De fiscales y carnales

Diario de Yucatán, 15-11-2020

El periodismo de investigación tiene el potencial de revelar a la ciudadanía lo que las autoridades ocultan o callan. Por ende, este tipo de periodismo es invaluable en una democracia. Esta conclusión es confirmada por la reciente investigación de Diario de Yucatán que expuso las acciones y redes del exfiscal general del Estado Wilbert Cetina Arjona.

Nos encontramos ante una historia de fiscales y carnales. En este artículo argumentaré que hay al menos tres aspectos revelados por estos reportajes en los que tendríamos que enfocar nuestra atención a partir de este momento. Todas las citas sin referencia corresponden a la serie sobre este caso que puede ser consultada en la sección “Entregas Especiales” disponible en www.yucatan.com.mx

Las líneas trazadas

El primer aspecto al que tendrían que dirigir nuestra atención los reportajes del Diario tiene que ver con las líneas que Cetina traza con respecto a otros funcionarios y a personajes vinculados con el gobierno del Estado.

La siguiente cita proviene del reportaje de Hernán Casares: “De acuerdo con el propio Cetina Arjona, el vicefiscal Rafael Pinzón Miguel, quien lo sustituirá provisionalmente a partir del lunes mientras el Congreso elige nuevo fiscal, habría atendido indicaciones del abogado Jorge Carlos Estrada Avilés, esposo de la secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra, para acelerar asuntos de su despacho particular.”

Los reportajes también dan cuenta de la forma en que Cetina Arjona utilizó su puesto para privilegiar asuntos personales y hacer citas de negocios. Por ejemplo, el exfiscal habría actuado como intermediario entre dos de sus clientes: el empresario Rodolfo Rosas, hermano de la secretaria de finanzas del gobierno de Mauricio Vila, y Arturo Millet Reyes. Además, Cetina Arjona está claramente vinculado con Gabriel Guzmán Millet, un empresario acusado de ser parte de una mafia inmobiliaria de Yucatán. Todo este ecosistema merece la revisión e investigación más detallada. Lo importante para efectos de este análisis es que todo lo anterior ocurre bajo el cobijo o gracias a la ignorancia del gobierno del Estado.

¿Cuántos casos así habrá en el actual gobierno? Cetina, recordemos, no fue despedido: se le dio el privilegio de renunciar. El gobernador no ha considerado el tema lo suficientemente relevante como para dar una sola opinión al respecto. La excepción, digna de reconocerse, es la de la secretaria de gobierno María Fritz. Aunque, su declaración fue prácticamente twitteada —cada respuesta en menos de 140 caracteres— y a título personal.

Policía y Fiscalía

El segundo aspecto al que los reportajes del Diario nos obligan a dirigir la mirada es el de la relación entre la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública. Estos reportajes dejan ver un aparente conflicto entre el fiscal y el secretario de Seguridad Pública. De acuerdo con Central 9, Cetina Arjona cuestionó el mando de Saidén Ojeda sobre la Policía de Investigación.

Dos asuntos son importantes aquí. El primero es que Cetina acepta abiertamente estar librando una lucha de poder contra el secretario de Seguridad Pública. El segundo es que describe la relación de sumisión que caracterizó a previos fiscales, a pesar de que jerárquicamente esta posición no está subordinada a la Secretaría de Seguridad. Ambos postulados son sumamente preocupantes. Desde luego que la Fiscalía debe ser independiente y no puede estar subordinada al secretario de Seguridad en turno. Pero de una disputa de poder entre ambas instituciones Yucatán solo puede salir perdiendo. La pregunta obligada es: si esto era un secreto a voces, y si había clara evidencia de este conflicto perjudicial, ¿por qué el gobernador no intervino para que cada funcionario cumpliese con lo que por ley le corresponde y para que trabajen en coordinación como por ley tendrían que hacerlo?

A ello tenemos que sumar un asunto documentado por el Diario y por organizaciones de la sociedad civil, que resulta de la mayor relevancia. En la grabación dada a conocer por el Diario de Yucatán se escucha a Cetina quejarse así del secretario de Seguridad Pública por el trato de la policía a los detenidos: “Es que [Luis Felipe Saidén Ojeda] manda mamadas, no respeta, viola todo, detiene, los tiene 14 horas, les rompe la madre, luego me los manda como si fuera flagrancia. Digo, ¡no mames! Cuando son de veras delincuencia organizada, violación, delitos graves, ¡puta, lo que quiera!”.

En lo que va de este año ha habido al menos cuatro casos de personas que son detenidas por la Policía y luego aparecen asesinadas. El reciente caso es el de Osmar, un hombre de 31 años que fue detenido junto con otra persona y que falleció durante su custodia policial para ser trasladado al Ministerio Público (MP). De acuerdo con la revista Proceso, el dictamen de la necropsia que la Fiscalía General del Estado realizó, la causa de la muerte fue “asfixia mecánica por estrangulamiento”, y además su cuerpo presentaba golpes que le fueron infligidos en vida.

A ello hay que sumar que, tal como ha documentado hasta el cansancio Indignación, la tortura en Yucatán es utilizada de forma recurrente por la policía. Estos incidentes son, en el mejor de los casos, tolerados por el gobierno del Estado y, en el peor, avalados directamente. Tal como lo ha reportado Elementa DDHH en Yucatán, la tortura “se aplica como forma de castigo por cometer un delito y no tanto para obtener confesiones”. Cetina Arjona se queja de ello, pero acepta que este “método” es válido en algunos casos. Mientras tanto, el gobierno del Estado sigue pretendiendo que nada ocurre.

El Congreso

Finalmente, los reportajes publicados por el Diario tendrían que ser una invitación, tanto para la prensa como para la ciudadanía, a poner más atención en lo que ocurre en el Congreso del Estado.

Ante los hechos documentados por el Diario, este congreso decidió reconocer la importancia que este tema reviste aprobando un acuerdo sobre el caso de la Fiscalía para que se investigue al exfiscal por lo que ahí se dice, incluida su participación con especuladores de tierras, y a los involucrados en los audios. Pero este “reconocimiento” es en realidad tan ridículo como indignante.

En primer lugar, la bancada del PAN en el Congreso, encabezada por Rosa Adriana Díaz Lizama, votó en contra. No hay manera presentable en que el PAN pueda justificar no avalar, ni siquiera formalmente, una investigación ante hechos documentados y evidentes. ¿“Coincidieron” los diputados panistas, una vez más, con la postura surgida desde el gobierno del Estado? ¿Hay factores adicionales que expliquen esta decisión? En este sentido, no es trivial que un reportaje de inicios de este año en Diario de Yucatán detalla que “en el Registro Público de la Propiedad hay 19 inscripciones de predios a nombre de Rosa Adriana Díaz” y que “su interés por los bienes inmuebles fue más notorio durante su desempeño como senadora.” (19-01-2020).

Por su parte, el interés de los priistas en el Congreso en terminar con la corrupción en la Fiscalía no resulta creíble. La mayoría de estos legisladores, empezando por su líder Felipe Cervera, están identificados con Ivonne Ortega. En este sentido, las “denuncias” de Francisco Torres Rivas, presidente del PRI estatal, son de pena ajena. Además, los implicados en el caso del exfiscal florecieron durante los dos sexenios priistas más recientes.

A ello tenemos que sumar que el acuerdo avalado por el PRI y otros partidos solicita la intervención de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, encabezada por José Enrique Goff Ailloud. Una Fiscalía que ha probado, como el Congreso mismo que la avaló, y como otras dependencias autónomas avaladas por ese mismo Congreso —por ejemplo, la Codhey—, ser meras simuladoras de autonomía. En la práctica, el gobernador en turno dicta el son al que baila su bancada y la mayoría de los legisladores y, con ello, por extensión el son al que bailan instituciones como la Fiscalía Anticorrupción o la Codhey.

Finalmente, vale la pena recordar que el exfiscal Cetina Arjona fue el primero nombrado por el Congreso de Yucatán. En teoría, los legisladores y legisladoras que votaron a favor de este nombramiento investigaron y conocieron de antemano la trayectoria de estas personas y su capacidad de independencia. En su momento, Díaz Lizama dijo que “ésta fue una sesión histórica, por primera vez el Congreso elige a un fiscal general y tienen en sus manos no solo garantizar a los yucatecos un fiscal probado, sino también que los convenció como representantes populares.” (31/10/2018).

O bien Díaz Lizama, Felipe Cervera y compañía sabían y fueron cómplices o no hicieron su tarea y se limitaron a levantar dedos. En cualquier caso, son co-culpables del caso Cetina Arjona. Ahora, de nueva cuenta, el Ejecutivo ha propuesto una terna de la que el Congreso extraerá a la persona que sustituya a Cetina Arjona. ¿Cómo se puede esperar algo distinto del mismo procedimiento ejecutado por los mismos actores?

Conclusión

Más allá de la necesidad de reemplazar al fiscal general del Estado, los extraordinarios reportajes publicados por Diario de Yucatán arrojan luz sobre tres aspectos que tendríamos que seguir de cerca: las líneas trazadas por el fiscal y toleradas por el gobierno del Estado, la relación entre la Fiscalía y la SSP y el papel del Congreso en todo este enredo. La historia de Cetina es una de fiscales, pero también una de carnales.

Ante estos hechos, el gobierno del Estado y el Congreso local han respondido como suelen hacerlo. El primero ha guardado silencio, pretendiendo que nada pasa, y el segundo ha simulado acción, pero en los hechos ha mostrado sumisión al primero. En este entorno predemocrático, toca la prensa y a los ciudadanos seguir de cerca los tres aspectos mencionados. — Edimburgo, Reino Unido

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