derechos humanos en Yucatán; un posicionamiento que, con todos sus defectos, las dos actuales diputadas locales de MC lograron para su partido. ¿Qué va a decir Movimiento Ciudadano a todas las personas, particularmente las más jóvenes, que les voltearon y aplaudieron a ver cuando defendieron el matrimonio igualitario que Ortega bloqueó hasta el cansancio?

En consecuencia, en términos de proyecto, la llegada de Ortega a Movimiento Ciudadano representará la pérdida de las pocas posibilidades que algún día tuvo este partido de ser una alternativa real al PAN y al PRI en el estado.

El PRI

La salida de Ortega del PRI no es nueva. Sin embargo, mientras no hubo definición del futuro de esta exgobernadora su “estructura territorial” estuvo en una suerte de limbo.

Pero para las priistas y los priistas cercanos a Ortega, el momento de la definición ha llegado. Es previsible que buena parte de este contingente siga a su líder y deje por ende al PRI. Este partido tiene, por ende, dos opciones sobre la mesa.

(1) Si el PRI busca meramente ganar elecciones, entonces la salida de este contingente representa una muy mala noticia. Guste o no Ortega, la exgobernadora ha controlado el PRI local durante los últimos años -los resultados están a la vista-. En consecuencia, tanto Ortega como sus cercanos tienen información y redes al interior de este partido tan profundas como extensas. Incluso el dirigente actual del PRI es una persona incondicional de Ortega. La desestabilización que esto implica para el PRI difícilmente puede subestimarse.

Además, por los motivos explicados arriba, cada punto porcentual que gane Movimiento Ciudadano será un punto que pierda el PRI. Sin los recursos de los que gozó durante años, y sin la gubernatura y sin la presidencia en sus manos, el PRI tendrá que navegar cuesta arriba para recuperar los puntos perdidos. Guste o no Ivonne Ortega, no es exagerado decir que su paso a Movimiento Ciudadano es uno de los desprendimientos más importantes en la historia del PRI local.

(2) Para el PRI, sin embargo, la salida de Ortega y su movimiento cortesano representa una inmejorable oportunidad de renovación y de desintoxicación. Sería ingenuo pensar que las personas o grupos que responden a esta exgobernadora -es decir, a sus aliados-  al interior de este partido no pondrán sus recursos e información al servicio de Ortega. En consecuencia, la única opción disponible es reemplazarlos o darles las gracias, sin importar su posición actual o su “estirpe priista”.

Este giro abre la puerta al surgimiento de personajes distintos al arquetipo de priista rupestre que ha sido la imagen de este partido durante los últimos años. También permite replantear la forma en que el PRI concibe su función y proyecto de gobierno. Desde luego, el PRI tiene una amplia experiencia no haciendo ninguna de estas cosas, y su dirigencia nacional no parece ser la excepción en este sentido.

El PAN

(1) De inicio, el gran ganador del paso de Ortega a Movimiento Ciudadano es el PAN, pues su principal rival electoral, el PRI, llegará a las próximas elecciones con una “estructura” fisurada y canibalizada. En algunos lugares, parte los votos que esta “estructura” implica se dividirá en dos “PRIs”. Y con el gobierno del estado en sus manos, y con el uso meramente clientelar que este gobierno ha dado a la Secretaría de Desarrollo Social, el PAN está en posición de aprovechar esta fractura.

A ello hay que sumar que, en una suerte de efecto cucaracha, algunas personas pueden buscar dar el salto del barco del PRI al barco del PAN con tal de mantenerse con vida políticamente. Aunque los panistas locales se rasgan las vestiduras ante el mismo fenómeno cuando este se da entre el PRI y Morena, en Yucatán ciertamente esto no les ha incomodado en lo más mínimo cuando lo viven en carne propia. En el gobierno local abundan funcionarios priistas sin méritos técnicos y el PAN, con tal de ganar, ha postulado sin mayor reserva a fisuras del PRI a alcaldías tan importantes como Progreso.

(2) Pero el PAN podría perder a lago plazo. Si todo sigue su curso actual, en 2024 Movimiento Ciudadano podría buscar la presidencia de México en mancuerna con el PAN y con el PRI.

Es decir, en menos de cuatro años podríamos ver a los panistas locales caminando de la mano con Ivonne Ortega. Esta imagen es claramente impresentable, por lo que es previsible que se busque ocultar a toda costa. Sin embargo, buena parte del público y de la militancia panista sin duda tendrán la capacidad de notarlo y de indignarse.

Morena

En Yucatán, Movimiento Ciudadano ha sido el único partido que mínimamente ha defendido causas identificadas con la izquierda. La llegada de Ivonne Ortega a MC no cambiará el discurso de este partido, pero sí le restará la poca o mucha credibilidad que ha ganado. Morena podría aprovechar esta situación para tomarse en serio su papel y finalmente ondear las banderas que en teoría le corresponden.

Para desgracia de la izquierda partidista local, nada parece indicar que este vaya a ser el caso. Morena en Yucatán está poblado por personajes impresentables y las personas que ha llevado al Congreso le representan de cuerpo completo. Ejemplo de ello es el sentido de sus votos o el desempeño de diputados como Miguel Candila. Decir que Candila es una caricatura sería injusto, pues hay caricaturas buenas.

Conclusión

El paso de Ivonne Ortega a Movimiento Ciudadano tendrá efectos importantes en la arena de partidos local. En este artículo he planteado las amenazas y oportunidades que esta incorporación tendrá para los principales partidos en Yucatán. Pronto será claro cómo han reaccionado estos partidos ante este movimiento cortesano y, por ende, cuáles son sus prioridades.

José Santiago Medina Naal, un hombre humilde con una enfermedad mental querido por sus familiares y vecinos, fue detenido por la Policía de Yucatán y luego apareció muerto. Es la cuarta ocasión en que se le acusa a un elemento de la SSP de cometer homicidio en 2020. El gobierno de Mauricio Vila ha guardado silencio y nadie ha sido castigado.

La nota de Gabriel Chan en Diario de Yucatán sintetiza este patrón con claridad. “En este año es la cuarta ocasión que se le acusa a un elemento de la SSP de cometer homicidio. El primero fue el caso de Gaspar Sulub Cimé, detenido en Progreso y quien murió a bordo de una unidad de la policía. También está el caso del joven que fue atropellado por una camioneta de la SSP en la vía Mérida-Tixkokob; el caso de Ronald Richmond Díaz, cuyo cuerpo fue torturado y colgado en la carretera Xoy-Chacsikín para simular un suicidio y ahora el caso de «La Cuca». En ninguno de los casos hubo policías detenidos” (“Diario de Yucatán”, 10/10/2020).

La muerte de José Santiago es profundamente dolorosa para todos sus seres queridos. Pero también lo es para Yucatán en su conjunto. Y es que estamos ante una clara tendencia. Si un mismo individuo fuera el sospechoso de cometer estos asesinatos, se estaría hablando de un asesino serial. En este caso, la serie de homicidios se atribuye a elementos que forman parte de y representan a una misma institución que, a su vez, forma parte de y representa a un mismo gobierno.

En este artículo argumentaré que tanto los hechos como el silencio y complicidad del gobierno del estado ante éstos, son tan problemáticos como inaceptables.

LOS HECHOS

Empecemos enfocándonos en los hechos. Lo ocurrido obliga a plantear el siguiente dilema:

(a) o bien el gobierno repudia la idea de que algunos elementos de la SSP hayan asesinado a personas detenidas, pero admitirlo sería evidencia de que ha perdido el control sobre algunos de sus policías, (b) o el gobierno está de acuerdo con que algunos asesinatos son por parte algunos elementos de la SSP a personas detenidas son aceptables como “daños colaterales” y no quiere confesarlo.

El primer cuerno de este dilema -(a)- sería una pésima noticia. Si este fuera el caso, Yucatán estaría avanzando en la ruta de descomposición que hemos visto en otros estados. En otras entidades del país, como el Estado de México, Michoacán o Guerrero, es común que algunos elementos de cuerpos policiacos operen independientemente como agentes criminales.

Esto es posible, en gran medida, por la impunidad de la que disfrutan. A su vez, esta impunidad, al menos en parte de los casos, es producida por la virtual anarquía que impera en las corporaciones de seguridad. En ocasiones, la batalla de los gobiernos estatales comienza por controlar las propias corporaciones que, en teoría tendrían que ser disciplinadas e incondicionales.

El segundo cuerno del dilema -(b)- también sería una pésima noticia. La idea de que violaciones de derechos humanos, incluyendo tortura que deriva en asesinatos, son un aspecto colateral de una estrategia de seguridad efectiva no sólo es inaceptable ética y legalmente, sino que evidencia la urgencia de reformar la estrategia vigente.

Asesinar a detenidos, culpables o inocentes, no es ni necesario ni suficiente para combatir al crimen. Por ejemplo, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto hubo masacres donde lo mismo presuntos criminales que personas sin esta presunción fueron asesinadas. Pero esto no fue suficiente para terminar con el crimen en el país. Por otra parte, lugares donde estas tácticas son inadmisibles -como Dinamarca, Escocia o Nueva Zelanda- cuentan con una seguridad envidiable; esto es, los asesinatos de parte de agentes policiacos no son necesarios para mejorar o garantizar la seguridad de un territorio.

Cuando se trata de explicar la serie de posibles asesinatos a manos de algunos agentes policiacos, tanto la posibilidad de una pérdida de control sobre la totalidad de los elementos policiacos como la posibilidad de violaciones a derechos humanos que, accidental o intencionalmente, se derivaron en muertes, son francamente preocupantes.

SILENCIO Y COMPLICIDAD

Hay un segundo elemento para revisar en esta tendencia: el silencio del gobierno estatal ha guardado en cada uno de los casos.

La estrategia del gobierno estatal ha sido barrer los hechos bajo el tapete. Esta estrategia probablemente le sería suficiente en ausencia de prensa independiente, de redes sociales y de un creciente grupo de personas jóvenes interesadas en la cosa pública. Pero claramente no aplica en el Yucatán de 2020. Prueba de ello es la cobertura que el Diario y algunos medios emergentes han dado a este tema, la cantidad de veces que se ha compartido la nota en redes sociales y la presión palpable de distintas organizaciones o individuos empiezan.

Estoy convencido de que en Yucatán son muchos más las y los policías que actúan institucional y humanamente que quienes hacen lo contrario. Es un hecho que la policía local sigue gozando de una confianza mayor que la que gozan corporaciones análogas en otros estados. El silencio del gobierno estatal -y también el de cámaras empresariales y partidos políticos de oposición- ante los crímenes cometidos por un puñado de malos policías lastima profundamente la buena labor de las y los policías que asumen íntegramente un compromiso con su indispensable trabajo.

Contrastemos dos posibles reacciones ante lo ocurrido.

Opción (a): Silencio; es decir, complicidad y encubrimiento.

Opción (b): mensaje del gobernador en conjunto con el secretario de seguridad pública: “Policía 1, policía 2 y policía 3 han cometido un crimen abominable e impermisible para el actual gobierno. Han sido retirados inmediatamente de sus cargos y, están detenidos y bajo investigación. Daremos avances semanales del proceso legal en su contra. La población puede estar segura de que estos elementos no representan a su corporación ni al gobierno estatal. Nuestro compromiso es que esto jamás se repita”.

¿Cuál de estas opciones realimente protege la labor de las y los buenos policías? Claramente la respuesta a esta pregunta es (b). El silencio y el encubrimiento terminan sembrando en el público la sospecha de que no son un solo puñado de manzanas las que están podridas, sino que lo que está descompuesto es toda la canasta. Con su reacción, el gobierno del estado lastima a la SSP, a sus buenos elementos y a la confianza que tiene éstos tiene la ciudadanía.

Además, con esta reacción el gobierno estatal manda el mensaje de que la seguridad pública está divorciada de la democracia. Y con ello, le resta legitimidad ante la ciudadanía. En una democracia, a cualquier gobierno se le debe exigir permanentemente transparencia y rendición de cuentas de todas sus acciones. Cuando un gobierno acepta las reglas democráticas, éste no espera a que se le reclame para dar explicaciones racionales. Es fácil ver que lo anterior es aún más relevante cuando lo que está en juego son vidas humanas.

Finalmente, al optar intencionalmente por el silencio y el encubrimiento, el gobierno estatal se vuelve cómplice de los hechos que pretende ocultar y, con ello, hace cómplices involuntarios a todas las personas dentro de su estructura que conocen lo ocurrido pero que no pueden expresarlo.

CONCLUSIÓN

José Santiago Medina Naal apareció muerto después de ser golpeado y detenido por agentes de la policía local. Es la cuarta ocasión en el año que se acusa a elementos de la SSP de cometer homicidio. En este artículo he argumentado que esta cadena de eventos obliga a enfrentar un dilema: o bien el gobierno a perdido control de sus policías o el gobierno está de acuerdo con la utilización institucional con los métodos que algunos utilizan. Ambas opciones son claramente problemáticas y equivalen a dar licencia libre para matar.

Pero el silencio y el encubrimiento del gobierno estatal ante estos hechos es también problemático, pues contamina la labor de todas las buenas y buenos policías generando pérdida de confianza el la SSP, divorcia a la policía de la ciudadanía y hace cómplices involuntarios a las personas e instituciones que supuestamente protege.

Esto es, si el gobierno del estado realmente busca proteger a las yucatecas y a los yucatecos, debe cuidar primero a su policía. Y para proteger a su policía, debe cortar de tajo la cadena homicidios de la que se acusa a algunos elementos, actuar democrática y transparentemente y proceder legalmente contra todas las personas implicadas en estos hechos. Sólo así el gobierno el estado puede mostrar su real compromiso con la seguridad y con las personas encargadas de protegerla.

La frase “ya no los hacen como antes” hace referencia al hecho de que la calidad de algunas cosas recientes es inferior a la de sus versiones del pasado. En Yucatán, la exgobernadora Dulce María Sauri Riancho y el exgobernador Patricio Patrón Laviada hacen bueno el sentido de esta frase.

En distintas formas, estas dos figuras políticas locales hicieron sentir su peso esta semana. Este artículo estará dedicado a revisar las implicaciones que estos eventos tienen para el PRI, para el PAN y para la arena de partidos en Yucatán.

DULCE MARÍA SAURI

Dulce María Sauri ocupa a partir de este mes la presidencia de la Cámara de Diputados federal. Con ello, se convierte en la figura de más alto perfil en su partido y, por extensión del priismo en Yucatán. Esta situación ha generadoautomáticamente que esta diputada federal se coloque como la persona mejor posicionada para ser candidata a la gubernatura de su partido en 2024.

Es importante notar que la candidatura de la doctora Sauri sería posible porque su gubernatura fue interina. La ley no prohíbe que una interina o interino puedan buscar acceder a esa posición a través de las urnas. Por ende, si Sauri deseara competir, no habría impedimento técnico en su camino.

Para efectos de este artículo, lo importante es que en el PRI la fortaleza de Sauri tendría que se recibida como una excelente noticia. Este es el caso porque, les importe o no a sus “líderes” locales, su partido se enfrenta a su momento más complicado. 

(1) En primer lugar, tras el gobierno de Peña Nieto, el PRI no tiene posibilidad alguna de resurgir a nivel nacional en 2024 y sin duda perderá gubernaturas el próximo año. Esto implica que ese partido competirá con pocos recursos económicos y políticos en las próximas elecciones, incluidas las locales en Yucatán, donde el PAN es gobierno.

(2) En segundo lugar, las gubernaturas de Ivonne Ortega y Rolando Zapata, estuvieron plagadas de acusaciones de corrupción. Cada caso que emerge en este sentido contribuye a deteriorar aún más la imagen del PRI local. Ortega y Zapata podrán ser aplaudidos en auditorios a modo repletos de militantes priistas, pero su imagen pública es un lastre fuera de esos entornos.

(3) En tercer lugar, el PRI local está, desde hace varios años, colonizado por figuras rupestres que acceden a posiciones casi exclusivamente por méritos rupestres. Si no me cree, revise la lista de diputados y diputadas priistas en el congreso local o la dirigencia estatal de ese partido. Las posiciones van desde lo abiertamente retrógrada hasta el silencio perpetuo -ni siquiera sabemos qué piensan y por qué-

El PRI local está en bancarrota económica, moral e intelectual. Considerando la coyuntura actual, es muy complicado pensar que alguno de estos personajes podría “inspirar” al electorado no priista en Yucatán y generar una coalición capaz de competir por la gubernatura en 2024.

El perfil de Sauri contrasta radicalmente con el perfil rupestre de varias de las principales figuras de su partido. 

Antes de regresar a la arena partidista, Sauri tuvo una exitosa incursión en el mundo académico. Estudió una maestría y un doctorado en historia en el prestigiado Ciesas. Sauri participa en foros académicos locales donde se discuten asuntos desde una óptica especializada. Es difícil encontrar a alguna persona dentro del PRI local que conjunte poder político y “poder” intelectual como lo hace Sauri.

Las posiciones de Sauri sobre temas de interés local y nacional son de sobra conocidas para el público en general y tienen un impacto en la localidad. Esta exgobernadora ha escrito cientos de artículos de opinión para Diario de Yucatán argumentado y justificando estas posiciones. La pregunta obligada es si otros personajes de su partido, incluidos Ivonne Ortega y Rolando Zapata, tienen, en primer lugar, la capacidad de argumentar sobre asuntos complejos y, en segundo lugar, si la sociedad yucateca considera relevante escuchar sus argumentos.

Finalmente, el perfil de Sauri es abierto a la sociedad y contrasta con el del tradicional político priista que sólo habla para auditorios controlados repletos de aplaudidores y acarreados. Sauri ha participado regularmente en foros de discusión -como los organizados por universidades y por este periódico- donde ha contrastado posiciones con empresarios, personajes de otros partidos, académicos y activistas. De nuevo, resulta indicativo que se le busque con frecuencia para invitarla a este tipo de eventos y que sus interlocutoras e interlocutores, muchos fervientes opositores al PRI, escuchen atentamente sus argumentos.

PATRICIO PATRÓN

En días recientes, Diario de Yucatán publicó una entrevista a este exgobernador panista dividida en siete entregas. 

En esta entrevista, Patrón señaló que el PAN “perdió el rumbo” en la lucha contra la corrupción interna y externa, que en ese partido prevalece el deseo del poder por el poder. Para este exgobernador, el PAN se ha convertido en una suerte de cofradía cerrada donde ya no se busca a los mejores perfiles en la sociedad, sino la repartición de huesos entre políticos incapaces. 

El regreso de Patricio Patrón es una buena noticia para el PAN.

(1) Por principio de cuentas, incluso desde una óptica utilitaria enfocada exclusivamente en triunfos electorales, la fortaleza del PAN local todavía está por verse. Recordemos que Mauricio Vila llegó a la gubernatura con porcentaje menor de votos que los obtenidos en 2012 por Joaquín DíazMena. Si esto fue posible es, en buena medida, porque en Yucatán el “efecto López Obrador” quitó más votos al PRI que al PAN. Pero se antoja difícil que un efecto semejante se reproduzca en 2024. ¿Qué hará el PAN si el PRI postula a su mejor carta y con un Morena compitiendo en la localidad con más recursos que nunca?

(2) En segundo lugar, la diferencia entre el PAN y las prácticas del PRI que tanto criticó en el pasado son cada vez menos visibles. El PAN solía ser el partido más crítico contra la corrupción y la antidemocracia. Pero ahora, el PAN local en el congreso promueve votaciones secretas, posiciones antiderechos y aprueba sin ver cuentas públicas. Además, las militantes y los militantes de ese partido guardan silencio sobre la corrupción propia y ajena. ¿En serio toda la corrupción en Yucatán se reduce al gobierno de Ivonne Ortega? ¿No hay nada que decir sobre todos los señalamientos documentados en contra del gobierno de Mauricio Vila? ¿Es Renán Barrera un alcalde perfecto?

(3) Finalmente, basta ver a los recientes candidatos panistas al congreso federal o local para notar que tiene razón Patricio Patrón en que “Hoy los líderes [del PAN] se sienten muy chéveres, muy capaces, porque según ellos saben manejar el poder, es decir, saben repartir los “huesos” entre sus amigos cuando llegan al poder…creen que son muy buenos políticos, cuando en realidad son pésimos políticos, verdaderos ‘trucutus’ de la política rupestre.” El PAN postula a candidatas y candidatos dislocados de la sociedad, principalmente de las personas más jóvenes, y de sus preocupaciones actuales.

La voz de Patricio Patrón nos recuerda todo lo que el PAN fue en Yucatán, todo lo que no es actualmente y todo lo que podría ser si se reforma. Por ende, su presencia en la arena pública constituye una vara con cuya medida se puede fortalecer ese partido. Este exgobernador ha denunciado, públicamente y ante Acción Nacional, presuntos actos de corrupción de militantes panistas locales. Es extraordinarioescuchar a un exgobernador denunciando corrupción una ves terminado su gobierno.

A Patricio Patrón también hay que reconocerle la congruencia de la que tanto presumió el PAN durante tanto tiempo. Patrón Laviada renunció al PAN movido por el deterioro de ese partido, pero no se sumó al proyecto calderonista como otros panistas que renunciaron en aquellas fechas. Por el contrario, también ha sido crítico del gobierno repleto de corrupción, vínculos con el narcotráfico y violaciones a derechos humanos de Felipe Calderón -del que Patrón también renunció en su momento-.

Finalmente, al igual que Sauri, Patrón Laviada aparece constantemente en foros de discusión sobre asuntos locales y se expresa si rodeos y con juicios contundentes. Es decir, su opinión es valorada por un sector de la sociedad más allá del panismo y aporta a la deliberación pública. Me pregunto si otros gobernantes emanados de su partido pueden o podrán hacer algún día lo mismo.

CONCLUSIÓN

Este artículo no ha estado dedicado a evaluar las virtudes o desaciertos de los gobiernos de Dulce Sauri y de Patricio Patrón, sino a señalar el notable contraste entre sus perfiles y los de aquellas personas que actualmente tienen el control de sus partidos.

En una época de deterioro moral e intelectual de la arena política local, la presencia de Sauri Riancho y de PatrónLaviada aparece como una tabla de salvación para el PRI y para el PAN en el estado. El hecho de que su influencia sea positiva para estos partidos y para la arena partidista local en su conjunto es evidencia de que, en efecto, en Yucatán a los políticos ya no los hacemos como antes.

Es común concebir a la democracia como el hecho de poder elegir libremente y a través de elecciones justas a quienes nos gobiernan. Esta concepción es, en parte, cierta. Las elecciones libres y justas son un elemento necesario para constituir una democracia. Esto es, la ausencia de este elemento es un indicador claro de que no estamos ante un contexto democrático.

Sin embargo, la celebración de elecciones libres y justas no es un elemento suficiente para constituir una democracia. Para que este se el caso se requiere, adicionalmente, que exista (a) respeto a los derechos humanos, (b) libertad de asociación, (c) libertad de expresión, (d) acceso al poder, (e) un sistema plural de partidos, (f) la separación de poderes, (g) independencia del poder judicial, (h) transparencia y rendición de cuentas e (i) una prensa libre, plural e independiente (https://www.un.org/en/sections/issues-depth/democracy/)

En lo individual, ninguno de los anteriores elementos es suficiente para constituir una democracia, pero cada uno es necesario para que este sea el caso. Esto es, sólo un sitio donde la colección de estos elementos está presente puede ser llamado una democracia. En consecuencia, para ser congruente, cualquier gobernante que se diga respetuoso de las prácticas democráticas tendría que defender todos y cada uno de los puntos anteriores.

En este artículo me enfocaré en el último de estos puntos: (i) la existencia de una prensa libre, plural e independiente. Argumentaré que hay evidencias que sugieren que, siguiendo distintas vías, tanto el presidente de México como el gobernador de Yucatán se resisten a aceptar este elemento.

El presidente

Es un hecho sobradamente conocido que AMLO descalifica sistemáticamente a sus críticos durante sus conferencias mañaneras. Este recurso suele ser celebrado por los fanáticos más empedernidos del presidente. El sentido de la descalificación presidencial suele reverberar a través de dos palabras popularizadas en este sexenio: “fifí” y “chayotero”.

Mientras que la primera se refiere al carácter elitista de la persona crítica, la segunda implica que quien critica lo hace porque o bien ante la salida de la derecha del poder ha dejado de recibir dinero del gobierno para alabarlo o porque actualmente recibe dinero de los opositores al presidente. “Chayotero” es entonces quien besa o pega porque se le paga.

En un sentido, el presidente tiene razón: en México decenas o cientos de medios de comunicación recibían cuantiosos recursos del gobierno federal. En algunos casos, la línea acrítica de estos medios a gobiernos anteriores, y su actual criticismo al gobierno actual están directamente correlacionados con este fenómeno.

Un problema evidente con esta estrategia es su inconsistencia. Del hecho de que lo que describe el presidente o sus seguidores sea real no se sigue necesariamente que todos los medios que recibían publicidad del gobierno se dedicaban a lustrarle las botas. Por ejemplo, tanto el gobierno de Enrique Peña Nieto como el del propio AMLO se han anunciado en Diario de Yucatán, pero este medio ha sido crítico con ambos. Esto es, generalizar implica caer en imprecisiones.

Sin embargo, el problema más grande de esta estrategia tiene que ver con su naturaleza y sus efectos. La idea de dividir entre “nosotros y ellos”, “conmigo o contra mí”, es uno de los recursos más evidentes en el “manual” del populista del siglo XXI. A esta idea pertenecen las descalificaciones generalizadas a la prensa tradicional. Esto es lo que hace Donald Trump cuando llama fake fews -noticias falsas- o corruptos a todos y cada uno de los medios o periodistas que le cuestionan. Algo similar hace Jair Bolsonaro, en Brasil.

Este escenario es funcional para los gobernantes que lo promueven. Por una parte, contribuye a polarizar a la población y a confirmar así el apoyo de su base más dura -por ejemplo, busca reelegirse montando en este caballo-. Por otra, complica la vida a los medios, organizaciones o periodistas que buscan ejercer su función de forma crítica e independiente. Estas personas no pueden satisfacer a los fanáticos que pertenecen a alguno de los dos bandos en disputas y, por ende, se convierten en enemigos de ambos.

Esto es lo que ocurrí cuando el presidente calificó a Proceso como un medio “amarillista” por criticarlo en una portada. A este simple señalamiento, siguieron acusaciones de los fanáticos del presidente llamando a Proceso “chayotero”. Poco cuentan las décadas de periodismo crítico y el hecho de que basta con revisar las últimas diez portadas de este semanario para notar que su línea sigue documentando y criticando sin distinción de partido. Para ser claro, Proceso sigue ejerciendo el periodismo independiente y crítico a pesar de que hay un gobierno con el que parece tener afinidades ideológicas.

La pregunta es, como diría el clásico: ¿y qué querían que hiciera Proceso? ¿Renunciar a su independencia y crítica para dedicarse a aplaudir al gobierno actual?

Algo similar sucede con las organizaciones de la sociedad civil (OSC). Apenas esta semana, el presidente asoció los recursos recibidos por OSC, como Indignación en Yucatán, con la oposición de estas organizaciones al proyecto del Tren Maya.

Indignación es un referente en materia de derechos humanos y ha defendido al pueblo maya y construido capital social positivo durante décadas. Si acaso, tuviera que haber una afinidad ideológica entre esta organización y un gobierno que se dice antineoliberal. Sin embargo, ahora Indignación ha sido puesta en el reflector por un gobierno de izquierda y su nombre ha quedado manchado ante los seguidores acríticos del presidente. Aunque claramente Indignación no es prensa, las dinámicas de ambos casos son claramente paralelas.

El gobierno de AMLO lidia con la existencia de una prensa libre, plural e independiente descalificándola. Para ello, aprovecha la polarización y la alimenta. Con ello, además de mostrar su rechazo a uno de los elementos necesarios para la democracia, el actual presidente complica la labor de las personas que le critican y las pone en riesgo.

El gobernador

El gobernador de Yucatán no descalifica en público a sus críticos. Su gobierno rechaza a la prensa crítica e independiente de otra forma: marginándola o ignorándola.

En las conferencias de prensa del gobernador, a diferencia de las de AMLO, todo transcurre sin mayores sobresaltos. El gobernador no enfrenta preguntas críticas. Si este es el caso, es, en buena medida, por el entorno controlado en que estas conferencias se desarrollan. De acuerdo con algunos periodistas, el gobierno del estado ha “confiscado” momentáneamente teléfonos celulares antes de llevar a cabo reuniones con medios de comunicación o con empresarios.

A ello hay que sumar la nula disposición del gobierno del estado a abordar públicamente los aspectos que se le critican en la prensa. Como ya he comentado antes en este mismo espacio, la estrategia en este sentido parece ser apostar a que la sinfonía de medios incondicionales al gobierno terminen acallando las voces de quienes le critican.

La pluralidad siempre debe notarse o sonar para manifestarse. Pero el gobierno local busca borrar la pluralidad subiéndole el volumen a la unidad que, por los motivos que uno quiera, le aplaude incondicionalmente.

Finalmente, el gobierno de Mauricio Vila suele ignorar a la prensa crítica negándole la oportunidad de hacer cuestionamientos al gobernador o a los funcionarios de su gobierno. Por ejemplo, hace unas semanas el Diario invitó a Mauricio Díaz Montalvo, director de Cultur, para debatir en uno de sus foros de discusión. El tema de este foro era “Por un Chichén Mejor”. Era de esperarse que en este foro se abordarían temas complejos, como el problema del ambulantaje en esta zona arqueológica. De otra forma, el foro hubiese resultado trivial o irrelevante.

Pero el director de Cultur rechazó participar en este evento y, con ello, negó a la ciudadanía la posibilidad de enterarse de la forma en que su gobierno argumenta y explica su posición sobre un tema relevante al enfrentarse a preguntas complejas. Días después, el Diario buscó nuevamente a Díaz Montalvo para preguntarle sobre un plan de control de asistencia en zonas arqueológicas, pero el funcionario no tomó la llamada.

Lo anterior retrata de cuerpo completo la posición del gobierno local ante la prensa. Si al medio más antiguo e influyente del estado se le ignora, es fácil ver que con mayor facilidad se puede ignorar a medios independientes o críticos con menor alcance o solidez.

Para efectos de este artículo, lo importante es que el gobierno local ignora o desprecia consistentemente a la prensa cuando ésta le resulta incómoda; esto es, que la prensa sólo es buscada por la actual administración cuando se requieren reflectores y fotografías perfectamente curadas que encapsulen la visión surgida desde el gobierno del estado.

Desde luego, el gobierno de Mauricio Vila no inventó esta estrategia. En realidad, ésta forma parte de las muchas prácticas antidemocráticas promovidas por el PRI durante décadas. Si en el caso de AMLO llama la atención que un gobernante de izquierda adopte estrategias de populistas de derecha, en el caso de Vila resulta notable que un gobernante de un partido que se proclama como defensor de la democracia adopte prácticas abiertamente antidemocráticas.

Conclusión

La existencia de una prensa libre, plural e independiente es un elemento necesario o indispensable en una democracia: quienes rechazan este elemento, no aceptan plenamente la democracia. En este artículo he argumentado que tanto AMLO como Vila buscan limitar la libertad de la prensa, su pluralidad o su independencia. Mientras que el presidente lo hace descalificando y polarizando, el gobernador lo hace silenciando o ignorando. Y de ello se sigue que estamos ante gobernantes que, más allá de sus éxitos o fracasos, no terminan de aceptar la democracia.

El concepto “dar el avión” se utiliza para representar el hecho de que una persona escucha lo que dice otra, pero decide contestarle con una respuesta que demuestra falta de interés o de atención en lo que se ha escuchado. Es decir, “dar el avión” implica fingir ante una persona que lo que ésta dice resulta importante, y responderle con una respuesta vacía con el único fin de seguirle la corriente.

Para un gobernante, “dar el avión” a los cuestionamientos que se le hacen es un recurso para evadir responder a las críticas. Desde luego, no es el único. Otra opción es ignorarlas o no inmutarse. Este es el caso de prácticamente todos los presidentes priistas -“ni los veo, ni los oigo”- o de los recientes ex gobernadores de Yucatán Rolando Zapata o Ivonne Ortega. Una posibilidad más es responder frontalmente, pero sin apego a hechos o con frases provocadoras, como lo hacen, siguiendo el manual populista, Donald Trump o Andrés Manuel López Obrador.

A estas alturas, es posible afirmar que la opción de “dar el avión” es el recurso empleado por default por el gobierno de Mauricio Vila cuando se trata de enfrentar cuestionamientos complicados. En este artículo sustentaré esta afirmación y argumentaré que, para terminar con este estado de cosas, es necesario reclamar no sólo al gobierno del estado, sino también a otros actores.

TRES CASOS

Empecemos identificando tres casos dónde el gobierno de Mauricio Vila ha dado el avión a sus gobernados. Si bien éstos no son los únicos, me parece que son representativos.

(1) El primer caso tiene que ver con los feminicidos en Yucatán. Apenas esta semana, por quinta vez en lo que va del año, una mujer -Fernanda- fue asesinada por el hecho de ser mujer en nuestro estado. La violencia de género es un problema serio y estructural. A los feminicidios tenemos que sumar otras instancias de violencia de género -incluyendo todo tipo de violencia contra las mujeres y violencia contra la comunidad LGBTI-  

Es decir, estamos ante una crisis que demanda no sólo la atención del gobierno estatal, sino también una respuesta institucional en distintos niveles que conduzcan a atajar las causas del problema, como la discriminación por motivos de género o la inequidad de acceso a oportunidades laborales igualmente remuneradas.

Sin embargo, ante cada feminicidio el gobierno de Yucatán reacciona con respuestas ofensivas por vacías. Por ejemplo, tras el feminicidio de Fernanda, la SSP Yucatán reaccionó con un comunicado informando de este hecho. Pero este comunicado se tituló “Discusión de pareja termina en tragedia”, a pesar de que el mismo texto se dice que fue un hombre quien asesinó a una mujer para luego suicidarse.  Esta respuesta retrata de cuerpo completo el enfoque institucional que el gobierno local ha dado a este problema.

El PAN ha exigido al gobierno federal que de prioridad a los femincidios, pero en Yucatán un gobierno emanado de ese mismo partido opta por “dar el avión” a las activistas y organizaciones de la sociedad civil que reclaman, con toda razón, una respuesta seria e institucional ante este problema.

(2) El segundo caso tiene que ver con la opacidad. Hace unas semanas, el Diario reportó que Mauricio Vila viajó a una reunión de gobernadores del PAN en una avioneta privada. Una vez que esto se dio a conocer, al gobierno no le quedó más remedio que formular una respuesta: el costo del vuelo no se pagó con recursos públicos, pues la avioneta fue prestada al gobernador por un empresario.

Esto es, desde luego, una respuesta. Pero es obvio que con esta respuesta el gobierno estatal está dando el avión al Diario y a quienes han criticado este evento – si se quiere, el gobierno de Yucatán está “dando el avión” sobre quién dio el avión- . Y es que hasta el día de hoy no sabemos qué empresario prestó al gobernador la aeronave y si sus empresas tienen algún tipo de relación con el gobierno del estado. Al señalarse este hecho, el gobierno del estado decidió dejar de “dar el avión” para acomodarse en el silencio que tanto defendieron Rolando Zapata e Ivonne Ortega.

(3) El tercer caso a revisar es el manejo del escándalo originado por el anuncio de una lista de empresas que serían beneficiadas por un préstamo promovido como propio por el gobierno del estado. Recordemos que en esta lista figuraban varias razones sociales estrechamente vinculadas con integrantes de la administración estatal.

La primera respuesta del gobierno del estado consistió en un claro “avionazo”. A las críticas, la administración estatal respondió que sólo había jugado un rol “facilitador” en ese proceso. De nuevo, estamos ante una respuesta: el gobierno escuchó las críticas y salió a comentar al respecto. Sin embargo, esta respuesta no puede ser considerada satisfactoria o acorde a la seriedad de la pregunta. Y es que a la pregunta obvia de “¿en qué consistió ese rol y quién seleccionó a las empresas y con qué criterios?” el gobierno estatal respondió con silencio.

LOS MOTIVOS

Los tres casos anteriores son representativos de una dinámica bien establecida. El gobierno del estado suele “dar el avión” cuando se le formulan preguntas incómodas o que deben ser respondidas con explicaciones convincentes.

Pero “dar el avión” no sólo implica el hecho de no tomar con seriedad una pregunta o a la persona que la formula. “Dar el avión” implica también el conocimiento o la suposición de que o bien esta falta de seriedad no tendrá consecuencias o estas consecuencias serán menos graves que los efectos que tendría responder directamente.

Hay al menos tres motivos por los que el gobierno estatal podría pensar que este es el caso.

(1) La sinfonía mediática. Son pocos los medios de comunicación locales que cumplen con la función crítica que por naturaleza corresponde al periodismo. Los medios audiovisuales suelen reproducir boletines y entrevistas a funcionarios con preguntas a modo -lo que ocurre en la radio y la televisión es francamente vergonzoso-. Las recientes entrevistas que ha dado el gobernador son evidencia en este sentido.

En los medios impresos o escritos digitales hay excepciones, pero, desde sexenios anteriores, buena parte de ellos se dedican a tocar la melodía que dicta el gobierno del estado. En este contexto, la apuesta podría ser que las voces de los pocos medios que formulan preguntas pasarán desapercibidas.

(2) La falta de autocrítica. El PAN solía ser el partido más autocrítico de Yucatán. Claramente este ya no es el caso. Las críticas sólidas que algunos integrantes o simpatizantes de la actual administración lanzan públicamente al gobierno federal por la forma en que evade preguntas, en este caso con la retórica populista del presidente, son en ocasiones válidas.

Pero para ser mínimamente congruentes estas personas tendrían que aceptar y ejercer la crítica pública a la administración estatal. Es fácil ver por qué. Imaginemos que un individuo X apoya a un gobierno del PAN sin criticar públicamente sus errores o los casos de corrupción porque este gobierno le ofrece un sueldo u otro tipo de ganancias económicas. Ahora imaginemos que X se muestra públicamente como un fiero crítico cuando se trata de la corrupción del PRI o de Morena.

La congruencia no es necesaria para criticar; sin embargo, es indispensable para tener un mínimo de credibilidad al momento de hacerlo. ¿Cuál es la diferencia entre X y los simpatizantes acríticos del PRI o de Morena? Por mucho que le duela a X, ninguna. X no puede pretender no sonar ridículo o ser una voz digna de ser tomada en cuenta cuando se trata de analizar o criticar la realidad política. Para efectos de este artículo lo que importa es que, por mucho que X quiera aparentar lo contrario, su voz no ayuda en lo más mínimo a evitar que el gobierno estatal siga dando el avión a propios y extraños. La credibilidad de la crítica es algo que sólo se gana mostrando consistentemente independencia.

(3) La oposición. En Yucatán el PRI y Morena no han querido o no han podido siquiera intentar ser un contrapeso al gobierno del estado. Las principales críticas y cuestionamientos -algunos malintencionados- se registran en la prensa y en foros de discusión en redes sociales. La pobreza en este sentido es lamentable. Los más naturales candidatos a jugar el rol de contrapeso son los diputados y diputadas locales, pero no es posible identificar a una sola persona entre nuestros representantes que levante la mano para asumir este rol de forma seria y responsable.

Los tres casos anteriores nos muestran que si el gobierno estatal puede actualmente “dar el avión” a las yucatecas y a los yucatecos es, en buena medida, porque algunos de los actores que tendrían que reclamar los “avionazos” no están cumpliendo adecuadamente con su papel. Eso implica que si bien es necesario seguir cuestionando y exigiendo respuestas serias al gobierno de Maricio Vila, esto no será suficiente si no reclamamos a los medios, a los militantes y funcionarios panistas y a la oposición que jueguen con dignidad el rol que les corresponde.

CONCLUSIÓN

El gobierno de Yucatán regularmente “da el avión” a los cuestionamientos más complicados que se le hacen. No estamos ante ocurrencias o respuestas aisladas. En este artículo he mostrado al menos tres instancias en que esto ha ocurrido con el fin de mostrar que ésta es una estrategia que el gobierno de Mauricio Vila utiliza cotidianamente.

Sin embargo, también he señalado que si esto es posible es porque en nuestro estado hay todavía una sinfonía mediática afín al gobierno del estado, porque hay nula autocrítica en dentro del partido en el gobierno y porque la oposición es un fantasma.

 A las personas independientes que queremos ver un Yucatán democrático nos corresponde por tanto seguir cuestionando al gobierno estatal; pero también cuestionar con la misma intensidad a quienes han permitido que actualmente nos responda con “avionazos”.

El Congreso de Oaxaca aprobó prohibir la venta de alimentos chatarra a menores de edad en ese estado. Organismos internacionales como la Unicef y la FAO celebraron inmediatamente esta medida.

No es para menos. Los alimentos con alto contenido calórico, como refrescos azucarados, pastelitos y frituras, representan un comprobado riesgo para la salud de las niñas y los niños. Diversas enfermedades crónicas, como la diabetes, pueden desarrollarse a causa del consumo de estos productos. Estas enfermedades no sólo generan sufrimiento de miles de seres humanos, también representan una enorme carga financiera y operativa para los servicios de salud pública. Bajo el esquema actual, para los menores de edad la comida chatarra es veneno vil.

Aunque México ha llegado tarde a enfrentar este problema, la buena noticia es que hay signos promisorios en el ambiente. La decisión del Congreso oaxaqueño ha seguido los anuncios de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y del gobernador de Tabasco, así como los de diputadas y diputados de Morena en Colima, Coahuila, Nuevo León e Hidalgo, de que buscarán impulsar medidas similares. Más importantes todavía resultan las dos iniciativas que serían presentadas por senadores para hacer esta prohibición extensiva en todo el país (“Aristegui Noticias”, 10/08/2020).

En este artículo defenderé que no hay algún argumento presentable pera que el Congreso de Yucatán deje de hacer lo proprio.

EL ARGUMENTO DE LA EDUCACIÓN

Las diputadas y diputados locales podrían argumentar que enseñar a las niñas y niños a no adquirir comida chatarra es suficiente para terminar con los problemas derivados del exceso de su consumo. Por ende, no es necesaria la prohibición de estos productos a menores de edad en México. Hay al menos dos problemas con este argumento.

(1) El primero es que asume que las niñas y niños tienen la autonomía para tomar decisiones complejas independientemente. Pero esto claramente es falso y es asumido como tal cotidianamente. Por ejemplo, a los menores se les restringe la venta de alcohol. También se les prohíbe conducir un automóvil o realizar transacciones bancarias.

El principio detrás de todas estas prohibiciones a niños es uno y el mismo: la falta de desarrollo de su capacidad de decidir informadamente y de su autonomía. ¿Por qué pensar que este principio no aplica para el caso de productos cuyo consumo puede lesionar permanentemente sus vidas?

Antes de continuar, es necesario plantear una aclaración importante. Las industrias chatarreras suelen colgarse del argumento de la educación para alegar que el consumo moderado de los productos que venden no impacta necesariamente en la salud de las niñas y niños que los consumen. Este alegato no aplica contra la regulación de la venta de chatarra a menores por una razón muy simple: lo que se está prohibiendo no es que los menores consuman estos productos, sino que los adquieran directa y discrecionalmente; es decir, sin la supervisión de adultos.

(2) El segundo problema con este argumento es que asume que no hay relación entre la legislación y la educación. Pero esto es falso. Por ejemplo, en materia de derechos humanos la historia nos muestra que un cambio en las leyes antecede a un cambio en la cultura. Estos derechos no están sujetos a la voluntad popular, y la introducción de leyes contribuye a que el público los entienda y acepte gradualmente. Este fue el caso con el reconocimiento legal de la igualdad entre blancos y negros en Estados Unidos o de la igualdad entre mujeres y hombres en otras partes del mundo. En el mismo sentido, la prohibición de la venta de comida chatarra a las niñas y a los niños puede ser una poderosa herramienta para que tanto ellas y ellos como sus madres y padres aprendan a reconocer sus efectos.

EL ARGUMENTO DE LAS DROGAS

Este argumento postula que es un sinsentido prohibir la venta de comida chatarra a niñas y niños cuando el mundo avanza en el sentido regular la venta de drogas como la mariguana. El error de fondo en este argumento -un error por desgracia común- es que parte de la base de un mal manejo de la argumentación analógica.

Esto es claro cuando consideramos que, como ya hemos revisado antes, dado que niñas y niños no tienen todavía autonomía suficiente, distintas actividades deben serles prohibidas. Estas actividades incluyen la compra de alcohol y otras drogas. Al menos que yo sepa, nadie en su sano juicio ha defendido públicamente lo contrario. Por ende, al menos en este sentido, la analogía entre las drogas y la comida chatarra no se sostiene.

Alguien podría replicar, siguiendo con la analogía de las drogas, que la prohibición generaría un “mercado negro” en la venta de comida chatarra a menores de edad. Este punto puede ser desarmado fácilmente.

Siguiendo esta lógica, la venta de todo tipo de productos y servicios tendría que ser universalmente permitida. Para ser consistente quien postule lo anterior tendría que aceptar, por ejemplo, que ya no se requiera receta para la venta de cierto tipo de medicamentos altamente adictivos o que no se requiera de prueba de manejo para expedición de licencias de conducir, pues estos requisitos abren la puerta a mercados negros de medicinas o licencias.

Es obvio que esto no tiene sentido: los mercados negros deben ser atajados por las autoridades; pero de su existencia no se sigue que toda regulación deba ser desechada.

Además, la réplica de los “mercados negros” también pierde de vista que la prohibición que analiza el senado mexicano sólo aplica para niñas y niños. Es decir, para personas que no cuentan con los recursos económicos o de movilidad para generar grandes “mercados negros”.

EL ARGUMENTO DE LA INSUFICIENCIA

El último argumento que me interesa revisar aquí parte de la base de que la prohibición de la venta de comida chatarra a niñas y niños no es suficiente para acabar con los problemas que de ello se derivan; es decir, que esta prohibición no basta para terminar con el problema de la obesidad en México o para erradicar las enfermedades derivadas del consumo de este tipo de productos.

Este argumento confunde dos condiciones modales distintas: la necesidad y la suficiencia. El oxigeno es necesario para la formación de una molécula de agua, pero no es suficiente -para ello se requiere también de hidrógeno. Para ser claro, ni oxigeno ni hidrógeno, considerados por separado, son suficientes para formar una molécula de H2O; pero ambos son necesarios.

En el mismo sentido, la prohibición de venta de chatarra a menores parte de la base de que esta medida es necesaria para terminar con los problemas descritos arriba. Que yo sepa, nadie ha argumentado que esta prohibición sea suficiente para terminar con esta crisis. Lo que se ha dicho es que esta prohibición es un elemento necesario para ello.

CONCLUSIÓN

Yucatán vive una crisis de obesidad que deriva en enfermedades crónicas padecidas por miles de personas. Muchos de estos casos inician en la infancia, con el consumo de comida chatarra como bebidas azucaradas, pastelillos y frituras. Esta crisis cuesta cantidades millonarias al estado, contribuye a saturar los servicios de salud y, tal como el Covid ha demostrado, hace vulnerables a miles de personas.

Si el Congreso de Yucatán verdaderamente está interesado en la salud física de las yucatecas y yucatecos y en la salud económica del estado, tendría que prohibir la venta de comida chatarra a menores de edad. En este artículo he revisado tres posibles objeciones a esta prohibición y he demostrado que ninguna se sostiene. El congreso local no tiene entonces pretexto presentable para no sumarse al movimiento antichatarra empujado en el senado y en otros estados.

Publicado en Diario de Yucatán.

Una de las grandes preguntas en filosofía política y ética es si el ser humano es bueno o malo por naturaleza. En “Human Kind” (“Bondad Humana”), su más reciente libro, el historiador holandés Rutger Bregman, pone en tela de juicio algunas de nuestras intuiciones más arraigadas y responde a esta pregunta, especialmente relevante en tiempos oscuros, con una historia de esperanza.

LA FALSA PREMISA

El eje central de “Bondad Humana” es que la civilización está construida, al menos en parte, sobre una falsa premisa: la idea de que los seres humanos mostramos una cubierta decorativa de civilidad que, ante la amenaza más pequeña, puede resquebrajarse para revelar nuestra naturaleza egoísta e individualista. En este sentido, el Estado, como antes la religión, operarían como un mecanismo para mantenernos en jaque y contener el surgimiento de nuestra “verdadera naturaleza”.

Si usted piensa que esta narrativa es evidentemente verdadera, no está sola. Confieso que antes de leer el libro de Bregman yo también consideraba plausible esta historia. ¿De dónde proviene nuestra aceptación de esta historia? Apelar a experiencias personales aleatorias para justificarla implicaría cometer un error básico. Como bien se dice, “hecho” no es el plural de “anécdota”.

En nuestra defensa, ésta es la historia estándar que absorbemos, directa o indirectamente, a lo largo de nuestras vidas.  Por principio de cuentas, las principales teorías económicas suelen aceptar irreflexivamente la idea de que las personas buscan fundamentalmente maximizar sus beneficios. Esto no es todo. La teoría de la evolución, un hecho científicamente probado, parece apuntar a que un individuo opera, principalmente, con el fin de garantizar su supervivencia. A lo anterior tenemos que sumar las historias de seres humanos que abundan en la cultura popular, desde Hollywood hasta la academia nos “recuerdan” constantemente los terribles casos de seres humanos pierden su coraza de civilidad para convertirse en bestias agresivas.

Gracias al rigor propio de las personas dedicadas a estudiar profesionalmente la historia, y tras una exhaustiva investigación académica, Bregman nos muestra una y otra vez, pruebas en mano, que la“narrativa estándar” está mal fundada y que no corresponde con la realidad. No alcanzaría el espacio para abordar todos los casos discutidos en “Bondad Humana” o para hacerle justicia al libro. Sin embargo, vale la pena presentar tres ejemplos destacables que desafían esta narrativa.

(A)  EL HOMO CACHORRO

El Homo sapiens convivió durante miles de años con el Homo neanderthalensis. A pesar de que el segundo era más voluminoso, más fuerte y que tenía un cerebro más grande, los neandertales se extinguieron y los humanos, al menos por el momento, no. ¿Cómo explicar esta diferencia en términos evolutivos?

Hace más de cincuenta años, un científico ruso pidió fondos al gobierno de su país para estudiar cualidades físicas de una especie de zorros en una locación remota. En realidad, el proyecto era una fachada. En aquel entonces el gobierno ruso prohibía estudios de genética evolutiva y este científico quería saber si era posible convertir, a través de generaciones de cruzas seleccionadas, a zorros salvajes en animales tan amigables como perros. La idea era seleccionar para su reproducción exclusivamente a los zorros que fueran más “amigables” con los seres humanos.

El primer avance se produjo después de algunas generaciones cuando algunos zorros empezaron a mover la cola cuando la científica o el científico a cargo del experimento se les acercaban. Algunas generaciones después, algunos zorros empezaron a llorar cuando los humanos les dejaban solos. Con el paso de más generaciones los zorros se convirtieron en animales cariñosos, amigables y capaces de “leer” a los seres humanos.

Esto no es todo. Las personas a cargo del estudio notaron que mientras más amigables eran los zorros, sus rasgos físicos eran más parecidos a los de un cachorro: menos pelo y menor tamaño. Estas características hacen más débil al individuo, pero están correlacionadas en distintos animales con la capacidad de colaborar y solidarizarse con otros. Esta es la diferencia entre los seres humanos y los neandertales.

Los logros de los seres humanos no se basan, por ende, en nuestra fuerza o en nuestro poder cognitivo bruto, sino en que hemos evolucionado y prosperado con base en la cooperación y la empatía. Un chimpancé tiene mayor potencial cognitivo que un bebé humano. La diferencia es que el bebé humano está equipado para empatizar y y colaborar con otras personas. Los mecanismos de control y coerción social no construyen esta base.

(B) LOS ESTUDIOS DUDOSOS

Probablemente la lectora o el lector haya leído alguna vez sobre el famoso “estudio de la prisión” elaborado en la Universidad de Stanford. Supuestamente, un grupo de estudiantes fue dividido en guardias y prisioneros para simular la vida dentro de una prisión. De acuerdo con Philip Zimbardo, el autor de este estudio, al poco tiempo los guardias comenzaron a hacer sus reglas. Entre éstas estaban maltratar a los prisioneros, numerarlos para despersonalizarlos, encadenarlos y someterlos a castigos corporales. La conclusión: cuando no hay “control institucional” las personas se convierten en bestias.

Bregman presenta evidencias y registros que muestran que esta conclusión no se sigue de lo que realmente ocurrió en el estudio. El estudio fue una gran farsa. Las personas a cargo del estudio dieron explícitamente instrucciones a los guardias de cómo tratar a los prisioneros. Los guardias fueron tratados como asistentes para estudiar a los prisioneros, y nunca fueron considerados sujetos de estudio. Pero esto no impidió a Zimbardo alterar su reporte y salir a los medios a publicitar su “gran hallazgo”. Bregman muestra cómo otros experimentos que llegan a conclusiones similares están viciados de origen.

En realidad, cuando se ha intentado replicar con profesionalismo experimentos semejantes lo que ocurre es lo opuesto. Los guardias terminan jugando cartas con los prisioneros, se vuelven amigos y salen a tomar cervezas juntos. La reacción común no es maltratar o abusar, sino intentar socializar. Lo mismo ocurre cuando esta dinámica se ha reproducido en otros escenarios, como campamentos de verano.

Es más, Bregman muestra con evidencias que durante siglos la mayoría de los soldados en guerras no disparaban sus armas. Tuvieron que diseñarse entrenamientos especiales, mecanismos para despersonalizar al enemigo y armas para atacar a distancia para que la mayoría de las personas implicadas en una guerra se animase a asesinar a otras. Esto es, es extremadamente complicado llevar a un ser humano a matar o agredir a otro.

(C) EL SEÑOR DE LAS MOSCAS

¿Qué pasaría si se deja a un grupo de adolescentes solos en una isla desierta durante meses? De acuerdo con la popular novela “El señor de las moscas” de William Golding, los jóvenes primero se sentirían felices; per luego se volverían unos contra los otros, terminarían generando bandos en conflicto, agrediéndose y viviendo en anarquía.  Esta es historia, que ha sido llevada al cine y ha influido profundamente en la cultura popular, es también falsa.

“El señor de las moscas” es una historia de ficción. Sin embargo, por fortuna tenemos un caso que muestra lo que realmente sucedería en un escenario semejante. Hace algunos años, un grupo de adolescentes terminó varado en una isla desierta cerca de Oceanía por más de un año. Cuando un barco australiano los encontró, los jóvenes habían construido una especie asentamiento perfectamente organizado. Se dividían el trabajo en equipo; cuando alguien enfermaba y se convertía en una carga los demás no le abandonaban: le cuidaban y hacían su trabajo por él; cuando algún conflicto surgía todos cooperaban para encontrar una rápida solución dialogada. Hoy algunos de los jóvenes náufragos son mejores amigos.

Bregman muestra que el mismo espíritu de cooperación suele surgir en las peores tragedias. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial Londres o Berlín fueron bombardeados y aislados por sus enemigos pensando que esta situación terminaría derivando en caos y agresiones entre sus habitantes. Pero la gente no se volvió egoísta o agresiva, como esperaron sus atacantes. Lo contrario fue cierto: las personas se solidarizaron y procuraron ayudar a otras personas en el momento complicado.

Lo mismo ocurrió en Estados Unidos tras el paso del Huracán Katrina en Nueva Orleáns. Inicialmente la prensa reportó vandalismo generalizado, violaciones y asesinatos. Sin embargo, uno a uno los casos sensacionalistas fueron probados falsos. Lo que sí se multiplicó fueron las muestras de solidaridad y apoyo entre la población.

EFECTO PIGMALIÓN

Los anteriores ejemplos son apenas versiones comprimidas de algunos de los muchos casos que Rutger Bregman describe con lujo de detalle en su libro. La colección de casos es importante, pues uno de los argumentos centrales de este historiador holandés es que reconocer que nuestras intuiciones están equivocadas es crucial para mejorar nuestra vida en sociedad.

Cuando la sociedad, el sistema económico -capitalista, socialista o comunista- y la cultura presuponen una versión del ser humano egoísta, individualista o agresivo, estas características terminan por volverse reales. Es decir, se genera una suerte de efecto Pigmalión. Es fácil ver por qué. Quienes viven a la defensiva esperando la próxima agresión y desconfiando de otros pueden encontrar tentador dar el primer golpe a manera de defensa preventiva. Y, cuando todos actuamos así, terminamos por ver nuestra profecía autocumplida.