Vigilados desde adentro

La soledad, que es la condición que sostenía al individuo contra y más allá de la sociedad, se ha hecho técnicamente imposibleHerbert Marcuse, filósofo alemán


Uno de los derechos humanos más ultrajados en el siglo XXI es el derecho a la privacidad. El surgimiento de nuevas tecnologías, y con ellas de pretextos para emplearlas en labores de vigilancia y registro de actividades de individuos, hacen técnica y legalmente posible que tanto gobiernos como empresas tengan acceso a todo tipo de información sobre la vida privada de millones de personas. En las próximas semanas el Estado mexicano intentará quedarse con una mayor rebanada de este suculento pastel.

 

De acuerdo con el periódico “Reforma”, pronto “el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) fijará las reglas que deberán seguir los operadores del sector a fin de cumplir con las solicitudes de intervenciones que hagan las dependencias de seguridad”. De esta forma, “Llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos y búsquedas en internet, entre otras comunicaciones de voz y datos de los mexicanos, podrán ser revisados por el Gobierno”. Para aumentar aún más las suspicacias, uno de los puntos más polémicos de este proyecto es que no queda claramente definido qué tipo de autoridad podrá acceder a nuestra información ni bajo qué circunstancias específicas podrán hacerlo.

 

Tal parece que una vez más el gobierno federal lucrará con el miedo mítico y con el terror derivados de la creciente violencia desatada por la guerra al tráfico de drogas en nuestro país. Con el pretexto la prevención de delitos y la salvaguarda de la seguridad de los mexicanos, derechos y libertades fundamentales serán nuevamente vulnerados.  Existen al menos un par de elementos muy concretos que obligan a mirar con serias sospechas el establecimiento de reglas como las que podría fijar el IFT.

 

En primer término, no existe en este momento en el público una plena conciencia de lo que ceder nuestra información personal a las diversas compañías de telecomunicaciones o financieras implica. Empero, a diferencia del usuario promedio,  las empresas que se dedican a recabar datos personales de los consumidores sí que se dan perfecta cuenta del valor del producto que tienen en sus manos.

 

La información que las empresas privadas recaudan de sus clientes es cada vez más valiosa y voluminosa. Existen dos maneras principales por las que las compañías obtienen datos de los consumidores: la primera es a través de sus propios medios -llenado de formularios, por ejemplo-. La segunda es mediante la compra de esta información a terceros; es decir, a empresas que son invisibles para la mayoría de los individuos y que se dedican exclusivamente a recolectar su información personal para luego vendérsela al mejor postor. La compañía Blu Kay es una compañía de este tipo y tiene una base de datos con perfiles de mil millones de personas, cada uno de los cuáles contiene al menos 50 atributos del individuo datificado (“The Economist”, 13/09/2014).

 

Las grandes compañías tienen en su poder información valiosísima que emplean para maximizar sus ventas mediante estrategias de publicidad dirigida. Esto constituye, de suyo, una invasión a la privacidad de miles de millones de individuos y a largo plazo un auténtico riesgo para su libertad personal. Este escrito no se detendrá en este punto -abordado en textos anteriores y que seguirá siendo analizado en este mismo espacio en un futuro-; pero sí es necesario subrayar que con el advenimiento del “internet de las cosas” prácticamente todos los aparatos eléctricos reaccionarán ante la presencia de sus usuarios y tendrán conexión a internet, por lo que la cantidad de datos recopilados en las bases conocidas como metadatos se incrementará exponencialmente.

 

Con la tecnología actual el gobierno podría exigir a compañías privadas nuestros metadatos que incluyen registros de información de a quiénes enviamos mensajes por teléfono celular o las características de nuestros círculos de amigos y familiares. Pero, bajo la misma lógica y considerando la evolución tecnológica esperada, estos datos podrían llegar a succionarse en tiempo real desde el momento mismo en que se generan, de forma tal que cada uno de nuestros electrodomésticos conectados al “internet de las cosas” sería una ventana abierta por la cual se nos podría vigilar permanentemente.

 

Las señales de alarma se intensifican si a lo anterior agregamos que toda esta información no se quedaría en las empresas que la recopilan, sino que pasaría a manos de nuestras autoridades. Basta recordar que en México la PGR responde al presidente en turno, que nuestra historia de espionaje estatal es vastísima y que, bajo el amparo de la irracional “guerra contra el narco”, nuestras autoridades han venido justificando sin rubor un creciente número de violaciones a derechos humanos (“Human Rights Watch”, 2011), entre las cuales se debe incluir la vigilancia y el espionaje “preventivos”. Me parece que sería ingenuo pensar que contamos con alguna garantía de que nuestros metadatos no puedan ser empleados con fines políticos, coercitivos o represivos.

 

En segundo lugar, es evidente que la capacidad actual  de nuestras autoridades de salvaguardar la información que ellas mismas recaban es, por decir lo menos, muy cuestionable. Una investigación del periódico “El Universal” (19/04/2010) comprobó que en 2010 en el mercado de Tepito en la ciudad de México se vendía, por apenas US$12,000, 160GB divididos en tres memorias externas entre cuyo contenido figuraban bases de datos en manos del gobierno como la lista completa del padrón del IFE, el registro nacional de vehículos, el registro completo de licencias de conducir y listados de policías del país con la dirección y fotografía de cada agente “entre otros”.

 

Es la misma autoridad que ha fallado en conservar sus bases de datos -disponibles ilimitadamente lo mismo para grupos criminales que para vendedores por catálogo- la que ahora pretende obligar a las empresas a brindarle acceso ilimitado a las suyas. Bajo el estado presente de cosas no existe ninguna garantía para los ciudadanos de que será adecuadamente resguardada. Lo que sí podemos anticipar es que muchas manos adicionales tendrían acceso a datos muy delicados y que la posibilidad de que éstos sean vendidos o malempleados será mayor que la actual, que ya es lo suficientemente alta.

 

A pesar de que el IFT ha aclarado que aún no existe una versión final de los lineamientos en materia de seguridad y de justicia, lo que sabemos hasta ahora es lo suficientemente preocupante como para exigir el respeto pleno de nuestro derecho fundamental a la privacidad. El sentido de una resolución de esta naturaleza no sólo es de la mayor relevancia para nuestra privacidad presente, sino que nos revelará si nuestras instituciones pretenden sentar las bases para la protección de los mexicanos o si lo que quieren es forjar una llave maestra que les permita, “por nuestra propia seguridad”, vigilarnos desde el interior de nuestras casas.- Mérida, Yucatán.

 

asalgadoborge@gmail.com

 

@asalgadoborge

 

asalgadoborge.wordpress.com

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*) Maestro en Estudios Humanísticos con especialidad en Ética (ITESM). Profesor y director en la Universidad Marista de Mérida

 

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