Prestando en lo oscuro

Diario de Yucatán, 03/05/2020

PrestandoenloObscuro

 

Más de cien razones sociales se beneficiarán de una línea de crédito promovida por el gobierno del estado. El motivo: apoyar a empresas de los “sectores estratégicos” en la fase actual de la pandemia.

La lista de empresas seleccionadas revela aspectos positivos y negativos de la forma en que el gobierno de Mauricio Vila ha manejado esta etapa del proceso. Y podría arrojar luz sobre las etapas que vienen.

Lo positivo

(1) El primer aspecto positivo es la existencia misma de una bolsa de créditos para empresas. Este hecho constituye un reconocimiento de la importancia que las empresas tienen en una economía, del impacto que su cierre representa para quienes en ellas laboran y de la fragilidad de los negocios pequeños que no cuentan con recursos para sostenerse durante la pandemia.

Que el gobierno de Mauricio Vila haya considerado relevante diseñar un plan para apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas locales es, de entrada, un hecho positivo. Diversos beneficios o estímulos para que compañías, particularmente las pequeñas y medianas, tengan mayor liquidez han sido establecidos en distintas partes del mundo, como Alemania (KPMG, 2020) o Canadá (www.Canada.ca, 2020).

Además, los créditos otorgados no son insignificantes. Cada razón social que logró acceder recibió entre 500 mil y 5 millones de pesos. Es decir, se trata de préstamos que realmente pueden tener un impacto y hacer la diferencia en las empresas que los han obtenido.

Este enfoque del gobierno local también debe ser colocado en su contexto nacional. En este sentido, lo hecho en Yucatán en este sentido contrasta notablemente con la estrategia empleada por el gobierno federal. Y es que todo parece indicar que el gobierno de AMLO no ha logrado dimensionar la fragilidad de las micro y pequeñas empresas ni distinguirlas de aquellas que han sido rescatadas por gobiernos anteriores.

Alguien podría objetar que los resultados de ambos esfuerzos están por verse; es decir, que es demasiado pronto para saber cuál será más exitoso en los hechos. Me parece que esta objeción es digna de tomarse en cuenta. Sin duda llegará el momento de evaluar los resultados de ambos gobiernos. Sin embargo, en lo que se refiere a empresas, por ahora la estrategia del gobierno local luce más comprehensiva.

(2) El segundo aspecto positivo a mencionar es el hecho de la publicación del listado de empresas que recibirán los préstamos. Dar a conocer quiénes son las personas que han resultado beneficiadas como resultado de un proceso controlado por el gobierno del estado es un asunto de la más elemental transparencia. Al igual que como ha ocurrido con los apoyos individuales, esta publicidad ha permitido señalar casos que llaman la atención inmediatamente.

A este punto se debe responder, con razón, que el gobierno está obligado a ser transparente. Esto es, que la transparencia no es un favor que se hace a la ciudadanía, sino una responsabilidad elemental de cualquier gobierno elegido democráticamente. A esta objeción no le movería ni una coma Sin embargo, me parece que es importante reconocer que el gobierno del estado pudo haber intentado entorpecer el acceso a estos datos.

Otra forma de responder a este punto es notando que, aunque la lista publicada incluye a las de razones sociales que recibirán créditos, ésta no incluye el monto que recibirá cada una de éstas. Hay una diferencia abismal entre obtener un préstamo de 500 mil y uno de 5 millones de pesos. Esta es, sin duda, una importante mancha para la que no hay respuesta.

Lo negativo

(1) El primer elemento negativo a señalar tiene que ver con dos casos que llaman la atención en la lista. Y es que en ella figuran casos de 5 y 3 razones relacionadas con sucursales de la misma cadena. Este no es un problema menor. Si la bolsa de 460 millones se dividiera proporcionalmente entre todas las razones sociales que conforman la lista, a cada razón social le correspondería alrededor de 4 millones de pesos, sin importar si están vinculadas o pertenecen a la misma cadena. Una operación de multiplicación es suficiente para notar lo que ello implica: 20 para el conjunto de cinco razones sociales  y 12 millones para el de tres.

A ello se podría objetar que este fenómeno no es necesariamente negativo, pues cada razón social genera empleos o realiza actividades independientes. Además, dado que se trata de préstamos, finalmente el dinero regresará será devuelto. Sin embargo, a esta objeción se debe responder que, aunque este puede ser el caso, cada razón social seleccionada está ocupando un lugar que pudo en principio ser tomado por empresas que se quedaron sin acceder a estos beneficios.

Vale la pena subrayar que este fenómeno no es ilegal y no se encuentran restringidos desde la convocatoria del gobierno estatal para aplicar a los créditos. Es evidente que un candado de esta naturaleza hubiera tenido que existir desde un principio; pero en caso de no haber impedimento técnico, la asignación a varias razones sociales vinculadas sería plenamente legal. Por ende, cada empresa o razón social estaba facultada para aplicar de esta forma.

La omisión del candado, o la acción de no incluirlo, son responsabilidad del gobierno y no de las empresas.Es una posibilidad real que cada una de las razones sociales que aplicó genuinamente haya requerido del préstamo. Correspondía al gobierno evitar una situación en la que alrededor de una décima parte de los recursos disponibles fueran recibidos por dos grupos de razones sociales.

(2) La lista incluye a empresas de giros que difícilmente pueden ser considerados “estratégicos” —como una cervecería— y a empresas con estrechos vínculos con el actual gobierno: cinco razones sociales relacionadas por vía familiar con una integrante del gabinete de Mauricio Vila y tres razones sociales relacionadas con la exsecretaria de Turismo de un gobierno panista, exdirectora en el gobierno municipal de Mauricio Vila, excandidata por ese mismo partido e integrante del equipo de transición del gobernador: Carolina Cárdenas.

Alguna persona cercana al actual gobierno podría objetar que serán instituciones bancarias y no no es el gobierno quienes darán directamente los préstamos y que, por ende, no los casos anteriores no son problemáticos.  Esta objeción, sin embargo, evadiría el asunto fundamental: lo importante aquí no es qué banco prestará el dinero, sino quién seleccionó a las razones sociales que aparecen en la lista dada a conocer por el gobierno del estado. Cada préstamo otorgado a una razón social x es un préstamo negado a otra razón social y.

Es evidente que bien podría ser el caso de que no hubiera nada ilícito dar crédito a empresas en estas condiciones y también que estas compañías hubieran genuinamente necesitado los recursos. El problema aquí es que todo parece indicar que los candados adecuados no estuvieron en su sitio. Por ejemplo, la definición de “estratégico” en la convocatoria es ambigua.Tampoco parece haber restricciones para la participación de figuras tan estrechamente vinculadas con el PAN o personas en el gobierno. Es decir, alguien podría alegar que en realidad ninguna ley ha sido violada.

Sin embargo, es importante reconocer aquí que el hecho de que algo sea legal no lo hace automáticamente moral o correcto. Por ejemplo, en México existen muchas lagunas u omisiones que permiten que acciones que están radicalmente prohibidas en otras partes del mundo —como el tráfico de influencias— se produzcan sin mayor consecuencia. Recordemos que así surgió legalmente la “casa blanca” supuestamente recibida por la esposa de Enrique Peña Nieto de una constructora a la que no directamente Peña, sino un funcionario de su gobierno asignó contratos. También es posible que una dinámica de esta naturaleza tenga que ver con la asignación de contratos del gobierno de AMLO al hijo de Manuel Bartlett, titular de la CFE.

Lo que me interesa subrayar aquí no es que toda la lista sea problemática o que algún conflicto de interés sea demostrable, sino que correspondía al gobierno del estado establecer candados , evitar la mancha de la posibilidad de este tipo de conflictos y no generar sombras morales.

(3) Finalmente, los notables desaseos mencionados arriba se producen justo cuando el gobierno de Mauricio Vila busca contratar una nueva deuda multimillonaria para reactivar la economía una vez que se levanten las restricciones impuestas por la pandemia.

Después de lo ocurrido con la lista de créditos a empresas aquí mencionada, una opción es que el Congreso bloquee la posibilidad de que el gobierno se endeude. La otra es que tome el antecedente de esta lista, así como la de otros apoyos entregados, como referente de todo aquello que debe regularse y vigilarse en caso de que este préstamo sea aprobado.

Los candados y reglas deben ser públicos, contundentes y bien establecidos antes de aprobar el endeudamiento. Y, por los motivos aquí expuestos, estos candados tienen que elevarse por encima de lo legal y abarcar los aspectos morales que hasta ahora han sido desestimados.

Conclusión

El gobierno de Yucatán ha sido proactivo en su intento de apoyar a las empresas del estado durante la cuarentena, y lo ha hecho con algún grado de transparencia. Estas acciones demuestran que el gobierno de Mauricio Vila entiende la fragilidad e importancia de algunas empresas.

Sin embargo, la lista de créditos que ha otorgado a empresas es problemática y desaseada. Su falta de candados legales y su permisividad moral ensombrece esta iniciativa y genera importantes interrogantes. Y obliga a cuestionar la pertinencia de autorizar más endeudamiento para más proyectos de este tipo.

Excurso

El maestro Enrique Martín Briceño ha sido nombrado director de la Filey por la Uady. Se trata de un nombramiento apropiado y merecido. Sin duda, la Filey crecerá y se enriquecerá bajo su dirección.— Edimburgo, Reino Unido.

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