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Presidencia Compleja

Diario de Yucatán, 05-07-2020

Hace dos años Andrés Manuel López Obrador logró un triunfo histórico. El candidato de Morena se convirtió en el primer presidente mexicano en ser democráticamente elegido por más de la mitad de las personas que votaron, y en el primero en ser postulado por un partido de izquierda en llegar al poder.

El aniversario del triunfo de AMLO en las urnas ofrece un buen motivo para analizar lo positivo y lo negativo del primer año y medio de su gobierno. Dado que estamos sumergidos en un contexto altamente polarizado, cualquier evaluación al desempeño de AMLO tiene que navegar entre dos grupos fanáticos: quienes se consideran indisputablemente “fieles” al presidente y quienes son carcomidos por un odio obsesivo hacia su persona.

Mi intención en este artículo es navegar entre ambos grupos presentando elementos que, a mi juicio, constituyen errores y aciertos del actual presidente. Estoy convencido de que una forma resistirse a este entorno nacional polarizado es a través de formas y tonos ajenos a los bandos en disputa. Dos aclaraciones iniciales son importantes. La primera es que sin duda la lista que aquí presento no es exhaustiva; no hay forma de plantear semejante lista en un texto periodístico. La segunda es que la división simétrica entre aciertos y errores que aquí presento no implica una equivalencia de valor entre los puntos comentados.

Lo negativo

(1) Manejo de la pandemia. A diferencia de lo que ha ocurrido en otros países, el gobierno de AMLO ha decidido no apoyar durante la actual emergencia a las micro, pequeñas y medianas empresas. El argumento del presidente para no hacerlo es que en gobiernos anteriores se rescataba a los ricos o a las grandes compañías, y que su gobierno se está enfocando principalmente a los pobres.

Aunque AMLO tiene razón en sus críticas a gobiernos anteriores y en que las personas más pobres merecen atención prioritaria, esto no implica, de ninguna forma, que las pequeñas empresas hayan sido rescatadas o que hayan abusado de otros gobiernos. Lo contrario es cierto, el apoyo a las grandes empresas es injusto y puede ser nocivo para las pequeñas, que luego tienen que absorber en forma de impuestos de competencia desleal las consecuencias del rescate a los privilegiados.

Además, es evidente que las personas dueñas de estas empresas suelen estar muy lejos de ser millonarias o de tener la vida resuelta. ¿Por qué no apoyarles? El presidente ha dicho que no quiere endeudar al país y eso es entendible. Pero su visión en este sentido termina replicando la de los gobernantes neoliberales a los que tanto critica. Como los gobernantes progresistas saben muy bien, el endeudamiento, bien planeado y utilizado, puede ser un mecanismo para el desarrollo social y el crecimiento económico a largo plazo.

(2) Seguridad. Desde que Felipe Calderón lanzó su “guerra” contra el narco, la violencia en México está descontrolada. AMLO prometió que el pacificaría al país con una nueva estrategia. Pero nada de esto no ha ocurrido.

Por principio de cuentas, salvo una excepción que mencionaré abajo, en esta materia es difícil distinguir la diferencia entre la estrategia del actual gobierno y la de gobiernos anteriores. Ejemplo de ello es la idea de involucrar al ejército en estas tareas, sin presentar un programa claro que explique por qué en un futuro cercano esto dejará de ser necesario.

Pero, sobre todo, la violencia en nuestro país continúa su marcha ascendente. Ni siquiera la pandemia, con cuarentena incluida, ha ayudado a frenar esta tendencia. No es ninguna sorpresa entonces que 53% de la población encuesta por El País considere que la gestión de este gobierno en seguridad pública ha sido “pésima”.

(3) Alianzas impresentables. Uno de los grandes ejes temáticos del discurso de AMLO-candidato fue el combate a la corrupción, incluyendo la de otros partidos políticos y la de grandes capitales.

En este sentido, no hay forma decente de justificar posiciones o alianzas de Morena -por ejemplo, con el Partido Verde. Lo mismo ocurre con figuras que han encontrado cabida en Morena, como Miguel Barbosa, Manuel Bartlett, o Jaime Bonilla. En cuanto a la corrupción empresarial, AMLO no ha dudado en cobijar a Ricardo Salinas Pliego, un individuo con una trayectoria tan conocida como cuestionable. Tal como ha escrito el doctor Sergio Aguayo en estas páginas, estas y otras acciones pueden ser interpretadas como una “capitulación”.

(4) Retórica populista. Las descalificaciones a la prensa, el uso repetitivo de frases acartonadas, el antagonismo hacia la ciencia y, sobre todo, la idea de aprovechar la polarización o exacerbarla son todos elementos del “manual” populista del siglo XXI. Esta fórmula ha sido empleada lo mismo por Donald Trump, por Boris Johnson y por Jair Bolsonaro, todos populistas de derecha. Si bien AMLO llegó al poder postulado por un partido de izquierda, nuestro presidente también repite constantemente estos tropos.

El “manual” populista es profundamente dañino para la institucionalidad. Si las instituciones son concebidas como parte de los “enemigos”, entonces éstas deben ser eliminadas. Aunque en México las instituciones nunca han funcionado adecuadamente, es evidente que la solución es depurarlas y hacerlas funcionar, y no eliminarlas. También es nocivo para la prensa y para las personas dedicadas al periodismo, quienes automáticamente son vilificados por un bando o por el otro.

Lo positivo

(1) Combate a la evasión fiscal. El primer aspecto para destacar es la aparente decisión con que el gobierno federal ha buscado cobrar impuestos a las grandes corporaciones. La administración de AMLO ha logrado cobrar ¡$30 mil 328 millones! que algunas gigantes debían al SAT (Sinembargo.mx, 17/06/2020).

Uno tiene que preguntarse qué hubiera pasado con estos recursos si el presidente hubiese sido de otro partido. Es un hecho documentado que durante los dos sexenios anteriores los “perdones” fiscales o los “arreglos” a favor de las empresas y en contra del gobierno eran habituales. Además, el gobierno ha prometido revelar un fraude masivo orquestado por una red de empresas que actualmente privan al SAT de ¡30%! de sus ingresos. Es necesario, sin embargo, establecer mecanismos para que sin importar quién esté en el poder, de ahora en adelante los impuestos sean bien cobrados.

(2) Unidad de inteligencia Financiera. Otro éxito importante de la 4T es la labor de la unidad de inteligencia financiera (UIF). Esta unidad ha congelado cuentas de cárteles importantes, de políticos acusados de corrupción -como Emilio Lozoya- y de lavado de dinero. Nada semejante ocurrió durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto o de Felipe Calderón -y uno tendría que preguntarse por qué- Sin embargo, queda pendiente un trabajo coordinado entre la UIF y la Fiscalía General de la República.

(3) Transferencias masivas. Tal como ha señalado el escritor y periodista Jorge Zepeda Patterson, el gobierno de AMLO se ha caracterizado por transferencias masivas de recursos a los sectores más desprotegidos. Esto es algo repudiado desde algunos sectores de la derecha, pero en realidad, como a documentado el historiador Rutger Bregman, este esquema suele ser muy efectivo para sacar a personas de la pobreza y a largo plazo resulta autosustentable. Me parece que lo criticable es que la 4T se ha quedado corta al no haber empujado una renta básica universal.

(4) Rectificaciones y admisiones. Aunque a AMLO se le suele asociar con unilateralismo y con terquedad, también es cierto que, en los hechos y más allá de su discurso, el presidente mostrado voluntad para aceptar y corregir ante las críticas. El reconocido analista yucateco Eduardo Huchim lo puso así en una entrevista para la BBC: [AMLO] retrocede y rectifica cuando es necesario, lo cual se traduce en una nueva relación entre el presidente y el resto de los poderes”. Entre los ejemplos de rectificaciones se encuentran el gasto a las universidades, el despido de funcionarios acusados de corrupción o la corrección de algunos errores operativos. Entre los ejemplos de admisiones están las de fallas en atención a víctimas de violencia de género, del poco éxito en la estrategia para reducir la violencia, o del control de aduanas.

Conclusión

El gobierno de AMLO ha cometido importantes errores que, con razón, deben ser criticados. El pésimo manejo económico de la pandemia, el fracaso en materia de seguridad, las alianzas impresentables y la retórica populista empleada por el presidente deben de ser condenados. Pero este gobierno también ha tenido aciertos importantes. El combate real a la evasión fiscal, el fortalecimiento de la UIF, las transferencias masivas a quienes más lo necesitan y, a pesar del discurso, la voluntad para corregir o rectificar pueden ser incluidos dentro de esta canasta.

A dos años del triunfo de AMLO en las urnas, esta evaluación ha buscado revelar que nos encontramos ante una presidencia compleja. Un gobierno que va más allá de la caricatura que divide a los fanáticos pro-AMO de los fanáticos anti-AMLO. -Edimburgo, Reino Unido.

Estatuas impresentables

Diario de Yucatán, 21-06-2020

Esta semana tuve la oportunidad de participar en un interesante foro organizado por Luis Herrera Albertos, empresario y columnista del periódico El Financiero. El titulo del evento: “¿Derribar o no a los Montejo”? En este artículo respondo a dos preguntas fundamentales surgidas en este foro.

¿Por qué remover?

Para responder a esta pregunta, es importante iniciar reconociendo una característica fundamental de algunas estatuas. Me refiero al hecho de que hay estatuas que son colocadas en espacios públicos con la intención de honrar u homenajear a ciertos personajes por sus acciones. Uno puede cuestionar si las contribuciones de estos personajes ameritan el homenaje, pero lo cierto es que dedicarles una estatua pretende exaltarlos y reconocerles. Así, en Estagira se ha colocado una estatua de Aristóteles por la titánica contribución de este filósofo en distintas áreas, en Washington una de Franklin D. Roosvelt, presidente que sacó a Estados Unidos de una de sus peores crisis, o en Pretoria una de Nelson Mandela, el hombre que terminó en Sudáfrica con el terrible Apartheid.

Alguien podría alegar que no todas las estatuas son levantadas para homenajear a personas. Esto, claro está, es cierto. Hay estatuas que son manifestaciones artísticas ajenas a la representación de un personaje y otras representan a figuras míticas o individuos que no existieron. Pero lo importante para efectos de esta discusión es que hay algunas estatuas, como las mencionadas arriba, que son construidas para homenajear a personajes por lo que se percibe como sus contribuciones a la sociedad y presentarlos como referentes.

La estatua de los Montejo es uno de estos casos. Esto se ve magnificado por un elemento discutido por el doctor Rodrigo Llanes en su artículo de la semana pasada: esta estatua está “uno de los sitios más emblemáticos de Mérida… las acciones que se realizan en esos lugares, así como los monumentos que se levantan en ellos, resultan más relevantes, adquieren significados más importantes, envían mensajes más contundentes.”

La característica de las estatuas que he señalado hasta ahora no es controvertida. Sin embargo, ésta suele ser ignorada en el debate. Pero esta característica cobra relevancia cuando se considera que, por su naturaleza, una estatua representa a un personaje completo. Por ende, no puede contextualizar o separar los aspectos positivos de los negativos del personaje. Por ende, si una estatua ha sido levantada para honrar a una persona o institución por sus acciones, y si esa estatua representa a una persona o institución que ejerció la opresión racial, entonces estatua estaría honrando también la opresión ejercida por esa persona o institución. En una sociedad que condena el racismo, un personaje que ejerció la opresión racial no puede caer en este supuesto.

Mucho se ha dicho sobre lo poco claro que es el término “opresión racial”. Hay varias maneras de definir este término, pero lo que no es negociable es que la “opresión racial” incluye, como mínimo, instancias de asesinato, de violación, de tortura o de esclavización de una persona o grupo de personas por motivos de raza. Por ende, si una persona asesinó, o violó, o torturó, o esclavizó por motivos de raza, esta persona es claramente un opresor racial. Con base en esta definición, la conquista fue uno de los actos de opresión racial más claros de la historia. Tal como dijo Octavio Paz en El Laberinto de la Soledad, “la Conquista, que fue…una violación, no solamente en el sentido histórico, sino en la carne misma de las indias”.

Alguien podría alegar que hay que mirar hacia delante, y que la estatua de los Montejo debe ser dejada pues éstos son nuestros “fundadores”; que retirarla implica negar o desconocer nuestro origen. Pero esta objeción es débil. Un ser humano que ha nacido como producto de una violación pude conocer el acto que le ha brindado su existencia e identificar a la figura del padre que le ha constituido biológica y socialmente, sin poner sus fotografías en la sala de su casa o mirarlo con admiración.

De la misma forma, los países colonizados debemos tener presente la historia de nuestra colonización e identificar a sus perpetradores sin homenajearlos y colocarlos en pedestales. Tal como ha escrito el reconocido historiados David Olusaga, retirar estas estatuas “no es un ataque a la historia. Retirarlas es historia. Este es uno de esos momentos históricos cuya llegada significa que las cosas no pueden regresar nunca a cómo fueron antes (The Guardian, 08/06/2020).

¿Cómo saber qué remover?

Para saber qué estatuas debemos remover, es preciso empezar por definir un criterio. Aquí he sugerido que tomemos provisionalmente opresión racial, entendida en el sentido mínimo presentado arriba, como este criterio. Si un personaje asesinó, torturó, violó o esclavizó a una persona o grupo de personas por motivos de la supuesta inferioridad de su supuesta raza, este personaje es un opresor racial, y su estatua debe ser retirada.

Los Montejo esclavizaron, asesinaron y torturaron mayas. Por ende, “x ejerció opresión racial” puede ser perfectamente leída como “los Montejo ejercieron opresión racial”. Dado que a aceptamos que “si una estatua ha sido levantada en un lugar público en honor a un personaje que ejerció opresión racial, esa estatua debe ser eliminada”, entonces la estatua de los Montejo debe ser eliminada.

Alguien podría objetar que terminaremos removiendo estatuas de personajes que tuvieron también impactos positivos. Pero por la naturaleza de las estatuas, no hay impacto positivo que justifique poner arriba de un pedestal a un opresor racial. Por ejemplo, para Bélgica, Leopoldo II fue un personaje positivo. El bienestar actual de las personas que habitan aquel país no se explica sin las riquezas que se acumularon durante su reinado. Su estatua lleva 150 años homenajeándolo. Es decir, es un hecho que este rey benefició a algunas personas y generó prosperidad dentro de su país. Sin embargo, lo hizo ejecutando acciones de opresión racial terribles, e inadmisibles desde cualquier óptica, que no pueden ser disociadas de su persona. Por ende, su estatua cae en nuestro supuesto.

Las estatuas de los colonizadores en América, empezando por el propio Cristóbal Colón, caen, con mayor razón en nuestro supuesto. En su más reciente libro, el historiador Rutger Bregman explica que Colón, cuando legó a las Bahamas se sorprendió de lo pacíficos que eran sus habitantes. En su diario, Colón escribió: “no llevan armas, no las conocen siquiera”. Entonces le vino una “genial” idea: “serían excelentes sirvientes… con cincuenta hombres podríamos someterlos a todos y obligarlos a hacer lo que se nos venga en gana”. Al año siguiente, regresó con 500 hombres e inició el comercio trasatlántico de esclavos. Cincuenta años después, sólo 1 % de la población original de estas islas permanecía en ellas’ (Humankind, 2020).

Hay quienes objetan que quitar estatuas implica “borrar nuestra memoria histórica”. Esto es falso. La memoria histórica puede ser conservada a través de libros de texto y museos dedicados a presentar información contextualizada. Por ejemplo, en Alemania no hay estatuas de Hitler, pero sus acciones se enseñan en escuelas y existen museos dedicados a recordar sus terribles actos de opresión racial. Las personas que son educadas en Alemania saben perfectamente lo que esto implicó, se avergüenzan de ello y concientizan a nuevas generaciones. Y todo ello sin levantar estatuas de Hitler en plazas públicas (Sinembargo, 19/06/2020). ¿Qué hacer con las estatuas de opresores raciales que sean retiradas? Diversos historiadores han sugerido enviarlas a museos. Ahí pueden ser preservadas, exhibidas y contextualizadas para fines pedagógicos.

Hay quienes han argumentado que si quitamos estatuas, entonces también debemos destruir haciendas o iglesias. Este argumento está basado en un pobre uso de la argumentación analógica. Una estatua sirve exclusivamente para honrar o enaltecer a alguien que vemos como referente. Los edificios como haciendas o iglesias fueron construidos con motivos funcionales en mente -las iglesias incluso son actualmente capital social positivo.

También hay quienes alegan que no es cierto que las estatuas han sido levantadas para honrar a opresores raciales. Esta objeción comete el error de confundir (a) “haber sido levantado para honrar a personajes que fueron opresores raciales ” con (b) “haber sido levantado para honrar a personajes por opresores raciales”. Lo primero no implica lo segundo. Pero es suficiente para retirar las estatuas.

Finalmente, algunas personas han objetado que quitar las estatuas de opresores raciales no terminará con la opresión racial. Nada de lo que aquí he dicho implica que este es el caso. Esto es, aquí NO he dicho que retirar monumentos a opresores raciales es suficiente para eliminar la opresión racial. Lo que sí he argumentado es que esas estatuas no tienen razón de ser y que son un símbolo nuestro poco entendimiento de la opresión.

Conclusión

La estatua de los Montejo, y toda estatua que represente a alguien que haya ejecutado asesinato, violación, tortura o esclavización de una persona o grupo de personas por motivos de raza, debe ser removida y enviada a un museo. Para decidir si las estatuas que representen otro tipo de acciones negativas deben ser retiradas, más análisis será necesario. Pero las de opresores raciales deben irse. Y es que no podemos cambiar las partes horribles de nuestra historia, pero sí podemos elegir a qué personas queremos enaltecer cómo nuestros referentes.

Derrumbando estatuas: tiempo de retirar a “los Montejo”

Imagen tomada de Wikipedia

Diario de Yucatán, 14-06-2020

Las estatuas de algunos personajes históricos están siendo derrumbadas o removidas como consecuencia de la impresionante ola antirracista que recorre el planeta.  Esta ola, integrada notablemente por personas jóvenes, ha llevado a distintas sociedades en el mundo a mirarse en el espejo y a enfrentarse al contexto histórico de su discriminación racial. Los personajes representados en las estatuas retiradas promovieron, en distintas formas y época, la opresión y discriminación de seres humanos por motivos de raza.

En este artículo argumentaré que las yucatecas y los yucatecos tendríamos que aprovechar este momento para deshacernos de los símbolos de nuestro racismo. En particular, defenderé la idea de que es necesario empezar exigiendo al gobierno municipal, actualmente encabezado por Renán Barrera, que retire la estatua de los Montejo -el más visible símbolo de todos los símbolos racistas en forma de estatua en el estado-.

Retirar la Estatua

En Bélgica, la estatua Leopoldo II que llevaba más de 150 años en el centro de la ciudad de Ambares, fue removida la semana pasada. En Nueva Zelandia, la ciudad de Wellington ordenó guardar la estatua de John Hamilton, un comandante británico del siglo 19. En Bristol, Reino Unido, manifestantes utilizaron una cuerda para bajar la estatua de Edward Colston, un mercader del siglo 17, y posteriormente la arrojaron al agua. En Estados Unidos, estatuas de comandantes confederados están siendo destruidas o removidas. Algunas estatuas de Cristóbal Colón han corrido la misma suerte. Y todo esto en menos de una semana.

Hay dos argumentos principales para retirar estas estatuas.

(1) El primero y más obvio es que una sociedad que condena al racismo no puede tener monumentos dedicados a personas claramente racistas. En palabras del profesor de la universidad de Birmingham, “estos monumentos fueron colocados para reverenciar a esas figuras; si decimos que queremos una sociedad no racista, desde luego que tenemos que deshacernos de ellos (“NY Times”, 08/06/2020).

No hace falta ser una persona negra para notar el mensaje que manda a esta comunidad el hecho de que el gobierno belga dedique un espacio público a una estatua de un rey que, con el pretexto de “civilizar” o evangelizar a individuos considerados subhumanos, se apoderó de una zona de África. Una vez instalados, los soldados de Leopoldo II explotaron, torturaron, cortaron miles o millones de manos y violaron a millones de personas. Los belgas tienen razón en no querer rendir homenaje a un racista genocida.

Aunque el paralelo no es exacto, la idea misma de la Conquista está fundada, al menos en parte, en la noción de que quienes habitaban América eran seres salvajes e inferiores que debían ser civilizados y evangelizados. También el saqueo de recursos utilizando al pueblo dominado como mano de obra e, incluso, como “servicios personales” -un eufemismo para referirse a una suerte de esclavitud- Este fue uno de los motivos principales por los que se procedió a despojar, atacar, torturar, someter y reducir a una virtual esclavitud a las personas mayas.

Los Montejo encarnaron esta visión y sobre de ella edificaron una sociedad en Yucatán. Si los países colonialistas retiran las estatuas de sus racistas que agredieron y discriminaron a gente de otros orígenes, con mayor razón tendrían que hacerlo las ciudades o países colonizados. Particularmente intolerable resulta mantener un monumento este tipo en una región donde la opresión racial permanece a pesar de que prácticamente la mitad de la población se identifica como maya.

(2)  El segundo argumento para retirar o derribar la estatua de los Montejo es que el racismo implica un extenso, duro y autoanalítico proceso de reevaluación histórica. Por ejemplo, Reino Unido la remoción de estatuas de personajes racistas está relacionada con la obligación que el racismo actual impone a confrontar un pasado colonial y a reconocer que su racismo, presente y pasado, no se explica sin el colonialismo. De esta forma, al mirar al pasado y al aceptarlo, algunas personas en ese país buscan atajar la persistencia de estructuras racistas y desarticularlas. Para ser claro, En Reino Unido las peticiones de retirar estatuas de racistas llevan años gestándose; pero ha sido el contexto actual lo que ha terminado por inclinar la balanza a favor de la posición antirracista

Por el contrario, dejar las estatuas en pie equivale a continuar evadiendo la confrontación con un tema que cotidianamente lastima a miles de personas. Aquellos que lamentan la pérdida de una estatua de este tipo tendrían que confrontarse a dos importantes preguntas del reconocido historiador David Olusoga que aquí tomo prestadas: ¿Piensan honestamente que Mérida sería un lugar peor sin la estatua de dos opresores raciales? ¿En serio no pueden entender por qué algunas personas, particularmente las descendientes de las víctimas de los Montejo, pueden sentirse indignadas por su presencia? (“The Guardian” 07/07/2020). A Yucatán le urge reconocer y discutir los orígenes y manifestaciones de su racismo. Retirar la estatua de los Montejo sería una señal de que ese proceso avanza por buen camino. Y la ola antirracista es el motivo perfecto para dar este paso.

Mantener la Estatua

(1) Alguien podría argumentar que la estatua no debe ser retirada porque los Montejo no eran racistas. Pero este argumento se derrumba más rápido que la estatua de un racista. Como ya he comentado, la Conquista en sí misma implicó distintas manifestaciones de racismo. Además, si hiciera falta más pruebas basta con considerar que los colonizadores se apoyaban en ocasiones en esclavos traídos de África. En este sentido, la victoria de Montejo es el triunfo de lo que hoy llamaríamos supremacismo blanco.

Sirve de poco apelar a que los Montejo tenían virtudes o eran “hombres de su tiempo”. Y es que también los personajes mencionados arriba eran “hombres de su tiempo”. Más allá de si lo que hicieron era legal o moral en su época, lo que ha movido a la destrucción o remoción de sus estatuas es que las personas que habitamos el mundo en el siglo XXI no queremos reverenciar a quienes representan una visión de ser humano actualmente intolerable. Las estatuas en lugares públicos tendrían estar dedicadas a quienes representan lo que aspiramos a ser, y no a quienes encarnan aquello de lo que nos queremos deshacer.

(2) Otro posible argumento para mantener la estatua de los Montejo pasa por apelar a que estos hombres fueron figuras clave en la historia de Mérida y, sin ellos, la ciudad no sería lo que es hoy en día. Este argumento, sin embargo, es engañoso. Una sociedad puede estudiar y reconocer el impacto histórico de un personaje, por muy fundacional que sea, sin rendirle homenaje en un sitio público. Entiendo lo complicado que puede resultar reconocer esto para algunas personas; aceptar que el origen de una actualidad que veneramos es incómodo o impresentable requiere una fuerte dosis de sinceridad y un sentido profundo de autocrítica.

El caso de la estatua de Edward Colston muestra cómo se ven la sinceridad y la autocrítica. Este mercader del siglo 17, fue prácticamente figura fundacional de de la importante ciudad británica de Bristol. La ciudad no se explica sin los recursos generados por este personaje. Pero este dinero, como el de muchos otros comerciantes “fundadores” de esa ciudad provino del tráfico y explotación de decenas de miles de esclavos; personas que eran secuestradas en África, encadenadas, torturadas, achocadas en barcos y comercializadas en todo el mundo como ganado. Para Bristol ha sido un hecho doloroso tener que aceptar el origen de su prosperidad. Tirar la estatua de Coltson al agua representa un repudio a ese pasado y la muestra del deseo de un futuro distinto.

(3) También se puede alegar que se debe mantener la estatua de los Montejo porque las estatuas en lugares públicos, al ser retratos de la historia, no deben ser removidas de su sitio. Pero un poco de congruencia basta para notar que este no es un buen argumento. Por principio de cuentas, es preciso admitir que no es difícil aceptar que algunas estatuas deben ser removidas sin importar su carga histórica.  Por ejemplo, la ex Unión Soviética tiró entre celebraciones globales las estatuas de Stalin e Iraq hizo lo propio con las de Sadam Hussein.

En todo caso, una posibilidad atractiva es retirar las estatuas y colocarlas en museos dedicados a explicar el pasado opresivo de un sitio. Exhibidas y conceptualizadas en ese marco, las estatuas de personajes fundacionales que hoy son impresentables se resignifican y se convierten en herramientas pedagógicas. Además, cualquiera puede aceptar el movimiento de obras en un museo o incluso entre museos de distintos países, ¿por qué tratar a las estatuas de forma distinta?

Más importante aún resulta el hecho de que el argumento de “la historia” implica un muy pobre entendimiento de la historia. Tal como ha comentado la historiadora Anoosh Chakelian, implica entender a la historia como pasado monolítico, en lugar de comprenderla como la relación entre el presente y el pasado (“The New Statesman”, 09/07/2020) En este sentido, el hecho de tirar una estatua es un hecho histórico.

Conclusión

Ni el tiempo en que vivieron los Montejo, ni su relevancia fundacional son argumentos válidos para mantener su estatua. Tampoco sirve argumentar que esta estatua es un “tributo histórico”. Una sociedad que condena al racismo y que busca reconocer su origen no puede tolerar estatuas de personajes que promovieron la opresión racial. Su presencia en áreas públicas las vuelve auténticos monumentos al racismo. La estatua dedicada a los Montejo es uno de estos monumentos. Por ende, debe ser inmediatamente retirada o derrumbada.

Discriminaciones Cotidianas

Diario de Yucatán, 07-06-2020

En Yucatán se discrimina. Si bien rara vez hablamos de este problema, eventos recientes, como el caso de las protestas raciales en Estados Unidos, nos han recordado la necesidad de aceptar con honestidad nuestro contexto discriminatorio. Y la pregunta obligada en este sentido es qué podemos hacer como sociedad para cambiar este contexto. En este artículo presentaré tres posibles vías de acción complementarias.

Una aclaración inicial es importante. En este artículo utilizaré el término “discriminar” para referirme a la noción de “dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental, etc.”. Dos aspectos de esta definición son importantes: (a) discriminar implica siempre una acción con relación a otras personas, y (b) esta acción consiste en tratar a uno o más individuos como inferiores o menos dignos por cualquiera de las razones mencionadas.

Primera Vía: Las Voces Discriminadas

La primera vía de acción tiene que ver con las voces discriminadas. La escritora británica Laura Bates notó que compartía con muchas mujeres con las que pudo platicar experiencias de discriminación -incluido acoso en espacios públicos o violencia-. También compartía con ellas el hecho de no hablar frecuentemente de estas experiencias. Bates intuyó que este podría ser un problema generalizado.

Para conocer más sobre el tema, esta escritora creó un sitio de internet con el fin de recopilar historias de mujeres víctimas del sexismo. Esperaba contar con algunas decenas de testimonios, pero lo que obtuvo en su lugar fueron decenas de miles. El proyecto de Bates se llama “Sexismo Diario” -Everyday Sexism- y actualmente da voz a mujeres en distintos países del mundo.

La historia de “Sexismo Diario” nos deja dos lecciones principales que vale la pena aterrizar en Yucatán.

(1) El hecho de que no se hable de una forma de discriminación no significa que ésta no exista. Muchas de las mujeres que dieron su testimonio dijeron que pensaban que vivir con miedo y esperando sufrir agresiones sexistas era “normal”. Otras pensaron que simplemente tenían “mala suerte” o que algo estaban haciendo mal.  Y pensaron lo anterior porque desde adolescentes o niñas habían sufrido las consecuencias de estos actos discriminatorios.

Del mismo modo, pensando que es lo “normal”, asumiendo que tienen “mala suerte” o pensando que son “culpables”, mujeres, personas mayas e individuos LGBTI en Yucatán podrían estar callando sus experiencias de discriminación. También puede parecer “normal” a la población maya ser pobre, tener acceso a los peores trabajos contar con menos oportunidades de adquirir bienes o servicios de lujo.

(2) El caso de “Sexismo Diario” nos enseña también que compartir, en primera persona, experiencias con otros individuos que comparten los elementos por los que uno es discriminado es una gran herramienta para notar que lo extendido que puede ser un problema y para comenzar a atajarlo de forma organizada.

En este sentido, la creación de canales para articular y compartir experiencias es un paso fundamental para combatir la discriminación en Yucatán. Si bien el los últimos años han habido avances gracia a la presencia y fortalecimiento de organizaciones feministas y proderechos LGBTI, el caso de las personas mayas parece no contar con los mismos espacios dedicados. De esta forma, el silencio garantiza el sufrimiento de miles de personas y el mantenimiento de un estado de cosas opresivo.

Segunda Vía: Las Voces Discriminadoras

La segunda vía de acción es la de las voces discriminadoras. Para dejar de discriminar es indispensable aceptar que todos empezamos, en algún sentido, siendo discriminadores. Entiendo perfectamente que esta frase puede parecer dura y que hay quienes pueden pensar tajantemente que éste no es su caso. Pero a ello se puede responder que para discriminar no hace falta intención ni consciencia de la discriminación que se comente. Es decir, que es preciso admitir que buena parte de las personas que discriminan lo hacen sin percatarse de ello.  En el extremo, personas que evidentemente son homofóbicas, clasistas o racistas pueden llegar a jurar no tienen nada en contra de personas a los que, en los hechos, no reconocen como iguales.

A lo anterior hay que agregar que las personas no nacemos en un vacío, sino aparecemos en un contexto determinado repleto de prejuicios. Esto es importante, pues cuando cobramos consciencia de nuestra existencia ya contamos con un sólido bagaje de creencias, procesos subconscientes y conexiones neuronales. Así, alguien que nació en un contexto “x” puede concebir a las personas que integran un grupo “y” como inferiores o, aún si este no no las concibe conscientemente así, puede actuar contra esas personas movido por prejuicios inconscientes. Por ejemplo, alguien que nació y creció en un nivel socioeconómico alto con poca presencia de personas mayas puede haberse habituado a justificar su opresión o simplemente a ignorarlas. En ambos casos, este individuo estaría actuando en contra de las personas mayas.

Pero para aceptarnos plenamente como discriminadores no es suficiente con reconocer que lo somos por default. Una vez reconocido nuestro contexto, es necesario retarnos y cuestionar actitudes o creencias que creíamos libres de discriminación.

Un caso que puede ayudar a ejemplificar cómo se vería este proceso es el del presidente Andrés Manuel López Obrador. AMLO tiene decenas de aspectos por los que tendría que ser duramente cuestionado -desde su discurso contra la prensa hasta sus recortes indiscriminados, su manejo de la pandemia o su desprecio por la cultura o la ciencia-. Pero para un grupo de las clases altas o medias-altas mexicanas la crítica contra el presidente se centra en su persona.  Para este grupo AMLO es “tonto”, “ignorante”, “impresentable” o “comunista”. Por ejemplo, en una entrevista de radio Pedro Ferríz criticó la presentación presidente -incluidos sus zapatos- y dijo, en pocas palabras, que se trataba de un asunto de educación o de presentación.

Tal como comentó el periodista Jorge Zepeda Patterson, a Ferríz le faltó aceptar que lo que básicamente estaba diciendo es que es un asunto de clase. La pregunta obligada es qué tanto de estos calificativos obedecen al origen humilde, aspecto físico y modo de hablar del presidente. La respuesta inmediata, la automática, es “nada”. Y quizás sea verdad en para algunas personas. Pero lo que me interesa señalar aquí es que no lo será en otros y que para saber si éste es o no el caso se requiere un serio ejercicio mental y comparativo.

Tercera Vía: Las Voces Autodiscriminadoras

La tercera y última vía es terminar es la de las voces autodiscriminadoras. Y es que una posibilidad real y no poco frecuente es que una voz discriminadora se termine discriminando a sí misma. Al igual que en el caso anterior, la respuesta inmediata puede ser que “eso es imposible” o que “claramente no es mi caso”. Y es que aceptar esta posibilidad requiere de un análisis tan retador como profundo.

Un primer paso es notar si uno tiene alguna de las características que suelen ser motivo de discriminación en nuestra sociedad o en los medios. Por ejemplo, una persona LGBTI yucateca adulta que acepta plenamente su sexualidad ha nacido y crecido en un contexto altamente homofóbico. Una niña o niño en 2020 seguramente desarrollará sus conexiones neuronales y creencias en medio de discriminación contra la comunidad LGTBI que se manifiesta en la escuela, en la calle, en el Congreso del estado, en el silencio del gobierno local o en la presencia de grupos antiderechos como el FNF.

Esto significa que esa persona, aunque sea de forma inconsciente, tiene posibilidades reales de juzgarse con estas medidas y, por ende, de sufrir las consecuencias de ejecutar acciones que van desde privarse de vivir una vida plena hasta permitir discriminación de otros o convalidar a autoridades que le desprecian o no reconocen sus derechos. Lo mismo puede aplicar con base en el color de la piel, el nivel socioeconómico u otros factores.

Conclusión

Yucatán discrimina. Lo hace, particularmente, contra las personas mayas, las mujeres y los individuos LGBTI. Si queremos que este deje de ser el caso es necesario que las voces discriminadas se enlacen y magnifiquen, que aceptemos que todos nacemos en un contexto que nos hace discriminadores y que este contexto puede incluso llevarnos a autodiscriminarnos. Nuestra capacidad de abordar estos problemas parte, en buena medida, de un ejercicio de autocrítica honesto y profundo. Un proceso que sólo el miedo o la complicidad convenenciera pueden echar abajo.

Excurso

Diario de Yucatán ha cumplido sus primeros 95 años. Y lo ha hecho alzando la mano como la voz crítica e independiente que tiene que ser el periodismo libre y con vocación genuina. En un entorno local donde estas cualidades son escasas, la cabal salud del Diario es digna de celebrarse. Mi felicitación sincera a quienes hacen posible este periódico. -Edimburgo, Reino Unido.

George Floyd en Yucatán: asfixias paralelas

Diario de Yucatán, 31-05-2020.

Un agente de la policía de Minneapolis, Estados Unidos, asesinó esta semana, a la vista de todos, a George Floyd, un ciudadano afroamericano sometido y desarmado. El hecho fue grabado en video por distintas personas que pasaban por el sitio. Este evento producido protestas masivas en Minneapolis y en otras ciudades de nuestro vecino del norte. También ha generado, con razón, rabia e indignación en todo el mundo, Yucatán incluido. En este artículo revisaré el caso de George Floyd y propondré que mirarlo en paralelo a casos locales pueden revelarnos importantes asfixias en nuestro estado.

Paralelo 1: las asfixias de George y de Gaspar Avelino

(1) Estados Unidos. George Floyd pagó en una tienda de conveniencia con un billete falso de $20 dólares. El encargado de la tienda intentó obtener los cigarros de vuelta, pero no tuvo éxito. Siguiendo el protocolo, llamó a la policía. Poco después agentes llegaron al lugar para encontrar a Floyd dentro de su automóvil y aparentemente bajo los efectos del alcohol. Según los agentes Floyd no quiso salir voluntariamente de su vehículo.

Lo que siguió es demoledor. Los policías esposaron a Floyd y lo sometieron en el suelo. Uno de ellos, Derek Chauvin, se inclinó y presionó, usando toda su fuerza, el cuello del hombre afroamericano con su rodilla. Floyd, claramente desesperado y al borde de la asfixia, sollozó por su madre, suplicó y dijo en repetidas ocasiones que no podía respirar. Seis minutos después, Floyd perdió el conocimiento. Pero ni así retiró Chauvin su rodilla del cuello del hombre inerte acostado en el pavimento. Chauvin siguió presionando su cuello durante casi tres minutos después de que el hombre había dejado de moverse.

(2) Yucatán. Gaspar Avelino Sulub Cimé fue detenido por policías locales. Gaspar Avelino se negó a la detención, “pero lo sometieron a golpes y después lo subieron a una patrulla y lo trasladaron a Mérida, horas después oficiales de la SSP informaron que murió por infarto.” (Diario de Yucatán, 26/02/2020).

Tras las protestas de la familia y tras la cobertura mediática al caso, la Fiscalía del Estado tuvo que reconocer que Gaspar Avelino falleció de asfixia mecánica por broncoaspiración -una accidental de líquidos por las vías respiratorias-. De acuerdo con la autopsia, el hombre fue torturado, molido a golpes y sufrió un traumatismo craneoencefálico (Diario de Yucatán, 04/03/2020).

La comparación de estos dos casos ayuda a notar que eventos muy similares al ocurrido en Estados Unidos y que ha indignado a muchas personas en Yucatán, ocurren con claridad y contundencia en nuestro estado. Sin embargo, el tamaño de la reacción en redes sociales no es proporcional; pareciera que, por algún motivo, los casos locales son menos llamativos. Aclaro que de ninguna forma estoy criticando la molestia e indignación en Yucatán por el caso de Floyd. Lo único que pretendo señalar aquí es que es importante revisar qué nos ha llevado a esta asimetría.

Una posible explicación pasa por notar el hecho de que el asesinato de George Floyd haya sido grabado en video, mientras que el de Gaspar Avelino no fue registrado en ese formato. Otra explicación podría ser el contraste entre la abundancia de medios independientes en Estados Unidos y su escasez Yucatán. Finalmente, también podría haber personas que por algún motivo creen que la población maya es más invisible o menos digna de ser defendida que la población afroamericana. Dejo estas opciones sobre la mesa. Lo importante aquí es reconocer que estamos ante herramientas reales en las que tendríamos que poner atención y trabajo.

Paralelo 2: asfixias institucionales

(1) Estados Unidos. La indignación y protestas que se han desatado a partir del caso de George Floyd no se explican si no se considera la notable violencia que sistemáticamente ejerce la policía en ese país contra su población afroamericana. El sesgo y el racismo policiaco en aquel país están perfectamente documentados y en buena parte de los casos los policías implicados quedan impunes. Por increíble que parezca, a pesar de la evidencia, el policía que asfixio a Floyd inicialmente fue meramente “separado” de su cargo. Fue sólo después de las protestas que el hombre fue arrestado.

La magnitud de las protestas no se entiende si no se considera este contexto. Y es que el uso excesivo de violencia de las policías en Estados Unidos contra la comunidad afroamericana, incluidos los asesinatos a personas desarmadas, suele quedar impune. Además, la repetida súplica de Floyd sobre su imposibilidad de respirar trajo de vuelta la memoria del caso de Eric Garner, un afroamericano asesinado por la policía de Nueva York en 2014 cuyas últimas palabras fueron justamente “no puedo respirar”. La frase se ha convertido en una metáfora para la forma en que las policías en aquel país asfixian con su comportamiento sesgado y racista a la población afroamericana-.

Pero también de la forma en que las instituciones en general impiden a esa comunidad otras formas de respiración. Por ejemplo, la población afroamericana está subrepresentada en las universidades y escuelas y en puestos directivos. Lo que es peor, desde 1980 no hay una tendencia positiva en ese sentido. Además, esta población tiene altos índices de marginación y pobreza, lo que hace que la Covid-19 le esté afectando desproporcionalmente. Es decir, Estados Unidos no ha podido o no ha querido cerrar esta brecha y saldar su deuda histórica con las personas negras.

(2) Yucatán. Por desgracia, el caso de que Gaspar Avelino no es único. De acurdo con un informe reciente de DDHH Elementa” en colaboración con el Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Uady, en Yucatán la tortura policial es “institucionalizada”; es decir, es habitual, permitida y alentada. 

La internacionalmente reconocida organización local “Indignación” ha denunciado y reportado detalladamente estas prácticas. Pero también organizaciones globales también han dado cuenta de ello. Por ejemplo, Amnistía Internacional ha reportado detenciones arbitrarias, golpes y amedrentamiento que fueron denunciados ante la Fiscalía del estado, sin avances en su investigación (Diario de Yucatán, 24/10/2019). La mayoría de las víctimas de estas prácticas son personas de origen maya o que viven en la marginación y en la pobreza. Es decir, análogamente a lo que ocurre en Estados Unidos, en Yucatán la policía “sofoca” o “asfixia” a las personas mayas o más pobres.

Esto no es todo. La “asfixia” institucional se extiende, como ocurre con los afroamericanos, a subrepresentación dolorosa que a los gobiernos parece tenerles sin cuidado. En nuestro estado, alrededor de la mitad de la población es maya; pero esto no se ve reflejado en instituciones, universidades, puestos directivos o en la arena política.  Tampoco hay políticas bien planeadas y decididas para corregir esta injusticia. En este sentido, lo que ocurre a los mayas en Yucatán es más grave que lo que ocurre a los afroamericanos en Estados Unidos: en nuestro estado el tema ni siquiera es abordado directamente por las personas que dicen representar los intereses de la mayoría.

Paralelo 3: asfixias sociales.

(1) Estados Unidos. La población afroamericana ha sido históricamente discriminada y marginada. El racismo persiste en algunos sectores y algunos grupos ultraconservadores, como los nacionalistas blancos o la alt-right, se refieren explícitamente a esta población   con desprecio. Sin embargo, las protestas masivas muestran que esta situación podría haber alcanzado su punto de quiebre. Personas de todas las edades y origenes han salido a las calles a exigir, con toda la fuerza que el caso amerita, el fin de la asfixia institucional las personas negras. Con ello, la sociedad ha inyectado oxígeno invaluable a la población afroamericana.

(2) Yucatán. Por desgracia, nada similar está ocurriendo en Yucatán con la población maya. En términos generales, nuestra sociedad sigue sin reconocer que consciente o inconscientemente sofoca cotidianamente a estas personas. Y lo hace, para ser exactos, principalmente por la vía de la inacción; esto es, volviéndolas invisibles, dejando de ofrecerles su solidaridad irrestricta o despreciando su legítimo derecho a estar furiosos y a reclamar abiertamente, con toda la fuerza necesaria, a las autoridades que tendrían que corregir las asimetrías. No es ninguna casualidad que mientras más se baje en la escalera socioeconómica más proporción de mayas se encuentren. Tampoco lo es que las profesiones peor pagadas o las que implican más sacrificio sean las más ocupadas por personas mayas. Por ponerlo en términos más claros, pensar que la población maya tiene una “natural vocación de servicio” a la población no maya es contribuir a su asfixia.

Conclusión.

A muchas personas yucatecas, el caso de George Floyd ha abierto, de par en par una ventana por la que se puede mirar las formas en que Estados Unidos asfixia a su población afroamericana. La indignación que esto ha generado es encomiable y entendible. En este artículo he propuesto que esa misma ventana, por la vía de la analogía, puede ser utilizada para notar la forma en que Yucatán asfixia a su población maya. Y que no hay motivo para no reaccionar con la misma energía ante un estado que asfixia cotidianamente a la mitad de sus habitantes. -Edimburgo, Reino Unido,

Autopsia de una deuda

Diario de Yucatán, 24-05-2020.

 

El Congreso de Yucatán ha rechazado la solicitud de Mauricio Vila de incrementar en 50% la deuda del estado. Con esta negativa, no acostumbrada en Yucatán, se termina un ciclo de discusión pública cuyos saldos ameritan ser evaluados. A continuación, una autopsia a este ciclo que se ha cerrado.

Operación Doble

Empecemos notando que el gobierno del estado planteó al menos dos elementos fundamentales para legitimar la idea de la necesidad de contratar un préstamo.

(1) “Operación Legitimidad”. Esta operación consistió en plantear a la sociedad un falso dilema. Y es que de acuerdo con el gobierno de Mauricio Vila teníamos sólo dos opciones sobre la mesa:

Opción A: se aprueba el préstamo en las condiciones que yo he establecido.

Opción B: tendremos más pobreza y miles de empleos se irán al sumidero.

El dilema es falso, pues claramente A y B no son las únicas opciones disponibles. Hay al menos una opción intermedia, perfectamente factible, que nunca fue mencionada por el gobierno estatal:

Opción C: modificar las condiciones de la solicitud de préstamo de tal forma que los candados, controles y transparencia necesarios para garantizar el mejor uso posible de estos recursos estén en su sitio.

Es probable que el gobierno no haya mencionado la Opción C asumiendo que plantear la situación en forma de un dilema, falso y constituido en parte por una opción escalofriante, sería suficiente para convencer a la población de aceptar la única alternativa no apocalíptica sobre la mesa.

La “Operación Legitimidad” también incluyó la manifestación pública de cámaras empresariales y líderes sindicales charros, aliados incondicionales del gobierno de Mauricio Vila y, antes, del de Rolando Zapata. La idea es que los desplegados y llamados de estos grupos reforzaría la percepción de que la sociedad civil respaldaba este préstamo.

(2) “Operación Legalidad”. Desde luego, para obtener acceso al préstamo el gobierno estatal no sólo necesitaba legitimidad; requería también la aprobación de dos terceras partes del Congreso de Yucatán, un requisito legal indispensable en estos casos. La actual legislatura le ha aprobado prácticamente todo sin ver al actual gobernador. Algo parecido ocurrió con Rolando Zapata y con Ivonne Ortega.

Era por ende natural que el gobierno de Mauricio Vila apostara a que este paso no sería problemático. De esta forma, en lugar de presentar argumentos, construir públicamente los candados, las reglas y la vigilancia que ameritan elevar la deuda del estado, Vila apostó a que podría “atraer” los votos de algunos diputados de oposición sin mayor problema.

Esta doble operación comenzó a hacer agua en buena medida debido a los escándalos generados por su proceso de selección de empresas que recibirían recursos de una bolsa de créditos del gobierno del estado para sectores estratégicos. Recordemos que la aparición de al menos ocho empresas estrechamente vinculadas con la administración de Mauricio Vila en esta lista generó, con justa razón, fuertes reclamaciones.

Lo anterior es importante, pues deja ver que es natural que esta serie de inconsistencias hayan sembrado dudas sobre las formas del gobierno del estado. Las protestas no se hicieron esperar: no sólo no ha sido claro manejando lo que tiene, sino que quiere más recursos para manejar opacamente. El derrumbe de la “Operación Legalidad” contribuyó en parte a echar abajo la “Operación Legitimidad”. Aprobar el préstamo podía tener un costo electoral importante.

Las Derrotas

¿Quiénes pierden como consecuencia de este resultado?

(1) Mauricio Vila. Pierde, en primer lugar, el gobernador y su equipo cercano. La “Operación Legitimidad” terminó generando un efecto que trasciende a la coyuntura del actual préstamo.

Para el gobernador, la caída de la “Operación Legalidad” representa una evidente derrota política. Insisto: lo normal es que los poderes legislativo y judicial de Yucatán actúen como subordinados del poder ejecutivo. En este sentido Yucatán es una predemocracia en la que el gobernador controla todos los poderes. Hasta hace apenas unos días, este era el estado normal de cosas. La “rebelión” de una parte del PRI y de Morena muestran una grieta que habrá que seguir con atención.

Todo parece indicar que el gobierno del estado no ha entendido la forma en que el contexto contribuyó a su doble derrota. En un mensaje, Mauricio Vila informó, visiblemente enojado, que no aprobar el préstamo que solicitó representaría la pérdida de más de 80,000 empleos y que 150,000 yucatecas y yucatecos pasarían a vivir en condiciones de pobreza. También dijo que a partir de ahora “debido al desempleo, va a faltar el pan y lo más esencial”. Este discurso ha sido secundado por María Fritz, la secretaria de Gobierno, y por otras personas cercanas a la actual administración.

El gobierno parece haber decidido continuar con su discurso catastrofista en lugar de reconocer que presentar un proyecto con candados, vigilancia y transparencia hubiese contribuido a que su solicitud de préstamo fuese exitosa, Por ponerlo de otra forma, si tan importante era este asunto, ¿por qué no plantearlo democráticamente y bien a la primera?

(2) Las cámaras empresariales. Mauricio Vila ha dicho que su iniciativa fue “elaborada con el apoyo y aval de distintos organismos de la sociedad yucateca”. Sin embargo, “sociedad yucateca” ha significado para los dos últimos gobernadores “cámaras empresariales” —para Ivonne Ortega el término fue inexistente—. Desplegados de estas cámaras formaron parte de la “Operación Legitimidad” y de la “Operación Legalidad”.

En el pasado, quizás esta muestra de unidad hubiese resultado suficiente. Sin embargo, esta premisa ha dejado de ser válida. Distintos sectores del público, con justa razón, han comenzado a ver con desconfianza a organizaciones que en ocasiones actúan selectivamente y que han sido omisas en su denuncia de corrupciones pasadas y presentes. Con su apoyo incondicional a la solicitud de un préstamo sin los candados y controles, las cámaras empresariales han consolidado esta imagen. Para enmarcar es una “conferencia de prensa” convocada por el líder del Consejo Coordinador Empresarial para defender el préstamo en la que ni siquiera aceptó preguntas de los periodistas.

(3) El PAN. El accionar de Rosa Adriana Díaz Lizama y de los diputados que comanda en el Congreso es francamente lamentable. La líder de bancada del partido del gobernador y sus compañeros buscar aprobar rápido sin ver la solicitud de crédito. Y con ello, revelaron la naturaleza de su “labor legislativa”.

(4) La sociedad. En un sentido, a corto plazo pierde la sociedad yucateca, pues por las acciones descritas anteriormente se ha quedado sin un préstamo que hubiese ayudado a reactivar la economía local. Repito aquí algo que he dicho antes: lo ideal hubiese sido acceder a un préstamo con condiciones perfectamente claras, con candados y vigilancia, con proyecciones de su impacto en el bienestar de futuras generaciones yucatecas y consensuado con la sociedad civil. Pero esto era imposible bajo el formato promovido por el gobierno del estado.

La sociedad también pierde con el tono y el mensaje del gobernador y de colaboradores. A lo dicho anteriormente hay que sumar un punto acertadamente señalado por el periodista yucateco Paul Antoine Matos: “¿Se imaginan vivir en el estado con más casos de muertes por suicidio y salga alguien a decirte que no encontrarás trabajo cuando termine la emergencia sanitaria? Un mensaje así es gravísimo en un estado donde la salud mental no es prioridad”.

Las Victorias

(1) La sociedad. En otro sentido, la sociedad yucateca se ha apuntado una victoria.

(a) No elevamos 50% nuestra deuda para que luego ese dinero se gastara sin candados o vigilancia. Un gasto que, al no tener control, seguramente habría terminado por beneficiar a algunas personas, pero que claramente impactaría en las finanzas públicas a futuro y, con ello, en los servicios públicos y en el acceso a salud o educación de generaciones futuras.

(b) Además, poniendo entre paréntesis los motivos por los que parte del PRI y Morena se opusieron al préstamo, la posibilidad de que el Congreso de Yucatán no esté bajo el control del gobierno del estado debe es una buena noticia. Insisto: me refiero exclusivamente del hecho de que exista división real de poderes en nuestro estado. Aunque esta división puede en ocasiones generar resultados indeseados, recordemos que es una condición necesaria en las democracias liberales. Y que en Yucatán parecía no existir hasta hace unas semanas.

(2) La prensa libre. Los reportajes publicados en la prensa independiente, particularmente en Diario de Yucatán, fueron pieza fundamental para que la sociedad pudiese evaluar el contexto y naturaleza del préstamo solicitado.

(3) Morena y lo peor del PRI. Probablemente por motivos meramente políticos, los diputados y diputadas priistas asociados a Francisco Torres e Ivonne Ortega fueron quienes se opusieron al préstamo. Sin embargo, es preciso reconocer que, en el caso de los políticos, lo realmente importante es si sus acciones pueden ser consideradas benéficas o no. Si los efectos de sus acciones son positivos, es irrelevante si las hacen “de corazón”. Y lo mismo aplica a la inversa.

Conclusión

El rechazo a la solicitud de endeudamiento del gobierno del estado se debe, en buena medida, a los errores del propio gobierno. Su operación doble terminó siendo un doble fracaso. Pierden el gobernador, las cámaras empresariales, la bancada del PAN y, en un sentido la sociedad yucateca. Sin embargo, en otro sentido, de todo este proceso, la sociedad ha terminado siendo la gran ganadora, junto con la prensa libre y, paradójicamente, lo peor del PRI.— Edimburgo, Reino Unido.

 

 

*Candidato a doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Maestro en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y maestro en Estudios Humanísticos (Itesm)

¿Endeudando se llega a Roma?

Diario de Yucatán,17-05-2020

El gobierno de Mauricio Vila busca que el Congreso le autorice contratar un préstamo de $1,728 millones para enfrentarse a la emergencia generada por la pandemia. Estos recursos adicionales se sumarían a los $1,500 millones de ampliación presupuestal solicitados por el gobernador hace menos de dos meses, y a los $2,620 millones de deuda contratada para el programa Yucatán Seguro.

El resultado es que, en menos de dos años de administración, el actual gobierno habría elevado la deuda de Yucatán, de $3,927 millones pasaríamos a $9,300. Más lo que se acumule, claro está, durante los cuatro años que le restan al actual gobierno. El artículo de hoy estará dedicado a analizar una serie de objeciones a este préstamo.

Objeciones débiles

(1) Pedir prestado es malo. Aunque tentadora, esta premisa está fundamentalmente equivocada. Hay distintos, buenos motivos por los que se puede recurrir a esquemas de esta naturaleza. Por ejemplo, tanto a gobiernos como a empresas o a individuos adquirir un préstamo les puede permitir desarrollar proyectos o afrontar situaciones complicadas presentes.

En el caso de los gobiernos, el dinero solicitado ni siquiera tiene que ser financieramente productivo directa o inmediatamente. Esto es, un gobierno puede solicitar un préstamo multimillonario para financiar el desarrollo de su sistema educativo o para generar un sistema de renta básica universal, a sabiendas de que el retorno de la inversión será indirecto y a largo plazo.

Es fácil ver que la contratación de créditos puede abrir las puertas a cambios sociales sustanciales, mejorando así las posibilidades de desarrollo humano de una población. La emergencia generada por la pandemia generará condiciones dramáticas que el gobierno tiene la responsabilidad de atajar. Y, al menos en principio, solicitar recursos adicionales para estos fines se antoja razonable.

(2) Yucatán debe mucho. Si bien es cierto que contratar el crédito incrementaría drásticamente nuestra deuda, también es verdad que Yucatán es actualmente de los estados con menor deuda pública como porcentaje de sus participaciones federales (25.2%). Este porcentaje contrasta notablemente con el de otras entidades, como Quintana Roo (201%), Nuevo León (198%) o Chihuahua (96%) [“IMCO”, 11/03/2020]. Yucatán también es uno de los estados con menor deuda pública como porcentaje de su Producto Interno Bruto estatal. Mientras que nuestro estado rebasa apenas el 1%, el promedio nacional es de 2.9% [“México ¿Cómo vamos?”, 2019].

Esta comparación ayuda a notar que Yucatán puede solicitar nuevos préstamos sin superar el promedio nacional o sin generar condiciones críticas o irresolubles. No es lo mismo contratar nuevos préstamos cuando uno está ahogado en deuda que cuando lo que se debe es relativamente manejable. En este sentido, la objeción a la solicitud del gobierno estatal es débil cuando ésta se basa exclusivamente en el aumento en la cantidad que se debe.

Objeciones fuertes

(1) El pasado. El endeudamiento general de los estados en México ha crecido en promedio 11.3% anual en los últimos años. Este fenómeno se ha caracterizado por lo que Verificado.mx ha llamado un “monumental lazo entre deuda y corrupción”. Así, “en un país en el que la mitad de la población vive en la pobreza, ocho exgobernadores dejaron a sus entidades con endeudamientos récord y siete de ellos son actualmente perseguidos por la justicia acusados por desvíos que en conjunto alcanzan casi los 100 mil millones de pesos” (Verificado.mx, 28/08/2017).

Algunos gobernadores se han volcado a pedir prestado porque sus ambiciones son ilimitadas. Dos groseros casos sobradamente conocidos son los de Humberto Moreira en Coahuila y César Duarte en Chihuahua.

Pero también hay gobernadores que podrían haber solicitado préstamos multimillonarios para catapultar sus carreras políticas. Quizás el caso más notable sea el de Rafael Moreno Valle, en Puebla. Este exgobernador aspiraba construir su carrera a la Presidencia y no reparó en derrochar recursos en obras faraónicas y en promoción de su imagen. La idea de fondo es que endeudando se llega a Roma.

¿Ha exhibido Yucatán este tipo de “monumentales lazos”? La respuesta es un rotundo “sí”. Ivonne Ortega heredó una deuda del gobierno de Patricio Patrón de de apenas 311 millones de pesos, y la elevó a ¡$2,011 millones! La exgobernadora soñaba entonces con la Presidencia. Rolando Zapata, durante un gobierno que permitió la multiplicación de empresas fantasmas, elevó aún más esta deuda entre aplausos de cámaras empresariales, llevándola a $3,927 con el pretexto del oscuro programa “Escudo Yucatán” —criticado en su momento en este mismo espacio en una serie de cuatro artículos en coautoría con el doctor Rodrigo Llanes—.

Los antecedentes son claramente lamentables. Ninguno de estos endeudamientos generó mejoras en las posibilidades de desarrollo humano de la mayoría de las personas que habitan el estado. Tampoco hubo mejoras notables en salud, educación, reducción de la pobreza, reducción de la desigualdad o seguridad.

El título de un artículo que escribí durante el quinquenio de Ivonne Ortega es tan válido ahora como entonces: “Tanto para nada”.

(2) El presente. Alguien podría alegar que lo pasado, pasado; que las condiciones presentes no se parecen en nada a las condiciones de sexenios anteriores. Es decir, que Yucatán puede garantizar actualmente que no terminaremos con 50% más de deuda y exactamente los mismos indicadores negativos que hoy arrastramos. Pero a ello se tiene que responder que la forma en que el gobierno de Mauricio Vila ha canalizado recursos en lo que llevamos de la pandemia no es buen antecedente.

La lista de apoyos individuales incluyó a personas que no los requerían o vinculadas con gobiernos municipales o estatales. Otra lista de créditos a empresas en la que el gobierno fungió como “facilitador” incluyó a personas estrechamente vinculadas con la administración de Vila.

El gobierno tampoco ha hecho público un plan de acción detallado y puntual donde se justifique qué corresponderá a quién y para qué, y las razones detrás de esta lógica. Sus silencios mandan el mensaje de que la rendición de cuentas sale sobrando. A ello hay que sumar que el gobierno local ha mostrado aversión o desprecio al combate a la corrupción y una notable disposición a la promoción de la imagen del gobernador.

Este contexto representa una objeción muy seria a poner en estos momentos en sus manos los recursos multimillonarios provenientes de un préstamo. Si así se van a administrar los recursos obtenidos través de una nueva deuda, es mejor no contratarla.

(3) El futuro. Otra objeción, vinculada con la anterior, es que resulta evidente que los contrapesos para garantizar que los controles necesarios para que los recursos sean administrados adecuadamente no están actualmente en su lugar. Se supone que el Congreso local tendría que establecer estos controles. Pero, en su lugar, hasta ahora hemos sido testigos de un teatro lamentable.

Por una parte, el PRI está dividido en dos grupos. El primero está dispuesto a firmar y aceptar sin ver; quiere que se apruebe el préstamo a toda costa. Este grupo está acompañado por Movimiento Ciudadano y el Partido Verde. El segundo busca negarse a firmar a como dé lugar; es decir, intenta que el gobierno del estado no logre acceder a recursos adicionales. Este segundo grupo podría caminar de la mano de Morena.

Al menos por el momento, ninguno de los grupos ha empujado y detallado públicamente una lista de requisitos que el gobierno tendría que cubrir para que se le abra la puerta al préstamo que ha solicitado.

Por su parte, los panistas locales están felices jugando a ser el PRI que tanto criticaban. Su talento mímico parece ser nato. Un cartón de la inagotable cantera de Tony Peraza, publicado ayer en esta misma página, muestra a Ivonne Ortega diciendo: “Recuerdo cuando yo era la facilitadora de mis amigos y los priistas me aplaudían y me aprobaban endeudar al estado… y los panistas me criticaban”. El título de este cartón es “El mando al revés”.

Y es que resulta francamente esquizofrénico el intercambio de posiciones entre panistas y priistas. Me pregunto qué pensarían Carlos Castillo Peraza o Víctor Correa Rachó al ver al PRI pidiendo transparencia y rendición de cuentas al PAN, y a los legisladores panistas convertidos en zombis levantadedos intentando sellar la orden del gobernador y evadiendo controles democráticos mínimos.

Lo importante aquí es que no parece haber en el Congreso de Yucatán la independencia y voluntad necesarias para lograr que el gobierno acceda a recursos y para forzar al gobierno a usar estos recursos adecuadamente.

Conclusión

La contratación de préstamos no es mala en sí misma; se trata de un recurso válido para un gobierno que busca generar desarrollo humano. Dado que la deuda de Yucatán es relativamente manejable, el importe solicitado, aunque astronómico, no es suficiente para descartar el préstamo.

Sin embargo, nuestro estado tiene en el contexto nacional, así como en los gobiernos de Ivonne Ortega y de Rolando Zapata terribles antecedentes de deuda pública devorada por la corrupción o promoción personal del gobernante en turno. Nada parece indicar que en este sexenio haya las condiciones necesarias para evitar este despilfarro. Lo que es peor, el Congreso del estado no puede o no quiere establecer controles rigurosos necesarios para cambiar esta circunstancia.

En el escenario ideal, Yucatán contrataría el préstamo, este dinero sería administrado con controles estrictos y terminaría invertido en proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan. En un escenario intermedio, la deuda terminaría bloqueada por motivos partidistas. En el peor escenario, el préstamo se contrataría y se pondría a disposición del gobierno estatal sin candados o vigilancia. Esto es, terminaría, como los préstamos anteriores, comprometiendo el bienestar futuro de la mayoría y llenando los bolsillos o las ambiciones de algunas de las personas que hoy lo exigen o aplauden sin reservas.— Edimburgo, Reino Unido.

Twitter: @asalgadoborge

Facebook: Antonio Salgado Borge

Silencios escandalosos

Diario de Yucatán, 10-05-2020

Los términos “silencio” y “ruido” son contradictorios. Sin embargo, la experiencia subjetiva del silencio suele tener manifestaciones sonoras. El silencio tiene un sonido. Esto ocurre porque el cerebro genera una cacofonía de tintineos, zumbidos, timbradas y otros ruidos para llenar la ausencia de estímulos auditivos. Y cuando esto ocurre, el silencio puede resultar tremendamente ruidoso.

En la vida pública también hay ausencias de sonido que pueden resultar escandalosas. Una de estas ausencias comenzó a sentirse la semana pasada, cuando el gobierno de Yucatán dio a conocer la lista de empresas beneficiadas por los llamados “créditos para sectores estratégicos”. La lista incluye al menos ocho razones sociales con vínculos con integrantes presentes o pasados de gobiernos de Mauricio Vila. No se ha aclarado cuánto corresponderá a cada empresa, ni el rol del gobierno en el proceso. Vale la pena revisar los principales silencios sonoros que de este proceso se han derivado.

El gobierno

El principal silencio es, desde luego, el del gobierno del estado. Hay dos preguntas principales que el gobierno tendría que responder inmediatamente.

(1) ¿Qué papel jugó exactamente el gobierno en la selección de las razones sociales que aparecen en la lista de créditos?

Cuando el gobierno publicó la convocatoria original para acceder a los créditos, lo hizo anunciando que contaba con una “Línea de crédito para empresas de sectores estratégicos”, cuya instancia ejecutora sería la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo (Sefoet). No se hizo referencia a la participación de Nafinsa o de la banca comercial. Fue sólo después de que el Diario de Yucatán diera a conocer los vínculos entre algunas empresas y la actual administración que el gobierno decidió mencionar estos elementos y se presentó como un “facilitador”.

Para ejemplificar lo que esto implica, vale la pena recurrir a las categorías pazianas de simulador y disimulador. Simulador es aquel que pretende ser algo que no es mostrándose vocal y extrovertido. Disimulador es aquel que pretende fundirse con el paisaje para no ser visto, para pasar inadvertido. En ambos casos, simulación y disimulación nos impiden conocer a la persona y sus intenciones.

Si el rol del “facilitador” del gobierno consistió en ser un mero “llevapapeles” —un diligenciero entre empresas y bancos—, entonces su participación real en todo este proceso es nula: es decir, su convocatoria original se trató de una gran simulación. Pero si jugó un rol más activo, cualquiera que éste haya sido, y por acción u omisión incidió en la conformación de la lista, entonces traer al frente a Nafinsa y bancos comerciales es un recurso de gobierno para disimular su verdadero papel en este proceso. Y, dados los nombres de empresas que aparecen en la lista, esto es profundamente problemático.

Probablemente este dilema deje sin salida satisfactoria al gobierno de Mauricio Vila. Pero es evidente que las personas que habitan Yucatán merecen conocer con lujo de detalle su participación en este proceso, incluyendo quién y con qué criterios elaboró la lista.

(2) ¿Cuánto dinero se asignó a cada una de las empresas que aparecen en esta lista?

Este asunto cobra especial relevancia cuando se considera que las ocho empresas cercanas al gobierno del estado podrían haber acaparado 10% de los recursos disponibles. También se debe aclarar exactamente qué criterios se emplearon en esta parte del proceso. Si la decisión no fue arbitraria, estos criterios deben existir. Y si existen, deben ser publicados.

La publicación de estos datos es un asunto de la más básica transparencia y decencia. Dado que los recursos son limitados, es fácil ver que este acaparamiento representaría dinero que no fue a parar a otras empresas que pudieron haberlo necesitado. ¿Para cuántas pequeñas y medianas empresas yucatecas estos recursos hubieran representado la diferencia entre sobrevivir y la quiebra?

En este sentido, el gobierno también tendría que reconocer que fue una omisión importante o una acción dolosa de algunos funcionarios no establecer candados para que empresas de los mismos propietarios o cercanas a la administración de Mauricio Vila acaparasen tantos recursos. Este reconocimiento es importante, sobre todo en tiempos donde el gobierno busca que se le autoricen nuevos endeudamientos.

Para el gobierno se ha vuelto indispensable responder con claridad y documentos a estas dos preguntas. El gobierno tendría que notar que su falta de respuesta envía la señal de que hay algo que no puede ser publicado. Si hay algo más escandaloso que reconocer errores u omisiones, esto no reconocerlos cuando son obvios y pretender que nadie se ha dado cuenta. El gobierno puede y debe terminar con el ruido de su silencio.

La sociedad

En una verdadera democracia, un caso con las características que aquí se han mencionado tendría que haber generado una exigencia frontal de organizaciones de la sociedad civil y de la prensa local. Pero esto no ha ocurrido.

(3) ¿Cómo justifican su silencio las cámaras empresariales y los medios que hasta ahora no han demandado transparencia total al gobierno del estado en este asunto?

Llama la atención, en primer lugar, el silencio de cámaras empresariales; incluso de aquellas que condenaron los actos impresentables del gobierno de Ivonne Ortega o que, a posteriori, pidieron aclarar la red de empresas fantasma tejidas durante el gobierno de Rolando Zapata.

El silencio de la prensa también es notable. Algunos medios locales ni siquiera han dedicado una nota a este asunto, y otros se dedican a reproducir los boletines del gobierno. Algunos periodistas conocidos localmente tocan tímidamente el tema o, de plano, reproducen en redes sociales las publicaciones de los aliados del gobierno. Su silencio es un ruido que ensordece y entristece.

Cámaras empresariales y medios tendrían que recordar que ser congruente y pedir transparencia no equivale a ser enemigo del gobierno, y que criticarlo no significa pensar que este es peor que sus antecesores. En este espacio he criticado y seguiré criticando al gobierno de Mauricio Vila por lo que considero son errores u omisiones.

Sin embargo, con base en el perfil de sus integrantes, me parece que el actual gobierno cuenta con elementos para ser mucho mejor que el de Ivonne Ortega y mejor que el de Rolando Zapata. Es cierto que la vara es baja, pero es importante poner a los gobiernos en perspectiva.

Menciono lo anterior porque no hay excusa presentable para que cámaras y medios justifiquen no haber abordado un asunto de interés público y que probablemente en unos años, a toro pasado, criticarán frontalmente. El capital social positivo es indispensable para cualquier democracia, y su papel no es aplaudir sino cuestionar buscando la mejora. En este caso, el silencio de cámaras y medios genera ruido sobre su vocación y naturaleza.

Los partidos

Ningún partido político local ha sido vocal o a demandado con firmeza las explicaciones que la sociedad merece. La pregunta obligada es:

(4) ¿Por qué han guardado silencio los principales partidos políticos locales?

En teoría los dos principales partidos de oposición en Yucatán son el PRI y Morena. Pero ambos se han quedado mudos frente a este tema. Las alianzas entre el PRI y el PAN locales son de sobra conocidas, pero en estos días el PRI en el Congreso ha intentado proyectar la imagen de independencia. El discurso priista no se sostiene ni un segundo ante su omisión de crítica sobre la lista aquí mencionada.

En el caso de Morena, en general su labor legislativa ha sido vergonzosa. El superdelegado Díaz Mena tampoco suele confrontar al gobierno del estado. Su silencio en el caso de las empresas que han obtenido créditos estratégicos solo confirma su tendencia de oportunidad desperdiciada. Finalmente, el PAN, el mismo partido que tanto critica la sumisión de Morena al presidente y la de sus legisladores en el Congreso federal tampoco ha abierto la boca para cuestionar al gobierno del estado. Incluso panistas que se presentan como independientes y críticos guardan hoy silencio ante lo ocurrido.

El silencio de los partidos políticos locales es ensordecedor, y lleva a pensar que, con todo y la alternancia de gobiernos, Yucatán sigue y seguirá siendo un estado predemocrático.— Edimburgo, Reino Unido.

Prestando en lo oscuro

Diario de Yucatán, 03/05/2020

PrestandoenloObscuro

 

Más de cien razones sociales se beneficiarán de una línea de crédito promovida por el gobierno del estado. El motivo: apoyar a empresas de los “sectores estratégicos” en la fase actual de la pandemia.

La lista de empresas seleccionadas revela aspectos positivos y negativos de la forma en que el gobierno de Mauricio Vila ha manejado esta etapa del proceso. Y podría arrojar luz sobre las etapas que vienen.

Lo positivo

(1) El primer aspecto positivo es la existencia misma de una bolsa de créditos para empresas. Este hecho constituye un reconocimiento de la importancia que las empresas tienen en una economía, del impacto que su cierre representa para quienes en ellas laboran y de la fragilidad de los negocios pequeños que no cuentan con recursos para sostenerse durante la pandemia.

Que el gobierno de Mauricio Vila haya considerado relevante diseñar un plan para apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas locales es, de entrada, un hecho positivo. Diversos beneficios o estímulos para que compañías, particularmente las pequeñas y medianas, tengan mayor liquidez han sido establecidos en distintas partes del mundo, como Alemania (KPMG, 2020) o Canadá (www.Canada.ca, 2020).

Además, los créditos otorgados no son insignificantes. Cada razón social que logró acceder recibió entre 500 mil y 5 millones de pesos. Es decir, se trata de préstamos que realmente pueden tener un impacto y hacer la diferencia en las empresas que los han obtenido.

Este enfoque del gobierno local también debe ser colocado en su contexto nacional. En este sentido, lo hecho en Yucatán en este sentido contrasta notablemente con la estrategia empleada por el gobierno federal. Y es que todo parece indicar que el gobierno de AMLO no ha logrado dimensionar la fragilidad de las micro y pequeñas empresas ni distinguirlas de aquellas que han sido rescatadas por gobiernos anteriores.

Alguien podría objetar que los resultados de ambos esfuerzos están por verse; es decir, que es demasiado pronto para saber cuál será más exitoso en los hechos. Me parece que esta objeción es digna de tomarse en cuenta. Sin duda llegará el momento de evaluar los resultados de ambos gobiernos. Sin embargo, en lo que se refiere a empresas, por ahora la estrategia del gobierno local luce más comprehensiva.

(2) El segundo aspecto positivo a mencionar es el hecho de la publicación del listado de empresas que recibirán los préstamos. Dar a conocer quiénes son las personas que han resultado beneficiadas como resultado de un proceso controlado por el gobierno del estado es un asunto de la más elemental transparencia. Al igual que como ha ocurrido con los apoyos individuales, esta publicidad ha permitido señalar casos que llaman la atención inmediatamente.

A este punto se debe responder, con razón, que el gobierno está obligado a ser transparente. Esto es, que la transparencia no es un favor que se hace a la ciudadanía, sino una responsabilidad elemental de cualquier gobierno elegido democráticamente. A esta objeción no le movería ni una coma Sin embargo, me parece que es importante reconocer que el gobierno del estado pudo haber intentado entorpecer el acceso a estos datos.

Otra forma de responder a este punto es notando que, aunque la lista publicada incluye a las de razones sociales que recibirán créditos, ésta no incluye el monto que recibirá cada una de éstas. Hay una diferencia abismal entre obtener un préstamo de 500 mil y uno de 5 millones de pesos. Esta es, sin duda, una importante mancha para la que no hay respuesta.

Lo negativo

(1) El primer elemento negativo a señalar tiene que ver con dos casos que llaman la atención en la lista. Y es que en ella figuran casos de 5 y 3 razones relacionadas con sucursales de la misma cadena. Este no es un problema menor. Si la bolsa de 460 millones se dividiera proporcionalmente entre todas las razones sociales que conforman la lista, a cada razón social le correspondería alrededor de 4 millones de pesos, sin importar si están vinculadas o pertenecen a la misma cadena. Una operación de multiplicación es suficiente para notar lo que ello implica: 20 para el conjunto de cinco razones sociales  y 12 millones para el de tres.

A ello se podría objetar que este fenómeno no es necesariamente negativo, pues cada razón social genera empleos o realiza actividades independientes. Además, dado que se trata de préstamos, finalmente el dinero regresará será devuelto. Sin embargo, a esta objeción se debe responder que, aunque este puede ser el caso, cada razón social seleccionada está ocupando un lugar que pudo en principio ser tomado por empresas que se quedaron sin acceder a estos beneficios.

Vale la pena subrayar que este fenómeno no es ilegal y no se encuentran restringidos desde la convocatoria del gobierno estatal para aplicar a los créditos. Es evidente que un candado de esta naturaleza hubiera tenido que existir desde un principio; pero en caso de no haber impedimento técnico, la asignación a varias razones sociales vinculadas sería plenamente legal. Por ende, cada empresa o razón social estaba facultada para aplicar de esta forma.

La omisión del candado, o la acción de no incluirlo, son responsabilidad del gobierno y no de las empresas.Es una posibilidad real que cada una de las razones sociales que aplicó genuinamente haya requerido del préstamo. Correspondía al gobierno evitar una situación en la que alrededor de una décima parte de los recursos disponibles fueran recibidos por dos grupos de razones sociales.

(2) La lista incluye a empresas de giros que difícilmente pueden ser considerados “estratégicos” —como una cervecería— y a empresas con estrechos vínculos con el actual gobierno: cinco razones sociales relacionadas por vía familiar con una integrante del gabinete de Mauricio Vila y tres razones sociales relacionadas con la exsecretaria de Turismo de un gobierno panista, exdirectora en el gobierno municipal de Mauricio Vila, excandidata por ese mismo partido e integrante del equipo de transición del gobernador: Carolina Cárdenas.

Alguna persona cercana al actual gobierno podría objetar que serán instituciones bancarias y no no es el gobierno quienes darán directamente los préstamos y que, por ende, no los casos anteriores no son problemáticos.  Esta objeción, sin embargo, evadiría el asunto fundamental: lo importante aquí no es qué banco prestará el dinero, sino quién seleccionó a las razones sociales que aparecen en la lista dada a conocer por el gobierno del estado. Cada préstamo otorgado a una razón social x es un préstamo negado a otra razón social y.

Es evidente que bien podría ser el caso de que no hubiera nada ilícito dar crédito a empresas en estas condiciones y también que estas compañías hubieran genuinamente necesitado los recursos. El problema aquí es que todo parece indicar que los candados adecuados no estuvieron en su sitio. Por ejemplo, la definición de “estratégico” en la convocatoria es ambigua.Tampoco parece haber restricciones para la participación de figuras tan estrechamente vinculadas con el PAN o personas en el gobierno. Es decir, alguien podría alegar que en realidad ninguna ley ha sido violada.

Sin embargo, es importante reconocer aquí que el hecho de que algo sea legal no lo hace automáticamente moral o correcto. Por ejemplo, en México existen muchas lagunas u omisiones que permiten que acciones que están radicalmente prohibidas en otras partes del mundo —como el tráfico de influencias— se produzcan sin mayor consecuencia. Recordemos que así surgió legalmente la “casa blanca” supuestamente recibida por la esposa de Enrique Peña Nieto de una constructora a la que no directamente Peña, sino un funcionario de su gobierno asignó contratos. También es posible que una dinámica de esta naturaleza tenga que ver con la asignación de contratos del gobierno de AMLO al hijo de Manuel Bartlett, titular de la CFE.

Lo que me interesa subrayar aquí no es que toda la lista sea problemática o que algún conflicto de interés sea demostrable, sino que correspondía al gobierno del estado establecer candados , evitar la mancha de la posibilidad de este tipo de conflictos y no generar sombras morales.

(3) Finalmente, los notables desaseos mencionados arriba se producen justo cuando el gobierno de Mauricio Vila busca contratar una nueva deuda multimillonaria para reactivar la economía una vez que se levanten las restricciones impuestas por la pandemia.

Después de lo ocurrido con la lista de créditos a empresas aquí mencionada, una opción es que el Congreso bloquee la posibilidad de que el gobierno se endeude. La otra es que tome el antecedente de esta lista, así como la de otros apoyos entregados, como referente de todo aquello que debe regularse y vigilarse en caso de que este préstamo sea aprobado.

Los candados y reglas deben ser públicos, contundentes y bien establecidos antes de aprobar el endeudamiento. Y, por los motivos aquí expuestos, estos candados tienen que elevarse por encima de lo legal y abarcar los aspectos morales que hasta ahora han sido desestimados.

Conclusión

El gobierno de Yucatán ha sido proactivo en su intento de apoyar a las empresas del estado durante la cuarentena, y lo ha hecho con algún grado de transparencia. Estas acciones demuestran que el gobierno de Mauricio Vila entiende la fragilidad e importancia de algunas empresas.

Sin embargo, la lista de créditos que ha otorgado a empresas es problemática y desaseada. Su falta de candados legales y su permisividad moral ensombrece esta iniciativa y genera importantes interrogantes. Y obliga a cuestionar la pertinencia de autorizar más endeudamiento para más proyectos de este tipo.

Excurso

El maestro Enrique Martín Briceño ha sido nombrado director de la Filey por la Uady. Se trata de un nombramiento apropiado y merecido. Sin duda, la Filey crecerá y se enriquecerá bajo su dirección.— Edimburgo, Reino Unido.

Vila ante la pandemia

Diario de Yucatán, 26-04-2020.

El gobierno de Yucatán ha establecido medidas claras para atender los efectos del Covid-19 en nuestro estado. Este artículo estará dedicado a analizar lo positivo y lo negativo de estas medidas, poniéndolas en contexto y comparándolas con lo que se ha hecho en otros lugares.

Lo positivo

Al gobierno de Mauricio Vila hay que reconocerle que desde el primer minuto ha aceptado la amenaza que el Covid-19 representa. Esto es positivo en dos sentidos.

(1) El gobierno del estado no ha titubeado en público y su mensaje ha sido claro: este coronavirus es peligroso y las evidencias científicas indican que es preciso aplicar cuarentenas para contener su avance. Además, el discurso del gobernador, sobrio e institucional, ha mandado el mensaje de que tenemos un gobierno que se está haciendo responsable de atender la emergencia.

Alguien podría objetar que lo anterior no tiene efectos concretos; que lo verdaderamente relevante son las políticas que el gobierno aplique y su efectividad. A ello se puede responder que el reconocimiento de la seriedad del problema, y la respuesta seria ante esta seriedad, son condiciones necesarias, aunque no suficientes, para que se apliquen las medidas más eficientes.

Además, aunque la seriedad y la institucionalidad tendrían que ser la norma, esto claramente no ha sido el caso en algunos lugares. Si algo se le puede criticar al gobierno de Vila en este sentido es que Yucatán es uno de los estados más opacos al informar sobre la evolución de casos de Covid-19 en el ámbito municipal (“El Universal”, 15/04/2020).

(2) En otro sentido, el reconocimiento serio de la amenaza que el Covid-19 representa es positivo porque ello ha permitido planear acciones como la habilitación de espacios, las compras de equipo o los apoyos económicos.

Pongo entre paréntesis la evaluación del resultado de estas previsiones. Lo único que me interesa señalar aquí es que el gobierno de Mauricio Vila ha sido proactivo y ha intentado contener los estragos de la pandemia.

Dos lugares donde la seriedad y la previsión no han sido el caso ayudan a entender su importancia. En Estados Unidos, Donald Trump, llevando la contra a toda la evidencia científica y a las opiniones de expertos, primero llamó al virus una “farsa” e insinuó que era parte de una teoría de conspiración, luego dijo que era real pero que ya quería abrir la economía y apenas hace unos días sugirió que inyectarse desinfectantes caseros —de los que se venden en supermercados— podría ser una forma de curarse (“The New York Times”, 24/04/2020).

En Brasil, la respuesta de Jair Bolsonaro ha sido aún peor. Este presidente dijo que sus compatriotas eran “inmunes al virus” y ha insistido en que la gente debe volver al trabajo como si nada estuviera pasando. Esto ha generado caos, confusión y respuestas desarticuladas de la sociedad para hacer frente a la crisis (“The Guardian”, 01/04/2020).

En ambos casos, Estados Unidos y Brasil, presidentes populistas, de derecha y anti-ciencia han hecho lo posible por convencer a la gente de que no pasa nada. El discurso que sale de sus gobiernos deja un vacío enorme. Y, desde luego, justifica su inacción o su indiferencia. Esto se ha traducido en una total falta de dirección institucional y en la ausencia de medidas escalonadas y bien pensadas para cada fase del problema.

El resultado está a la vista: Estados Unidos y Brasil son naciones desbordadas por el Covid-19.

En este contexto, que el gobierno de Yucatán haya reconocido la gravedad del problema desde un inicio y que haya actuado institucionalmente es digno de subrayarse. Y, me parece, esto le ha valido, con justicia, comentarios positivos al gobierno del estado.

Lo negativo

Al gobierno del estado debe criticársele enérgicamente el enfoque autoritario de algunas de las medidas que ha establecido. Me refiero particularmente a medidas coercitivas, como amenazar con arrestar a la gente, limitar el libre tránsito o prohibir que más de una persona viaje en cada automóvil. Este tipo de determinaciones no sólo no son inocuas, sino que resultan profundamente problemáticas en al menos dos sentidos.

(1) En primer lugar, porque se trata de medidas francamente antidemocráticas, ilegales y arbitrarias. En palabras de Carlos Luis Escoffié Duarte, director del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y articulista de Animal Político, “el gobierno de Yucatán anuncia sanciones ‘establecidas en la ley’ para quien no use cubrebocas (sin aclarar qué ley) y más restricciones a la movilidad. Constitucionalmente, no está facultado para hacerlo. Menos cuando no hay suspensión de derechos conforme al artículo 29 constitucional”.

Alguien afín al gobierno del estado podría alegar que el fin justifica los medios y que una situación extraordinaria amerita respuestas extraordinarias. Pero esta afirmación es simplista y no puede ser aceptada a la ligera.

Para empezar, un ejercicio de honestidad intelectual es suficiente para notar que si hubiese sido el presidente López Obrador quien hubiera decretado las medidas decretadas por Mauricio Vila, el partido del gobernador ya estaría rasgándose las vestiduras calificando a AMLO como dictador o anunciando la inminente venezolanización de México. Esto es, no es válido ni congruente aceptar el autoritarismo de un lado y rechazar el del otro.

Además, la aceptación de medidas extraordinarias no implica validar que todo deba ser permitido. Cuando se ha abierto la puerta a estas medidas, es difícil cerrarla. ¿Quién va a determinar donde “empieza” y donde “termina” la situación extraordinaria? Si ya se hizo una vez, ¿por qué no repetirlo?

Vale la pena leer lo que está ocurriendo en países como Hungría, China o Tailandia. “The Washington Post” dio a conocer un audio en que un influyente asesor de Donald Trump habla de mantener algunas de las restricciones de viaje aplicadas por el Covid-19 para disminuir la inmigración (“WP”, 24/04/2020).

Yucatán no es una isla, y es importante reconocer que la aplicación de medidas arbitrarias que violan derechos o constituciones en nuestro estado se insertan en un contexto en que “autócratas sin escrúpulos están utilizando la pandemia para hacer lo que siempre hacen: atrapar el poder a expensas de la gente a la que gobiernan” (“The Economist”, 23/04/2020).

(2) En segundo lugar, incluso si ponemos entre paréntesis su ilegalidad o su naturaleza antidemocrática, no hay correlación entre la coercitividad de las medidas y su éxito. Meter hasta la cocina al “Estado Policía” no es una medida recomendada por ninguna persona experta ni algo que haya probado ser la mejor alternativa.

Casos como los de Nueva Zelandia, Dinamarca o Taiwán —todos gobernados por mujeres, por cierto— muestran la estrategia que realmente funciona e implican una combinación que por lo general incluye un sistema de “tests” o pruebas, un mapeo y monitoreo de todas las personas que han estado en contacto con cada individuo enfermo y una interacción transparente, horizontal y abierta con la ciudadanía. No hay que ser experto en física cuántica para construir un sistema de esta naturaleza.

La construcción de este marco es crucial, pues es un error pensar que sólo habrá una cuarentena o un período de “sana distancia”. Personas científicas expertas han avisado que esto tendrá que repetirse, en mayor o menor medida, hasta que no haya una vacuna (“The New York Times”, 20/04/2020).

Esto significa que, si aceptamos medidas ilegales o arbitrarias, tendremos que lidiar con ellas durante mucho más tiempo que unas pocas semanas. Es evidente que lo óptimo sería cancelarlas y reemplazar el garrote cavernícola por un enfoque científico y apegado a derechos humanos.

Conclusión

Al gobierno de Yucatán hay que reconocerle la seriedad e institucionalidad de su mensaje. También hay que aplaudirle su intención de prepararse para atender un problema que desde un inicio reconoció como serio y grave. Es bueno saber que contamos con un gobierno dispuesto a asumir sus responsabilidades.

Pero a este gobierno también hay criticarle su aplicación arbitraria de medidas claramente inconstitucionales, de alto riesgo e ineficaces a largo plazo. La pandemia está siendo utilizada en otras partes como excusa para fortalecer a los miembros del club de gobiernos autoritarios. Una membresía que pocas personas en Yucatán pueden querer para nuestro estado.— Edimburgo, Reino Unido.

 

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