¿Endeudando se llega a Roma?

Diario de Yucatán,17-05-2020

El gobierno de Mauricio Vila busca que el Congreso le autorice contratar un préstamo de $1,728 millones para enfrentarse a la emergencia generada por la pandemia. Estos recursos adicionales se sumarían a los $1,500 millones de ampliación presupuestal solicitados por el gobernador hace menos de dos meses, y a los $2,620 millones de deuda contratada para el programa Yucatán Seguro.

El resultado es que, en menos de dos años de administración, el actual gobierno habría elevado la deuda de Yucatán, de $3,927 millones pasaríamos a $9,300. Más lo que se acumule, claro está, durante los cuatro años que le restan al actual gobierno. El artículo de hoy estará dedicado a analizar una serie de objeciones a este préstamo.

Objeciones débiles

(1) Pedir prestado es malo. Aunque tentadora, esta premisa está fundamentalmente equivocada. Hay distintos, buenos motivos por los que se puede recurrir a esquemas de esta naturaleza. Por ejemplo, tanto a gobiernos como a empresas o a individuos adquirir un préstamo les puede permitir desarrollar proyectos o afrontar situaciones complicadas presentes.

En el caso de los gobiernos, el dinero solicitado ni siquiera tiene que ser financieramente productivo directa o inmediatamente. Esto es, un gobierno puede solicitar un préstamo multimillonario para financiar el desarrollo de su sistema educativo o para generar un sistema de renta básica universal, a sabiendas de que el retorno de la inversión será indirecto y a largo plazo.

Es fácil ver que la contratación de créditos puede abrir las puertas a cambios sociales sustanciales, mejorando así las posibilidades de desarrollo humano de una población. La emergencia generada por la pandemia generará condiciones dramáticas que el gobierno tiene la responsabilidad de atajar. Y, al menos en principio, solicitar recursos adicionales para estos fines se antoja razonable.

(2) Yucatán debe mucho. Si bien es cierto que contratar el crédito incrementaría drásticamente nuestra deuda, también es verdad que Yucatán es actualmente de los estados con menor deuda pública como porcentaje de sus participaciones federales (25.2%). Este porcentaje contrasta notablemente con el de otras entidades, como Quintana Roo (201%), Nuevo León (198%) o Chihuahua (96%) [“IMCO”, 11/03/2020]. Yucatán también es uno de los estados con menor deuda pública como porcentaje de su Producto Interno Bruto estatal. Mientras que nuestro estado rebasa apenas el 1%, el promedio nacional es de 2.9% [“México ¿Cómo vamos?”, 2019].

Esta comparación ayuda a notar que Yucatán puede solicitar nuevos préstamos sin superar el promedio nacional o sin generar condiciones críticas o irresolubles. No es lo mismo contratar nuevos préstamos cuando uno está ahogado en deuda que cuando lo que se debe es relativamente manejable. En este sentido, la objeción a la solicitud del gobierno estatal es débil cuando ésta se basa exclusivamente en el aumento en la cantidad que se debe.

Objeciones fuertes

(1) El pasado. El endeudamiento general de los estados en México ha crecido en promedio 11.3% anual en los últimos años. Este fenómeno se ha caracterizado por lo que Verificado.mx ha llamado un “monumental lazo entre deuda y corrupción”. Así, “en un país en el que la mitad de la población vive en la pobreza, ocho exgobernadores dejaron a sus entidades con endeudamientos récord y siete de ellos son actualmente perseguidos por la justicia acusados por desvíos que en conjunto alcanzan casi los 100 mil millones de pesos” (Verificado.mx, 28/08/2017).

Algunos gobernadores se han volcado a pedir prestado porque sus ambiciones son ilimitadas. Dos groseros casos sobradamente conocidos son los de Humberto Moreira en Coahuila y César Duarte en Chihuahua.

Pero también hay gobernadores que podrían haber solicitado préstamos multimillonarios para catapultar sus carreras políticas. Quizás el caso más notable sea el de Rafael Moreno Valle, en Puebla. Este exgobernador aspiraba construir su carrera a la Presidencia y no reparó en derrochar recursos en obras faraónicas y en promoción de su imagen. La idea de fondo es que endeudando se llega a Roma.

¿Ha exhibido Yucatán este tipo de “monumentales lazos”? La respuesta es un rotundo “sí”. Ivonne Ortega heredó una deuda del gobierno de Patricio Patrón de de apenas 311 millones de pesos, y la elevó a ¡$2,011 millones! La exgobernadora soñaba entonces con la Presidencia. Rolando Zapata, durante un gobierno que permitió la multiplicación de empresas fantasmas, elevó aún más esta deuda entre aplausos de cámaras empresariales, llevándola a $3,927 con el pretexto del oscuro programa “Escudo Yucatán” —criticado en su momento en este mismo espacio en una serie de cuatro artículos en coautoría con el doctor Rodrigo Llanes—.

Los antecedentes son claramente lamentables. Ninguno de estos endeudamientos generó mejoras en las posibilidades de desarrollo humano de la mayoría de las personas que habitan el estado. Tampoco hubo mejoras notables en salud, educación, reducción de la pobreza, reducción de la desigualdad o seguridad.

El título de un artículo que escribí durante el quinquenio de Ivonne Ortega es tan válido ahora como entonces: “Tanto para nada”.

(2) El presente. Alguien podría alegar que lo pasado, pasado; que las condiciones presentes no se parecen en nada a las condiciones de sexenios anteriores. Es decir, que Yucatán puede garantizar actualmente que no terminaremos con 50% más de deuda y exactamente los mismos indicadores negativos que hoy arrastramos. Pero a ello se tiene que responder que la forma en que el gobierno de Mauricio Vila ha canalizado recursos en lo que llevamos de la pandemia no es buen antecedente.

La lista de apoyos individuales incluyó a personas que no los requerían o vinculadas con gobiernos municipales o estatales. Otra lista de créditos a empresas en la que el gobierno fungió como “facilitador” incluyó a personas estrechamente vinculadas con la administración de Vila.

El gobierno tampoco ha hecho público un plan de acción detallado y puntual donde se justifique qué corresponderá a quién y para qué, y las razones detrás de esta lógica. Sus silencios mandan el mensaje de que la rendición de cuentas sale sobrando. A ello hay que sumar que el gobierno local ha mostrado aversión o desprecio al combate a la corrupción y una notable disposición a la promoción de la imagen del gobernador.

Este contexto representa una objeción muy seria a poner en estos momentos en sus manos los recursos multimillonarios provenientes de un préstamo. Si así se van a administrar los recursos obtenidos través de una nueva deuda, es mejor no contratarla.

(3) El futuro. Otra objeción, vinculada con la anterior, es que resulta evidente que los contrapesos para garantizar que los controles necesarios para que los recursos sean administrados adecuadamente no están actualmente en su lugar. Se supone que el Congreso local tendría que establecer estos controles. Pero, en su lugar, hasta ahora hemos sido testigos de un teatro lamentable.

Por una parte, el PRI está dividido en dos grupos. El primero está dispuesto a firmar y aceptar sin ver; quiere que se apruebe el préstamo a toda costa. Este grupo está acompañado por Movimiento Ciudadano y el Partido Verde. El segundo busca negarse a firmar a como dé lugar; es decir, intenta que el gobierno del estado no logre acceder a recursos adicionales. Este segundo grupo podría caminar de la mano de Morena.

Al menos por el momento, ninguno de los grupos ha empujado y detallado públicamente una lista de requisitos que el gobierno tendría que cubrir para que se le abra la puerta al préstamo que ha solicitado.

Por su parte, los panistas locales están felices jugando a ser el PRI que tanto criticaban. Su talento mímico parece ser nato. Un cartón de la inagotable cantera de Tony Peraza, publicado ayer en esta misma página, muestra a Ivonne Ortega diciendo: “Recuerdo cuando yo era la facilitadora de mis amigos y los priistas me aplaudían y me aprobaban endeudar al estado… y los panistas me criticaban”. El título de este cartón es “El mando al revés”.

Y es que resulta francamente esquizofrénico el intercambio de posiciones entre panistas y priistas. Me pregunto qué pensarían Carlos Castillo Peraza o Víctor Correa Rachó al ver al PRI pidiendo transparencia y rendición de cuentas al PAN, y a los legisladores panistas convertidos en zombis levantadedos intentando sellar la orden del gobernador y evadiendo controles democráticos mínimos.

Lo importante aquí es que no parece haber en el Congreso de Yucatán la independencia y voluntad necesarias para lograr que el gobierno acceda a recursos y para forzar al gobierno a usar estos recursos adecuadamente.

Conclusión

La contratación de préstamos no es mala en sí misma; se trata de un recurso válido para un gobierno que busca generar desarrollo humano. Dado que la deuda de Yucatán es relativamente manejable, el importe solicitado, aunque astronómico, no es suficiente para descartar el préstamo.

Sin embargo, nuestro estado tiene en el contexto nacional, así como en los gobiernos de Ivonne Ortega y de Rolando Zapata terribles antecedentes de deuda pública devorada por la corrupción o promoción personal del gobernante en turno. Nada parece indicar que en este sexenio haya las condiciones necesarias para evitar este despilfarro. Lo que es peor, el Congreso del estado no puede o no quiere establecer controles rigurosos necesarios para cambiar esta circunstancia.

En el escenario ideal, Yucatán contrataría el préstamo, este dinero sería administrado con controles estrictos y terminaría invertido en proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan. En un escenario intermedio, la deuda terminaría bloqueada por motivos partidistas. En el peor escenario, el préstamo se contrataría y se pondría a disposición del gobierno estatal sin candados o vigilancia. Esto es, terminaría, como los préstamos anteriores, comprometiendo el bienestar futuro de la mayoría y llenando los bolsillos o las ambiciones de algunas de las personas que hoy lo exigen o aplauden sin reservas.— Edimburgo, Reino Unido.

Twitter: @asalgadoborge

Facebook: Antonio Salgado Borge

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