Los alfileres que nos sostienen

La violencia como medio es siempre, o fundadora de derecho o conservadora de derecho. En caso de no revindicar alguno de estos dos predicados, renuncia a toda validezWalter Benjamin, filósofo alemán


 

Resulta sumamente alentador que, tras recorrer un larguísimo y empedrado camino, en las sociedades occidentales más avanzadas un buen número de libertades -entre las que figuran notablemente las políticas, las sexuales y las religiosas- formen ya parte de un creciente catálogo de derechos humanos básicos que sólo a los reaccionarios más obcecados parecen incomodar.

 

Empero, si bien es cierto que el tamaño y el diseño estructura de derechos que nos hemos construido han mejorado con el tiempo,  tal parece que nuestra fijación con la seguridad, un derecho básico de todo ser humano y la principal razón de ser del Estado, se ha convertido en uno de los principales móviles para violar derechos humanos en nuestro país.

 

Vale la pena recordar que durante las últimas décadas el sobredimensionamiento, ya sea intencionado o por falta de entendimiento, de las verdaderas causas de amenazas para la seguridad individual o colectiva, como el consumo de drogas o el terrorismo, ha llevado a un buen número de naciones a emprender auténticas guerras con el pretexto de proteger a sus sociedades de estos peligros. Los mexicanos lo sabemos muy bien. En nuestro país el combate al terrorismo y al consumo y tráfico de sustancias ilícitas se mimetizan en la desastrosa “guerra contra el narco”. No es casualidad que la cantidad y la magnitud de las violaciones a derechos humanos se haya disparado en nuestro país desde que Felipe Calderón emprendiera su “guerra”.

 

El problema fundamental de las políticas públicas basadas en estrategias bélicas es que se suelen terminar violentando libertades fundamentales en aras de proteger a los ciudadanos de sí mismos o de amenazas poco probables. En el marco de cruzadas dogmáticas como la “guerra contra el terror” o su análoga “guerra contra las drogas”, algunos gobiernos han implementado medidas que van desde la pérdida de la privacidad en línea, producto del ciberespionaje preventivo, hasta el cambio de leyes fundamentales que garantizan libertades básicas o la militarización de los equipos y de las tácticas de policías civiles; acciones que son justificadas inicialmente como necesarias para proteger a los habitantes de una nación, pero que en realidad otorgan licencia a las autoridades para su permanente vigilancia, represión o para limitar el margen de su libertad de acción.

 

Un par de ejemplos ayudan a entender el tamaño de algunos de los “fuegos” que se pretende apagar con gasolina. ¿Tiene sentido  pagar los altísimos costos en términos de vidas, libertades o monetarios de la guerra iniciada por Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto en nombre de la “protección” de 0.7% de los consumidores de drogas mexicanos han perdido su autonomía -es decir, son adictos- a alguna sustancia (ENA, 2012)? La probabilidad de que un estadounidense sea asesinado por un terrorista en Estados Unidos es de uno en 3.5 millones, por lo que la pregunta lógica es ¿cuánto están dispuestos a sacrificar los norteamericanos para reducir esta posibilidad a uno en 4.5 millones? (“LA Times”, 28/08/2011).

 

El título de uno de los informes de “Human Rights Watch” (2011) retrata a la perfección el saldo que la estrategia detrás de esta irracional cruzada ha dejando a su paso en nuestro país: “Ni seguridad, ni derechos”. México se ha convertido en una marca internacionalmente identificada como sinónimo de territorio en el que el Estado fomenta la violencia y viola impune y constantemente derechos humanos. Así se nos ve, con razón, desde afuera. Para terminar de ensombrecer el panorama, en medio de este río revuelto, en algunas partes del país lo mismo se atenta contra periodistas que contra activistas o luchadores sociales.

 

Ante la indiferencia o la sumisión al poder de muchas de las comisiones estatales de derechos humanos -entre las que se encuentra la Codhey-, en este contexto resplandece la importancia de organizaciones defensoras de derechos humanos internacionales con presencia en México como “Amnistía Internacional”, “Human Rights Watch” o “Artículo 19″o nacionales, como “Hermanos en el camino”, cuyo aporte es invaluable.

 

No es momento para escatimar nuestra solidaridad a aquellos que nos mantienen con vida muchos de los derechos humanos de los habitantes de nuestro país. Sería imperdonable darles la espalda ignorándolos o regateándoles nuestro apoyo. Este tipo de asociaciones, en mancuerna con la prensa libre e independiente, son dos de los alfileres que sostienen la posibilidad de que el momento presente sea superado y de que México pueda algún día ser reconstruido con los restos rescatables de su naufragio

 

 

@asalgadoborge

 

https://asalgadoborge.wordpress.com/

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*) Maestro en Estudios Humanísticos con especialidad en Ética (ITESM). Profesor y director en la Universidad Marista de Mérida

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