¿El ocaso del “policía guerrero”?

Todo lo bueno que no está acompañado de un sentir moralmente bueno no es más que pura hojarasca y lentejuela miserableImmanuel Kant, filósofo alemán


 

Los asesinatos a manos de agentes policíacos de Michael Brown en Missouri y de Eric Garner en Nueva York son tan sólo los dos casos más sonados de la brutalidad que caracterizó a parte de las fuerzas del orden en Estados Unidos durante 2014.

 

Tanto Brown como Garner, hombres negros viviendo en zonas marginadas, iban desarmados. Los dos se habían rendido mucho antes de ser abatidos. Brown falleció baleado -con todo y tiro de gracia- y Garner murió por asfixia. Antes de morir, Garner pudo decir al policía cuyas manos sujetaban su cuello, al menos 10 veces, “no puedo respirar”. Otros cinco policías atestiguaron el incidente; ninguno intervino para evitarlo. Un delito menor fue su único crimen: vender cigarrillos sueltos en la calle.

 

Desde 2006, las corporaciones policíacas estadounidenses han recibido 1.9 millones de dólares en aportaciones para armamento desde el Pentágono, cifra que palidece en comparación a lo que éstas han invertido de forma independiente comprando equipo a manufactureros particulares (“Mother Jones”, 23/10/2014). El número de ataques de equipos SWAT -Armas Especiales y Tácticas, por sus siglas en inglés- pasó de 3,000 en 1980 a 50,000 en 2014 (“The Economist”, 13/12/2014).

 

Los encargados de la seguridad interna en nuestro vecino del norte, de forma paralela a lo que ocurre en México, han armado hasta los dientes a las policías locales aislándolas de la sociedad de la que emergieron y generando una nueva e intimidante figura conocida, debido a su equipamiento y tácticas militares, como “policía guerrero”. En este contexto, los dos policías implicados en los asesinatos de Brown y de Garner han sido exonerados de toda culpa, so pretexto de actuar de acuerdo con las reglas de su profesión.

 

La justificada indignación que estas tragedias han generado en la sociedad norteamericana ha cobrado vida a través de intensas y nutridas protestas en Missouri y Nueva York. A pesar del tiempo transcurrido, sus efectos políticos distan mucho de haberse diluido. Apenas hace unos días un par de policías neoyorquinos fueron asesinados a sangre fría cuando se encontraban a bordo de su patrulla por un demente que había anunciado sus intenciones previamente en redes sociales justificando sus planes como un cobro de venganza por estos casos. Actualmente los mandatarios y jefes policíacos de estas entidades se enfrentan al reto de hacer malabares entre los reclamos de sus electores y la fidelidad de sus cuerpos policíacos.

 

Sin embargo, los efectos de estos incidentes han rebasado las esferas locales y producido que muchos estadounidenses pongan en tela de juicio los indicadores de “efectividad” policial y en entredicho la forma paramilitar, violenta y sesgada que caracteriza a la operación de las policías en su país. Muchos de los abatidos por policías son minorías asustadas de sus supuestos protectores o enfermos mentales que son sometidos a tiros como consecuencia de su errático comportamiento y la política de disparar a todo lo que no se rinda seguida religiosamente por los agentes que acuden imponer el orden.

 

En México la figura del “policía guerrero” es cada vez más común. Justificándose en la demencial y contraproducente guerra contra las drogas iniciada por Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto, antes y en lugar de trabajar en modelos de policías comunitarias, en mejoras salariales o en reformas estructurales contra la corrupción la mayoría de las corporaciones policíacas se ha volcado a adquirir armamento. En su informe titulado “Más allá del gasto militar: en búsqueda de un concepto para entender la militarización en México”, la Asociación Civil “México vía Berlín” sugiere que la creciente militarización en las policías mexicanas es en realidad una política deliberada que implica un presupuesto ascendente año tras año.

 

Si en Estados Unidos el saldo de la paramilitarización policial es la tragedia, en México es el completo desastre. La actual coyuntura en nuestro vecino del norte, causa eficiente y causa final de muchas de las políticas públicas en nuestro país, debería consecuentemente generar un cambio de paradigma en la forma en que entendemos la función de nuestras policías. Para ello, se nos presenta la inmejorable oportunidad de aprovechar los diagnósticos surgidos al calor de terribles acontecimientos de Missouri y Nueva York.

 

En su edición del 13 de diciembre de 2014, el semanario británico “The Economist” lista tres grandes cambios necesarios para revertir “lo que ha salido mal con la policía en Estados Unidos”: transparencia para conocer a cuántas personas mata la policía, rendición de cuentas para despedir a los malos elementos y, sobre todo, revertir la militarización, privilegiando el entrenamiento por encima del armamento.

 

Por su parte, David Dante Troutt, preocupado por el sesgo policiaco, menciona en la revista norteamericana “The Nation” (10/12/2014) algunos factores operativos que podrían ayudar a construir confianza ciudadana en sus policías: los agentes deben llevar en su uniforme videocámaras que graben todas sus acciones -aunque sin transparencia y rendición de cuentas esto terminaría por servir para muy poco-, los policías deben ser entrenados para no deshumanizar al público al que deben servir y se deben nombrar fiscales ciudadanos externos que auditen la labor policiaca.

 

No obstante, y por encima de todo, dado que el problema principal es de origen, éste debe atajarse desde sus bases. Es por ello que en un excelente artículo publicado en “The Washington Post” (14/08/2014), Radley Balko postula la necesidad de un cambio de enfoque general en la policía estadounidense: su principal función no debe ser imponer el orden, sino preservar los derechos de sus ciudadanos; “en estricto sentido académico preservar el orden y garantizar los derechos son la misma cosa, operacionalmente son enfoques radicalmente diferentes de la función policial”.

 

Paradójicamente, la respuesta de la policía ante las protestas ha sido consistente con el paradigma que los indignados demandan cambiar. Centenares de manifestantes han sido arrestados violentamente en meses recientes en diversos estados de la unión americana. Algo similar -aunque en una versión mucho más burda- ha ocurrido con muchos indignados mexicanos durante el presente sexenio, prueba parcial de que seguimos nuestra propia versión de un esquema policiaco represor.

 

En Estados Unidos, algunas autoridades empiezan a dar señales de cordura. Steve Anderson, jefe de policía de Nashville, ordenó a sus efectivos comprar café y galletas para todos los manifestantes pacíficos y Bill de Blasio, alcalde de Nueva York, ha buscado revertir tácticas intimidatorias empleadas por su cuerpo de policía y ha tomado una complicadísima decisión al optar por ponerse del lado de sus gobernados antes que respaldar incondicionalmente a sus agentes.

 

Desgraciadamente, dado el estado actual de cosas, la versión mexicana de este tipo de reacciones está muy lejos de presentarse y todo parece indicar que, al menos en el presente sexenio, habrá muy pocos obstáculos en nuestro tránsito hacia la barbarie.- San Francisco, California.

 

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